REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER CIUDADANO
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Institución Nacional de Promoción y Protección de Derechos Humanos
Discurso del Defensor del Pueblo ante la Comisión de DDHH de la ONU, en su 59 período de sesiones (Ginebra, 16 de abril de 2003)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER CIUDADANO
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Institución Nacional de Promoción y Protección de
Derechos Humanos
VENEZUELA:
DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
EN LOS SUCESOS DE ABRIL DEL 2002
59° Período de Sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 18
Germán Mundaraín Hernández
Defensor del Pueblo
16 de abril de 2003
La democracia es entendida como la voluntad de un
pueblo para determinar su propio régimen político,
económico, social y cultural, al igual que la
forma de participación de los ciudadanos en todos
los ámbitos de decisión de un país, dirigida a
lograr el bienestar y la felicidad de los pueblos.
Es reconocido como el sistema de gobierno ideal
para el respeto y goce de los derechos humanos.
El compromiso existente con el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en los sistemas democráticos debe representar el norte de los mismos, las grandes poblaciones así lo exigen.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993, además de reconocer el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, evidencia la relación existente entre los conceptos de desarrollo, derechos humanos y democracia. Como vemos existe un nexo indisoluble entre estas categorías.
El régimen de facto rompe con estos conceptos, hace uso de la fuerza para la toma del poder produciendo desde su nacimiento una violación masiva de los derechos humanos, para gobernar por encima de la legalidad.
En nuestro país a partir de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, se ha venido gestando un proceso de cambio, el cual ha arrojado errores y aciertos. El nuevo texto constitucional es una muestra de los cambios estructurales que se están llevando a cabo, el proyecto de país plasmado en esas pocas páginas orienta el desideratum de la Venezuela de hoy.
La Defensoría del Pueblo es creada por medio de este texto fundamental como un organismo con autonomía funcional y financiera, que tiene como objetivo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. En este sentido, podemos afirmar que somos una institución autónoma, independiente y accesible al ciudadano; reconocida de ésta forma por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Nos ha tocado constituirnos y consolidarnos en tiempos de dificultades económicas y mucha confrontación política. Circunstancia ésta que dificulta la compresión de nuestras ejecutorias.
Hoy en día se cuenta con una representación defensorial en todos Estados del país a través de las Defensorías Delegadas, las cuales actúan con apego al marco jurídico interno y a los tratados internacionales. Este carácter le permite a la institución actuar con total independencia, sin ataduras por las presiones que pudiesen generarse para actuar o no en ciertas circunstancias. Nuestra labor durante estos escasos dos años de ejercicio ha estado orientada a garantizar el respeto de los derechos de las grandes mayorías.
Nuestro pueblo tiene un texto constitucional reconocido, por expertos como avanzado y favorable para el disfrute y goce de los derechos y garantías allí establecidas. Es nuestra labor promocionarlo, vigilar su cumplimiento y defenderlo.
Los procesos de transformación en democracia en nuestro país históricamente han generado incertidumbre y fricciones entre los que preconizan el cambio y los que se oponen. En el presente el debate entre ambas partes, se ha venido realizando públicamente, teniendo escenarios iniciales de exaltación, con matices de intolerancia e irracionalidad, para luego concretarse en algunas oportunidades en hechos de violencia física
La Defensoría del Pueblo, motivada por estas manifestaciones, desarrolló una campaña de reencuentro y reconciliación nacional bajo la consigna Desarmemos la Palabra. En esta jornada se tuvo la oportunidad de reunir bajo un mismo espacio representantes de los sectores en pugna, donde se hizo llegar nuestro mensaje de paz y tolerancia a todos los asistente.
Ante este clima de pugnacidad, los enfrentamientos callejeros durante el año pasado se convirtieron en algo cotidiano, la Defensoría del Pueblo, en su rol de mediador y conciliador, en la mayoría de las oportunidades se apersonó en los espacios de violencia con el fiel propósito de evitarlos haciendo llamados a la calma y tolerancia. En algunas oportunidades nuestras exhortaciones fueron acogidas, sin embargo en otras no, siendo incluso blanco de agresiones algunos de nuestros funcionarios.
Este enfrentamiento alcanzó su mayor expresión en el mes de abril del 2002, al ser declarada la huelga general indefinida como anticipo a un golpe de estado, que tuvo su punto de ejecución el día 11 con la conducción de una marcha multitudinaria hacia territorios declarados zonas de seguridad, de conformidad con la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa.
Ese día 11 de abril, en horas de la tarde en los alrededores del Palacio de Gobierno se registraron lamentables hechos que dejaron un saldo de diecinueve personas muertas y decenas de heridos, venezolanos que manifestaban a favor y en contra del Gobierno, así como algunos que no participaba en la contienda. Todo esto producto de la acción nefasta de tiradores encubiertos o francotiradores ubicados estratégicamente en edificios de la zona, efectivos de la Policía Metropolitana, funcionarios de la Guardia Nacional y particulares de ambos bandos, quienes hicieron uso de armas de fuego.
Esos hechos sirvieron premeditadamente para
justificar un golpe de estado, cuya preparación se
venía gestando desde hacía meses y cuya acta
constitutiva se concibió en días anteriores,
redactada por el jefe del escritorio jurídico al
cual pertenece el actual presidente de la Comisión
Andina de Juristas.
En la madrugada del 12 fue privado de su libertad
e incomunicado el Presidente Hugo Chávez Frías. En
esas pocas horas fue cerrado y sacado del aire la
televisora del Estado "Venezolana de Televisión".
Asaltadas las instalaciones de la Embajada de Cuba
por un grupo exacerbado, quienes procedieron a
causar daños a sus bienes y a interrumpir los
servicios básicos indispensables para el
funcionamiento de las instalaciones, tales como
agua, electricidad y teléfono, pretendiendo
allanar la sede diplomática.
En el primer decreto del gobierno de facto, fue anunciada la disolución de algunos Poderes Públicos entre ellos la Asamblea Nacional, y además se destituían a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República y al Defensor del Pueblo. Esto con la anuencia de los más importantes medios de comunicación de Venezuela, la alta jerarquía de la iglesia católica, la organización patronal más importante del país, la asociación bancaria, líderes sindicales, lideres de organizaciones no gubernamentales, destacados representantes del empresariado, altos ejecutivos de la estatal petrolera, líderes políticos, conocidos profesionales del derecho y la docencia, entre otros.
Además fueron apresados Ministros, Diputados, Gobernadores y Alcaldes. Perseguidos representantes de los llamados medios comunitarios, al igual que líderes sociales de los sectores populares. Efectuaron allanamientos a diferentes instituciones públicas y recintos privados. Torturaron a dirigentes políticos simpatizantes del gobierno; entre otros hechos que se constituyeron como violaciones masivas a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
De estos acontecimientos nos avergonzamos los venezolanos y los demócratas del mundo quienes continuamos exigiendo que se realicen investigaciones exhaustivas que castiguen a los responsables e indemnicen a las víctimas y familiares.
La Defensoría del Pueblo no escapó a esta realidad, el temor de ser asaltadas las instalaciones de la institución se mantuvo presente en estos días de abril. Fui destituido arbitrariamente por un decreto ejecutivo de un Dictador. El anuncio de la disolución de este organismo significaba un duro golpe para los avances que en materia de derechos humanos se habían alcanzado, impidiéndosenos el ejercicio de nuestras funciones.
Las manifestaciones de solidaridad nacional e internacional no se hicieron esperar, recibimos múltiples llamadas y correspondencias de homólogos de países amigos, consternados por tanta arbitrariedad e irrespeto a la legalidad, democracia y derechos humanos, hecho que saludamos y agradecemos eternamente.
Nuestro sistema judicial, al igual que el de la mayoría de países Latinoamericanos, tiene vicios que datan del pasado y siguen presentes, la lentitud y burocracia de los actores judiciales, son rasgos característicos de la debilidad institucional, lo cual manifiesta con una ausencia de respuesta oportuna por parte de la justicia.
Los autores materiales e intelectuales del golpe de estado hoy andan por las calles sin ningún tipo de restricciones, por una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual no reconoció la existencia de un golpe de estado. Se arguyó que los golpistas actuaron preñados de buenas intenciones y que el Presidente Chávez solo estaba custodiado.
Consideramos desde la Defensoría del Pueblo, que esta situación de debilidad judicial constituye un peligro latente para la democracia venezolana. Están desarrollándose nuevas acciones contra el pueblo y los Poderes Públicos que pueden concretarse en la ruptura del hilo constitucional y consecuentemente reiterar nuevamente violaciones masivas a los derechos humanos.
Vemos con preocupación que esta situación coexiste paralelamente con la ejecución de hechos terroristas y constantes llamados públicos a una intervención militar.
Ante esta posibilidad ratificamos nuestro llamado,
a los países que conforman las Naciones Unidas y
sus organismos de derechos humanos, de reiterar
el compromiso de manera firme e irrestricta con
la democracia, su institucionalidad y la vigencia
de los derechos humanos.
Agradecido estoy de la atención brindada y de los
gestos de solidaridad manifestados por ustedes.
Muchas gracias,
Germán Mundaraín
Defensor del Pueblo
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