Venezuela: Garantizar el estado de derecho - una tarea urgente para todos

La crisis por la que atraviesa Venezuela pone en grave peligro a los derechos humanos al socavar el estado derecho, declaró hoy una delegación de Amnistia Internacional al concluir una visita al país.

La delegacion, integrada por Ignacio Saiz, Rupert Knox y Roddy Brett del Secretariado Internacional de la organización en Londres, visito Venezuela entre el 10 y el 22 de noviembre con el fin de dar seguimiento a los sucesos de abril, cuando murieron decenas de personas durante el fracasado golpe, y analizar otros aspectos de la situación de derechos humanos en el país.

"Llegamos al país en un momento en que el estado de derecho y la vigencia de los derechos se enfrentan con nuevas amenazas. El estado de derecho se ve debilitado por el clima de impunidad, el nivel extremo de polarización política, el riesgo inminente de convulsiones sociales, la militarización y la politización de las fuezas armadas y de los cuerpos policiales, y la aparente incapacidad de los poderes del estado de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos de forma imparcial y eficaz," manifestó la delegación.

"Estos elementos son síntomas de una descomposición del estado de derecho que podría conducir a violaciones de derechos humanos aun más graves. Aunque el gobierno tiene la responsabilidad primaria de evitar que la crisis degenere, es tarea de todos los sectores sociales y políticos contribuir a este fin," agregó Amnistía Internacional.

En cuanto a la investigación de los sucesos de abril, la delegación constató que ha habido ciertos avances que han llevado a la detención de varios sospechosos y la imputación de otros. Sin embargo, se han observado deficiencias en la coordinación entre las entidades investigativas, la falta de colaboración por parte de la Policía Metropolitana y Guardia Nacional y la aparente falta de recursos y capacidad para agilizar la investigación. Amnistía Internacional continuará observando las investigaciones para asegurar que se esclarezcan las responsabilidades y se haga justicia.

Los delegados también manifestaron su preocupación por la serie de agresiones en contra de periodistas que no parece haber contado con una respuesta eficaz de parte de las autoridades.

Durante la visita también se investigaron violaciones a los derechos humanos de más largo arraigo, en particular el número alarmante de ejecuciones cometidas por grupos policiales y para-policiales en varios estados del país. En particular, los delegados visitaron los estados de Anzoátegui y Bolívar donde se reunieron con familiares de víctimas de aparentes ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales. En los últimos dos años se han denunciado más de 150 casos en el estado de Anzoátegui y el nivel de ejecuciones es igualmente alarmante en Bolívar. Hasta la fecha, la impunidad en estos casos ha sido total, y en muchos casos los familiares y testigos han sido objeto de amenazas. Amnistía Internacional también recabó información sobre situaciones parecidas en los estados de Aragua, Portuguesa y Falcón.

En sus conversaciones con las autoridades y con organismos no-gubernamentales, los delegados analizaron los factores que han impedido hacer efectivas las protecciones incorporadas a la Constitución en materia de derechos humanos, entre ellas la prolongación del "régimen transitorio" y la demora en aprobar la legislación necesaria para reglamentar instituciones claves como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

Los delegados destacaron la valiosa labor realizada por los organismos de derechos humanos en un clima difícil y hostil e instaron al gobierno a investigar de manera exhaustiva e inmediata las amenazas registradas en contra de algunas de ellas y a asegurar que puedan desempeñar su legítima e importante labor sin temor por su seguridad.

A Ia luz de los resultados de la visita, Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a que tomen medidas inmediatas para fortalecer el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, entre ellas:

- rescatar la credibilidad de las instituciones del estado asegurando que no haya impunidad en el caso de las violaciones cometidas durante los sucesos durante los disturbios de abril de 2002, ni en otros casos ocurridos desde entonces;

- poner fin a la impunidad en los estados en que se han denunciado ejecuciones extrajudiciales por entidades policiales;

- investigar de manera imparcial y exhaustiva las amenazas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, y demostrar que este tipo de agresión no será tolerado;

- asegurar que los oficiales encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de manifestaciones y otros disturbios se apeguen estrictamente a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza consagradas en la constitución y que cualquier abuso sea rigurosamente investigado y sancionado.

- cumplir con las recomendaciones formuladas al estado de Venezuela en materia de derechos humanos por organismos intergubernamentales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de Naciones Unidas.

"Instamos tanto al gobierno como a los sectores de oposición a que busquen salidas de la crisis que se enmarquen dentro de la constitución y que tengan como principio conductor el pleno respeto por los derechos humanos," concluyó Amnistía Internacional, agregando un llamado especial a todos los medios de comunicación para que aseguren sin parcialidad el derecho a la información, ajustándose a los lineamientos éticos de su profesión.

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