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Servicio de Noticias 140/02 |
Venezuela: La violencia política hace peligrar los derechos
La respuesta de la Policía Metropolitana al nuevo brote de violencia política que se produjo tras un polémico fallo de la Corte Suprema venezolana puede haber vulnerado las normas internacionales de derechos humanos y debe ser investigada sin demora y de forma independiente, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Nueve personas resultaron heridas, la mayoría de bala, en los violentos disturbios que se produjeron en Caracas tras conocerse que la Corte Suprema había decidido no juzgar a cuatro oficiales del ejército acusados de orquestar el levantamiento contra el presidente Hugo Chávez de abril de este año. Los manifestantes chavistas se enfrentaron con la policía ante el edificio de la Corte, protegido por agentes de la Policía Metropolitana y tropas con vehículos acorazados y al menos un tanque. Según los informes, también hubo tres policías heridos. En las últimas dos semanas se han producido más incidentes violentos. El 31 de julio, al menos 18 civiles, algunos de ellos niños, resultaron heridos en enfrentamientos con la policía.
Amnistía Internacional pide que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se atengan a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego cuando actúen en manifestaciones y mantengan el orden público. La organización también ha instado a las autoridades a que se aseguren de que se respetan plenamente los derechos de cualquier persona detenida en relación con los disturbios.
«Los derechos humanos ni pueden ni deben ser pasados por alto, ni siquiera en momentos de tensión política y crisis», ha subrayado Amnistía Internacional.
Información general
En abril de 2002, Amnistía Internacional pidió que se investigaran las violaciones de derechos humanos —incluida la muerte de 11 civiles— que se cometieron durante el levantamiento contra el gobierno del presidente Chávez.
La organización pide a los partidarios del gobierno y a la oposición que se aseguren de que el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho ocupan un lugar clave en todos los intentos por resolver esta crisis política que se agrava.