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Crisis política en Venezuela (Nueva York, 3 de julio de 2002) — Human Rights Watch ha regresado recientemente de una misión a Venezuela. Durante esta visita, el Director Ejecutivo de la División de las Américas, José Miguel Vivanco, y la investigadora Maureen Langloss se reunieron con el Presidente Hugo Chávez, ministros del gabinente, y familiares de las personas asesinadas durante la violencia del 11-14 de abril, entre otros. En este memorando exponemos nuestras conclusiones preliminares y resumimos algunas de nuestras recomendaciones para mejorar la situación. Debido a nuestra preocupación por la estabilidad política de Venezuela, continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos en el país. Democracia A pesar del fracaso del golpe contra el Presidente Chávez en abril, la democracia sigue en peligro. La situación política está sumamente polarizada, sin que ni Chávez ni la oposición den muestras de estar dispuestos a llegar a un acuerdo o negociar seriamente una salida a la crisis política. La posibilidad de agitaciones violentas, incluido un intento de golpe, es real. El papel de la oposición Nos preocupa seriamente que los líderes de la oposición continúen buscando una salida no constitucional a la crisis política. La oposición se niega a calificar de golpe los eventos del 11-12 de abril y, de hecho, ni siquiera los ha condenado como una ruptura del orden constitucional. Los líderes de la oposición siguen insistiendo en que Chávez deje el poder antes de que acabe su mandato y a algunos parece preocuparles muy poco la legalidad del mecanismo que permitiría su salida del poder. Las únicas soluciones políticas que respalda la oposición son la renuncia de Chávez o un referendo para sacarle del poder, al que seguiría una elección a la que no podría presentarse como candidato. Les recordamos a los miembros de la oposición la importancia de salvaguardar las instituciones democráticas de Venezuela y las graves violaciones a los derechos humanos que suelen producirse tras cualquier interrupción del orden constitucional. Les instamos a que buscaran soluciones a la crisis política solamente dentro del marco del orden constitucional. El papel de las fuerzas armadas A Human Rights Watch le preocupa que miembros en servicio activo de las fuerzas armadas continúen ocupando cargos políticos dentro del gobierno. Instamos al Presidente Chávez y a otros miembros del gobierno a que adoptaran medidas para mantener a los militares apartados de la política y garantizar que las fuerzas armadas se mantienen estrictamente subordinadas al control civil. Libertad de expresión El historial de Venezuela en materia de libertad de expresión ha sido objeto de considerables críticas internacionales. Cabe destacar, sin embargo, que no existe censura previa en Venezuela, no se encarcela a periodistas y los medios de comunicación tienen plena libertad para decir o publicar todo aquello que estimen conveniente. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación simpatizan claramente con la oposición, actúan como defensores de sus posturas y emplean un lenguaje agresivo en contra del gobierno. Lamentablemente, a pesar de la vitalidad del debate político en Venezuela, hay muy pocos indicios de que sea constructivo. El lenguaje agresivo del Presidente Chávez El Presidente Chávez emite ataques verbales periódicamente contra los medios de comunicación durante su programa semanal Alo Presidente, empleando un lenguaje enérgico e intimidatorio. Teniendo en cuenta la polarización de la situación política, sus declaraciones críticas pueden ser interpretadas por sus simpatizantes como una incitación a la violencia contra la prensa. De hecho, periodistas locales han recibido amenazas graves y, en algunos casos, han sido objeto de ataques físicos violentos. Instamos por lo tanto al Presidente Chávez a que condene todas las formas de violencia contra las personas que está criticando. Debe declarar, en términos inequívocos, que el objetivo de sus críticas no es justificar ataques físicos por parte de sus simpatizantes contra la prensa o la oposición. Amenazas y ataques contra los medios de comunicación Además de condenar dichos ataques e instar al Presidente Chávez a que haga lo propio, Human Rights Watch instó al Fiscal General a que emprenda investigaciones exhaustivas y serias de estos incidentes de intimidación y violencia. El derecho a la información veraz El artículo 58 de la Constitución de Venezuela otorga a los ciudadanos el derecho a recibir una información oportuna, veraz e imparcial. Debido a la rapidez necesaria, la imparcialidad y la veracidad suponen una carga innecesaria sobre la capacidad de la prensa para informar libremente. Esta disposición es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos. (Véase el artículo 7 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzga específicamente que dichos requisitos son "incompatibles con el derecho a la libertad de expresión".) En junio de 2001, el Tribunal Supremo de Venezuela emitió un fallo relacionado con el artículo 58. Aunque el tribunal no determinó que el derecho a la información veraz violaba las normas internacionales de derechos humanos, consideró que dicho derecho estaba subordinado al derecho a la información oportuna. El tribunal concluyó que dado que los periodistas tienen que publicar las noticias rápida y oportunamente, no se puede esperar que investiguen exhaustivamente sus fuentes. Por lo tanto, si la prensa ha tomado las mínimas medidas para comprobar su información, sólo las tergiversaciones voluntarias o intencionales de los hechos serán objeto de una demanda legal basada en el derecho a la información veraz. Este asunto está siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Investigación de los acontecimientos del 11-14 de abril de 2002 Los hechos tal como los entendemos Después de haber transcurrido mas de dos meses del golpe fallido, todavía existe un escaso acuerdo sobre quién es responsable de la violencia ocurrida entre el 11 y el 14 de abril. De hecho, ni siquiera se ha llegado a un acuerdo sobre la lista completa de las víctimas. Durante nuestra visita a Venezuela, escuchamos varias versiones contradictorias de lo que había ocurrido poco después del intento de golpe. A pesar de las contradicciones en muchas cuestiones de hecho, pudimos confirmar lo siguiente:
Evaluación de la investigación de la violencia del 11-14 de abril Sólo hay tres personas detenidas actualmente en conexión con los hechos de violencia del 11-14 de abril de 2002, pero se han dictado órdenes de detención contra otras tres. Los familiares de las víctimas expresaron su insatisfacción con estos resultados, así como una desconfianza extrema en la investigación en general. En algunos casos, se quejaron de que los fiscales asignados a sus casos no estaban calificados, no habían hecho un seguimiento activo de los casos y no habían asistido a importantes citas con los forenses. Algunos dijeron que tenían tan poca confianza en la investigación que ni siquiera habían interpuesto una demanda penal. Muchas de las personas a las que entrevistamos también se quejaron de que el Fiscal General es demasiado partidista para realizar una investigación independiente. Hay que admitir que al haber ocupado antes el puesto de Vicepresidente en el gobierno de Chávez y haber sido congresista por el partido oficial, su apariencia de imparcialidad puede ser legítimamente cuestionada. Sin embargo, fue elegido por la mayoría de la Asamblea Nacional, incluidos los miembros de la oposición. No hemos observado ninguna muestra de obstrucción de justicia, encubrimiento, parcialidad en los resultados de la investigación o deliberado esfuerzo por no investigar. Instamos al Fiscal General a que realice una investigación exhaustiva, seria e independiente de la violencia del 11-14 de abril, y le expresamos nuestra grave preocupación por que los culpables de la violencia pudieran escaparse de la justicia. Procesamiento de los golpistas Sólo un civil, Pedro Carmona, ha sido acusado en los tribunales civiles de delitos asociados con la participación en el intento de golpe. Carmona ocupó brevemente la presidencia los días 12 y 13 de abril antes de que Chávez retomara el poder. Se escapó del arresto domiciliario el 16 de mayo de 2002 y le concedieron posteriormente asilo en Colombia. Ahora se encuentra en Miami. Se han presentado cargos por rebelión contra nueve militares de alto rango por su presunta participación en el intento de golpe. El Tribunal Supremo ha abierto un antejuicio de mérito en cuatro de estos casos para determinar si se juzgará de hecho a los oficiales. La Comisión de la Verdad En la Asamblea Nacional se está debatiendo actualmente la aprobación de una ley para la creación de una comisión de la verdad independiente encargada de investigar la violencia de abril. Consideramos que puede tratarse de un paso positivo que podría contribuir a restaurar la confianza en la investigación de los hechos del 11 de abril. Sin embargo, una comisión de la verdad sólo tendrá valor si cuenta con el presupuesto y la autoridad adecuados, está compuesta por personas con experiencia en derechos humanos y es verdaderamente apolítica e independiente. Es más, tanto la oposición como el gobierno tienen que confiar en su composición. Ha habido una serie de retrasos en la aprobación de la ley para la creación de la comisión. Hemos apelado a la Asamblea Nacional para que acelere la aprobación de esta ley. Organizaciones de derechos humanos La polarización de la situación política ha tenido un impacto negativo sobre la situación de las organizaciones de derechos humanos venezolanas. En concreto, nos preocupa que el Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero (COFAVIC) haya sido objeto de ataques infundados para desacreditarlo y amenazas desde el 11 de abril. COFAVIC y otras organizaciones de derechos humanos, tales como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la Red de Apoyo y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos, han desempeñado un papel importante y difícil en la defensa y la promoción de los derechos humanos en Venezuela. Human Rights Watch ha mantenido una estrecha relación profesional con estos grupos desde hace muchos años. En nuestras reuniones con el Presidente Chávez y otros miembros del gobierno, defendimos a estos grupos y señalamos que realizan investigaciones serias e independientes de los abusos a los derechos humanos. Instamos especialmente al Fiscal General a que investigara las amenazas contra COFAVIC. |