Consejo Ejecutivo
Salvador de Bahía, Brasil
25 y 26 de septiembre de 2003
Resolución Venezuela
El Consejo Ejecutivo de la CIOSL/ORIT, reunido en Salvador de Bahía,
Brasil, el 26 de septiembre de 2003, al recibir información de los
hechos acaecidos en los campos residenciales de Petróleos de Venezuela
(PDVSA), particularmente en el Campo Los Semerucos, en la Península de
Paraguaná en el Estado Falcón, Venezuela, en donde han sido gravemente
violentados los derechos humanos de los/as trabajadores/as de PDVSA,
en nombre de sus 45 millones de afiliados/as en el continente
americano:
Condena con toda energía los atropellos perpetrados en contra de
los/as trabajadores/as y de sus indefensas familias, incluyendo
mujeres, niños y niñas de muy corta edad;
Señala al gobierno de Hugo Chávez Frías como responsable de las
graves violaciones a los derechos humanos, habida cuenta de la campaña
de violencia verbal que el Presidente de la República ha desarrollado
durante meses en contra de los/as trabajadores/as de PDVSA;
Anuncia que elevará denuncias en contra del gobierno de Venezuela ante
la OIT y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA,
por los atropellos que la fuerza armada de Venezuela, siguiendo
instrucciones del gobierno nacional, han perpetrado en contra de
indefensos trabajadores/as y la población civil en los campamentos
residenciales de PDVSA;
Demanda que el gobierno venezolano cese el inhumano acoso, persecución
y represión en contra de los/as trabajadores/as de PDVSA y sus
familias, y proceda a permitirles acceso a sus ahorros, que han sido
ilegalmente incautados por la empresa y el gobierno;
Advierte sobre la posibilidad de que hechos de violencia similar
contra las familias petroleras, se puedan estar presentando en el
futuro inmediato, en las zonas residenciales de PDVSA en la Costa
Oriental del Lago, del Estado Zulia y en la zona petrolera de los
Estados Monagas y Anzoategui, en el oriente del país;
Responsabiliza al gobierno venezolano por el bienestar e integridad
física de los/as trabajadores/as de PDVSA y sus familiares y hace un
llamado a la OIT y a la OEA para que tomen medidas cautelares que
impidan que dichos trabajadores/as y sus familias continúen siendo
víctimas de la violencia organizada del gobierno nacional.