La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados miembros de la OEA a tomar acciones inmediatas para detener el progresivo deterioro del Estado de Derecho en Venezuela
Washington, DC, 12 de diciembre de 2002
Desde el año 2000 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado a través
de diferentes mecanismos sobre el deterioro
progresivo del Estado de Derecho en Venezuela, que
ha comprometido seriamente la vigencia de los
derechos humanos. En la actualidad, la Comisión
observa con extrema preocupación el agravamiento
de la crisis en Venezuela, caracterizada por la
violencia, la intolerancia y por una desconfianza
generalizada en las instituciones del Estado.
Durante su visita a Venezuela en mayo del presente
año, la CIDH observó que la falta de independencia
del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad
de expresión, el estado deliberativo en que se
encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo
de polarización de la sociedad, el accionar de
grupos de exterminio, la poca credibilidad de las
instituciones de control debido a la incertidumbre
sobre la constitucionalidad de su designación y la
parcialidad de sus actuaciones, la falta de
coordinación entre las fuerzas de seguridad,
representaban una clara debilidad de los pilares
fundamentales para la existencia del Estado de
Derecho en un sistema democrático en los términos
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión, oportunamente, condenó el golpe de
Estado de abril de 2002, y criticó a los
usurpadores del poder por las detenciones
arbitrarias y otras violaciones a los derechos
humanos. Asimismo, expresó su preocupación por
ciertas actitudes de la oposición que podían
perjudicar la iniciación del diálogo y por las
decisiones editoriales adoptadas en los días del
golpe por algunos responsables de los medios de
prensa y les hizo un llamado a la reflexión sobre
su rol en momentos en los que, precisamente, el
acceso a una información rápida es indispensable
para la defensa de la democracia.
La Comisión nota que desde la visita hasta la
actualidad la situación ha empeorado
progresivamente. En primer lugar, la Comisión
desea expresar su más profunda preocupación por el
aumento significativo de ataques sistemáticos
contra los defensores de derechos humanos que,
directa o indirectamente, les impiden o dificultan
sus tareas. La Comisión reitera que en un Estado
de Derecho, los defensores tienen un papel crucial
en la defensa de víctimas de violaciones de
derechos humanos, en la denuncia pública de las
injusticias que afectan a importantes sectores de
la sociedad y en el necesario control que ejercen
sobre los funcionarios públicos y las
instituciones democráticas.
Asimismo, la Comisión ha registrado un aumento
progresivo de ataques contra medios de
comunicación y periodistas, particularmente contra
aquellos que cubren eventos y concentraciones
políticas. Los periodistas, camarógrafos,
fotógrafos y demás trabajadores de la prensa han
sido blanco directo de agresiones y hostigamiento.
Los incidentes registrados abarcan, entre otros,
el asesinato de un periodista; ataques a la
integridad física, incluidos heridos de bala;
amenazas; la toma, saqueos y destrozos de las
instalaciones de medios de comunicación, tales
como los realizados el pasado 9 de diciembre por
grupos adeptos al Gobierno en Caracas e
importantes ciudades del interior. La Comisión
advierte que dicha situación no sólo surte un
efecto amedrentador sobre los comunicadores
sociales que temen identificarse como periodistas
debido a las represalias que pueden sufrir, sino
que afecta el derecho a la información de la
sociedad venezolana.
La Comisión condena enérgicamente el uso de la
violencia contra diferentes sectores de la
sociedad mediante disparos indiscriminados sobre
manifestantes. La Comisión hace un llamado urgente
al Estado venezolano para que investigue de manera
rigurosa, ágil e imparcial a los autores
responsables de los hechos de violencia que
tuvieron lugar el viernes 6 de diciembre en la
plaza Francia, en Altamira, en donde según las
informaciones recibidas perecieron tres personas y
dieciocho resultaron heridas.
La Comisión expresa su preocupación por el
surgimiento de grupos civiles armados que ejercen
la violencia política, así como por la impunidad
con la que operan. Inclusive, algunos de estos
grupos parecen gozar de protección por parte de
ciertas autoridades. Este recurso a la violencia
se agrava con el continuo accionar de grupos
parapoliciales en varios Estados del interior, en
aparentes operaciones de limpieza social.
Preocupa a la CIDH la “intervención” por parte del
Gobierno central de la policía metropolitana de
Caracas, que estaba bajo la autoridad de un
adversario político, sin dar razones apropiadas
para una decisión de dudosa legalidad. Tal medida
ha contribuido a agravar la inseguridad ciudadana
en la ciudad, y a incrementar la intervención de
las Fuerzas Armadas en operaciones de control de
la seguridad pública. Específicamente esta
intervención es preocupante debido al historial de
violaciones de derechos humanos que en el pasado
ha generado la actuación de las Fuerzas Armadas en
operaciones de control social.
La Comisión reitera que frente a las violaciones
contra los derechos humanos el Estado tiene la
obligación de investigar y sancionar a sus
responsables. Esta obligación internacional del
Estado es irrenunciable, por lo cual resultan
contrarias a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos las situaciones de impunidad que
dan lugar, en este caso, a la violencia
generalizada que pone en peligro a toda la
sociedad venezolana.
La Comisión resalta que en cumplimiento de sus
funciones de protección ha utilizado los diversos
mecanismos contemplados en la Convención Americana
y su Reglamento. A través del sistema de casos, la
adopción de medidas cautelares, la solicitud de
medidas provisionales a la Corte, visitas in loco
al país y comunicados de prensa, la CIDH ha
respondido a los requerimientos de protección de
los ciudadanos venezolanos que han acudido al
sistema interamericano, y ha alertado a la
comunidad internacional sobre el progresivo
agravamiento de la situación de derechos humanos
en Venezuela.
En particular, la CIDH ha otorgado durante el
presente año 12 medidas cautelares para proteger
los derechos a la vida, integridad personal y
libertad de expresión, entre otros, de defensores
de derechos humanos, comunicadores sociales,
diputados, víctimas de los sucesos del 11 de
abril, así como de testigos y familiares de las
víctimas de grupos parapoliciales. Debido a la
falta del cumplimiento de las medidas por parte
del Estado, la CIDH solicitó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos medidas
provisionales en favor de miembros de la
organización no gubernamental de derechos humanos
COFAVIC, del medio de comunicación RCTV y de
víctimas de los grupos parapoliciales que operan
en el Estado Falcon. Las tres medidas
provisionales solicitadas fueron concedidas por la
Corte el día 2 de diciembre de 2002.
Con el propósito de colaborar con el Gobierno y la
sociedad venezolana en su conjunto y de cumplir
con su mandato, la Comisión tenía previsto llevar
a cabo una serie de visitas de seguimiento; sin
embargo, pese a la invitación abierta recibida del
Presidente Chavez y del Vicepresidente Rangel, así
como a las insistentes solicitudes de la CIDH, el
Gobierno de Venezuela se ha negado
sistemáticamente a fijar fechas para la
realización de dichas visitas. La CIDH considera
que las visitas de seguimiento podrían haber
contribuido significativamente al fortalecimiento
de la defensa y protección de los derechos humanos
en un contexto democrático y de legalidad
institucional.
Finalmente, dada la gravedad de la situación, la
CIDH valora y apoya los esfuerzos del Secretario
General de la OEA, Dr. César Gaviria, con el
enérgico respaldo de todos los Estados del
hemisferio. Asimismo, en ejercicio de las
funciones establecidas en el artículo 41 de la
Convención Americana y fundada en la experiencia
de más de cuatro décadas de observar las trágicas
consecuencias del debilitamiento del Estado de
Derecho sobre los derechos humanos, la Comisión
urge a los Estados miembros de la OEA que de
manera inmediata, y dentro del marco de los
instrumentos interamericanos, utilicen todos los
mecanismos disponibles para colaborar con los
venezolanos en la búsqueda de una solución urgente
que logre evitar más perdidas de vidas humanas y
permita asegurar a los venezolanos la plena
vigencia del Estado de Derecho.
http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=8