(New York: Human Rights Watch, 2003)
VENEZUELA
Venezuela experimentó una
extrema agitación política a principios de 2002, que culminó en abril con
el fallido intento de derrocamiento del Presidente Hugo Chávez. Tras la
intentona golpista, la sociedad venezolana siguió estando profundamente
polarizada, continuaron las protestas políticas y empeoraron las
condiciones económicas, exponiendo al país al peligro de nuevos conflictos
violentos y amenazando a la democracia y al Estado de derecho. La
situación de los derechos humanos estuvo también marcada por los problemas
en la administración de justicia, los abusos policiales y las amenazas
contra la libertad de expresión.
La situación de derechos humanos
La sociedad venezolana siguió estando profundamente polarizada
La oposición al gobierno de Chávez empezó a crecer a finales de 2001, tras
la promulgación, por decreto presidencial, de 49 leyes económicas con
medidas tales como la reforma agraria y el endurecimiento de los controles
oficiales sobre la industria del petróleo. El 10 de diciembre de 2001,
Fedecámaras, principal asociación empresarial de Venezuela, encabezó, en
protesta por las nuevas leyes, una huelga general de un día en la que
participaron miles de empresas y la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), la organización sindical más grande del país. Algunos
miembros de las fuerzas armadas también empezaron a adoptar una postura
abiertamente crítica; en febrero de 2002, varios oficiales militares de
alto rango pidieron la renuncia de Chávez.
El 9 de abril, tras los conflictos laborales ocurridos en la compañía
nacional del petróleo, la CTV y Fedecámaras convocaron otra huelga
general. La tensión aumentó el 11 de abril, cuando sindicatos,
organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de la
sociedad civil participaron en una marcha masiva para apoyar la huelga y
reclamar la renuncia de Chávez. Francotiradores con vestimenta civil
apostados en edificios cercanos abrieron fuego contra una multitud de
5.000 personas que se dirigían al palacio presidencial en el centro de
Caracas, donde se habían congregado los simpatizantes de Chávez para
expresar su oposición a la marcha. Murieron 18 civiles y 150 personas más
resultaron heridas durante la protesta. Las víctimas incluyeron tanto a
simpatizantes del gobierno como a miembros de la oposición, así como a un
fotógrafo de prensa que estaba cubriendo el evento.
Inmediatamente después de los incidentes violentos, un grupo de altos
mandos militares superiores destituyeron al Presidente Chávez. Pedro
Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se autoproclamó Presidente de
la República y ocupó brevemente el cargo. Esta ruptura del orden
constitucional dio paso a un atentado mayor contra el Estado de derecho
cuando Carmona disolvió la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema y
derogó la nueva Constitución Nacional, aprobada en 1999, durante el
gobierno de Chávez, por una asamblea constituyente y por referéndum
popular. Además, las autoridades realizaron registros y detenciones
ilegales de simpatizantes chavistas durante los días siguientes.
Aunque se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia
siguió en estado de riesgo.
Las manifestaciones callejeras de apoyo a Chávez continuaron después de su
destitución, y se produjeron amotinamientos y actos de vandalismo en las
zonas pobres del oeste de Caracas. Durante este segundo estallido de
violencia fueron cometidos entre 40 y 60 asesinatos, la mayoría de ellos
atribuidos a las fuerzas de seguridad, incluida la Policía Metropolitana.
Rápidamente, algunas unidades militares empezaron a proclamar su apoyo a
Chávez. Ante la creciente presión popular y militar, el breve gobierno de
Carmona fracasó en su intento y Chávez recuperó el poder el 14 de abril.
Aunque se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia
siguió en estado de riesgo. En un ambiente de polarización creciente de
las fuerzas armadas, nuevas protestas callejeras y la amenaza de más
huelgas, se rompió el diálogo entre el gobierno y la oposición, mientras
Chávez seguía menospreciando públicamente a la oposición y a los medios de
comunicación mayoritariamente contrarios al gobierno. Algunos sectores de
la oposición continuaron buscando maneras tanto constitucionales como
extralegales para sacarle del poder.
La violencia callejera volvió a estallar e; 14 de agosto, cuando la Corte
Suprema, antes considerada leal a Chávez, desestimó, por 11 votos a favor
y ocho en contra, los cargos contra cuatro oficiales superiores del
ejército acusados de conspirar para derrocarle, en abril. Chávez respondió
al fallo anunciando que se investigaría a los magistrados responsables del
mismo por embriaguez y falsificación de documentos, y dijo que estaba
considerando reformar la constitución. Mientras tanto, los líderes de la
oposición defendieron la celebración de un referendo y la formulación de
cargos contra el presidente.
En septiembre, en un intento de contener las protestas, el gobierno
restringió la libertad de movimiento en los alrededores de seis
importantes instalaciones militares, una radio y un centro de televisión
estatales, designándolos "zonas de seguridad". La oposición y los grupos
de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la medida,
basada en una ley poco utilizada de 1976.
Continuaron las huelgas y las marchas de protesta contra Chávez. El 22 de
octubre, un grupo de 14 jefes militares, entre ellos algunos generales y
almirantes, declararon su "legítima desobediencia" al gobierno y llamaron
a otros miembros de las fuerzas armadas a que se unieran a ellos. Los
generales dijeron que consideraban "territorio liberado" la plaza donde
habían leído la declaración-la Plaza Francia, en el distinguido distrito
Altamira de Caracas. Este lugar fue escenario de nuevos actos de protesta
de la oposición, que empezó a recoger firmas a favor de un referendo sobre
la renuncia de Chávez. Mientras tanto, otros generales se fueron uniendo
al grupo. El 4 de noviembre, numerosas personas resultaron heridas, entre
ellas un operador de cámara ecuatoriano que fue tiroteado y salvó la vida
gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto, cuando los manifestantes
pro gubernamentales intentaron impedir que los opositores presentaran la
petición firmada de un referendo al Consejo Nacional Electoral.
Las condiciones de los derechos humanos se vieron afectadas por este
ambiente altamente polarizado. A principios de noviembre, sólo se había
detenido a cuatro personas en relación con los disparos ocurridos en
abril. Las imágenes de vídeo rodadas durante la protesta sugerían que dos
miembros de la Policía Metropolitana (bajo las órdenes de un alcalde
antichavista), un miembro de la Guardia Nacional y al menos 11 civiles
habían disparado sus armas. Se dijo que la mayoría de los civiles
colaboraban, o habían colaborado, con el gobierno de Chávez. Las
iniciativas legislativas para el establecimiento de una comisión de la
verdad, encargada de determinar responsabilidades por las muertes
ocurridas en abril, quedaron estancadas cuando los congresistas del
partido en el gobierno y la oposición no pudieron llegar a un acuerdo
sobre su composición y su autoridad. Un proyecto de ley para la creación
de la comisión, propuesto en mayo por un grupo de nueve organizaciones no
gubernamentales (ONG) de derechos humanos, perdió fuerza durante las
deliberaciones iniciales en el congreso. Se relajaron los criterios para
seleccionar a sus miembros y se redujeron sus competencias, lo que arrojó
serias dudas sobre su futura credibilidad, independencia y eficacia. A
principios de noviembre todavía no se había aprobado la ley.
El hecho de que no progresara la investigación de los actos violentos de
abril era sintomático de los problemas endémicos de todo el sistema de
justicia venezolano. La Fiscalía General y la judicatura-escasas de medios
y poco eficientes-demostraron ser incapaces de impartir justicia de manera
efectiva e imparcial.
Los asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales
continuaron siendo un problema grave.
Los asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales
continuaron siendo un problema grave, especialmente en las provincias. En
el estado de Portuguesa, un autodenominado "grupo de exterminio",
compuesto por miembros fuera de servicio de la policía estatal y de la
Guardia Nacional, fue responsable del asesinato de presuntos delincuentes
callejeros y drogadictos. En un estudio publicado en octubre de 2001, la
Defensoría del Pueblo, organismo oficial encargado de la promoción y la
defensa de los derechos humanos, informó de que había aparecido un segundo
grupo de exterminio en ese estado, y que estas bandas, parcialmente
financiadas por comerciantes locales, se consideraban responsables de 105
asesinatos cometidos en Portuguesa en 2000 y 2001. Se informó de la
actividad de grupos similares en los estados de Falcón, Yaracuy,
Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Aragua y Zulia.
En el momento de escribir este informe, 14 policías se encontraban
detenidos en Barquisimeto, estado de Lara, por los asesinatos de
Portuguesa. En la mayoría de los casos, la judicatura no detuvo ni formuló
cargos contra los responsables de asesinatos atribuidos a la policía, o
sus juicios experimentaron excesivos retrasos. En algunos casos los
familiares de las víctimas y sus abogados sufrieron amenazas de muerte.
Miguel Ángel Zambrano, ex inspector de policía de Portuguesa que había
investigado las actividades de los escuadrones de la muerte, recibió
constantemente amenazas de muerte por teléfono, y fue golpeado y amenazado
por agentes de policía que se enfrentaron a él en persona. Personas sin
identificar, que según él estaban vinculadas a la policía, le dispararon
dos veces y se vio obligado a esconderse. En Falcón, el comandante de la
policía del estado interpuso una querella criminal por "injurias a la
policía" contra las personas que habían denunciado los asesinatos.
Las condiciones penitenciarias siguieron siendo inhumanas en Venezuela.
Los niveles de violencia entre los presos fueron sumamente elevados,
propiciados por la carencia de personal y medios, la corrupción
generalizada entre los guardias y la entrada incontrolada de narcóticos y
armas de fuego en las prisiones. Cinco presos murieron y una veintena
resultaron heridos durante un motín ocurrido en mayo en la prisión El
Rodeo de Guatire. Según los responsables del ministerio de interior y
justicia, entre enero y mayo, se produjeron 84 muertes por disparos y 42
por apuñalamiento en las cárceles venezolanas.
Aunque la actuación de Venezuela en materia de libertad de expresión
recibió numerosas críticas internacionales, hubo algunos aspectos
positivos: no hubo censura previa de publicaciones escritas, no se
encarceló a ningún periodista y la prensa pudo decir lo que quiso. De
hecho, la mayoría de los medios de comunicación fueron claramente
partidarios de la oposición, defendieron sus posiciones y utilizaron un
lenguaje contundente en sus críticas contra el gobierno.
No obstante, en ocasiones, el gobierno se injirió claramente en la
programación de la televisión privada obligando a estos canales a
transmitir programas producidos por el gobierno. Esta injerencia fue
especialmente aguda durante la semana del fallido golpe, cuando el
gobierno de Chávez interrumpió repetidamente la programación para emitir
sus opiniones sobre la situación política. El 11 de abril, el gobierno de
Chávez canceló temporalmente todas las emisiones de las principales
cadenas privadas de televisión.
La interferencia oficial en la programación de la televisión privada
disminuyó drásticamente tras los eventos de abril. Sin embargo, como había
ocurrido anteriormente, el Presidente Chávez lanzó periódicas diatribas,
con expresiones fuertes y ofensivas, contra los trabajadores de los medios
de comunicación durante su programa radiofónico semanal Aló Presidente.
Teniendo en cuenta la polarización de la situación, sus simpatizantes
podrían interpretar sus agresivos ataques contra periodistas como una
incitación a la violencia.
De hecho, varios periodistas locales recibieron amenazas graves y, en
ciertos casos, fueron víctimas de ataques violentos. Al menos 25
periodistas solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El 21 de febrero, los simpatizantes de Chávez
interrumpieron una protesta contra el presidente en la Universidad de
Venezuela, y atacaron, al parecer, con palos y piedras a los miembros de
la prensa, por lo que resultaron heridos un periodista y un operador de
cámara. Lina Ron, destacada simpatizante de Chávez que había participado
en el incidente, estuvo detenida brevemente por su presunta participación
en la revuelta.
Además, el 31 de enero, una persona sin identificar arrojó un explosivo a
las oficinas del periódico Así Es La Noticia y el 9 de julio, otro
asaltante no identificado lanzó una granada contra las del canal de
televisión Globovisión, ambas en Caracas. En la madrugada del 13 de
septiembre, el canal Promar TV de Barquisimeto, cuyo director había
recibido previamente amenazas de muerte, fue atacado con bombas
incendiarias. Aunque nadie resultó herido, estos atentados provocaron
daños materiales e intimidaron a los empleados. Cuando se redactaba este
informe, no se había detenido a nadie en relación con estos incidentes.
El gobierno de Chávez continuó socavando la independencia de los
sindicatos. En el otoño de 2001, se celebraron elecciones sindicales bajo
la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo estatal.
El 25 de octubre de 2001, la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV), la agrupación sindical más numerosa del país, participó en un
proceso electoral supervisado por el Estado en el que eligieron presidente
a Carlos Ortega. Sin embargo, el CNE no quiso aprobar los resultados
alegando irregularidades. Aunque la Corte Suprema instó al Consejo a que
tomara una decisión final sobre la legitimidad del proceso electoral, en
noviembre todavía no había emitido un dictamen definitivo.
Las solicitudes de asilo de colombianos su multiplicaron por más del doble
en los primeros ocho meses de 2002, debido probablemente a la ruptura de
las negociaciones de paz en el país vecino en febrero. La mayoría de estos
solicitantes vivían en una situación de completa inseguridad económica y
en un limbo legal. En octubre de 2001, entró en vigor la Ley Orgánica
sobre Refugiados y Asilados, que prohibió el regreso forzoso de los
solicitantes de asilo hasta que se estudiara su petición y estableció una
Comisión Nacional para los Refugiados encargada de examinar las
solicitudes. A finales de octubre, sin embargo, todavía no se había
aprobado el reglamento regulador de la composición y poderes de la
Comisión, por lo que no existía un organismo para estudiar las
solicitudes. En septiembre, William Spindler, portavoz de la oficina
regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
dijo que estaban a la espera de una decisión más de un millar de
refugiados procedentes de Colombia, de los cuales cerca de la mitad habían
presentado sus solicitudes en 2002. Entre ellos había abogados de derechos
humanos y sindicalistas que habían recibido amenazas de muerte de los
paramilitares y la guerrilla.
La defensa de los derechos humanos
La presión sobre los defensores de los derechos humanos aumentó en 2002.
En abril y mayo, Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de
Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC),
prestigioso grupo de derechos humanos no gubernamental, recibió amenazas
por teléfono y correo electrónico. Las autoridades venezolanas ofrecieron
protección policial a ella y al COFAVIC, y el Fiscal General abrió una
investigación sobre las amenazas. Sin embargo, el COFAVIC informó de que
se habían hecho escasos progresos en esta investigación.
El papel de la comunidad internacional
La Organización de las Naciones Unidas
El gobierno de Chávez continuó socavando la independencia de los
sindicatos.
El 15 de abril, inmediatamente después del fallido golpe, el Secretario
General de la ONU Kofi Annan llamó al Presidente Chávez para expresarle su
satisfacción porque se hubiera emprendido la restauración del orden
constitucional en Venezuela. Hizo un llamamiento a la reconciliación
nacional y subrayó la importancia de mantener un sistema democrático
incluyente. Cuando volvieron a intensificarse los rumores de un golpe en
octubre, el Secretario General emitió una declaración pidiendo paciencia y
moderación, y respaldando los esfuerzos internacionales para promover el
diálogo.
Estados Unidos acusó al propio gobierno de precipitar el golpe.
Estaba previsto para mayo que Venezuela defendiera su actuación con
respecto a la implementación de los derechos plasmados en la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Sin embargo, debido a la intentona golpista, el Comité de la ONU le
concedió una prórroga hasta noviembre. En anteriores revisiones de la
actuación venezolana, dicho Comité había expresado su grave preocupación
por el gran número de casos de tortura y malos tratos en el país, así como
por el hecho de que no se llevara a los responsables ante la justicia.
La Organización de Estados Americanos
Durante la crisis política venezolana de abril, la Organización de Estados
Americanos (OEA) aplicó, por primera vez, la Carta Democrática
Interamericana, aprobada por el Consejo Permanente de la OEA y ratificada
por los ministros de relaciones exteriores de sus Estados Partes en
septiembre de 2001, con el objetivo de salvaguardar la democracia en la
región. Esta Carta preceptúa la autoridad de la OEA para suspender la
participación en su seno de gobiernos considerados no democráticos y
establece mecanismos para responder a golpes de estado y otras amenazas
contra la democracia.
De acuerdo con la Carta, el 13 de abril, el Consejo Permanente convocó una
reunión de emergencia en relación con el golpe, a petición de varios
ministros de relaciones exteriores latinoamericanos. El Consejo emitió una
resolución condenando la alteración del orden constitucional y declarando
que dicha alteración justificaba la aplicación de la Carta. Además,
decidió enviar inmediatamente a Venezuela una misión encabezada por el
Secretario General de la OEA para promover la normalización democrática.
En una sesión de emergencia de la Asamblea General, celebrada el 18 de
abril, el Secretario General presentó las conclusiones de su visita y
señaló su preocupación por la excesiva polarización de la sociedad
venezolana y el hecho peligroso de que las fuerzas armadas participaran en
la política.
La OEA envió a Venezuela otras dos misiones de investigación en 2002. En
la primera, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA viajó al país en febrero para investigar
la situación de la libertad de expresión. Manifestó su preocupación por la
violencia contra miembros de los medios de comunicación y señaló que las
declaraciones de altos funcionarios contra la prensa podían conducir a
actos de intimidación o a la autocensura. En la segunda, en mayo, el
Presidente de la CIDH encabezó una misión para evaluar la situación de los
derechos humanos en Venezuela. El Presidente subrayó, entre otras cosas,
la necesidad de una investigación en profundidad, imparcial y objetiva
sobre los crímenes cometidos en abril.
Como continuación de su trabajo de salvaguardia de la democracia en
Venezuela, el 4 de junio, la Asamblea General de la OEA adoptó una
resolución comprometiéndose a ofrecer al país el apoyo necesario para
consolidar el proceso democrático e instando al gobierno a que aceptara su
colaboración en la promoción del diálogo nacional para la reconciliación.
En septiembre, la OEA, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Centro Carter formaron un grupo tripartito con el objetivo
de facilitar el diálogo. Tras una visita de cinco días a Venezuela, este
grupo redactó una Declaración de Principios para la Paz y la Democracia,
en la que el gobierno y la oposición se comprometían a rechazar la
violencia y buscar un acuerdo pacífico. A finales de octubre, el gobierno
y algunos partidos de la oposición, a excepción de los dos más numerosos,
habían firmado la declaración.
En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela
el pago de una indemnización de 1.559.800 dólares a los familiares de las
37 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante la revuelta
popular del 27 de febrero de 1989, conocida como el Caracazo.
La Unión Europea
En mayo, con motivo de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, el Parlamento Europeo
adoptó una resolución en la que observaba "con preocupación los
acontecimientos que se produjeron en Venezuela con motivo del intento de
golpe de Estado contra el Presidente Chávez". El 8 de octubre, la Unión
Europea emitió una declaración respaldando los esfuerzos mediadores del
grupo tripartito y del Secretario General de la OEA.
Estados Unidos
En contraste con la reacción de los gobiernos latinoamericanos, Estados
Unidos no condenó inmediatamente el golpe de abril pese a ser una
interrupción del orden constitucional. En cambio, en una declaración
inicial emitida por el Departamento de Estado el 12 de abril, Estados
Unidos acusó al propio gobierno de precipitar el golpe y señaló que las
"acciones antidemocráticas cometidas y fomentadas por la Administración
Chávez habían provocado" la crisis. Al día siguiente, al prolongarse las
medidas ilegales del gobierno de facto, Estados Unidos votó a favor de la
resolución de la OEA condenando la intentona golpista. En septiembre,
cuando aparecieron rumores de un nuevo golpe, la Embajada de Estados
Unidos en Venezuela emitió una declaración declarando su oposición
inequívoca a cualquier interrupción ilegal del orden constitucional en el
país.
Estados Unidos también respaldó las iniciativas de la OEA para mediar en
la crisis política venezolana. El 3 de junio, en una sesión de la Asamblea
General celebrada en Barbados, el Secretario de Estado de Estados Unidos
Colin Powell dijo que Venezuela debería aprovechar los mecanismos de la
OEA para el fortalecimiento de la democracia.