La prevención
es
lo humano
“Espero profundamente que los horrores que la humanidad ha sufrido durante el siglo XX nos sirvan de dolorosa lección y que la creación de la Tribunal Penal Internacional nos ayude a prevenir que aquellas atrocidades se repitan en el futuro.”
Luís Moreno-Ocampo en ocasión de su elección
como principal Fiscal en Jefe de la Tribunal Pena Internacional
El señor de los piojos
Bajo los argumentos esgrimidos por Vargas Llosa en una de sus últimas entregas periodísticas (El Señor de los Piojos, El País, España. 28 de diciembre de 2003), inicio mi reflexión sobre el tema de la prevención en la comisión de crímenes de Lesa Humanidad.
“Ningún dictador es respetable y todos son unos criminales y unos crápulas, sin excepción. Aunque algunos guarden mejor las formas que otros, y roben más o menos, y la lista de sus asesinados, torturados y desaparecidos sea larga o encogida. Porque todos ellos corrompen a sus pueblos, creando unas escalofriantes escalas de valores que desnaturalizan la moral más elemental, y desmovilizan el espíritu creador y las iniciativas libres de las personas, anulando en éstas la generosidad, la actitud crítica, la independencia de criterio, y promoviendo los peores instintos, la auto censura, la adulación, la delación, y ese miedo crónico que es fuente de todas las claudicaciones y complicidades.
“Que Saddam Hussein sea juzgado en su propio país y por jueces iraquíes, bajo una vigilancia internacional que garantice la pureza del procedimiento, o por la Tribunal Internacional de La Haya que está juzgando a Milosevic, no tiene mucha importancia, en realidad.
Lo importante es que el pueblo iraquí,
y todos los pueblos que todavía padecen
dictaduras, vean, en las sesiones de ese juicio,
la poca cosa que son y lo que valen esas
inmundicias humanas por las que se han dejado o se
dejan todavía maltratar, robar, asesinar, violar y
degradar, y lo absurdo y torpe que fue permitirles
tomar el poder y ejercitarlo de esa manera
desorbitada y total. Y lo fácil que hubiera sido,
al principio, atajarlos y defenestrarlos,
ahorrándose tanto dolor, tanta miseria y tanta
sangre. Ojalá que la imagen televisada del Señor
de los Piojos quede largo tiempo flotando en las
conciencias de los ingenuos que todavía creen que
los hombres fuertes y providenciales son la
solución.”
El Estatuto de Roma o una civilización humanista
Estos tres párrafos esbozan lo que debe impulsar el debate sobre el tema de la prevención en prácticas lesivas de la humanidad orquestadas por dictaduras o tiranías a la luz de la aparición del Estatuto de Roma en el ámbito jurídico mundial.
Antes que nada señalemos que la aparición de este instrumento jurídico es casi tan significativo para la historia de la humanidad y para la protección de su dignidad como lo fue en su oportunidad la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, destaquemos que no nace únicamente para castigar los peores crímenes que el hombre puede padecer una vez que estos ocurren, como en los casos de Nuremberg, Ruanda, Argentina o Yugoslavia, en los que se crearon instancias jurídicas ulteriores para enjuiciar en tribunales especiales a sus responsables, sino para prevenir que estos sucedan, como bien lo expresa su preámbulo introductorio: “Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.
Lo humanista en el caso del Estatuto de Roma es que crea instancias permanentes de fiscalización y control, como el Tribunal Penal Internacional de La Haya y la emblemática figura del Fiscal Penal Internacional –posición que en su primera oportunidad ocupará el jurista argentino Luís Moreno-Ocampo–, para atender anticipadamente cualquier indicio criminal de aniquilación de la población civil que se esté gestando como ejercicio del poder o como fórmula de terror o de persecución perversa del hombre contra el hombre.
En ese sentido el Estatuto de Roma es el mecanismo formal que se crea para prevenir e impedir que se consumen y queden impunes los más atroces crímenes que puede conocer la familia humana: genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos siempre por aquellos tiranos que usurpan el poder para devastar a sus naciones. Asimismo, fue creado para conseguir que, de perpetuarse el crimen, se castigue sin demora de modo que no desencadene en otra horripilante experiencia inhumana como el Holocausto.
El Estatuto de Roma intenta evitar desastres mayores. En el amanecer del siglo XXI resulta muy novedosa esta interpretación. Su idea no es otra sino promover y alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad en su conjunto, impidiendo que aquellas atrocidades humanas que han afectado la conciencia histórica del hombre se intensifiquen una vez ocurridas y queden impunes. Ese pareciera ser el canto unánime que se desprende de sus letras: la prevención del crimen y evitar la impunidad una vez que ha acontecido. El tema de la prevención que, inclusive, el Estatuto distingue en su normativa como “tentativa de crimen”, es la esencia de este instrumento legal, su alma. Prevenir –y no lamentar– vejámenes, asesinatos, torturas, exterminio, agresiones o ataques a la población civil por razones políticas, religiosas, étnicas, económicas o sociales es su razón de ser, y, una vez ocurridas, denunciarlas a tiempo y castigarlas antes de que alcancen el grado de barbarie.
La prevención es lo humano
Es a partir de esta referencia: fiscalización, denuncia y castigo temprano de actos criminales que lesionan a la humanidad en bloque, que hacemos una equivalencia del tema de la prevención, según lo recoge el Estatuto de Roma, con la realidad política de Venezuela desde que Hugo Chávez Frías ejerce la primera magistratura nacional, en cuyo período, de manera sistemática y generalizada, el comandante se ha dedicado por un lado a perseguir encarnizadamente todo vestigio de oposición política y, por otro, a vejar, encubierta y abiertamente, el libre ejercicio de la ciudadanía en el país.
En el caso venezolano, el argumento de la prevención no sólo es pionero jurídicamente, sino vital en el plano de lo humanitario. Los crímenes cometidos todavía no se han desbordado como sucederá tarde o temprano mientras Chávez permanezca en el poder. El número de muertes todavía no es tan grande, aunque sí el número de víctimas y heridos. No se exagera si se señala que más de la mitad de la población se ve afectada por los ejercicios pedantes y tiránicos del teniente coronel. La prevención, al mismo tiempo, es lo que permite discutir sin complejos con los sesudos del Derecho, con los positivistas y con los consultores de jurisprudencia el tema de la Lesa Humanidad. No apoca la causa, la engrandece. Venezuela podría convertirse en un caso fundador para detectar y enjuiciar tempranamente una embrionaria tiranía. La vida y la libertad de sus habitantes merecen esta oportunidad impar. Latinoamérica que en su historia ha sido tan afectada por esta suerte de regímenes autocráticos también se beneficiaría. La humanidad en su conjunto sería la ilustre triunfadora: vencería la vida.
En Venezuela, de abrirse un juicio a Chávez, podría estarse interrumpiendo tempranamente una escalada de violencia que de sí posee ya ribetes de guerra civil. Como se observa el tema de la prevención es, además de jurídico y humanitario, profundamente civilizatorio.
Por ello, sin dudarlo, nos atrevemos a aseverar que en el Estatuto de Roma la prevención es lo humano; perseguir, castigar e impedir la impunidad, lo jurídico.
Construir con dolor como aprendizaje
Ese es el enfoque, y no otro repleto de suspicacias y tecnicismos jurídicos, con el que se debe abordar sin prejuicios y de manera decidida y honesta el Estatuto de Roma: desde el punto de vista humanitario y civilizatorio. Los defensores de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad de naciones en general han “construido” sobre las bases del dolor y del terror histórico esta joya jurídica. De su buen uso dependerá el lograr la eterna aspiración del hombre de protegerse de la tiranía. De hecho, por primera vez contamos con un instrumento que nos describe con detalle inusual los rasgos objetivos que califican a un régimen como autoritario o tiránico. Ya dejó de ser una simple especulación subjetiva su distinción. Asimismo, el Estatuto determina magistralmente los actos individuales que ocasionan la responsabilidad criminal y cómo es el modo de operación del autócrata: instigación, encubrimiento, promoción y, a veces, mas no siempre, comisión directa del hecho delictivo.
Los juristas que legislaron esta calificación bien conocían el tema que formulaban. Resulta asombroso advertir cómo lograron hacer este lucido compendio criminal, sobre todo, por el modo sencillo y sucinto en que presentan el tema hasta al más descuidado de los lectores. Vale subrayar –acierto sui generis por demás– que la calificación de “responsable” que se posa sobre aquél que desde el poder “instiga” a sus acólitos a cometer los más atroces crímenes en favor de su idea o de su persona, haciendo, a su vez, de estos acólitos responsables individuales por los crímenes cometidos, es el mayor avance y si se prefiere la vanguardia en el tema de la revelación temprana de una tiranía.
Esta calificación que determina responsabilidades individuales en quienes instigan y en quienes responden materialmente a la orden instigadora, convierte el acto histórico de aniquilación del otro (sea política, social, racial o religiosa la causa de la persecución) en un problema ético: la conciencia de cada quién precisa su libertad o su presidio. La instigación a perseguir al otro a través de un discurso maniqueo y aniquilador proveniente de un gobernante es un hecho empírico que, al tenor normativo del Estatuto de Roma, nos revela con exactitud quirúrgica la presencia de un tirano. Incluso, esto determina la responsabilidad original de quien causa el crimen porque es el primer gran impulso agitador en una situación conflictiva. Este punto es vital y no debe soslayarse jamás: quien desde el poder intenta imponer con el uso de la fuerza sus ideas e instiga a perseguir y persigue al otro es la fuente original de cualquier problema civil, nacional o internacional de gran envergadura.
En Venezuela, quien, a través de la instigación, ha sembrado vientos y ha cosechado tempestades ha sido el pendenciero Hugo Chávez. En su caso existen pruebas no sólo de la instigación al crimen por motivos políticos, sino de su planificación y ejecución, y, aunque la envergadura de estos no ha llegado al colmo nefasto de otros que la historia nos ha dado la lamentable oportunidad de conocer: Hitler, Stalin, Hussein, la sangre venezolana derramada está ahí, ha sido suficiente, y su responsable tiene nombre y apellido.
La metamorfosis sólida de la palabra
El 11 de abril de 2002 fue la fecha paradigma que devela la voluntad criminal del régimen por mantener a cualquier costo su "revolución". Si hacemos una disección juiciosa de esa fecha descubriremos el canallesco modo de operar del gobierno, veremos el proceso silente que convierte el discurso instigador en acción de amedrentamiento, vejación pública y, por último, planificación y ataque efectivo a la disidencia, al otro.
Metamorfosis sólida de la palabra: lo que comienza como una etérea vibración vocal por parte del “líder máximo” va derivando en estridencia, pronto se convierte en empujón, en segundos es ya una piedra y al final una diminuta y sólida bala. La palabra instigadora cuando se pronuncia desde el poder gubernamental produce una masiva reacción social ferozmente sólida. Por una parte, el comparsa del instigador activa materialmente los mecanismos de ataque y ataca; por la otra, inmediata e instintivamente el agredido responde del modo que puede ante la amenaza y responde. El resultado siempre se reduce a guerra.
¿Quién es el responsable último del diálogo sólido entre los factores políticos en un país? Aquél que arremete desde el poder contra su disidencia, contra lo que percibido como lo otro. Su responsabilidad es aún mayor si gobierna por representación popular y democrática y no por antojo o apetito. Por ello, cada ataque o cada instigación a atacar a un sector de la población civil por motivos políticos, sociales, étnicos o religiosos, en una democracia, se convierte casi en un acto administrativo que amenaza la seguridad de la nación y la hermandad ciudadana, irresponsablemente se lleva a un país a la confrontación política extrema. Debe urgentemente y de manera inmediata de acorralarse y perseguirse con la ley, sin demoras.
Esta es la triste realidad del arremetedor discurso político del presidente Chávez: tarde o temprano deviene en bala. El 11 de abril como fecha paradigma, además de comprobarse esta premisa, se notaron otras variables que agravaron el hecho de la instigación: se planificó una estrategia cívico-militar para aplastar meticulosamente (ataques puntuales, no masivos) a la población civil que marchaba pacíficamente. No sólo se instigó a la violencia promoviendo una defensa sangrienta de la revolución por parte de los cuerpos militares y paramilitares (Círculos Bolivarianos, creados y financiados por el gobierno), sino que, una vez ocurridos los crímenes, se justificó a sus responsables llamándolos: “Héroes revolucionarios”. Se premió la sangre derramada, por lo tanto, obviamente habrá más de ella.
El discurso de las balas y de los tanques
Esta atroz realidad es el día a día venezolano desde que Chávez asumió la presidencia. Según el Estatuto de Roma su verbo violento e instigador lo hacen responsable. Por supuesto, en toda confrontación ocurren caídas de bando y bando, pero, lo que hay que dilucidar es quién o qué cosa originó la confrontación. En el caso de Chávez simplemente hay que hacer memoria de la que fue su primera presentación pública en el escenario político venezolano la medianoche del 4 de febrero de 1992: un estruendo de balas como discurso político sobre la humanidad de inocentes venezolanos, una arremetida de tanques sobre el fundamento institucional, una llaga histórica a nuestra hermandad y a nuestra cultura.
Chávez ha sido repetitivo en su discurso político inaugural: balas, tanques, traición a la patria, irrespeto a la institucionalidad, sangre. Ese mismo año, el 27 de noviembre de 1992 sus acólitos oficiaron otro espectáculo funesto cargado de terror y de muerte para Venezuela. La ansiedad por imponerle a un pueblo sus ideas políticas por medio de palabras que unas veces son balas y otras son tanques, incluso aviones bombarderos, fue la evidencia.
Muy ilustrativa también fue aquella penosa ocasión, el 14 de agosto de 2002, cuando Chávez, por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le fue desfavorable, envió a sus acólitos a arremeter contra las autoridades judiciales y contra la institución bajo la orden instigadora de que la sentencia fue una “plasta”. O cuando, el 4 de noviembre de 2002, la oposición se dirigió al Consejo Nacional Electoral a consignar firmas para activar un plebiscito contra Chávez y fue recibido con un estruendo asesino de balas que por suerte no generó más muertes aunque sí varias de decenas de heridos. O, recientemente, el 27 de febrero de 2004, cuando la marcha opositora se dirigía a la sede de la Conferencia del Grupo de los 15 a entregar un documento y fue impedida de hacerlo por acción de la Guardia Nacional con una refriega inaudita de disparos, golpes, gases lacrimógenos y vejaciones de todo tipo que se prolongó durante una semana por diferentes ciudades del país, semana de violencia callejera donde la situación se agravó hasta lo intolerable. Más sangre derramada y nuevas muertes inocentes por motivos políticos que, además, de que arremetió contra la población civil disidente y detuvo a muchas personas sin seguirle el debido proceso, conoció el nuevo ingrediente chavista: la tortura.
La resistencia cívica
Chávez, desde el primer día, con su discurso sólido, pendenciero e instigador, ha vaciado el alma del país con sus balas y su sangre. Ha sembrado odio y ha hecho un esfuerzo ingente y criminal por partir a la sociedad venezolana en pedazos. En gran medida, lo ha logrado, sin embargo, la sorpresa para él ha sido la impecable respuesta humanista que le ha presentado la sociedad civil venezolana.
La resistencia ha sido ardua y muy penosa. Varias decenas de muertos y miles de heridos han resultado de la confrontación. La encrucijada resulta obvia: el ataque indiscriminado contra todas las instituciones y personas que le hacen oposición, como los partidos políticos; los gobiernos estadales y municipales administrados por representantes opositores (a estos, o no les dirige la palabra o los encara y veja con irresponsabilidad desmedida); la Iglesia; la central obrera (CTV); la central empresarial (Fedecámaras); los medios de comunicación (sin excepción); las personalidad independientes que le disienten; los intelectuales que le contradicen (incluso, al mencionado Vargas Llosa lo llamó apátrida y analfabeta); las marchas opositoras (como la del 11 de abril); muestran que Venezuela corre un hondo peligro. Hay que prevenir un desenlace peor. El carácter maniqueo se ha ido recrudeciendo y se intentará hacer sucumbir todo aquello que se presente como oposición política o intelectual. Sin pecar de profetas desastrosos nos atrevemos a asegurar que esto se agravará mientras Chávez permanezca en el poder.
Si lo permitimos y no somos previsivos, a la postre Chávez se podrá convertir en el nuevo sacrosanto y pintoresco caudillo latinoamericano. Lo lamentable es que muchas otras vidas inocentes se perderán. La convivencia de la nación caerá en un estrepitoso riesgo. Al gobierno sólo le resta dinero y fuerza para mantenerse en el poder, ha perdido la legitimidad humana y democrática, si emplea ese dinero y esa fuerza para controlar el Estado, en Venezuela florecerán las peores miserias. Sangre, dinero y fuerza como mecanismos de control gubernamental son síntomas inequívocos de la deshumanización de una República. Hay que evitar la barbarie.
La mano en el pecho a la tiranía
El grupo de víctimas que solicitaron un investigación contra Chávez por delitos de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional no sólo lo hacen por las pérdidas irreparables que sufrieron la tarde del 11 de abril de 2002 cuando marchaban de manera democrática y pacífica hacia el Palacio de Miraflores para solicitarle la renuncia, sino también por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido los ciudadanos venezolanos en eventos sucesivos por razones exclusivamente políticas.
Esta denuncia de hacerse efectiva abre una ventana amplísima de posibilidades jurídicas al mundo civilizado. La historia del derecho penal internacional y la lucha por la salvaguarda de los Derechos Humanos de una población cambiarán por completo.
Hay que subrayar que quien comete un delito de Lesa Humanidad en alguna ocasión lo seguirá cometiendo en lo sucesivo mientras detente el poder. Sus prácticas siempre e inevitablemente serán opresivas. El terror estatal y el amedrentamiento buscarán hacer sucumbir a la población disidente hasta hacerles sentir miedo o apatía. Sus métodos se signarán por un desfile furioso de prácticas supresivas de la libertad y la dignidad humana.
Chávez, cuyo discurso inaugural en el ámbito político fue un escándalo de balas y de tanques la madrugada del 4 de febrero de 1992, que costó la vida de centenares de venezolanos, persistirá en imponernos por la vía de la fuerza y de la sangre derramada su "verdad", o mejor, parafraseando a Octavio Paz, su “ideocracia totalitaria”. Desde la presidencia seguirá actuando del mismo impositivo, tiránico y criminal. No hay que ser muy sesudos para comprenderlo. Es un razonamiento más que jurídico, psicológico. Chávez lo hizo, lo hace y lo hará por siempre mientras perdure en el poder. De hecho, de no haber sido por la crasa estupidez del ex presidente Caldera, que lo liberó de culpas por las muertes y sucesos insurreccionales de 1992, el teniente coronel Chávez todavía estaría cobrando condena. La vida de muchos venezolanos y la paz nacional no estarían corriendo el terrible peligro que desde la llegada del golpista al poder ha corrido. El riesgo permanece latente, hay que ponerle la mano en el pecho a la tiranía.
La biografía de la infamia
Es curiosa la semejanza en la biografía de autócratas como Hitler, Mussolini, Hussein, Castro, Gadafi, o Chávez. Todos ellas comprenden rasgos similares: aspiran a la conquista del poder a través del golpe de estado (algunos son encarcelados por ello y luego irresponsable y neciamente indultados como Hitler, Castro o Chávez); crean órganos paramilitares de persecución política; intentan refundar el Estado a través de nuevas constituciones cuando asumen la presidencia; utilizan la guerra psicológica como mecanismo de control ciudadano; son rodeados por psiquiatras (manipuladores mentales de profesión) en el ejercicio del poder; sus países terminan devastados después de su tránsito gubernamental. La llaga que legan al alma nacional de sus países es legendaria y en ocasiones incurable.
Lesa humanidad
Chávez posee todos y cada uno de los atributos que el Estatuto de Roma establece como rasgos característicos de un criminal de lesa humanidad: instigador, promotor, encubridor y ejecutor de violaciones sistemáticas y generalizadas a los Derechos Humanos de la población civil por razones políticas. De ahí que el fatídico 11 de abril, fecha paradigma, como acontecimiento criminal no pueda quedar impune, aun a pesar de que la fecha en que aconteció el hecho haya sido previa a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (11 de julio de 2002). Esto no es excusa para que la fatalidad conceda impunidad a su actor principal. Además de que estos delitos son imprescriptibles, su principal ejecutor, Hugo Chávez Frías, permanece en el poder, y, desde él, continúa amenazando y completando crímenes semejantes. Es lo que los especialistas en derecho penal denominan “delito continuado”.
El espíritu de la iniciativa judicial contra el régimen chavista en el recién creado Tribunal Penal Internacional de La Haya no sólo aspira a que se castiguen los delitos ya cometidos, sino prevenir a toda costa que estos crímenes sigan cometiéndose al punto de un peor lamento histórico.
Aunque se entiende que acusar a Chávez de lesa humanidad puede resultar polémico y para muchos jurisconsultos, a pesar de las decenas de muertos y los miles de heridos, hasta excesivo, dado que una comparación entre éste y Milosevic mitiga el argumento o, al menos, lo descalifica ante la opinión pública mundial, se comete un error si no se hace. Hay que interpretar y valorar la razón del ser del Estatuto de Roma: la prevención. El Estatuto jamás especifica el número de asesinatos necesarios para que la persecución política de un régimen se convierta en Lesa Humanidad. Habla en singular, de un solo asesinato, incluso, cabría la posibilidad de que éste no sucediera según la norma, bastaría la agresión física o psicológica. He ahí el dilema que en su evaluación debe favorecer siempre la vida humana y no el tecnicismo jurídico. El tema es delicado y pone el dedo en el centro de la llaga de una posible indefinición legal: la gravedad del delito. Sin embargo, insistimos, en ninguna parte se ventila la cantidad de sangre derramada necesaria para interpretar la magnitud de este tipo de crimen. Es inobjetable que el legislador pretendía prevenir una barbaridad criminal, no padecerla. Entendemos que para el momento de escrito el presente ensayo (principios de 2004), a dos años de entrada en vigencia del Estatuto y a poco menos de un año de instaurado el Tribunal Penal Internacional, todavía el argumento es novedoso. Sin embargo, la urgencia histórica venezolana nos impele a desnudarnos de prejuicios para dar un salto al futuro jurídico de la humanidad. La experiencia venezolana es una oportunidad inmejorable para prevenir a tiempo peores desenlaces criminales y un mayor derramamiento de sangre.
No se pretende, por los momentos, hacer una escandalosa analogía criminal entre Chávez, Milosevic o Hitler. Sería restarle seriedad al argumento, incluso, banalizarlo. También es cierto que ningún tiranuelo latinoamericano puede ser comparado con aquéllos. Sin embargo, tropicalizado, si se puede señalar que Chávez conduce a Venezuela hacia el mismo camino devastador que otras experiencias autocráticas latinoamericanas han causado. Imaginemos que las tiranías europeas o las latinoamericanas en algún momento temprano hubiesen podido ser detectadas, prevenidas y perseguidas como criminales. Con la aparición del Estatuto de Roma, en los albores del siglo XXI, el hombre cuenta con la herramienta política y jurídica para hacerlo.
Ya en la Audiencia Nacional en España el juez Andréu determino que la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela ameritan una investigación por parte del Tribunal Penal Internacional, la sentencia firme es un remanso de claridad en medio de la tormenta política venezolana. En su dictamen, el juez pudo establecer que no había méritos para enjuiciar a Chávez en España y dejar hasta ahí los argumentos. No lo hizo. Solicitó, en cambio, la apertura de una investigación en La Haya. La historia del derecho penal internacional cambió ese día. Hay esperanza.
No se necesitan mil muertos
Venezuela está al borde de un colapso civil cuyo instigador fundamental es Chávez, iniciar un juicio contra él puede que detenga la espiral de violencia. El beneficiario último de esto sería la gran familia humana. Insistimos, no se trata de hacer del tiranuelo adolescente, Hugo Chávez Frías, un Milosevic, o mejor, un Trujillo, un Gómez o un Castro, se intenta prevenir que lo sea. Sus violaciones a los Derechos Humanos por razones políticas son perfectamente tipificables dentro de la calificación de Lesa Humanidad, y, aunque reconocemos que por los momentos son notoriamente menores a otras inolvidables experiencias históricas de lesiones a la humanidad, no cabe ninguna duda que representan esos crímenes y que seguramente se intensificarán si no son perseguidos de inmediato.
Sería una crasa irresponsabilidad no respaldar el argumento de la prevención en el caso venezolano. Además de ser una tesis humanista, es legalista. El Estatuto de Roma, como se dijo antes, la enmarca en su normativa cuando menciona el grado de “tentativa” entre las responsabilidades delictivas.
En otras áreas de estudio del hombre como la sociología, la filosofía y la historia el argumento se hace impecable. Los filósofos del derecho seguramente tendrán mejores y más puntuales reflexiones que las que aquí se ofrecen para lograr una interpretación acertada del tema, su real dimensión humanista. No obstante, nos atrevemos a sugerir que no basta con interpretar la letra de la ley (que en este caso respalda perfectamente el argumento), sino que hay interpretar su espíritu y motivación, que en el caso del Estatuto de Roma son prevenir y castigar los peores crímenes que la humanidad puede conocer como genero. No necesitamos mil, cien mil o un millón de muertos para determinar una acción criminal de este tipo. Necesitamos “uno” como sabiamente lo expresa el Estatuto de Roma. Después de la primera muerte, otras vidas pueden ser salvadas si se detecta el tipo de delito a tiempo. En Venezuela ya no son pocas las muertes, desde el 4 de febrero de 1992 son varias las centenas de muertos por motivos políticos. No se banaliza cuando se acusa de lesa humanidad al régimen chavista, se previene, y, en el peor de los casos, siempre será mejor “banalizar” que perder más vidas inocentes.
He ahí el humanismo…
Después de la creación del Estatuto no hará falta la desfachatez y el horror, una vez identificada la tipología del crimen, comprobado el carácter generalizado de los delitos y su sistematicidad, se inicia la advertencia y se activa el derecho positivo para impedir que se agraven en cantidad y calidad. Si no fuese de este modo, entonces, ¿para qué existirían las leyes sino para contener la barbarie?
Hay que encarar los retos que la historia ofrece. Este juicio es uno. Venezuela y Latinoamérica no perdonarían su descuido. Para algunos, en términos jurídicos, con el caso “Chávez” puede que sea intrascendental, esos “algunos” de seguro no son los padres ni las madres de aquellos que desde el 4 de febrero de 1992 triste e inútilmente han perdido a sus hijos. Hay que ser consistentes con los criterios que protegen a la humanidad. El objetivo último es la libertad y la vida…, la vida de aquellos hombres y mujeres que añoran vivir en paz.
La ley es la poesía de los pueblos, el canto que nos narra su memoria heroica. El Estatuto de Roma, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es eso y es más, es un coro a un tiempo unitario y universal que intenta proteger la libertad y la vida humana. Pretende prevenir a la humanidad del hombre, o más bien, del que ha dejado de serlo…
Venezuela vive una epilepsia histórica: se atraganta o se descalabra, la aspiración es que sea la ley quien defina su destino, no las balas ni los tanques.
En el Estatuto de Roma está la respuesta al acertijo venezolano. Prevengamos, no lamentemos: he ahí el humanismo…