Despertar Universitario Nº
157.
El mismo día de su publicación me comentaron que el fiscal que estuvo a
cargo del caso del asesinato de Giandomenico Pulitti, pese a que había
adelantado las investigaciones, le ordenaron que lo dejara por cuanto se haría
cargo un fiscal de Caracas con jurisdicción nacional. Dicho fiscal nunca llegó.
El diario Cambio publica hoy un artículo del periodista Serra en el que
dice: "Tras las declaraciones emitidas por Ivano Pulitti...son varias las voces
del oficialismo que se han levantado, no solo para exigir justicia sino para
conminar al burgomaestre a dejar de emitir juicios que pudieran perjudicar a
muchas personas".
Luego le atribuye a Rubén Ávila Serrati haber dicho que las declaraciones
del hermano de Giandomenido fueron "producto de la ingenuidad del
'compatriota'....Las declaraciones habían sido un error, pero está consciente de
que todo esto forma parte,...de la emoción por el triunfo obtenido por Ivano
Pulitti en la alcaldía de Tovar".
Posteriormente, según el periodista, Ávila Serrati dio un indicio acerca de
los responsables del asesinato cuando declara: "yo por lo menos presumo que como
crimen político tiene que haber arrancado de alguna parte y nosotros presumimos
que los autores intelectuales deben haber estado ubicados en la cuenca del
Mocoties, el área del Mocoties". Luego le atribuye a Rubén Ávila haber afirmado
que la CICPC "debe pronunciarse lo más pronto posible por este caso".
Considero que sin fiscal a cargo de la investigación, sin abogado penalista
que oriente las investigaciones y con sólo 37 integrantes en la CICPC es muy
poco lo que se podrá adelantar.
Muertos y Heridos: ¿sin
justicia y sin dolientes?
CRÓNICA DE UNAS MUERTES NO ESCLARECIDAS
Mario Peralta
En los últimos años se han producido varios asesinatos de bolivarianos en el
Estado Mérida. Cinco cooperativistas y Giandomenico Pulitti, el candidato a
alcalde de Tovar por el MVR, fueron eliminados; además, otros dirigentes han
sufrido heridas de distinta gravedad. Ninguno de estos crímenes ha sido
esclarecido, entre otras cosas porque no recibieron la debida atención por parte
de quienes tienen responsabilidad, en la gobernación, en el MVR o en las
Alcaldías, de designar especialistas en derecho penal que se hagan cargo de los
casos y orienten las investigaciones. En algunas oportunidades los integrantes
de la Fuerza Bolivariana de Abogados se ocuparon de promover las primeras
experticias, pero como ni la Gobernación ni el MVR les dieron ninguna
instrucción al respecto, ni recibieron un poder, no pudieron seguir. El
resultado es que los delincuentes van quedando impunes.
Las comentadas declaraciones de Yván Pulitti
Luego de conocerse los resultados electorales, cuando se festejaba el triunfo
-con pollo y frijoles en Carabobo- un rumor, que circuló como reguero de
pólvora, puso a parir a las redacciones de los informativos de los medios. Se
decía que Yván Pulitti, electo Alcalde de Tovar luego de sustituir en esa
postulación a su hermano asesinado, había acusado al Gobernador del Estado
Mérida y a ocho miembros de su tren ejecutivo como presuntos autores
intelectuales del crimen que le costó la vida a Giandomenico Pulitti, uno de los
pocos merideños del tren ejecutivo de la Gobernación y que, en una medición
entre dirigentes bolivarianos, había sido el preferido por la mayoría.
Además de falsa, la versión de que Iván había acusado al Gobernador de tal
autoría es incompresible por cuanto son de todos conocidos los lazos de afecto
que lo unían a Giandomenico, de quien decía que era como su hermano. Pero es
indudable que Yván, su mamá, y el resto de la familia Pulitti han padecido un
verdadero calvario desde el asesinato de Giandomenico; y también es cierto que
se han quejado, reiteradamente, de que el gobierno regional no ha hecho las
diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento del crimen. Me parece que
fue ése, y no las versiones que le adjudicaron, el sentido de las expresiones de
Yván.
Vi por última vez a Giandomenico en el acto con que la Fuerza Bolivariana
Universitaria dio inició a su campaña para las elecciones rectorales, en la sede
de APULA. En esa oportunidad la FBU presentó el libro “La Universidad en
Entredicho”, que es una compilación de artículos efectuada por José Sant Roz y
cuya financiación fue posible gracias a las gestiones de Giandomenico, quien se
desempeñaba como Presidente del Instituto Merideño de Cultura. El Gobernador
participó del acto e hizo uso de la palabra. Luego, durante el brindis,
Giandomenico charló conmigo. Comenzó comentando que en el último número del
periódico “Las Verdades de Miguel” aparecía una denuncia de los legisladores que
habían saltado la talanquera el 12-A. Luego se centró en uno de los
representantes de Mérida. Afirmaba, en forma obsesiva, que “lo único que le
interesa es el dinero”. Hacia el final de la charla se nos unió José Sant Roz.
Nos retiramos cerca de la media noche, y horas después me llamaron para avisarme
que lo habían asesinado.
Soy también testigo de que durante la última visita a Mérida del Comandante
William Izarra, Iván le solicitó que le consiguiera a su mamá una entrevista con
el Presidente Chávez, para tratar el tema del asesinato de Giandomenico. En esa
misma oportunidad, Iván me pidió detalles de la conversación que había mantenido
con su hermano, pocas horas antes del crimen.
Pero volviendo al rumor que mencionamos anteriormente, es importante señalar que
las palabras de Yván luego de su designación como Alcalde no implican ninguna
acusación al Gobernador. Lo que dijo Iván es que eran “cinco los sicarios”
involucrados en el asesinato de su hermano y que los autores intelectuales
pertenecían a una “mafia política enquistada”; descartó categóricamente que se
tratara de una intervención del narcotráfico o de un crimen pasional. Insistió
en que se trata de un hecho político, y en algún momento mencionó a dirigentes
bolivarianos de Mérida: Rubén Ávila, Luis Quiñónez, Luis Velázquez Alvaray y
Luis Martín, entre otros. Pero su queja se refería al silencio que dichos
dirigentes han observado en relación con el asesinato de su hermano; nunca los
señaló como autores intelectuales del crimen.
Por otra parte, en sus declaraciones al periódico “Frontera” del martes de esta
semana, Yván aclara más aún el sentido de sus palabras que tanto revuelo
causaron. Dijo que “por lo que a Florencio respecta, nadie puede esperar de mí
ninguna posición distinta a la camaradería y la amistad que nos debemos como
revolucionarios y luchadores comprometidos con este proceso”. Y, asimismo,
agrega: “Les hice un reclamo a los hombres que mi hermano acompañó durante estos
años, para que sus voces, como la mía, se alzaran airadas, por encima de este
muro de silencio y exigieran justicia. Florencio es uno de ellos y,
sinceramente, de él esperaba otras respuestas. Esperaba su solidaridad y un
apoyo que trascendiera el simple cumplido de las palabras... Las respuestas de
Florencio me han dejado en la misma situación en que me encontraba la noche en
que asesinaron a mi hermano: desconcertado, asombrado. El gobernador... no
observó en el fondo de mis palabras la enorme preocupación y la expresión de
dolor familiar que no es gratuito... Se trata de una herida que no hemos podido
cerrar... Ya van seis meses de duelo y queremos ver a este amigo de mi hermano y
de mi familia a nuestro lado, acompañándonos, cerrando filas al lado de quienes
gritamos que se esclarezca el crimen de Giandomenico y que aparezcan los
responsables”.
Los campesinos asesinados
Se dice que el número de campesinos asesinados con motivo de la adjudicación de
tierras en los últimos años supera el centenar. En todo caso, como cinco de
ellos vivían y trabajaban en la Zona de la Panamericana del Estado Mérida,
entendemos que era tarea de la Gobernación del Estado designar un abogado
penalista que se ocupara de tales crímenes. Aunque la Fuerza Bolivariana de
Abogados ofreció sus servicios, la Gobernación, que debería haber encargado
formalmente a estos compatriotas abogados de esos cinco casos, no concretó su
acción. De hecho, no se han ocupado de los respectivos juicios, y cuatro de esos
crímenes han quedado impunes.
Luego del último asesinato, ocurrido el año pasado en el Municipio Obispo Ramos
de Lora (en las proximidades de su ciudad capital, Santa Elena de Arenales), la
unidad del INTI de protección del campesino contra el sicariato designó como
abogado al penalista Ernesto García, quien logró la detención de la presunta
asesina, Sioly Torres, también imputada por agresiones contra otros chavistas
(el abogado Ernesto García es especialista en este tipo de casos, está
atendiendo dos asesinatos ocurridos en Caja Seca del Estado Zulia, y se está
ocupando de la acusación contra un sicario al cual se le han imputado dieciséis
asesinatos de bolivarianos en ese estado).
La Gobernación de Mérida, cuyos abogados no tienen experiencia en derecho penal,
debió haber contratado algún especialista en esa área, pero no lo hizo.
Posiblemente ésa es una de las causas que han retrasado un avance significativo
en las investigaciones de los crímenes, tanto de los cooperativistas, como de
Giandomenico Pulitti.
Los heridos
Hasta el momento no se ha designado abogado para atender el caso de los heridos
en el ataque que protagonizara Gerardo Gollo Regardiz, y que narramos en el Nº
155 de “Despertar Universitario”. Dos de ellos tienen un brazo quebrado, uno fue
alcanzado por una bala y un cuarto recibió un patadón; estos cuatro casos fueron
verificados por el médico forense. Otros dos compatriotas sufrieron lesiones
menores: la patrullera a quien la policía trató de arrancarle el espejo
retrovisor que ella había recogido como prueba de la agresión de Gollo, y otro
patrullero que recibió un golpe en la frente. Cabe destacar el esfuerzo que
realizó un grupo de funcionarios del CICPC, que trabajó hasta altas horas de la
noche para que todas las víctimas pudieran rendir sus declaraciones. Por su
parte, Gollo también denunció ante el CICPC a sus agredidos, y luego contrató a
dos de los mejores penalistas de Mérida para que lo defendieran. En cambio, los
compatriotas bolivarianos siguen desprotegidos ya que ni la gobernación, ni el
MVR, ni el actual alcalde (que era a quien le estaban haciendo propaganda los
agredidos) se han ocupado de designar penalistas que se ocupen de defenderlos y
de acusar al agresor.
Nos viene a la memoria otro caso lamentable. Ocurrió en El Vigía, durante el
paro petrolero. Un chavista que estaba controlando la distribución de gasolina
notó que los empleados de la gasolinera favorecían a algunos coleados. Les llamó
la atención, y como ellos respondieron que lo hacían por orden de la dueña, le
reclamó a la señora. Pero ella dijo que ésa era su gasolinera y que ahí se hacía
lo que ella disponía. Un rato después el compatriota bolivariano fue agredido
con una bate por un individuo contratado por la dueña de la gasolinera quien, al
mismo tiempo, lo denunció como su agresor. Nadie designó un abogado que se
ocupara del caso y el chavista terminó preso. Esperemos que los patrulleros
agredidos por Gollo no terminen también entre rejas.