Venezuela: Los derechos humanos de nuevo en la balanza

Amnistía Internacional expresó hoy su temor de que los eventos de esta semana en Venezuela - entre ellos la detención de una figura prominente de la oposición y el asesinato de militares disidentes - podrían conducir a un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en el país.

A la medianoche del miércoles 19 de febrero fue detenido Carlos Fernández, presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, y uno de los dirigentes del paro nacional convocado por la oposición. Fue arrestado por agentes policiales armados en un restaurante de Caracas y acusado de "rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación". Según se informa, Fernández tuvo acceso a asistencia jurídica y recibió la visita de su esposa, quien constató que no había sido maltratado.

También se han emitido ordenes de arresto en contra de otras figuras de la oposición involucradas en el paro nacional que duró 63 días, entre ellas Carlos Ortega, dirigente de la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), que se habría ocultado alegando temer por su seguridad si es detenido.

Aunque el gobierno ha negado cualquier interferencia políticamente motivada por el Ejecutivo en estas detenciones, las mismas se realizaron después de que el Presidente Hugo Chávez pidiera acción judicial en contra de los organizadores del paro. Más aún, el Presidente expresó ante la prensa su satisfacción por la detención de quienes llamó "golpistas".

"El poder judicial puede jugar un papel clave para impedir que estos acontecimientos provoquen una nueva crisis". Amnistía Internacional enfatizó que cualquier acción judicial en contra de los dirigentes del paro nacional debe estar libre de toda interferencia política y seguir estrictamente las normas constitucionales e internacionales que regulan el debido proceso.

La detención tuvo lugar a los pocos días del asesinato el domingo pasado de una mujer y tres militares que se habían declarado en desobediencia. Las víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados en Caracas amarrados y amordazados al principio de esta semana, habían sido ultimados a balazos. Según parece, mostraban señales de tortura. Las víctimas habían participado en las manifestaciones en contra del Presidente Chávez en la Plaza Altamira en Caracas. Aunque el gobierno ha atribuido estos asesinatos a disputas internas o personales, figuras de la oposición han denunciado públicamente que los asesinatos tuvieron motivaciones políticas.

"Una vez más el rol de las autoridades judiciales es crucial para evitar que se generen mayores tensiones en torno a este caso. Urge realizar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva y tomar medidas de protección para los testigos que puedan ser objeto de intimidaciones, dada la politizada naturaleza del caso".

El 18 de febrero se firmó un Acuerdo contra la Violencia, por la Paz y la Democracia entre el gobierno y la oposición. Firmado con la mediación de César Gaviria, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Acuerdo pide que se establezca "un clima de paz y calma en el país" y que la legislatura establezca una "comisión de paz" que se encargue de investigar las muertes ocurridas en el contexto del intento de golpe en contra del Presidente Hugo Chávez en abril 2002.

Amnistía Internacional reitera su llamado al gobierno, a la oposición y a la comunidad internacional para que aseguren que el respeto por los principios de derechos humanos sea eje central de la agenda para resolver la actual crisis.

Información adicional

La polarización política en Venezuela ha amenazado en desembocar en violencia generalizada. La tensión ha sido particularmente intensa durante los 63 días del paro nacional que terminó a principios de este mes. Tres murieron durante las manifestaciones del 6 de diciembre pasado en la Plaza Francia de Caracas. El paro paralizó a muchos sectores económicos y según analistas la economía venezolana puede verse reducida por un 25% este año.

El 11 de abril del 2002, un paro similar desembocó en hechos de violencia que dejaron un saldo de 20 muertos. Esta violencia llevó a un fallido golpe de estado y la detención temporal del Presidente Chávez. El 13 de abril, el Presidente retomó el poder después de amplias protestas a nivel nacional e internacional por la ruptura del orden constitucional. Desde entonces ha habido varios intentos de buscar una solución negociada. César Gaviria, Presidente de la Organización de los Estados Americanos es actualmente el mediador de las conversaciones entre el gobierno y la oposición.

Para mayor información, vease "Venezuela: Una Agenda de Derechos Humanos ante la Crisis Actual", (AMR 53/001/2003) publicado por Amnistía Internacional en enero de 2003.