Venezuela — Debe modificar el proyecto de ley sobre radio y televisión

Debe suspender el caso en contra de cuatro canales de TV y garantizar la seguridad de los periodistas
(Caracas, 21 de mayo de 2003) — El gobierno de Venezuela debe proteger la libertad de expresión, poniendo fin a la actual investigación sobre los canales privados de televisión y modificando drásticamente su proyecto de ley para la regulación de los contenidos emitidos en radio y televisión, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. La organización también indicó que Venezuela no está haciendo lo suficiente para proteger a los periodistas frente a la violencia.

La publicación del informe de Human Rights Watch se produce en el momento que existe un amplio debate público en Venezuela en relación con el proyecto de ley sobre la "responsabilidad social en radio y televisión" elaborado por el gobierno del Presidente Hugo Chávez.

"El proyecto de ley es una fórmula para imponer el control estatal sobre los medios audiovisuales", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Se trata de una combinación sumamente peligrosa de fuertes restricciones vagamente expresadas, sanciones graves, y un organismo ejecutor vulnerable a las influencias políticas".

El proyecto de ley impondría controles rigurosos y detallados sobre las emisiones de radio y televisión, limitando considerablemente la programación que puede emitirse durante el horario normal. Con la excusa de no exponer a los niños al lenguaje grosero y a las escenas de sexo y violencia, los adultos se verían sometidos a normas restrictivas y puritanas.

En el informe de 26 páginas, titulado: "Entre dos fuegos: La libertad de expresión en Venezuela", también se describe cómo los periodistas se enfrentan a la violencia física y las amenazas, procedentes con frecuencia de los fervientes simpatizantes del Presidente Chávez. Después de constatar que el sistema de justicia no ha identificado ni castigado a los responsables de dichos ataques, se recomienda que la Fiscalía General establezca una comisión especial para investigar este problema.

En el informe se discute cómo la polarización de la situación política en Venezuela ha afectado negativamente al derecho a la libertad de expresión. Durante una huelga general de 62 días entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, con la que la oposición política esperaba forzar la renuncia del Presidente Chávez, los canales privados de televisión emitieron gratuitamente durante horas la propaganda de los partidarios de los huelguistas. Los programas de noticias y de debate hicieron gala de una hostilidad extrema contra el gobierno de Chávez.

El Presidente Chávez, por su parte, acusó a los medios de comunicación de fomentar un golpe y librar una guerra psicológica. A principios de febrero, el Ministro de Infraestructura de Venezuela puso en marcha una investigación en contra de los cuatro principales canales privados de televisión del país -RCTV, Globovisión, Televen y Venevisión-por presuntas violaciones de los reglamentos sobre emisiones durante su cobertura de la huelga.

En el informe se analizan dichos reglamentos en detalle y se concluye que violan las normas internacionales que protegen la libertad de expresión. Contienen reglas muy poco concretas sobre la incitación a la violencia y las amenazas contra el orden público que podrían servir para sancionar a los canales por una expresión legítima de sus opiniones políticas. La infracción de estos reglamentos puede castigarse con una multa, la suspensión de las emisiones o la anulación de la licencia para emitir. El plazo para finalizar la investigación oficial de los cuatro canales se cumplirá pronto.

La semana pasada, con una amenaza igualmente inminente para la libertad de expresión, el gobierno venezolano presentó a la Asamblea Nacional una versión revisada del proyecto de ley sobre radio y televisión. El nuevo proyecto incluye ciertas mejoras con respecto a la versión anterior, como por ejemplo la eliminación de la disposición que sancionaba la falta de respeto ante las autoridades gubernamentales.

"Celebramos la eliminación de la disposición sobre el irrespeto a las autoridades, un elemento de la ley que habíamos criticado enérgicamente en nuestro informe", dijo Vivanco. "Sin embargo, nos preocupa en extremo que las disposiciones restantes del proyecto de ley puedan forzar a los canales de televisión y radio a emitir una versión aséptica de las noticias durante el horario normal, lo cual podría traducirse en autocensura".

En el informe también se señalaron las medidas positivas adoptadas por el gobierno con respecto a la libertad de expresión, entre ellas el programa del 27 de abril en el que el Presidente Chávez pidió a sus simpatizantes que respetaran a los periodistas y su trabajo. Sin embargo, el informe concluye que estos esfuerzos son insuficientes.

"Los comentarios conciliadores del Presidente Chávez son muy necesarios, pero su gobierno debe suspender sus esfuerzos por amordazar a los canales privados de televisión, y adoptar medidas para acabar con la impunidad en los casos de agresiones contra periodistas", dijo Vivanco.