Amnistía Internacional, Venezuela: Detención de opositores y asesinatos de disidentes
· Amnistía Internacional expresó hoy su
temor de que los eventos de esta semana en Venezuela - entre ellos la
detención de una figura prominente de la oposición y el asesinato de
militares disidentes - podrían conducir a un mayor deterioro de la
situación de derechos humanos en el país.
· "El poder judicial puede jugar un papel clave para impedir que estos
acontecimientos provoquen una nueva crisis". Amnistía Internacional
enfatizó que cualquier acción judicial en contra de los dirigentes del
paro nacional debe estar libre de toda interferencia política y seguir
estrictamente las normas constitucionales e internacionales que
regulan el debido proceso.
· En torno al caso del asesinato el domingo pasado de una mujer y tres
militares que se habían declarado en desobediencia, una vez más el rol
de las autoridades judiciales es crucial. Urge realizar una
investigación inmediata, imparcial y exhaustiva y tomar medidas de
protección para los testigos que puedan ser objeto de intimidaciones,
dada la politizada naturaleza del caso".
· Amnistía Internacional reitera su llamado al gobierno, a la
oposición y a la comunidad internacional para que aseguren que el
respeto por los principios de derechos humanos sea eje central de la
agenda para resolver la actual crisis.
Amnistía Internacional expresó hoy su temor de que los eventos de esta
semana en Venezuela - entre ellos la detención de una figura
prominente de la oposición y el asesinato de militares disidentes -
podrían conducir a un mayor deterioro de la situación de derechos
humanos en el país.
A la medianoche del miércoles 19 de febrero fue detenido Carlos
Fernández, presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, y uno
de los dirigentes del paro nacional convocado por la oposición. Fue
arrestado por agentes policiales armados en un restaurante de Caracas
y acusado de "rebelión civil, traición a la patria, instigación a
delinquir, agavillamiento y devastación". Según se informa, Fernández
tuvo acceso a asistencia jurídica y recibió la visita de su esposa,
quien constató que no había sido maltratado.
También se han emitido ordenes de arresto en contra de otras figuras
de la oposición involucradas en el paro nacional que duró 63 días,
entre ellas Carlos Ortega, dirigente de la Confederación de
Trabajadores Venezolanos (CTV), que se habría ocultado alegando temer
por su seguridad si es detenido.
Aunque el gobierno ha negado cualquier interferencia políticamente
motivada por el Ejecutivo en estas detenciones, las mismas se
realizaron después de que el Presidente Hugo Chávez pidiera acción
judicial en contra de los organizadores del paro. Más aún, el
Presidente expresó ante la prensa su satisfacción por la detención de
quienes llamó "golpistas".
"El poder judicial puede jugar un papel clave para impedir que estos
acontecimientos provoquen una nueva crisis". Amnistía Internacional
enfatizó que cualquier acción judicial en contra de los dirigentes del
paro nacional debe estar libre de toda interferencia política y seguir
estrictamente las normas constitucionales e internacionales que
regulan el debido proceso.
La detención tuvo lugar a los pocos días del asesinato el domingo
pasado de una mujer y tres militares que se habían declarado en
desobediencia. Las víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados en
Caracas amarrados y amordazados al principio de esta semana, habían
sido ultimados a balazos.
Según parece, mostraban señales de tortura. Las víctimas habían
participado en las manifestaciones en contra del Presidente Chávez en
la Plaza Altamira en Caracas. Aunque el gobierno ha atribuido estos
asesinatos a disputas internas o personales, figuras de la oposición
han denunciado públicamente que los asesinatos tuvieron motivaciones
políticas.
"Una vez más el rol de las autoridades judiciales es crucial para
evitar que se generen mayores tensiones en torno a este caso. Urge
realizar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva y tomar
medidas de protección para los testigos que puedan ser objeto de
intimidaciones, dada la politizada naturaleza del caso".
El 18 de febrero se firmó un Acuerdo contra la Violencia, por la Paz y
la Democracia entre el gobierno y la oposición. Firmado con la
mediación de César Gaviria, secretario general de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), el Acuerdo pide que se establezca "un
clima de paz y calma en el país" y que la legislatura establezca una
"comisión de paz" que se encargue de investigar las muertes ocurridas
en el contexto del intento de golpe en contra del Presidente Hugo
Chávez en abril 2002.
Amnistía Internacional reitera su llamado al gobierno, a la oposición
y a la comunidad internacional para que aseguren que el respeto por
los principios de derechos humanos sea eje central de la agenda para
resolver la actual crisis.
Información adicional
La polarización política en Venezuela ha amenazado en desembocar en
violencia generalizada. La tensión ha sido particularmente intensa
durante los 63 días del paro nacional que terminó a principios de este
mes. Tres murieron durante las manifestaciones del 6 de diciembre
pasado en la Plaza Francia de Caracas. El paro paralizó a muchos
sectores económicos y según analistas la economía venezolana puede
verse reducida por un 25% este año.
El 11 de abril del 2002, un paro similar desembocó en hechos de
violencia que dejaron un saldo de 20 muertos. Esta violencia llevó a
un fallido golpe de estado y la detención temporal del Presidente
Chávez. El 13 de abril, el Presidente retomó el poder después de
amplias protestas a nivel nacional e internacional por la ruptura del
orden constitucional. Desde entonces ha habido varios intentos de
buscar una solución negociada. César Gaviria, Presidente de la
Organización de los Estados Americanos es actualmente el mediador de
las conversaciones entre el gobierno y la oposición.
Para mayor información, vease "Venezuela: Una Agenda de Derechos
Humanos ante la Crisis Actual", (AMR 53/001/2003) publicado por
Amnistía Internacional en enero de 2003.
pen&Highlight=2,venezuela Contacte a: equipovenezuela@amnesty.org AMR
53/005/2003 21/02/2003
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
AI Index: AMR 53/005/2003 (Public)
21 February 2003
Venezuela: Human rights once more hang in the balance Amnesty
International today expressed grave concern that this week's events in
Venezuela -- including the detention of a prominent opposition figure
and the killing of army dissidents -- could lead to a further
deterioration of the human rights situation in the country," Amnesty
International said.
At midnight on Wednesday 19 February, Carlos Fernandez, the President
of the business association Fedecamaras, and a prominent leader of the
general strike called by the opposition, was arrested by armed police
agents in a restaurant in Caracas on charges including "rebellion,
treason, instigation to commit criminal acts, conspiracy and sabotage".
He was reportedly given access to legal counsel and his wife verified,
after visiting him, that he had not been ill-treated.
Further warrants have reportedly been issued against other prominent
members of the opposition who were involved in the 63-day national
strike, including Carlos Ortega, head of the Venezuelan Workers
Confederation (Confederación de Trabajadores Venezolanos,CTV), who has
reportedly gone into hiding and claims that he fears for his safety if
detained.
Although the government has denied any politically-motivated
interference by the Executive in these arrests, days before President
Hugo Chávez had urged judges and public prosecutors to take action
against strike organisers.
Furthermore, he has publicly expressed satisfaction at the arrests of
what he called "coup plotters".
"The Judiciary has a key role in preventing these events from
triggering an escalation of the human rights crisis," Amnesty
International cautioned. The organization stated that any judicial
action against the former leaders of the strike must be independent of
any political interference and strictly adhere to international
standards of due process, reflected in the constitution.
The arrest came only days after the deaths of three dissident soldiers
and one woman last weekend. The victims, whose bound and gagged bodies
were found at the beginning of this week in Caracas, had been shot
dead. There were reported signs of torture on the bodies. The victims
had been part of the anti-Chávez demonstration that had occupied Plaza
Altamira in Caracas.
The government has attributed the killings to internal feuds, while
opposition figures stated publicly that the deaths were politically
motivated.
"Given the Judiciary's crucial role in diffusing tensions around this
case, there must be an immediate, impartial and exhaustive
investigation into the killings," Amnesty International added.
"Immediate steps must be taken to protect witnesses who may be subject
to intimidation given the politicised nature of the case".
An Accord Against Violence and for Peace and Democracy was signed
between the government and the opposition on 18 February. The accord,
brokered by César Gaviria, secretary-general of the Organisation of
American States (OAS), calls for the generation of "a climate of peace
and calm in the country" and for the legislature to establish a "peace
commission" that would be charged with investigating the deaths that
took place during the failed coup against President Hugo Chávez in
April 2002.
Amnesty International reiterated its call on the government,
opposition and international community to ensure that respect for
human rights principles is central to the agenda for resolving the
crisis.
Background
Throughout this year, political polarization in Venezuela has been
threatening to lead to large-scale violence. Tension was especially
intense during the 63-day national strike that ended earlier this
month, which had been convened by the opposition to overthrow
President Chávez. Three people were killed during an opposition
demonstration held on 6 December in Francia Square in Caracas. The
strike paralysed many sectors of the economy and analysts forecast
that the Venezuela economy may shrink by up to 25% this year.
On 11 April 2002, a similar national strike led to acts of violence
which left 20 dead. This violence in turn led to a failed coup and the
temporary detention of President Chávez. On 13 April, the President
returned to power after major national and international protests at
the breaking of the constitutional order. Since then, there have been
attempts to negotiate a solution. César Gaviria, President of the
Organization of American States is currently acting as a mediator in
talks between the government and the opposition.
For more background information, see Venezuela: A Human Rights Agenda
for the Current Crisis (AMR 53/001/2003), published by Amnesty
International in January 2003
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