Venezuela: Un programa de derechos humanos para combatir la crisis

Como quiera que la comunidad internacional está asumiendo un papel cada vez más activo en la crisis que atraviesa Venezuela, Amnistía Internacional ha indicado hoy que a la hora de tratar de encontrar formas de evitar una crisis política y una mayor polarización de la situación se debe partir, entre otros principios rectores, de una orientación global hacia la promoción a largo plazo de los derechos humanos.

La organización ha añadido: "La falta de respeto de los derechos humanos desde hace tiempo es una de las causas de la crisis, por lo que lo normal es que los instrumentos nacionales e internacionales creados para proteger tales derechos sirvan de marco para promover la resolución de esta crisis".

Si bien en estos momentos gran parte del debate se centra en cuestiones electorales, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional, y en especial a los países que integran el "grupo de amigos de Venezuela" y a las organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales, a que promuevan una estrategia global basada en el pleno respeto de los derechos humanos como elemento fundamental para fortalecer el Estado de derecho.

El programa de derechos humanos propuesto por Amnistía Internacional para resolver la crisis venezolana hace hincapié en los siguientes aspectos:

- reforzar la justicia, entre otras formas, garantizando la independencia del poder judicial, y poner fin a la impunidad de que gozan los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en el presente a través de investigaciones imparciales y exhaustivas y de juicios sin dilación;

- garantizar que las fuerzas armadas y de seguridad no desempeñan una función política, sino que permanecen subordinadas a las autoridades civiles, y que actúan de forma imparcial y ajustándose plenamente a las normas relativas al uso de la fuerza;

- garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información;

- permitir que los defensores de los derechos humanos realicen su labor sin temor;

- poner en práctica políticas concretas y eficaces para combatir la pobreza extrema y la exclusión, que han contribuido a la polarización extrema que sufre la sociedad venezolana.

Todos los agentes políticos venezolanos tienen la obligación de garantizar que estas cuestiones señaladas se abordan de forma seria y eficaz. Por su parte, la oposición debe asumir la responsabilidad, cuando ejerza su derecho legítimo a la libertad de expresión, reunión y asociación, de elegir métodos de protesta que no conculquen salvaguardias constitucionales.

Amnistía Internacional ha indicado: "Con demasiada frecuencia todos los partidos implicados en la crisis han instrumentalizado el argumento de los derechos humanos, apropiándose de él, manipulándolo y distorsionándolo para utilizarlo como otro arma más con el que fomentar la polarización y el enfrentamiento".

La organización ha añadido: "Ha llegado el momento de considerar el respeto absoluto de todos los derechos humanos de todos los venezolanos como uno de los pilares sobre el que construir una solución viable y duradera a la crisis. La comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar a este respecto".

Información general

César Gaviria, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha estado facilitando las negociaciones entre la oposición y el gobierno para lograr una resolución pacífica de la crisis. Hasta el momento estas negociaciones no se han traducido en resultados concretos. La crisis política que venía amenazando la estabilidad política en Venezuela durante el pasado año alcanzó una nueva cota con la huelga general convocada por la oposición que comenzó el 2 de diciembre y que se encuentra actualmente en su octava semana. Se corre el peligro de que la situación de extrema tensión en el país desemboque en graves violaciones de derechos humanos.

Como respuesta a la tensión exacerbada y la aparente renuencia de las dos partes enfrentadas a encontrar una solución pacífica negociada a la crisis, varios gobiernos extranjeros han propuesto la formación de un grupo de países "amigos de Venezuela" que contribuyan a fomentar una solución negociada a la situación. Los países que integran este grupo son: Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.