República Bolivariana de Venezuela

Embajada en Austria

Misión Permanente ante la O.N.U., Viena

Viena, 1ro de Abril de 2004.

 Mag. Heinz Patzelt

Secretario General

Amnistía Internacional Austria

Moreinggasse 10

A-1150 Wien

Estimado Señor Heinz Patzelt:

Le escribo en un intento de aclarar cualquier duda que Usted y/o la organización que Usted representa puedan tener con relación la verdadera situación política y particularmente, con respecto al tema de los Derechos Humanos en nuestro país. Hemos tomado esta iniciativa debido a nuestra convicción de que la información presentada en la pagina Web, llamando a una “Acción Urgente” en Venezuela presenta un sesgo hacia la oposición y no toma en consideración las evidencias y antecedentes históricos que existen detrás de los hechos.

Primero que nada, quisiera agradecerle su interés y preocupación por la situación actual de mi país y en segundo lugar, asegurarle que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está tomando todas las medidas  para garantizar los Derechos Humanos de todos los venezolanos,  tal como esta establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

En cuanto a su preocupación acerca del uso excesivo de fuerza para controlar a manifestantes pacíficos, el cumplimiento del debido proceso en aquellos casos en que hubo detenciones y la necesidad de juicios imparciales acerca de las circunstancias en las que las fuerzas de seguridad y los manifestantes se confrontaron, llevando a la muerte de nueve personas, por favor acepte mi mas alta aseveración de que sus preocupaciones son las mismas que las de nuestro gobierno.

El tema de los Derechos Humanos es de gran importancia en este momento en nuestro país debido al riesgo potencial de convertirlo en un instrumento de manipulación política. Esta afirmación responde al  hecho cierto e indiscutible que por mas de cuarenta años de “democracia”, hubo en nuestro país violaciones flagrantes de los Derechos Humanos, caracterizados por una política de represión sistemática que ha sido sumamente difícil de erradicar. En las cuatro décadas previas al gobierno actual, miles de personas desaparecieron, incluyendo jóvenes y mujeres, mientras que otros fueron detenidos o torturados por manifestar su desacuerdo con los gobiernos de turno o por expresar libremente sus ideas de lo que pensaban podía ser un mejor país. Masacres crueles e infames como Yumare, Cantaura y El Amparo (conocidas por el nombre de lo poblados donde ocurrieron) en las que cientos de venezolanos fueron masacrados o “desaparecidos” sin explicación, y sin que se siguiera un proceso legal que permitiera a sus familiares conocer sus paraderos o recibir algún tipo de compensación.

Durante los días 27 y 28 de Febrero de 1989, miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas y otros pueblos cercanos, para protestar la aplicación de reformas económicas impopulares que habían sido recientemente introducidas por el gobierno de turno, siendo objeto de una represión brutal que produjo más de mil muertos, debido a que el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas, el uso de armamento de guerra contra civiles (mayoritariamente pobres y desempleados), que protestaban de manera espontánea en una revuelta popular. Miles desaparecieron y fueron enterrados en fosas comunes. Muchos aun hoy no han sido encontrados.

En esos años era común ver que en Venezuela las protestas estudiantiles eran reprimidas con el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad: Muchos eran asesinados o severamente heridos y nunca un alto funcionario de gobierno o el Ejercito parecía preocuparse, dando una visión distorsionada de los hechos a través de los principales medios de comunicación. Hay mucha evidencia de estos hechos que puede ser rastreada mediante una investigación sistemática de los periódicos de aquellos días.

Estas son solo algunos de los ejemplos más relevantes de lo que era la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Ninguno de los que hoy pretenden mostrarse como defensores de estos principios sagrados hicieron visible su condena a los hechos entonces e incluso, algunos estuvieron directamente involucrados o fueron cómplices de la aplicación de medidas antidemocráticas, represivas, violadoras de los Derechos Humanos. Como un simple recordatorio de esta afirmación, que engloba toda una filosofía  aplicada de manera sistemática por mas de cuarenta años, es bueno mencionar la infame frase de Romulo Betancourt, el líder de Acción Democrática (uno de los dos partidos políticos que dominaban el escenario político en el pasado) cuando instruyó a los cuerpos de seguridad del Estado para que “disparen primero y averigüen después”.

De esta manera, a fin de proveer evidencias indiscutibles e irrefutables acerca de la situación venezolana, permítame explicar de la manera más breve posible, el complejo proceso que actualmente se desarrolla en la República Bolivariana de Venezuela.

         En 1998, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue democráticamente electo por la gran mayoría de los votantes, seguido de la inmediata aprobación de un Asamblea Constituyente que sentó las bases para la redacción de la que ha sido considerada como una de las constituciones más progresistas y avanzadas del mundo, particularmente en materia de Derechos Humanos. Una vez escrita, la Constitución fue aprobada en un referéndum en Diciembre de 1999 dando paso a un corto proceso de transición política, en el que la mayoría de los cargos de elección fueron re-legitimados, inclusive la Presidencia. En este proceso el Presidente Chávez fue nuevamente electo por una mayoría de venezolanos en agosto del año 2000.

         Desde entonces, el gobierno del presidente Chávez ha implementado exitosos programas sociales que están beneficiando a millones de venezolanos en las áreas de salud, educación e infraestructura, y ha promovido el más alto nivel de participación política conocido por los venezolanos en los últimos cuarenta años. Bajo la administración del presidente Chávez, La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha visto revitalizada y la industria petrolera ha resurgido en producción y crecimiento. Se ha logrado establecer un precio justo del petróleo. Venezuela ha pagado una porción substancial de su deuda externa y se ha logrado el equilibrio macroeconómico caracterizado por los más altos niveles de Reservas Internacionales en la historia del país. Hasta la introducción en febrero pasado de un sistema de control de cambio, como consecuencia del saboteo a la industria petrolera, Venezuela disfrutaba de uno de los sistemas de convertibilidad cambiaria más flexibles del mundo.

El Presidente Chávez ha promovido y fomentado la promulgación de leyes en las áreas de Derechos Indígenas y contra la discriminación, tal como están contempladas en la nueva constitución, y ha implementado políticas sociales de salud y educación mas avanzadas que aquellas de algunos países desarrollados.

         Lamentablemente, inclusive desde antes de su elección, el Presidente Chávez ha encontrado una fuerte oposición debido a su negativa de doblegarse a las exigencias de aquellos que durante cuatro décadas mantuvieron el control político y económico en nuestro país.

         Debemos recordar que el presidente Chávez fue secuestrado y sobrevivió a un Golpe de Estado en Abril del 2002,  que fue ejecutado y apoyado por los intereses de los grupos de oposición, con apoyo evidente de naciones extranjeras, que lograron su salida del gobierno por un período breve. Fueron estos grupos de oposición, agrupados en la llamada “Coordinadora democrática” que procedieron a disolver, con un simple decreto, todas las instituciones democráticas venezolanas, tales como el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, La Constitución misma y todas las leyes que recientemente habían sido aprobadas y que estos grupos considera que atentan contra sus propios intereses. Durante las cortas 48 horas que duró esta dictadura, los Derechos Humanos de miles de venezolanos fueron violentados. Al menos 50 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad represivas y acciones públicamente televisadas, en las que diputados y ministros fueron arrestados. Hubo masiva represión en contra de los/las ciudadanos que salieron a las calles a manifestar el secuestro de su presidente. De manera sospechosa y extraña, duramente esos días, ninguno de los grupos o personas que actualmente defienden los Derechos Humanos escribió una sola carta al gobierno o a esta Embajada.

Mas tarde, en Diciembre del 2002, los mismos grupos de oposición liderizados por la “Coordinadora Democrática”, La Cámara de Industriales y Comercio (Fedecámaras) y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) con una directiva  ilegitima, todos participantes en el intento fallido de derrocar por la fuerza las instituciones democráticas, promovieron y apoyaron un “paro” patronal que fue seguido y apoyado por un grupo elitesco de altos gerentes de la industria petrolera nacional. Por más de 60 días, los venezolanos sufrieron las consecuencias de una amplia gama de actos irracionales de saboteo, perpetrado por profesionales de la industria petrolera, que incluyó operaciones altamente costosas y acciones terroristas, que condujeron al cierre de refinerías y complejos de distribución de gas y petróleo. Como resultados de todo ello, la nación perdió más de diez millardos de dólares (US$ 10.000), poniendo en riesgo la vida de millones de venezolanos que se vieron afectados y expuestos a un gran riesgo de manera irresponsable. La distribución de alimentos, medicinas, gas domestico y otros productos básicos se vió afectada. Una vez más, los Derechos Humanos de millones de venezolanos fueron evidentemente violentados y ni nuestro gobierno ni esta  Embajada recibió ningún tipo de comunicaciones, cartas u otro tipo de expresión de preocupación por la situación.

Desde sus comienzos el Gobierno venezolano ha resaltado la importancia de contar con una oposición política honesta, pacífica y racional, que pueda actuar de acuerdo al marco jurídico establecido en nuestra constitución, la primera en toda nuestra historia democrática que ha sido aprobada por el voto popular. Sin embargo, ha sido solo después de dos grandes derrotas en sus intentos por destituir un gobierno legítimamente constituido, a través del uso de la violencia y la fuerza, inmensas fuentes de recursos extranjeros y el poder de los medios de comunicación, que la Coordinadora Democrática pareciera haber aceptado los principios constitucionales ya establecidos desde 1999 y decidió que era el momento de activar la petición o solicitud de un Referéndum Revocatorio contra el presidente Chávez. Este proceso inédito y único en nuestra historia fue introducido por el propio presidente Chávez, debido a su convicción de establecer una Democracia participativa en Venezuela y no solo representativa.

         De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo cargo de elección popular es sujeto de revocatoria una vez que se ha cumplido la mitad del término para el cual fue electo. Para su activación, los partidos interesados deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar la petición debe ser sometida ante el Consejo Nacional Electoral acompañado por las firmas de no menos de 20% de los electores registrados.

         El periodo de transición política posterior a la aprobación de la nueva constitución (1999) requería la aprobación de un marco legal que estableciera la creación de un Consejo Nacional Electoral independiente. La  interrupción del proceso constitucional, marcado por el aberrante intento de eliminar las instituciones democráticas en Abril del 2002, y la posición obstruccionista de la “Coordinadora Democrática” en la Asamblea Nacional, condujo a un estancamiento de la misma que no permitió la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral mediante  la mayoría calificada (2/3) de los votos requeridos por la constitución.  Este asunto fue  resuelto por al Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus facultades constitucionales, al designar  los 5 directores y a sus suplentes oficiales del organismos en Noviembre del 2003. Todos las partes, tanto el Gobierno como la “Coordinadora Democrática” aprobaron esa decisión y reconocieron al nuevo CNE como el árbitro legítimo para supervisar y regular el proceso refrendario.

         Paralelamente al trabajo de elaborar normas y reglamentos para regir este proceso único y excepcional, nunca antes hecho en nuestro país, el nuevo Consejo Nacional Electoral debió enfrentar la decisión de aceptar o descartar un proceso de recolección de firmas que había sido previamente introducido. El Consejo Nacional Electoral también acepto la presencia de observadores internacionales tales como el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos y decidió que el Comité Técnico de Revisión de las firmas estuviera conformado por miembros de la oposición y del gobierno en proporción del 50% respectivamente. A finales de Noviembre e inicio de Diciembre del 2003, tanto representantes del gobierno como de la oposición introdujeron 62 peticiones para Referendos revocatorios para diferentes oficiales electos incluyendo al Presidente Chávez.

         El Consejo Nacional Electoral estableció un periodo de revisión de las firmas para posteriormente informar al país si procedía o no el referéndum. Sin embargo, los resultados preliminares revelaron la posibilidad de un fraude masivo en la recolección de firmas por parte de la oposición. Esto debido a la aparición de firmas de personas fallecidas, extranjeros, menores de edad y votantes no registrados. Hubo además casos de miembros de la Fuerza Armada, del Tribunal Supremo de Justicia e incluso personalidades ampliamente conocidas en el país que aparecieron  firmando. Las complejidades asociadas con el proceso hicieron que la verificación se prolongara más de lo previsto y ya a finales de febrero la tensión política comenzó a crecer nuevamente, estimulada por la presión mediática.

En medio de estas circunstancias el gobierno venezolano decidió continuar con los planes para realizar la décimo segunda reunión de Jefes de Estado del Grupo de los 15. De cuerdo a la convención de Viena y a fin de garantizar la seguridad de los representantes internacionales y líderes presentes en la región, se estableció un área de seguridad en los alrededores del lugar donde se realizó la reunión. A pesar de los múltiples llamados hechos por el gobierno para convencer a la oposición de desistir de sus planes, los grupos opositores decidieron continuar con la organización de una marcha de protesta a lo largo de Caracas, que incluía los alrededores del lugar donde se realizaba la reunión. La marcha y la demostración no contaban con los permisos legales requeridos para acercarse al lugar de la reunión. Sin embargo, los organizadores decidieron continuar adelante sin contar con los requeridos permisos en conformidad con los estándares establecidos y además, con una actitud de  confrontación y violencia, buscando así atraer la atención de los medios de comunicación internacional, con el propósito presionar a las autoridades electorales para que aprobaran la realización del referéndum contra el presidente bajo cualquier circunstancia.

Durante las demostraciones, pequeños grupos de personas, incluyendo lideres de la oposición, trataron de sobrepasar los limites de seguridad establecidos utilizando medios violentos en contra de las fuerzas de seguridad y atacaron a los miembros del la Guardia Nacional utilizando incluso armas de fuego, promoviendo el aumento de la tensión entre los demás asistentes lo cual desencadenó enfrentamientos violentos. La confrontación continuó a lo largo del cinturón de seguridad mientras los manifestantes atacaron con piedras, bombas Molotov, cohetes caseros y de armas de fuego. Para evitar males mayores la Guardia Nacional trató de dispersar a los manifestantes utilizando bombas lacrimógenas y perdigones de goma. Numerosas personas resultaron heridas, incluyendo manifestantes, guardias nacionales y algunos periodistas.

Los líderes de Coordinadora Democrática y algunos alcaldes de la oposición con el apoyo amplio de los medios de comunicación privados, hicieron un llamado público al “desconocimiento de las autoridades legalmente establecidas” y a la “desobediencia civil” invitando a la población general a revelarse y manifestar de manera violenta su desacuerdo con las políticas del gobierno nacional. Para esto promovieron la aplicación de una nueva estrategia denominada por ellos “Plan Guarimba”.

Esta ultima e irresponsable forma de demostración consiste en la manipulación de la ansiedad del publico al crear el caos en las urbanizaciones y zonas residenciales fundamentalmente de la clase media, al bloquear el acceso a las áreas residenciales con carros, camiones, incendiando basura o cauchos, de manera de no permitir la entrada o salida de los residentes inclusive en casos de emergencia. Mediante  la quema de cauchos y basura, cerraron el acceso a autopistas y otras vías importantes de circulación, destruyendo de manera violenta la infraestructura pública en plazas principales del  la ciudad y otros lugares públicos, generando perdidas cuantiosas en bienes públicos.

Una vez que los miembros de los cuerpo seguridad acudían al llamado de los afectados por estas manifestaciones (muchas personas sufrieron asfixia y les fue negado el acceso dentro y fuera de sus casas), el orden era reinstaurado. Los manifestantes se escondían en sus casas para así evitar ser aprehendidos, detenidos y juzgados.

Esta forma flagrante de violación masiva de Derechos Humanos no ha sido condenada por los defensores de los derechos Humanos y esta Embajada tampoco ha recibido ninguna queja o denuncia de la misma.

            Mas tarde, en esos días los servicios de inteligencia militar arrestaron a varias personas al ser encontradas portando armas de fuego ilegales y municiones o mientras de manera flagrante quemaban cauchos o participaron en otro tipo de manifestación violenta con el objetivo de crear caos en las zonas residenciales de la capital, afectando los derechos civiles de las mayorías.

            Tal como se lo manifestamos anteriormente, el gobierno venezolano ha insistido en que ninguno de  las personas arrestadas son “detenidos políticos” y de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el Fiscal General de la Nación, todos serán sometidos a un proceso legal justo e imparcial. La mayoría de estar personas ha sido acusada con cargos por destrucción de infraestructura pública y han sido aprehendidas actuando de manera flagrante. Con relación a las muertes, el defensor del Pueblo recientemente emitió un informe (25-03-04) en el que se demostraba que ninguna de las muertes ocurridas se produjo con armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad del estado.

Es de mucho interés para nuestro Gobierno, el que Venezuela pueda enrumbarse por un camino pacífico hacia la construcción de un estado de derecho y justicia, donde todos sus ciudadanos puedan tener acceso a los beneficios provenientes de sus riquezas naturales, y donde la participación social y política sea orientada por los principios Bolivarianos de Justicia, equidad y solidaridad.

Quisiera concluir esta carta con una invitación a nuestra Misión en Viena con el objetivo de continuar conversando acerca de otros resultados obtenidos por las reformas gubernamentales tales como: 1.5 millones de niños asistiendo a escuelas publicas y recibiendo tres comidas diarias, mas de un millón de nuevos  adultos alfabetizados; 1.5 millones de nuevas personas con acceso a agua potable; indígenas teniendo acceso a sus tierras y a la educación bilingüe; dos millones de hectáreas de tierra siendo distribuida entre pequeños agricultores; mujeres jefas de familia (mas de 60% de los hogares venezolanos) siendo priorizadas en la distribución de tierras y micro créditos; subsidios alimentarios para las mujeres embarazadas; el recientemente creado Banco del Desarrollo de la Mujer el cual provee micro créditos a bajos intereses para ayudar a las familias mas pobres que quieren formar cooperativas u otra forma de asociación productiva; una Fuerza Armada incorporada a las labores sociales tales como distribución de alimentos y construcción de viviendas de interés social; personas en las zonas mas pobres recibiendo por primera vez atención primaria en salud en sus comunidades a través del programa desarrollado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social con cooperación de médicos cubanos y hasta el momento mas de un millón de personas atendidas.

Estas son las iniciativas que están cambiando de manera definitiva las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos  y contribuyendo a garantizar los Derechos Humanos fundamentales tal  como lo establece las Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente,

Gustavo Marquez Marín

Embajador