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Servicio de Noticias 170/02 |
Venezuela: La seguridad no se garantiza a costa de los derechos humanos
Las medidas de seguridad tomadas por las autoridades venelozanas sólo fomentarán más inestabilidad, polarización y violencia si no se apegan estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos, declaró hoy Amnistía Internacional.
Horas antes de la manifestación convocada para hoy en la plaza de la Meritocracia en Chuao, Caracas, en una de las nuevas "zonas de seguridad" recientemente decretadas, la organización enfatizó la necesidad de que las autoridades venezolanas garanticen los derechos humanos fundamentales de los participantes y aseguren que las fuerzas de seguridad no vuelvan a recurrir al uso excesivo de la fuerza.
La organización ve con preocupación la reciente creación, por decreto presidencial, de "zonas de seguridad" que se extienden a amplias poblaciones urbanas más allá de las propias instalaciones públicas y militares que pretenden proteger.
"Además de implicar limitaciones injustificadas al derecho a manifestar y al tránsito, las 'zonas de seguridad' suponen un aumento en el papel del ejército en controlar estas áreas, lo cual conlleva el riesgo de crear un contexto favorable a la comisión de graves violaciones de derechos humanos," manifestó Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional agregó que a la hora de responder ante posibles amenazas a la seguridad pública, las autoridades venezolanas tienen que asumir su responsabilidad de garantizar la protección imparcial los derechos humanos fundamentales y el estado de derecho.
Cualquier medida de seguridad que limite los derechos fundamentales tales como la libertad de asociación, de asamblea y de expresión deberá apegarse a los criterios establecidos en las normas internacionales e integrados en la constitución venezolana. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el ejercicio de tales derechos solo podrá estar sujeto a restricciones estrictamente proporcionadas y que sean necesarias en una sociedad democrática.
Asimismo, cualquier violación a los derechos humanos cometida en nombre de la protección de la seguridad pública deberá ser investigada de manera rigurosa e imparcial. "La impunidad sólo perpetua el ciclo de abusos, generando más inseguridad," agregó Amnistía Internacional.
En este contexto es importante recordar la sentencia recientemente dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tema de reparaciones por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el "Caracazo" de 1989. La sentencia determina la responsabilidad del estado de investigar y sancionar a todos los responsables, y reparar el daño a los familiares de las víctimas. Pero además enfatiza la responsabilidad del estado venezolano de evitar que se repitan hechos similares asegurándose de que cualquier plan u operativo de las fuerzas de seguridad ante perturbaciones del orden público se realice en el marco del pleno respeto y la protección de los derechos humanos.
"El estado venezolano debe cumplir cabalmente con todos los elementos de esta sentencia histórica," recalcó Amnistía Internacional.
La organización recordó asimismo que la impunidad no es limitada a los hechos del Caracazo, sino que caracteriza el funcionamiento de la justicia venezolana a todos los niveles.
"Todavia no se han esclarecido debidamente las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de los sucesos del 11 al 14 de abril," recordó la organización. "La verdad y la justicia son elementos fundamentales del estado de derecho y la falta de diligencia en investigar un crimen puede ser interpretada como tolerancia hacia los responsables," agregó.
"Otros casos recientes ponen a prueba la capacidad o voluntad de las autoridades de llevar acabo investigaciones prontas, completas e imparciales," continuó la organización, citando el asesinato de los dos campesinos, Armando Douglas García y Carlos Ramón Parra, ocurrido en el Sur del Lago de Maracaibo el 19 de septiembre y la agresión contra el equipo de Globovisión en Caracas del 21 de este mes.
Amnistía Internacional instó a las autoridades a que esclarezcan estos hechos y sancionen debidamente a los responsables.
Este documento ha sido redactado originalmente en español en el Secretariado Internacional