Discurso del Defensor del Pueblo ante la Comisión de DDHH de la ONU, en su 60 período de sesiones (Ginebra, 14 de abril de 2004)
Señoras y señores.
En esta oportunidad he querido hacer ante ustedes una breve radiografía de la realidad por la que está atravesando mi país, y que tiene importantes implicaciones para los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos.
Como ustedes saben, mi país vive un proceso de cambios, previstos en la nueva Constitución nacional, que se está desarrollando con aciertos y errores. Esta situación ha generado incertidumbre y fricciones; ha generado también apoyos y oposiciones.
Es lógico que se impulsen cambios en un país como Venezuela, y es lógico también que haya grupos y personas que se opongan a ellos, sobretodo cuando se trata, para algunos, de la pérdida de privilegios.
Hablamos de un país profundamente desigual, entre los más desiguales del mundo. Donde la propiedad de la tierra y de los medios de producción ha estado históricamente en muy pocas manos. Un país con grandes riquezas naturales, entre ellas, reservas petroleras que se encuentran entre las más grandes del planeta, pero con una mayoría de población pobre. Aún permanece más del 80% de la población venezolana en condiciones de pobreza, mientras el país trata de superar una larga tradición de impunidad e injusticias.
Este proceso de cambios, con grandes apoyos y una oposición activa, ha hecho de Venezuela una sociedad altamente polarizada. El discurso del cambio, contrastado con el discurso de quienes se oponen a él, han producido la radicalización de las posiciones entre uno y otro sector.
El debate se salió de sus espacios políticos de confrontación democrática, como la Asamblea Nacional. Hoy la confrontación política ocupa todos los espacios, inclusive los cuarteles e incluye a los militares, a los medios de comunicación y a las iglesias.
Esto ha significado además que el debate político haya permeado también el discurso de los derechos humanos, así como lo ha hecho con el discurso religioso, el académico, el artístico y el económico. Esto implica que cada persona, en cada espacio de su cotidianidad, se vea constantemente impulsada y a veces obligada a tomar posición por uno u otro bando.
Ha medida que esta situación se ha ido haciendo más compleja, ya los sectores de la confrontación no solo son nacionales. Hoy en día, además de existir un grupo de países amigos de Venezuela, que han puesto sus buenos oficios para servir de facilitadores en el diálogo interno del país; también se tienen evidencias de injerencias indebidas de la primera potencia militar del mundo.
En el ejercicio de esta presión sobre la población han tenido especial relevancia los medios de comunicación social, quienes abusando de su extraordinario poder e incumpliendo las regulaciones legales son actores principales en la confrontación.
Este enfrentamiento discursivo ha propiciado enfrentamientos físicos y hechos de violencia.
Desde el año 2001, constantemente se hacen llamados a la rebelión, a desconocer la autoridad y, subrepticiamente, a golpes de Estado.
En este escenario, que ya dura tres años, se han debilitado las instituciones. Pues, estas no están diseñadas para los requerimientos de una confrontación tan prolongada. Las instituciones democráticas están organizadas para funcionar en condiciones de paz y tolerancia, y hoy viven un proceso de reconversión para actuar en este marco de conflictividad.
Importantes sectores le piden a las instituciones que cooperen con la rebelión, y cuando no se obtiene esa colaboración se las desconoce, hostiga, asedia e intimida. Toda actuación institucional que no apunte en esa dirección es descalificada.
Con estas acciones se pretende desinstitucionalizar al país para invocar la anarquía. La supuesta inoperancia de las instituciones es el argumento que se utiliza para llamar a la población al desconocimiento del orden democrático. Así, contradictoriamente, se promueve el golpe de Estado como vía para reinstalar una supuesta democracia perdida.
Los sectores que apoyan esta salida de fuerza a la crisis, no calculan las consecuencias que tienen ahora y tendrán en el futuro los llamados a la intolerancia, al odio y a la violencia.
Este escenario es tremendamente perjudicial para el respeto a los derechos humanos, en especial para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales; la violencia, las manifestaciones, las paralizaciones, los ataques a la economía, han generado graves dificultades económicas para la mayoría de la población, así como grandes deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos de salud y educación; ya sea por falta de recursos, o porque los servicios han sido paralizados como medida de presión política insurreccional contra el gobierno.
Desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, la violencia ha sido la gran consecuencia de la crisis. En estos días se están cumpliendo dos años del golpe de Estado del 11 de abril, durante el cual fue derogada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fueron disueltos todos los poderes públicos y desconocidos todos los cargos de elección popular.
El último episodio de violencia se vivió a finales de febrero de este año, cuando por un anuncio hecho por el Poder Electoral, se aupó nuevamente una acción de rebelión contra las instituciones democráticas. El saldo más grave fue de 9 personas fallecidas en distintas partes del país, por enfrentamientos entre manifestantes, transeúntes y fuerzas del orden público. Además, se observó que procurando garantizar la seguridad, la fuerza pública practicó tratos crueles e inhumanos contra los manifestantes.
Nuestra institución ha realizado tras cada uno de estos acontecimientos, informes e investigaciones que han buscado aclarar los hechos y brindar recomendaciones para evitar que estas situaciones se repitan y para que sus responsables sean sancionados.
Estimamos que es fundamental que a nivel internacional se envíen mensajes claros hacia Venezuela sobre la necesidad de que la crisis sea superada por vías legales, pacíficas, democráticas y electorales. No debe haber dudas en el sistema universal sobre la necesidad de que la democracia sea preservada en nuestro país. Cualquier mensaje confuso puede ser utilizado para justificar una salida violenta.
También será fundamental brindar apoyo a las instituciones venezolanas para que tengan herramientas para enfrentar la crisis y el ataque constante del que son víctimas. Es indispensable lograr que el hostigamiento a las instituciones cese, para que existan condiciones para una solución en el marco constitucional y éstas puedan desarrollar eficazmente sus actividades.
No tenemos otro país, sólo existe una Venezuela, que abriga a los que buscan cambiar y los que se oponen a los cambios. Y es el compromiso de nuestra institución hacer todos los esfuerzos para lograr que esta crisis sea superada en un marco de respeto a todas las posiciones. El mensaje es y será el apoyo a la legalidad, a la tolerancia, a la pluralidad en la diversidad. Estamos convencidos que sólo en democracia y con instituciones de protección, vigilancia y defensa de los derechos humanos, es posible fortalecer la institucionalidad y garantizar la vigencia de los derechos.
Muchas gracias.
http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?id=1327&plantilla=8