Venezuela 11.04.2003
Entre el autoritarismo del Presidente y la intolerancia de los medios de
comunicación
Informe Venezuela
Entre el autoritarismo del Presidente y la intolerancia de los medios de
comunicación - Abril de 2003
La libertad de prensa enfrentada a un "dictador" y a algunos "golpistas"
En enero de 2003, la situación de la libertad de prensa en Venezuela era de lo
más confusa. Desde hacía un mes, una parte importante de la prensa privada
apoyaba un paro de actividades decretado por la oposición, para conseguir la
dimisión del presidente Chávez. Difusión de propagandas incitando a la
desobediencia civil, retransmisión de llamadas a la sublevación armada, difusión
de informaciones falsas...en realidad, los principales medios de comunicación
privados hacían algo más que apoyar la huelga ; a su manera participaban en
ella, al precio de trampear con los más elementales principios de la
deontología. Ocho meses antes ya habían aprobado un golpe de Estado que llevó al
derrocamiento del presidente Chávez, durante cuarenta y ocho horas.
En el curso del paro nacional de diciembre de 2002 y enero de 2003 se
multiplicaron los atentados contra la libertad de prensa. Explotó el ya elevado
número de agresiones contra los periodistas, atribuidas a los simpatizantes del
Presidente. Se asediaron las sedes de varios medios de comunicación privados, y
se quemaron algunos vehículos de los canales de televisión. En cuanto a la
prensa pública, transformada en herramienta al servicio del Presidente, y a los
medios comunitarios, a los que la oposición considera pro-gubernamentales,
fueron puntualmente blancos de agresiones.
A finales de enero, la amenaza aumentó. Hugo Chávez, presentando los primeros
signos de que el paro se estaba desinflando, utilizó los excesos cometidos por
los medios de comunicación para emprender represalias contra ellos : un proyecto
de ley, sobre su "responsabilidad social", conseguía una primera aprobación en
la Asamblea Nacional, se emprendieron procedimientos administrativos contra los
canales de televisión, se ejercieron presiones fiscales sobre varios medios de
comunicación de la oposición, y el restablecimiento del control de cambios
amenazaba el aprovisionamiento de papel de la prensa escrita...
La polarización alcanzó la cima. Mientras la oposición y los principales medios
de comunicación privados acusan a Hugo Chávez de ser un "dictador" y querer
censurar la prensa, este último les acusa a ellos de "golpistas" y "traidores".
En este tenso contexto, dos representantes de Reporteros sin Fronteras viajaron
a Caracas, del 11 al 18 de febrero de 2003. Pudieron entrevistarse con
periodistas, con las direcciones y los servicios jurídicos de los medios de
comunicación privados, con periodistas de la prensa pública, periodistas de
medios comunitarios, corresponsales de la prensa extranjera, el director de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel, entidad pública encargada de
regular las licencias concedidas por el Estado), y miembros de la oposición.
Reporteros sin Fronteras lamenta que no respondieran a sus peticiones de
entrevista, ni el Presidente, ni ningún miembro del gobierno.
En ese contexto de fuerte polarización, la misión tenía como objetivo establecer
un balance de los atentados a la libertad de prensa denunciados por la prensa
privada, aunque prestando la debida atención a los excesos de los medios de
comunicación, denunciados por los partidarios del jefe del Estado.
Una polarización nefasta para la libertad de prensa
Venezuela ha pasado por dos crisis muy graves en los últimos doce meses : el
intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro nacional convocado
por la oposición, en diciembre de 2002 y enero de 2003. Estas dos crisis han
puesto de manifiesto la extremada polarización de la sociedad venezolana, y sus
graves consecuencias para la libertad de prensa : se ha multiplicado la
violencia contra los periodistas, se han cerrado medios de comunicación, ha
habido restricciones en el acceso a la información pública...En paralelo, jamás
fueron tan intolerantes los respectivos discursos del gobierno y de la
oposición, tras la que se alinean la mayoría de los medios de comunicación,
hasta el punto de recurrir a la censura, o de avalarla.
El intento de golpe de Estado de abril de 2002
El 11 de abril de 2002, la oposición se encontraba en su tercer día de paro
nacional. Cientos de miles de personas desfilaban por las calles. Cuando la
marcha decidió dirigirse al palacio presidencial, en medio de la mayor confusión
se escucharon unos disparos, que provocaron la muerte de veinte personas e
hirieron a más de veinticuatro personas. Entonces, una fracción del ejército
anunció que se unía a la oposición y, por la noche, derrocaron al Presidente.
Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, la asociación de empresarios, fue
nombrado para presidir el gobierno de facto, y enseguida anunció la disolución
de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, en la noche
del 13 al 14 de abril, gracias al apoyo de las fuerzas leales, y tras algunas
manifestaciones reclamando su vuelta, Hugo Chávez regresó al palacio
presidencial.
Los tres días del intento de golpe de Estado continúan siendo los más negros del
año para la libertad de prensa.
Desde los días 8 y 9 de abril, la información se convirtió en un reto. El
gobierno aplicó, en más de treinta ocasiones, el artículo 192 de la Ley de
Telecomunicaciones, que le da derecho a embargar la antena del conjunto de las
televisiones y radios. Según un informe de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) de Caracas, titulado "La crisis de abril y el derecho a la libertad de
expresión e información", se trataba realmente de "contrarrestar" las
informaciones difundidas por los canales privados, que entonces cubrían
ampliamente la movilización de la oposición.
El 11 de abril, en el mismo momento en que los disturbios comenzaban en la
calle, los canales de televisión fueron obligados a difundir un nuevo discurso
del Presidente. Intentaron entonces retransmitir simultáneamente la alocución
presidencial y la manifestación de la oposición, dividiendo la pantalla en dos
partes. Inmediatamente, Hugo Chávez anunció que se cortaba la señal hertziana de
los principales canales, acusados de "incitar a la violencia". Entonces
prosiguieron con sus transmisiones por satélite. Durante ese tiempo, el
fotógrafo Jorge Tortoza, del Diario 2001, resultó mortalmente alcanzado por una
bala en la calle, y otra decena de fotógrafos y camarógrafos resultaron heridos,
en medios de la mayor confusión.
Por la noche se restableció la señal hertziana de los canales privados, después
de que una parte del ejército se uniera a la oposición. En cambio, se prohibió
el canal público Venezolana de Televisión (VTV), llamado también Canal 8. Unos
funcionarios, enviados por el gobernador del Estado de Miranda, Enrique Mendoza
(oposición), dejaron fuera de juego el sistema de transmisión y luego
prohibieron a los empleados el acceso al edificio, durante dos días. Poco antes,
Enrique Mendoza había dicho : "Esa basura del Canal 8 va fuera del aire en las
próximas horas".
Aunque efímero, el gobierno de facto, instalado en la noche del 11 al 12 de
abril, puso inmediatamente en marcha la represión contra los medios de
comunicación considerados como próximos a Hugo Chávez. El 12 de abril, la
agencia pública Venpres fue objeto de un intento de registro. También fueron
registrados tres medios comunitarios (Radio Perola, TV Caricuao y Radio Catia
Libre), y un cuarto (Catia TV) estuvo rodeado durante varias horas, con el
acceso bloqueado. Nicolás Rivera, de Radio Perola, sospechoso de haber disparado
sobre la multitud, fue detenido el 12 de abril, y registraron su domicilio.
Quedó en libertad dos días más tarde, tras haber sido torturado.
El 13 de abril, mientras los partidarios de Hugo Chávez salían a la calle y
circulaban rumores sobre la vuelta del Presidente, los canales privados de
televisión emitieron dibujos animados y telenovelas. Posteriormente, sus
directores explicaron que no disponían de imágenes y que, por razones de
seguridad, sus reporteros no podían salir a hacer reportajes. Ese mutismo
provocó la cólera de quienes apoyaban al gobierno. Al final de la tarde, decenas
de ellos se manifestaron ante las sedes de los canales RCTV, Globovisión y
Venevisión, llegando incluso a lanzar piedras contra la fachada de RCTV.
Según Andrés Izarra, ese silencio fue voluntario. Productor de RCTV, declara
haber recibido instrucciones de la dirección para silenciar las manifestaciones
de los partidarios del presidente Chávez. "Me dijeron cero chavismo en
pantalla", resume el periodista. Por otra parte, las emisoras tenían la
posibilidad de retomar tanto las imágenes de los canales internacionales, como
la CNN, como las informaciones de las agencias de prensa internacionales y de
los corresponsales extranjeros, que en ningún momento dejaron de informar sobre
los acontecimientos. Más grave aun, la retransmisión en Venezuela de la emisora
colombiana Radio Caracol fue suspendida por su socio venezolano, una compañía de
televisión por suscricpción, mientras cubría la salida de Pedro Carmona, el
presidente de facto.
Finalmente, en una carta abierta con fecha del 23 de mayo de 2002, José Gregorio
Vásquez, vice-ministro de la Secretaría de la Presidencia del efímero gobierno
de facto, afirmó haber organizado una reunión entre varios patrones de la prensa
y Pedro Carmona, en la mañana del 13 de abril. Según José Gregorio Vásquez, se
trató de los errores cometidos por el nuevo gobierno. "Gustavo Cisneros
[presidente del grupo Cisneros, segundo grupo de comunicación latinoamericano,
que controla el canal Venevisión en Venezuela] tomó luego la palabra, para
pedirle al Presidente que dejara en manos de todos ellos la gestión
comunicacional del gobierno", escribió.
El contenido de ese documento nunca ha sido desmentido por los interesados. Sin
embargo, en ningún momento, y en contra de lo que afirma el presidente Chávez,
la carta de José Gregorio Vásquez da a entender que los directores de los medios
de comunicación participaran en la preparación del golpe de Estado. Lo
paradójico es que, de esa forma, avalaron un gobierno que, en apenas cuarenta y
ocho horas, llevó a cabo una represión mucho más severa contra la prensa
considerada próxima a Hugo Chávez, que las emprendidas por éste contra la prensa
privada.
El paro nacional de diciembre 2002 - enero 2003
El 2 de diciembre de 2002, la oposición convocó un nuevo paro nacional. Contaba
con el cese de la actividad en Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa pública
de producción de petróleo que proporciona al Estado el 80% de sus divisas, para
conseguir la salida de Hugo Chávez. Teniendo en cuenta las lecciones sacadas del
intento de golpe de Estado, ni el gobierno ni la oposición quisieron recurrir a
los mismos extremos. Sin embargo, una vez más, en los medios de comunicación
dominó un discurso de confrontación y se multiplicaron los atentados a la
libertad de prensa.
Como los precedentes, ese nuevo paro tuvo una cobertura común en los canales
privados de televisión. Trabajando en cartel, intercambiaban sus imágenes para
cubrir mejor el acontecimiento. Para muchos, esa cobertura adquirió tintes
machacones, durante dos meses. Todas las tardes, los canales emitían información
sobre la movilización, de manera continuada. Daban, sobre todo, la palabra a la
oposición, difundiendo simultáneamente cada día, al final de la tarde, la
conferencia de prensa que ofrecían los líderes de la oposición : Carlos Ortega,
presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la
confederación sindical más importante ; Carlos Fernández, el nuevo patrón de
Fedecámaras (Pedro Carmona abandonó el país tras el fracaso del golpe de
Estado), y los responsables de la Coordinadora Democrática, la coalición de la
oposición que agrupa a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Algunas figuras de la oposición no dudaron en llamar a la sublevación militar.
De las pantallas desaparecieron los spots publicitarios. Según Televén, se trató
de una decisión de las propias empresas que, de esa forma, querían aportar su
apoyo a un paro que, de todas maneras, provocó el cierre de los almacenes que
podían vender los productos. Fueron reemplazados por los de la Coordinadora
Democrática (CD), llamando a la población a participar en manifestaciones
bautizadas como "Marcha por la democracia" o "La gran batalla", para conseguir
la salida del Presidente. La propaganda "Ni un bolívar más" animó a la población
a no pagar los impuestos. Un miembro de la Coordinadora Democrática, que quiere
permanecer en el anonimato, confió a Reporteros sin Fronteras que los canales
llegaron a hacer una "selección" entre los anuncios propuestos por la oposición,
descartando los que les parecían menos virulentos.
Tampoco el canal público VTV se destacó por su moderación, a la hora de
contrarrestar la propaganda de los canales privados. Según la agencia Associated
Press, primero intentó ignorar la huelga, antes de emitir algunos spots en los
que se presentaba a la oposición como desorganizada y al borde de la histeria, y
calificando a los líderes de la huelga de "idiotas" y "niños". Entre otros, el
canal emitió uno presentados a algunos individuos armados, presuntos miembros de
la oposición, con los siguientes comentarios : "Lo que esconden los canales
conspiradores", "Fascistas en acción".
Los dos meses de paro nacional estuvieron acompañados de un recrudecimiento de
los actos de violencia contra la prensa, tanto privada como pública. Según un
informe, presentado a finales de febrero por una delegación de la prensa
privada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos
cincuenta periodistas fueron agredidos y amenazados durante ese período, y
resultaron dañados seis vehículos de la prensa. En total, una veintena de medios
de comunicación fueron blanco de manifestaciones de protesta.
Muy organizadas, a veces esas manifestaciones recibieron expresamente el visto
bueno del gobierno. Los días 9 y 10 de diciembre, diecinueve medios de
comunicación de la oposición fueron simultáneamente blancos de manifestaciones
de protesta, a veces muy violentas, tanto en Caracas como en las provincias.
Diosdado Cabello, que entonces era Ministro de Interior y de Justicia, denuncia
las presuntas intenciones subversivas de la oposición, y comenta : "Esta noche,
el pueblo está en la calle para defender sus valores y su Constitución".
La prensa privada no fue la única afectada. El 9 de diciembre tuvo lugar una
manifestación similar delante de VTV, durante la cual se efectuaron disparos
contra la fachada del edificio. El 4 de enero, un desconocido que circulaba en
automóvil abrió fuego sobre un grupo de personas, reunidas delante de la radio
pública Radio Nacional de Venezuela (RNV) para manifestar su apoyo, causando un
herido grave. Al menos siete periodistas de medios de comunicación públicos y
comunitarios fueron agredidos y amenazados, entre el 2 de diciembre y el 2 de
febrero.
Otra consecuencia inmediata del paro para la libertad de prensa : la adopción de
medidas restringiendo el acceso de los periodistas a la información pública. El
11 de enero se cerró la sala de prensa de la sede del Cuerpo de Investigaciones
Científicos Penales y Criminalísticas (CIPC, policía judicial), después de que
algunos periodistas asistieran a la rueda de prensa de un militar que se
proclamó "en desobediencia legítima". Durante varios días, Hugo Chávez prohibió
el acceso al palacio presidencial de los periodistas de los medios de
comunicación privados. Por otra parte, varios fotógrafos y reporteros de
televisión fueron detenidos, en las inmediaciones del palacio presidencia, y
obligados a destruir sus imágenes, por "razones de seguridad".
La responsabilidad del Estado
En 2002, aumentó netamente el recurso a la violencia contra la prensa, y
adquirió nuevas formas. Animadas por el virulento discurso del presidente Chávez
contra los medios de comunicación, las agresiones también lo son por la
impunidad que disfrutan sus autores. Su carácter sistemático y, en ciertos
casos, premeditado, lleva a preguntarse acerca del grado de responsabilidad de
las autoridades en su ejecución.
Los partidarios del presidente Chávez multiplican las agresiones
La violencia contra la prensa iba dirigida, en primer lugar, contra los
periodistas de los medios de comunicación privados. Los actos de violencia
contra la prensa, ejecutados por partidarios del jefe del Estado, son muy
anteriores al intento de golpe de Estado de abril de 2002. La primera agresión
de la que tiene noticia Reporteros sin Fronteras se remonta al 1 de mayo de
2000. Por primera vez, cuatro periodistas, que trabajaban para tres medios de
comunicación privados, fueron atacados por partidarios de Hugo Chávez, durante
una manifestación de apoyo al Presidente.
Desde esa fecha, se han ido multiplicando las agresiones de simpatizantes del
gobierno contra la prensa, hasta alcanzar proporciones alarmantes. Reporteros
sin Fronteras ha dado cuenta de más de un centenar de actos de violencia,
intimidación y amenazas, en 2002, una cifra sin precedente. El informe
presentado ante la CIDH por representantes de la prensa privada, a finales de
febrero de 2002, hace un balance de 215 agresiones censadas desde 1999, y casi
la totalidad de ellas se produjeron en 2002 y principios de 2003.
Frecuentemente, algunos simpatizantes del gobierno abuchean, amenazan y agreden
a los periodistas, o les roban el material, mientras cubren manifestaciones en
las que se enfrentan partidarios y opositores del Presidente. En 2002, las sedes
de los medios de comunicación se convirtieron en blancos. En total, a lo largo
del año se perpetraron siete atentados con explosivos, contra medios de
comunicación de la oposición, de los que tres fueron contra el canal Globovisión.
En todas las ocasiones se trató de artefactos de escasa potencia.
En el mismo año, se multiplicaron las manifestaciones ante las oficinas de los
medios de comunicación, al grito de "Digan la verdad". Ese tipo de operaciones
empezó el 7 de enero de 2002, en la sede del diario El Nacional. Varias de esas
manifestaciones se convirtieron en auténticos actos de intimidación, cuando los
manifestantes bloquearon voluntariamente el acceso a los medios, o recurrieron
al uso de la violencia.
La prensa de Caracas no es el único objetivo. En provincias, el diario El Siglo
(Estado de Aragua) afirma haber sido asediado por "chavistas" en cuatro
ocasiones, entre abril y diciembre de 2002. Según la dirección del periódico, el
5 de diciembre, tras haber lanzado piedras contra los cristales de las oficinas,
los asaltantes quemaron neumáticos en la calle, y usaron armas de fuego,
hiriendo a dos empleados del periódico. Inmediatamente después, unos agentes de
la DISIP (policía política) registraron sin mandato los locales, llevándose
material y confiscando las armas de los vigilantes que, sin embargo, eran
legales. Por otra parte, en los últimos meses han destrozado a pedradas doce de
sus vehículos, o los han dejado fuera de uso. En efecto, se ha convertido en una
práctica normal el ataque a los vehículos de los medios de comunicación.
Los repetidos ataques del presidente Chávez contra la prensa
Para muchos observadores, el primer responsable de estas agresiones es Hugo
Chávez, y su violento discurso contra la prensa.
"Traidores", "golpistas", "oligarcas", "saboteadores", "fascistas",
"terroristas", son algunos de los términos que utiliza para designar a la prensa
de la oposición. Pero, esta actitud no es nueva. Desde 1999, el jefe del Estado
venía criticando los titulares de los periódicos que consideraba inexactos, o
injustos en relación con su gobierno. Su objetivo principal han sido siempre los
directores de los medios de comunicación, acusados de "enemigos del pueblo" y de
orquestar una "conspiración mediática" contra su gobierno. Unos ataques que a
veces han adquirido sesgos personales. El 23 de octubre de 2001, el presidente
Chávez no dudó en afirmar que Miguel Henrique Otero, director del diario El
Nacional, era indigno de su padre, Miguel Otero Silva, que hizo del diario un
periódico de izquierda de referencia, y que "daba lástimas" lo que había hecho
"con los restos de El Nacional".
Para lanzar sus ataques Hugo Chávez dispone de una tribuna privilegiada : su
programa "Aló Presidente", emitido todos los domingos en los medios públicos VTV
y RNV. A finales de enero de 2003, según un estudio de la empresa de
comunicación Nelson Rivera & Asociados, de un total de 136 programas, el
Presidente criticó a la prensa en 133 de ellos. Igualmente, recurre con
frecuencia a las "cadenas", el embargo de las antenas de los medios
audiovisuales, autorizado por el artículo 192 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. Así, puede aparecer cuando quiera en la antena de los
canales privados de televisión que, sin embargo, le son hostiles. Según una
investigación de la empresa AGB Panamericana, que mide la audiencia de los
canales, el Presidente utilizó este sistema 357 veces, entre el 2 de febrero de
1999 y el 12 de febrero de 2002.
Finalmente, la retórica presidencial contra la prensa la reproducen ampliamente
los medios de comunicación públicos. A principios de febrero de 2003, pocos días
después del final del paro nacional, una propaganda emitida por el canal estatal
VTV preguntaba : "¿Piensan ustedes que los saboteadores merecen castigo ?",
mientras otro denunciaba "la irresponsabilidad de la Coordinadora democrática y
sus medios de comunicación". Aun más que a la prensa privada, al canal público
se le acusa de dar solamente la palabra al sector que defiende : el gobierno.
Para muchos, nunca hasta ahora el gobierno de turno había convertido este canal
en una herramienta de propaganda como esta.
Por su parte, Venpres, la agencia de prensa pública, se hizo celebre el 13 de
marzo de 2002, con la publicación de un artículo, en el que se acusaba de "narcoperiodistas"
a Ibéyise Pacheco, directora del diario Así es la Noticia, a Patricia Poleo,
directora del periódico El Nuevo País, y a José Domingo Blanco, de Globovisión,
los tres conocidos por ser críticos con el gobierno. El artículo insinuaba que
los carteles de la droga les pagaban para manchar la reputación del gobierno.
Al margen de los medios de comunicación públicos, también se han llevado a cabo
campañas de difamación y de denigración contra periodistas en la prensa cercana
al Movimiento Quinta república (MVR), el partido del Presidente, tanto en
Internet como en la calle. El periódico Fuerza-Punto 4, que se vende en un stand
del MVR delante de la Asamblea Nacional, reproduce las declaraciones de la
diputada Iris Varela (MVR) acusando a Gustavo Cisneros, el patrón del grupo que
controla el canal Venevisión, de estar relacionado con narcotraficantes. Otra
cabecera denuncia que "la CIA penetró los medios de comunicación".
En la Plaza Bolívar, el lugar preferido de reunión de los partidarios del
Presidente en Caracas, un cartel muestra las fotos de cinco directores de medios
de comunicación, invitando al "pueblo" a reconocer a los "enemigos de la
patria". Por su parte, en Internet, un sitio [1] pide a los "enemigos públicos"
del gobierno que abandonen el país, dado que existen contra ellos
"resentimientos populares que salen del alcance y control de las autoridades".
Sigue una larga lista, en la que figuran varias decenas de periodistas y de
medios de comunicación. Este tipo de campañas también circulan por e-mail.
Agresiones animadas por la impunidad
"Los agresiones contra periodistas se ven animadas por la total impunidad que
disfrutan sus autores", constata Andrés Cañizales, representante en Caracas del
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una asociación latinoamericana de defensa de
la libertad de prensa, con sede en Lima (Perú). Para Andrés Cañizales, Hugo
Chávez es el primer responsable de la situación, al dejar que actúen los
agresores.
Sobre el terreno, ellos saben que pueden contar la benévola pasividad de las
fuerzas del orden. Una complicidad que puede llegar a ser activa. El fotógrafo
Angel Véliz, del diario Impacto, publicado en Anaco (estado de Anzoategui),
cuenta que un miembro de la Guardia Nacional le sujetaba mientras unos presuntos
partidarios del gobierno le golpeaban. Para la organización venezolana de
defensa de los derechos humanos Provea, algunos agentes del Estado fueron los
autores de veinte agresiones contra la prensa, de las sesenta y dos censadas por
la organización, entre octubre de 2001 y septiembre de 2002. Varios periodistas
resultaron así heridos de bala, en la dispersión de manifestaciones.
A fecha 7 de abril de 2003, todavía no ha sido condenado ningún responsable de
agresión contra un periodista. La investigación sobre la muerte de Jorge Tortoza,
al que mataron el 11 de abril de 2002, se encuentra todavía en la fase
preliminar. No se ha detenido a ningún sospechoso, a pesar de que existen
imágenes de los supuestos autores de los disparos, presuntos simpatizantes del
gobierno.
Para los defensores del gobierno, la falta de investigación no es imputable a
Hugo Chávez porque, en realidad, la policía y la justicia estarían controladas
por la oposición. Una tesis que no comparten Carlos Correa, de la asociación
Provea, y Liliana Ortega, directora de Cofavic, otra asociación de defensa de
los derechos humanos. Para ésta última, las autoridades no muestran ninguna
voluntad de investigar sobre las agresiones. Incluidos los treinta casos de
periodistas y directores de periódicos, para los que la CIDH ha pedido al
gobierno que investigue, y adopte medidas de protección. Una situación
denunciada el 10 de marzo de 2003 por el organismo interamericano, que lamenta
el "ambiente de amedrentamiento" creado por la impunidad.
Las redacciones se han visto obligadas a hacerse cargo de su seguridad, y de la
de sus reporteros, a los que se proporcionan chalecos anti-balas y máscaras
antigases, cuando van a cubrir manifestaciones. Marta Colomina, la muy polémica
presentadora del canal Televén, está protegida por un guardaespaldas, pagado por
la emisora. Afirma que, a veces, le siguen vehículos sospechosos, sin placas de
matrícula. En Globovisión, se ha adoptado un importante dispositivo de seguridad
para evitar la repetición de los daños provocados por las manifestaciones
celebradas delante del canal, y los atentados con explosivos, dirigidos contra
él. En Barquisimeto (Estado de Lara), Promar TV, un canal subcontratado con
Globovisión, ha optado por retirar los logotipos de sus vehículos.
Los reporteros recurren también a la astucia. Hay quien no duda en ponerse la
gorra roja de los paracaidistas, un signo de reconocimiento de los partidarios
de Hugo Chávez, ex paracaidista, para poder cubrir las manifestaciones de apoyo
al Presidente, o para infiltrarse en las filas de los grupúsculos violentos. Un
fotógrafo confesó a Reporteros sin Fronteras que dispone de un carnet de prensa
con una identidad falsa, para que no le reconozcan como trabajador de un medio
de comunicación identificado con la oposición.
Acciones premeditadas
El aspecto organizado y premeditado de las agresiones y manifestaciones
dirigidas contra la prensa privada invita a preguntarse sobre la responsabilidad
del Estado, en su realización. Según Teodoro Petkoff, director del diario Tal
Cual, una cosa es segura : no se puede hablar de simples desbordamientos de
individuos activos.
Las manifestaciones delante de las sedes de los medios de comunicación están
preparadas. Según un responsable del diario El Nacional, las personas que el 7
de enero de 2002 fueron a manifestarse ante el periódico, llegaron en autobuses
y procedían del municipio de Libertador, en Caracas, dirigido por Freddy Bernal,
del MVR (el partido en el poder). La dirección del diario El Siglo, de Maracay,
señala que en tres ocasiones los manifestantes que acudieron a protestar delante
de su local, también llegaron en autobuses.
De hecho, algunos barrios están prohibidos a la oposición, y a los profesionales
de la prensa privada. Citada por la revista colombiana Gatopardo, Lina Ron, una
figura de los medios populares y notoria simpatizante del presidente Chávez,
explica : "Yo no puedo dejar pasar a nadie [al Centro]. Los
contrarrevolucionarios sólo tienen derecho a marchar en el este [de la ciudad],
y nada más. Esto es terreno nuestro".
"Sistemáticamente me siguen y me vigilan, desde que estoy en las filas de los
chavistas", afirma un fotógrafo, que quiere guardar el anonimato. Con un colega,
afirma que los agresores fichan a los reporteros, y así conocen perfectamente la
identidad de sus víctimas. El 20 de junio de 2002, durante una manifestación de
opositores al gobierno, Marcos Rosales, un agente de los servicios de
inteligencia militar (DIM), fue identificado por una periodista cuando se
introducía en las filas de los periodistas, para sacar fotografías, de ellos y
de algunos manifestantes.
La prensa privada : ¿qué responsabilidad tiene ?
El dramático aumento de agresiones contra los periodistas en 2002 coincide con
una radicalización del discurso de la mayor parte de la prensa privada, contra
el Presidente. Una constatación que lleva a preguntarse sobre la responsabilidad
de los medios de comunicación en la situación actual de la libertad de prensa,
aunque está claro que no hay nada que justifique el recurso a la violencia
contra los medios de comunicación.
La prensa privada optó por la oposición
El 4 de diciembre de 2001, el Bloque de Prensa Venezolano (BPV), una
organización que reúne a los directores de treinta y ocho periódicos, anunció
que iba a participar en el primera paro nacional, suspendiendo la publicación de
sus cabeceras. El paro estaba previsto para el 10 de diciembre por la oposición,
entonces encarnada en Fedecámaras, la asociación de empresarios, y la
Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Después, la mayoría de las cabeceras del BPV suspendieron de nuevo su
publicación, los días 9 de abril, 21 de octubre y 1 y 2 de diciembre de 2002,
con motivo de nuevas huelgas. En un comunicado publicado en febrero de 2003,
esta organización asume sin complejos el papel de opositora, haciendo un
llamamiento a los ciudadanos, para que se unan a su "cruzada" por la defensa de
las libertades. Hay dos grandes excepciones en ese compromiso contra el
Presidente : los diarios Ultimas Noticias y Panorama, que están entre los de
mayor tirada.
Los principales canales privados de televisión también se han comprometido con
la oposición. María Inés Loscher, del servicio jurídico del canal Venevisión,
explica que, legalmente, el canal no podía suspender su programación y que, por
tanto, optó por apoyar el paro de los meses de diciembre de 2002 y enero de
2003, dándole una amplia cobertura.
Sin embargo, las relaciones entre la prensa y el presidente Chávez no siempre
fueron malas. En principio, fue un personaje atractivo para los medios de
comunicación, después de su intento de golpe de Estado, en febrero de 1992,
cuando el gobierno de la época intentaba censurar las informaciones que se
referían a él. Hugo Chávez llegó al poder con el apoyo del diario El Nacional y,
en menor medida, de Venevisión, el canal privado más importante. Por otra parte,
la participación de varios periodistas en su gobierno, en 1999, y después en el
grupo parlamentario que le apoyaba en la Asamblea Constituyente, pareció sellar
una alianza con varios medios de comunicación.
Entre ellos, Alfredo Peña, ex director del diario El Nacional, que fue nombrado
ministro de la Secretaría de la Presidencia, y Carmen Ramia Otero, la esposa del
director del mismo diario, quien se convirtió en directora de la Oficina Central
de Información, encargada de las relaciones del jefe del Estado con la prensa.
El primero, convertido en el primer alcalde "metropolitano" de Caracas en julio
de 2000, una función creada por el Presidente, después se ha mudado en uno de
sus más feroces opositores. La segunda apenas permaneció unas semanas en el
puesto.
La ruptura entre Hugo Chávez y la prensa se consumó tras la adopción, en
noviembre de 2001, de cuarenta y nueve decretos con fuerza de ley, que refuerzan
la intervención del Estado en la economía, cuestionando la propiedad privada de
la tierra y la anunciada privatización de petróleos de Venezuela (PDVSA). El BPV
califica esa legislación de "totalitaria" mientras que, para los partidarios del
gobierno, los propietarios de los medios de comunicación reaccionaron sobre todo
como una "oligarquía", que veía amenazados sus intereses.
Los directores de la prensa están igualmente exasperados por la repetición de
las agresiones contra los reporteros, y el abusivo recurso a las "cadenas". A
mediados de 2002, las pérdidas que habían provocado a los medios audiovisuales
se estimaban en 450 millones de dólares.
La prensa no se fía de un militar que, después de haber sido el autor de un
golpe de Estado fallido en 1992, no duda en proclamar que permanecerá en el
poder hasta el 2021...Está escaldada por decisiones tales como el nombramiento a
la cabeza de la Fiscalía General de la República, y en condiciones contestadas,
en diciembre de 2000, de Isaías Rodríguez, hasta entonces vicepresidente de la
República. Una decisión susceptible de cuestionar la independencia del poder
judicial.
Finalmente, la prensa se ha visto tentada a entrar en la oposición por la casi
desaparición de los partidos políticos tradicionales, desacreditados después de
cuarenta años de repartirse el poder, y barridos durante las elecciones que
llevaron a Chávez a la presidencia, a finales de 1998. La Coordinadora
Democrática, coalición de partidos de la oposición y de organizaciones de la
sociedad civil, no nació hasta julio de 2002. Junto con Fedecámaras y la CTV, la
prensa encarna de hecho la oposición. Y así ha entrado en una lógica de
confrontación con un Presidente que ya desde el comienzo de su mandato la
trataba como a un adversario y, de repente, ha encontrado más motivos para
hacerlo. Más aun porque esos medios de comunicación, en su retórica, han caído
en unos excesos y una intolerancia, similares a los del gobierno.
Los excesos del "antichavismo"
En la prisa por desacreditar al gobierno, algunos medios de comunicación
privados han llegado a lanzar informaciones falsas, por no verificarlas. El 9 de
enero de 2003, Juan Fernández, presidente de la organización Gente del Petróleo,
que participó en el paro, anunció que un empleado de PDVSA había muerto en un
incendio, ocurrido dos días antes, en una refinería que el gobierno quería poner
en marcha, a pesar de la huelga. Varios medios reprodujeron esa información. El
12 de enero, Alirio Carresquero, el empleado en cuestión, aparecía junto al
presidente Chávez, en su programa "Aló Presidente".
Ya en marzo de 2002, el diario El Nacional reprodujo, del sitio analitica.com,
una supuesta entrevista con el periodista francés Ignacio Ramonet en la que
éste, considerado como cercano a Hugo Chávez, criticaba de manera fuerte el
Presidente. Al día siguiente de la publicación, en un mensaje dirigido al
director de analitica.com, el autor de la entrevista, un tal Emiliano Payares
Guzmán, estudiante mexicano, revelaba que se había inventado completamente la
entrevista, en el marco de un "estudio sobre la falta de rigurosidad de la
prensa caribe". El Nacional publicó inmediatamente una rectificación.
A los principales medios de comunicación privados se les acusa de dar
esencialmente la palabra a la oposición. "Desde hace tiempo, ya no se discute la
lista de personas a entrevistar, nos la proporciona la dirección de la
redacción", lamenta un periodista de una radio privada que, sin embargo, precisa
que consigue arreglárselas para abrir su micrófono a quien quiere. Para Phil
Gunson, corresponsal de los semanarios The Economist y Newsweek, y del diario
Miami Herald, los entrevistas con los líderes de la oposición se parecen a
"sesiones de masaje mutuo. Donde todo el mundo está de acuerdo (…)"
"El debate público ha caído al nivel cero, el del insulto", comenta Emilio
Arrojo, de la agencia española EFE. Según Nora Uribe, Ministro de Información y
Comunicación, frecuentemente al Presidente se le trata de "loco",
"incompetente", "asesino", "criminal y "ladrón". Los partidarios de Chávez son
calificados de "hordas chavistas" y los "círculos bolivarianos", las
organizaciones de base favorables al Presidente, son rebautizados como "círculos
del terror", a causa de las violencias cometidas por los más extremistas de
ellos. El 12 de febrero de 2003, en su programa "La Noticia" (Televén), en el
que comenta la actualidad, Marta Colomina calificó de "ridículos" a los
diputados de la mayoría, y al gobierno de "farsante", y denunció la "revolución
de pacotilla" emprendida por él.
Pero, según el universitario Pablo Antillano, lo más grave no está ahí, está en
la práctica de la "cartelización" ; en claro, la decisión de los canales de
cubrir todos juntos un acontecimiento. "Esta práctica cuestiona gravemente la
pluralidad de la información", afirma este especialista en medios de
comunicación. Los canales se reparten los lugares que hay que cubrir, para estar
presentes en todas partes, y luego se intercambian las imágenes. Ofrecen una
programación común, al emitir las mismas imágenes y adoptar el mismo planning.
Una vez más, en Internet se encuentra el discurso más radical de la oposición.
Allí, la lógica es la misma que en los sitios pro-gubernamentales : la
satanización y la criminalización del "enemigo". Un sitio [2] publicó así un
fotomontaje, representando a Chávez como el diablo. Otro, reconocelos.com, pidió
a la población que dejaran al margen de la sociedad a las personalidades
consideradas como cercanas al gobierno. Entre ellas, a once periodistas "que han
avergonzado a su gremio, al convertirse en voceros del dictador". Los
internautas están invitados a enviar sus comentarios. Uno de ellos invita, a
quienes lo deseen, a protestar en un concierto de cacerolas, los famosos
"cacerolazos", bajo las ventanas de Eleazar Díaz Rangel, director del diario
Ultimas Noticias, y facilita su dirección.
Un respeto selectivo de la libertad de prensa
La intolerancia contenida en el discurso de la prensa privada iba a prolongarse
en agresiones contra algunos periodistas de la prensa pro-gubernamental, o
considerados como tales. Esos actos, que pueden considerarse como
desbordamientos, no tienen el carácter sistemático y organizado de las
agresiones contra la prensa privada.
Jesús Romero Anselmi, director de VTV, que se encuentra también entre los
denunciados en reconocelos.com, fue víctima, a finales de enero de 2003, en su
domicilio, de un concierto de cacerolas ejecutado por militantes de la
oposición. Varios periodistas de VTV y de RNV también fueron agredidos durante
algunas manifestaciones. El 19 de noviembre de 2002, Zaida Pereira y Eduardo
Escalona, periodista y reportero de VTV respectivamente, fueron agredidos en la
Plaza de Francia de Altamira, ocupada por algunos militares que se declararon
"en desobediencia legítima". En tres ocasiones en 2002, partidarios de la
oposición se manifestaron delante del local del canal público de televisión, al
que acusan de hacer el juego al Presidente.
Algunos periodistas de medios de comunicación comunitarios, gestionados por las
comunidades de habitantes, frecuentemente a escala de barrio, también fueron
víctimas de la violencia, como Maite Moreno y Narka Moreno, dos reporteras del
canal Catia TV, agredidas el 2 de febrero de 2003, en una recogida de firmas
organizada por la oposición. Esos medios de comunicación se han desarrollado
netamente desde la llegada de Chávez al poder y la aprobación, en agosto de
2000, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que abre la puerta a su
legalización. Además, según Ricardo Márquez, responsable de Catia TV, su emisora
también recibió una subvención del gobierno, para ayudar a su lanzamiento.
En un encuentro con los representantes de Reporteros sin Fronteras, varios
directores de medios de comunicación privados no escondieron su hostilidad, en
relación con esta prensa, a la que consideran enfeudada con el presidente
Chávez. Una hostilidad compartida. Para Thierry Deronne, de la televisión
comunitaria Teletambores, los medios de comunicación privados son "medios
criminales, engullidos en la propaganda política y en las campañas de odio
social y racial". Lo paradójico es que la prensa privada, que al mismo tiempo se
erige en defensora de la libertad de prensa frente al Presidente, vería con
agrado el cierre de esos medios de comunicación. Un artículo publicado en
septiembre de 2002 por el diario El Nacional subraya que la mayor parte de las
radios comunitarias son ilegales, y recuerda que, en este caso, la ley
"establece el cierre de la emisora, incautar los equipos y encarcelar al dueño".
En menor medida, la prensa internacional también se ha convertido en una víctima
del clima de intolerancia. Desde que los canales internacionales cubrieron el
regreso del Presidente al poder, el 13 de abril de 2002, la prensa extranjera
está mal vista por los sectores más radicales de la oposición. Sus relaciones
con varios medios de comunicación privados se degradaron aun más cuando el paro
nacional de los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003. De manera general,
la prensa de oposición reprocha a la prensa internacional no entender la
situación venezolana, y presentar a Chávez como el representante de los pobres,
expuesto a los sectores conservadores.
Varios corresponsales extranjeros se sienten interpelados por la oposición, que
desearía verles apoyar su causa. Una impresión que se transforma en malestar
cuando algunos periodistas de los medios de comunicación privados critican la
cobertura que hace la prensa internacional de los acontecimientos. Un periodista
que trabaja para CNN confía que tapó el logotipo del canal en su vehículo, para
evitar problemas. Emilio Arrojo, responsable de la agencia EFE, explica que fue
víctima de dos avisos de bomba, a principios de enero de 2003, después de que
Leopoldo Castillo, presentador del programa "Aló Ciudadano", que se emite en
Globovisión, declarara que un despacho de su agencia afirmaba que las
manifestaciones de la oposición estaban dirigidas por sus "jerarcas". "EFE nunca
dijo eso", precisa Emilio Arrojo.
El 21 de febrero de 2003, retomando un método de los partidarios del gobierno,
cerca de sesenta militantes de la oposición interceptaron un vehículo de la
Agencia France-Presse. Al grito de "Ustedes son franceses, ustedes son [del
diario francés] Le Monde, ustedes están con Chávez", sacudieron el vehículo e
impidieron salir a sus dos ocupantes. A finales de diciembre de 2002, Le Monde
publicó un editorial, según el cual los partidarios de la oposición "nunca han
soportado que un pequeño oficial, salido del pueblo y mestizo de indio, venga a
perturbar el juego de una clase dirigente, de tradición oligárquica".
Nueva ofensiva del gobierno contra la prensa
El 20 de enero de 2003, cuando el paro nacional empezaba a agotarse, tres
canales de televisión fueron informados de que Ministerio de Infraestructura (Minfra),
que gestiona la concesión de frecuencias, había abierto procedimientos
administrativos contra ellos, por haber difundido imágenes "incitando a la
rebelión" e informaciones "falsas, engañosas y tendenciosas".
Al día siguiente, el gobierno instauró el control de cambios que, de hecho, le
da la posibilidad de impedir que la prensa escrita se provea de papel en el
extranjero. Quince días más tarde, se aprobó, en primera lectura, un proyecto de
ley sobre "la responsabilidad social" de los medios de comunicación
audiovisuales. Permite retirar la licencia a los canales que no respeten
determinados criterios de programación, en los programas destinados a los niños.
Hugo Chávez, una vez que estuvo convencido del fracaso de la huelga, lanzó una
gran ofensiva contra la prensa. Como había cambiado la relación de fuerzas, el
jefe del Estado se apoyó en algunos excesos de la prensa privada, para
justificar varias actuaciones contra ella. El 23 de enero, marcó la pauta ante
sus partidarios : "Si tuvieramos que tomar la medida más grave, lo haremos, [a
los canales de televisión] les vamos a quitar la concesión para que dejen de
transmitir lo que transmiten".
Procedimientos administrativos contra los "cuatro jinetes del apocalipsis"
Muchos antes del final del paro nacional, las autoridades buscaron el medio de
presionar a la prensa privada. El 6 de enero de 2003, el Fiscal General de la
República anunció que se había presentado una acción de protección contra los
canales que no habían respetado los horarios dedicados a la programación
infantil, a causa de su especial cobertura de la huelga. Por otra parte, entre
el 12 de diciembre de 2002 y el 8 de enero de 2003, algunos simples particulares
presentaron, a título personal o en calidad de representantes de asociaciones,
al menos doce denuncias contra esas mismas emisoras, por motivos similares.
Muy pronto se endureció el tono contra Globovisión, RCTV, Televén y Venevisión,
los principales cuatro canales comerciales, apodados los "cuatro jinetes del
apocalipsis" por el Presidente. El 20 de diciembre, Globovisión, RCTV y el canal
regional Televisión Regional de Táchira (TRT) ; después Televén, el 30 de enero
y, finalmente Venevisión, el 5 de febrero, fueron informados de que se les
habían abierto procedimientos administrativos.
Se acusó a los canales televisivos de incitar "a la rebelión o al irrespeto de
las instituciones y autoridades legítimas", transmitir "informaciones falsas,
engañosas y tendenciosas", atentar contra "la reputación y buen nombre de las
personas o instituciones", y "subvertir el orden público o social"...También
están acusados de no respetar los horarios de la programación infantil y de
incitar a cometer delitos, tales como no pagar los impuestos, o manifestarse en
zonas declaradas prohibidas.
Los canales de televisión habrían violado el Reglamento de Radiocomunicaciones,
el Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión y la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. Una legislación considerada por Eduardo Bertoni, Relator
Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos,
como "contraria al libre ejercicio de la libertad de expresión".
Frecuentemente, los cargos se basan en el contenido de los spots políticos de la
oposición. Algunos están incriminados por haber acusado al Presidente de
realizar "viajes inecesarios y ataques a la Iglesia", y de ser "el solo
responsable" de "tanta impunidad, anarquía e ingobernabilidad". También se acusa
a los canales de emitir declaraciones de miembros de la oposición, como las del
jurista Hermann Escara, quien afirmaba : "El pueblo tiene que salir a las calles
mañana (...) El llamado es al pueblo. El llamado también es a los militares
(…)."
Tras la presentación de esos recursos, el Ministro de Infraestructura es quien
debe decidir, antes de finales de junio. Puede pedir una multa o la suspensión
de los canales, e incluso que se revoquen sus licencias. Los defensores de la
libertad de prensa están muy preocupados. El Ministro de Infraestructura,
Diosdado Cabello Rondón es una persona cercana al Presidente, quien sería
partidario de una línea "dura" en el seno del gobierno. Andrés Cañizales, del
IPYS, subraya que le nombraron para el cargo de Ministro de Infraestructura el
14 de enero de 2003, justo antes del anuncio de las denuncias administrativas.
Podría haber sido designado para encabezar la represión.
Los canales de televisión disponían de quince días laborables para presentar su
defensa. Para Televén, el Ministro de Infraestructura no tiene competencias ni
para emprender tales acciones, ni para imponer sanciones a los medios de
comunicación. Según el canal, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones no le da ese
poder. El servicio jurídico del canal ha pedido que se anulen los
procedimientos. Igualmente, hace constar que las imágenes incriminadas eran
"hechos noticiosos". Finalmente, Televén subraya que el canal no retransmitió
algunas imágenes, de cuya difusión se les acusa. En Venevisión se afirma que las
leyes que se pretende aplicar a la emisora fueron derogadas, y que al canal
solamente se le puede denunciar en base a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
aprobada en agosto de 2000. Venevisión también pide que se reconozca la nulidad
de las diligencias.
La prensa escrita amenazada por el restablecimiento del control de cambios
El 21 de enero de 2003, el gobierno venezolano suspendió la venta de divisas y
el 5 de febrero instituyó un control de cambios. A partir de entonces, todas las
operaciones de cambios tienen que ser autorizadas por la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi), creada por las autoridades. A su cabeza, el
presidente Chávez ha nombrado a un capitán jubilado, que participó junto a él en
el fallido golpe de Estado de febrero de 1992. El 4 de febrero, el jefe del
Estado advirtió que no habría "ni un dólar más para los golpistas". Por su
parte, el Ministro de Comercio, Ramón Rosales, afirmó que participar en un golpe
de Estado y pedir divisas, "es un contrasentido".
La mayor parte de los periódicos y revistas, que importan el papel, se sienten
amenazados. Sobre todo porque, durante la presidencia de Jaime Lusinchi
(1984-1989), el gobierno utilizó el control de cambios para controlar a la
prensa. Más recientemente, Rafael Caldera, presidente de la República entre 1994
y 1999, también lo utilizó contra el diario El Impulso.
Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Washington el 26 de febrero,
Nora Uribe, Ministro de Comunicación, intentó tranquilizar afirmando que "el
gobierno no negará divisas a los medios de comunicación". Sin embargo, a
principios de abril, ningún periódico había recibido todavía la autorización
para comprar dólares. Y el papel no figura en las listas de productos que pueden
ser objeto de venta de divisas, hechas públicas por el Cadivi. Según Miguel
Henrique Otero, director del diario El Nacional, teniendo en cuenta sus reservas
de papel, algunos periódicos podrían verse forzados a cesar su publicación a
partir del mes de mayo de 2003. La prensa escrita no es la única amenazada. Los
medios audiovisuales que compran programas y material en el extranjero, también
podrían verse afectados.
¿No existe nada por encima del derecho de los niños ?
Una semana después del establecimiento del control de cambios, la Asamblea
Nacional aprobó, en primera lectura, por una corta mayoría, la Ley sobre la
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. El objetivo que persigue la ley es
adaptar la programación audiovisual al público infantíl.
La ley, inicialmente llamada Ley de Contenidos, estaba en estudio desde junio de
2001. Conatel, una entidad encargada de regular las licencias, que se encuentra
bajo la tutela del Ministerio de Infraestructura (Minfra), elaboró una primera
versión, después de consultar con la "sociedad civil". Pero el texto, sometido a
aprobación en la Asamblea Nacional, sufrió varias modificaciones que parecen
otras tantas respuestas al comportamiento de los medios de comunicación durante
el paro nacional.
En su editorial del 12 de febrero, Teodoro Petkoff, director del diario Tal
Cual, denunció la aprobación de una ley "sin los necesarios grados de consenso
social y político que exige un tema que atañe a tan importante derecho humano,
como es el de la libertad de expresión". Como él, muchos observadores denuncian
un texto que constituye una medida de represalia contra los canales de
televisión que, más que la prensa escrita, se mostraron parciales en la
cobertura del paro.
La ley cataloga el lenguaje y las imágenes de carácter violento y sexual, en
varias categorías. Diferencia así las imágenes de contenido sexual "educativo",
de las imágenes de carácter sexual "moderado", "fuerte" o "pornográfico". Según
la clasificación, esas imágenes se emitirán en una u otra de las tres franjas
horarias definidas por la ley : un horario "protegido" (entre las 6 horas y las
20 horas), durante el cual los niños deben poder mirar solos la televisión ; un
horario "supervisado" (entre las 5 y las 6 horas y entre las 20 y las 23 horas),
durante el cual los niños están vigilados por sus padres ; y un horario adulto
(entre las 23 horas y las 5 de la mañana). No respetar las franjas horarias está
castigado con multas, cuya importancia varía según que las infracciones sean
"leves", "medianas", "graves" o "muy graves".
Para Jesse Chacón, director general de la Conatel, no existe nada por encima del
derecho de los niños. Entre las infracciones que se consideran "muy graves"
figuran algunos elementos sin relación aparente con el objeto de la ley, tales
como la difusión de imágenes que "promuevan, apologicen o inciten al
incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente", o "impidan u obstaculicen la
acción de los órganos de seguridad y del Poder Judicial, que sea necesaria para
garantizar el derecho a la vida, la salud o la integridad de las personas".
A la versión original se le añadió una disposición que prohibe la difusión de
"contenidos que promuevan, apologicen o inciten al irrespeto de las
instituciones y autoridades legítimas, tales como : Diputados y Diputadas de la
Asamblea Nacional, Presidente o Presidenta de la República (...)". Esta
infracción está considerada como "muy grave". Fue introducida "a petición de la
sociedad civil", precisa Jesse Chacón. Este ex teniente del ejército estaba
encargado de hacerse con el control del canal público VTV durante el fallido
golpe de Estado militar de 1992, el segundo del año tras el de febrero, en el
que participó Hugo Chávez.
La ley establece multas para los medios de comunicación falibles, la suspensión
de las concesiones, e incluso su revocatoria. Para vigilar su aplicación se creó
un Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRT). A la cabeza, el "Consejo
Directivo" puede establecer multas, pero sigue siendo prerrogativa del Ministro
de Infraestructura la suspensión o la revocatoria de la concesión a un medio de
comunicación. La suspensión se produce después de tres condenas por "infracción
grave" en menos de cinco años. Después de dos suspensiones, en menos de tres
años, el medio arriesga la revocatoria de su concesión.
En su primera versión, la mayoría de los miembros del Consejo Directivo del INRT
tenía que ser designada por algunos organismos, representantes de la sociedad
civil. En la versión sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional, de once
miembros, cinco son nombrados por el Presidente y el gobierno, tres por la
Asamblea Nacional, y los tres últimos miembros por "comités de usuarios de radio
y televisión" y "productores nacionales independientes", dos instituciones que
deberían representar a la sociedad civil pero que, hasta ahora, no existían.
Para los medios de comunicación, el cambio hace claramente del INRT una
institución política, y ya no técnica.
Tras la adopción, en primera lectura, de la Ley sobre la Responsabilidad Social
en Radio y Televisión, el 13 de febrero, ahora debe ser objeto de una segunda
lectura, con la aprobación de artículo por artículo. Una muestra de que los
ánimos todavía no se han calmado es que Iris Valera, una diputada del MVR
considerada radical, propuso a mediados a marzo que las sesiones parlamentarias
sobre la cuestión se celebren en el barrio 23 de enero, un bastión de los
partidarios del Presidente, situado al noroeste de Caracas.
Presiones administrativas y fiscales
En enero y febrero de 2003 las autoridadesa doptaron, o anunciaron, otros
actos y medidas contra los medios de comunicación.
El23 de enero, fue detenido un técnico de las oficinas de Venevisión en la Isla
Margarita, por haber interferido la retransmisión de una "cadena" del
Presidente, durante 90 segundos. El empleado del canal, Igor Aránzazu, explicó
que un error de manipulación le llevó a emitir el sonido de una manifestación de
la oposición sobre las imágenes de la alocución presidencial. Amenazado con
cuatro años de cárcel por haber interrumpido, "con dolo", la prestación de un
servicio de comunicación, finalmente quedó en libertad un mes más tarde.
El 10 de febrero, en una carta firmada por Jesse Chacón, Globovisión recibía una
conminación de la Conatel, pidiéndole que se adecuara a "la obligación [para los
canales de televisión] de mantener un mínimo de tres horas diarias de
programación especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes entre las 3.00
pm y las 8.00 pm". Hasta entonces, Globovisión, canal de información continua,
nunca había emitido programas para niños, sin que las autoridades le hubieran
hecho ninguna observación.
Posteriormente, y después de un control fiscal iniciado en noviembre de 2001, la
Conatel exigió del canal el pago de más de 150 millones de bolívares (alrededor
de 96.000 euros), supuestamente por no haber regulado cerca de 51,6 millones de
bolívares (32.000 euros) de impuestos. A esta suma se añaden 48,9 millones de
bolívares (30.000 euros) de intereses, y una multa de 55,2 millones de bolívares
(34.000 euros). "No le debemos ni un bolívar a este gobiernito", declaró, como
reacción, Alberto Federico Ravell, director de Globovisión. Para él, se trata de
una decisión política. Antes del inicio de la huelga, Hugo Chávez anunció que
varios medios de comunicación, de los que no precisó el nombre, tenían
importantes deudas tributarias.
El 13 de febrero, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat)
pidió al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que le proporcionara el nombre,
número de registro y dirección de la organización, así como algunas
informaciones (nombre, número de la cédula de identidad, dirección) del conjunto
de sus miembros. Era la primera vez que el CNP, que frecuentemente ha denunciado
atentados a la libertad de prensa por los partidarios del gobierno, era objeto
de una petición como esa.
A principios de marzo, el Seniat anunció la apertura de una investigación sobre
los impuestos que deberían pagar los canales, por la difusión de propagandas
políticas durante el paro. Las investigaciones deberán establecer si la difusión
fue gratuita. En ese caso, los canales deberán satisfacer algunos impuestos
sobre las donaciones. En una conferencia de prensa, Trino Alcides Díaz negó
cualquier "politización" de esta decisión, y precisó que debería ampliarse
después a los periódicos y a las radios.
Conclusión
La situación de la libertad de prensa se ha vuelto de lo más delicada, desde que
la mayor parte de la prensa privada tomó abiertamente partido contra el
gobierno. Aunque sea un derecho indiscutible, los excesos en que ha incurrido
debilitan la libertad de prensa. Porque, a los ojos del Presidente y de sus
partidarios, eso sirve para justificar un poco más las agresiones, sin embargo
inaceptables, contra periodistas. Porque, desde el final del paro, el Presidente
se apoya en el descrédito de la prensa para encabezar contra ella una ofensiva,
que cuestiona gravemente la libertad de prensa. Porque ha llegado un momento en
que el propio discurso de esta prensa provoca, puntualmente, agresiones contra
algunos representantes de la prensa pro-gubernamental e internacional. Los
legítimos llamamientos de los principales medios de comunicación al respeto de
la libertad de expresión se ven desacreditados por posturas intolerantes contra
algunos medios de comunicación, que no comparten sus opciones políticas, hasta
el punto de que ha llegado a avalar el cierre de algunos de ellos.
Hay que destacar que el canal público cayó en los mismos excesos, incluso
peores. ¿Son más excusables sus derivas porque se escucha menos, y es una
especie de David frente al Goliat que representan los canales privados ? Su
estatuto de canal público no le proporciona menos, sino al contrario más,
obligaciones frente a los venezolanos.
Pero la principal responsabilidad en la degradación de la situación de la
libertad de prensa, corresponde al presidente Hugo Chávez, y a su gobierno. No
es sólo que las declaraciones del jefe del Estado hayan podido animar las
numerosas agresiones a periodistas de la prensa privada, sino que su carácter
organizado viene a demostrar que se trataría incluso de una política deliberada
y planificada, y no de simples desbordamientos. Hugo Chávez, en tanto que
Presidente, tiene el deber de asegurar que los medios de comunicación disfrutan
de protección, de vigilar que se lleven a cabo investigaciones sobre las
agresiones a periodistas y que se juzgue a sus autores, sea cual sea el campo
político al que pertenezcan.
En realidad, el jefe del Estado se comporta como un jefe de clan. El frecuente
recurso a las "cadenas" ha transformado ese procedimiento- completamente
legítimo, que permite a un Presidente dirigirse a la Nación, en caso de
circunstancias excepcionales- en una herramienta de comunicación en manos de un
político. La adopción de un proyecto de ley sobre la responsabilidad social de
los medios de comunicación debe ser objeto de un amplio consenso. Al hacer del
gobierno el juez de su aplicación, el proyecto propuesto puede transformarse en
un medio para controlar a la prensa, sobre todo si establece el cierre de los
medios de comunicación, en caso de infracción. Condenables en sí mismas, tales
disposiciones parecen tanto más peligrosas en un contexto de extremada
polarización, entre medios de comunicación y gobierno.
Recomendaciones
Reporteros sin Fronteras recomienda al Estado venezolano :
Respecto a las agresiones a periodistas :
que condene, sin equívoco, cualquier agresión a periodistas,
que haga todo lo que esté en su mano para que se efectúen investigaciones sobre
esas agresiones, con el fin de identificar y juzgar a sus autores. Sólo la
condena de los agresores de periodistas demostrará la voluntad política del
gobierno, de no tolerar tales actuaciones,
que aplique las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), a favor de una treintena de periodistas y directores de los
medios de comunicación ; a saber, investigar sobre las agresiones de que fueron
víctimas y/o darles protección.
Respecto a la Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión :
que dé marcha atrás en la posibilidad revocar de forma temporal, o definitiva,
la concesión a los medios de comunicación, salvo en caso de apelación al
asesinato,
que reequilibre la composición del Instituto Nacional de Radio y televisión (INRT),
de forma que sean minoritarios los miembros nombrados por el poder ejecutivo y
legislativo,
que elimine el artículo sobre el desacato al jefe del Estado y a las
instituciones del Estado, contrario al artículo 11 de la Declaración de
principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la CIDH, que establece
que "las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios
públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la
información.",
que continue las consultas con los diferentes protagonistas de la sociedad
concernidos, con el fin de llegar al consenso que requiere la adopción de una
ley que proteja los derechos de los niños, sin cuestionar la libertad de prensa.
Respecto al control de cambios :
que garantice el acceso de los medios de comunicación a las divisas, de acuerdo
con sus necesidades, de conformidad con el artículo 13 de la Declaración de
principios sobre la libertad de expresión adoptada por la CIDH, que establece
que "la utilización del poder del Estado (...) con el objetivo de presionar y
castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de
expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley."
Respecto a los procedimientos administrativos y las denuncias fiscales :
que abandone las denuncias contra los cinco canales de televisión porque la
institución encargada de pronunciarse sobre sus faltas, a saber el Ministro de
Infraestructura, es juez y parte ya que debe pronunciarse sobre declaraciones
referidas al gobierno, al que pertenece,
que efectúe los controles fiscales con la mayor trasparencia, y que no los
instrumentalice con fines partidarios.
Respecto a la utilización de las "cadenas" :
que utilice de forma responsable ese sistema de embargo de antena, limitando su
recurso a las circunstancias excepcionales que justifican que el Presidente, o
un miembro del gobierno, se dirija a la Nación.
Reporteros sin Fronteras recomienda a los responsables de los medios de
comunicación :
que condenen, sin equívoco, cualquier agresión a periodistas, incluso
naturalmente cuando las víctimas trabajen para medios de comunicación favorables
al presidente Chávez,
que respeten la deontología profesional. La carta de Munich (un texto elaborado
en 1971, por organizaciones internacionales de periodistas), establece que el
periodista debe : "respetar la verdad, cualesquiera que puedan ser las
consecuencias para él, en razón del derecho - que tiene el público a estar
informado" (artículo 1) ; "publicar solamente las informaciones cuyo origen se
conozca y acompañarlas, si fuera necesario, de las reservas que se imponen ; no
suprimir las informaciones esenciales y no alterar los textos y documentos"
(artículo 3) ; "no confundir jamás el oficio de periodista con el publicitario o
propagandista" (artículo 9).
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6058
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=11351