Américas
La prensa víctima de la inestabilidad política
El continente americano continúa siendo una tierra de contrastes para la libertad de prensa. Generalmente respetada, se escarnece diariamente en Cuba, Colombia o Haití. En varios países, la prensa ha tenido que hacer frente a un recrudecimiento de la violencia, a menudo relacionado con situaciones de crisis política, en ocasiones virulenta, como es el caso de Bolivia. En el conjunto del continente se necesitan todavía reformas legislativas, para garantizar una total libertad de prensa.
En Cuba, el presidente Fidel Castro intentó acabar con la disidencia efectuando una amplia redada en sus filas. 75 disidentes fueron detenidos por “actos contra el Estado”. Entre ellos, 27 periodistas independientes entre los que se encuentra el más eminente, Raúl Rivero. ¿Su crimen? Publicar artículos en el extranjero y entrevistarse con diplomáticos norteamericanos. ¿Sus armas? Máquinas describir y plumas embargadas en sus domicilios. Al final de unos procesos expeditivos, en los que se escarneció el derecho a la defensa, fueron condenados a penas que van de 14 a 27 años de cárcel. Desde entonces, a los colegas que permanecen libres se les amenaza con ir a reunirse con ellos. Aunque esa oleada de detenciones desencadenó la reprobación internacional, ha consolidado el monopolio estatal de la información.
También en Haití sigue siendo extremadamente preocupante la situación de la libertad de prensa. El presidente Jean-Bertrand Aristide optó por la estrategia de la impunidad para imponer el terror entre sus contradictores, en cuya primera fila se encuentran los periodistas. De esta forma, nunca se ha castigado a los asesinos de dos periodistas, que murieron en 2000 y 2001. En 2003, los “chiméres”, delincuentes reclutados por el poder en los suburbios para ejecutar sus fechorías, amenazaron o agredieron a una cuarentena de periodistas. Al final del año, la multiplicación de manifestaciones reclamando la dimisión del presidente Aristide fue acompañada por un aumento de ataques contra la prensa.
Con cinco periodistas muertos en Colombia en 2003, el país sigue siendo el más peligroso de la región, para la profesión. A cuatro periodistas les mataron después de que denunciaran casos de corrupción o fraudes en los que estaban implicados algunos cargos locales, e incluso la complicidad de éstos con grupos armados, paramilitares de extrema derecha o guerrillas comunistas, que controlan o se disputan regiones enteras. En ellas, sometidas a sus constantes presiones y a las del ejército, las redacciones ya no se atreven a informar. Amenazas, agresiones, secuestros, asesinatos, siguen siendo el pan nuestro de cada día de los periodistas. Por otra parte, el gobierno de Alvaro Uribe aparece cada vez más como una potencial amenaza para la prensa, desde la aprobación de un estatuto antiterrorista, que cuestiona el secreto de las fuentes.
En Estados Unidos, la actitud de la administración del presidente Bus respecto a la libertad de prensa difiere, según su acción se inscriba en territorio norteamericano, o fuera de sus fronteras. En el primer caso, la situación sigue siendo globalmente satisfactoria. En cambio, el ejército norteamericano fue el responsable de la muerte de cinco periodista en Iraq, y sigue controlándose estrechamente el trabajo de los periodistas que acuden a la prisión de Guantánamo (Cuba), donde están detenidos los sospechosos de terrorismo.
Al menos a otros tres profesionales de la prensa les mataron en el ejercicio de sus funciones en Brasil (2) y Guatemala (1). Si, en Colombia, la impunidad explica ampliamente la repetición de los asesinatos, año tras año, en Brasil, Costa Rica y México, unas investigaciones serias desembocaron en la detención de sospechosos, e incluso en procesos. En Chile y Perú, se reabrieron algunas investigaciones sobre casos antiguos. Sin embargo, esos notables progresos siguen siendo frágiles. En Argentina, a los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas se les ha aplicado una importante reducción de condena, ciertamente legal pero incomprensible en relación con el traumatismo que provocó la ejecución del periodista en 1997. En Brasil, el asesino de un periodista se ha beneficiado de una sorprendente puesta en libertad, solo tres meses después de ser condenado a 18 años de cárcel.
En varios países latinoamericanos la prensa paga el precio de la inestabilidad política. En Bolivia, y en menor medida en Perú, fue víctima del clima de contestación. Durante la represión de las revueltas que llevaron a la dimisión del presidente boliviano Sánchez de Lozada, fueron atacados o amenazados varios medios de comunicación y periodistas, principalmente por las fuerzas del orden. En Guatemala, la campaña de las elecciones presidenciales estuvo acompañada de una multiplicación de agresiones contra periodistas –uno de los cuales perdió la vida-, relacionadas esencialmente con la controvertida candidatura del ex dictador José Efraín Ríos Montt. En Ecuador, el presidente Lucio Gutiérrez, en lugar de responder a las acusaciones de que un narcotraficante le financió la campaña, prefirió amenazar al diario El Comercio, que fue quien lo reveló, con denunciarle.
Una vez más, se constata una diferencia entre la prensa nacional, que tiene gran poder y no padece presiones importantes, y la prensa local o regional, que continúa en conflicto con cargos locales, funcionarios o policías, que no aceptan la crítica. En México, Argentina o Perú, la mayoría de los ataques estuvieron dirigidos contra los medios de comunicación locales. En Brasil, uno de los dos periodistas muertos trabajaba para una radio de una ciudad en el noreste del país. Desgraciadamente, la prensa nacional no siempre se muestra solidaria con sus colegas de la prensa regional y , en ocasiones, pasan desapercibidos esos atentados a la libertad de prensa.
La situación en Venezuela sigue siendo muy particular. Se registraron más de 80 casos de agresiones o amenazas a periodistas, en general al final de la gran huelga contra el presidente Hugo Chávez, en enero y febrero. Aunque la mayor parte son imputables a los partidarios del Presidente, que denunciaban que los grandes medios habían tomado partido por el antichavismo, algunos ataques fueron dirigidos contra medios progubernamentales. No se llevaron a cabo las numerosas amenazas proferidas por el gobierno contra la prensa, después de la huelga de la oposición, y la situación de la libertad de prensa recuperó al final del año una precaria estabilidad.
Las legislaciones de varios países reflejan todavía un proceso inacabado de democratización. En Panamá, en Chile, en Ecuador, hay leyes que todavía protegen “el honor” de funcionarios y cargos electos, a pesar de una declaración aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclama su supresión. En Costa Rica, la prensa denuncia el efecto inhibidor del código penal, que entre otras cosas sanciona la simple reproducción de palabras ofensivas. En la República Dominicana detuvieron a tres periodistas, por criticar al presidente Mejía. Éste, candidato a sucederse a sí mismo en 2004, parece que ha metido mano en el mayor grupo privado de prensa, aprovechando la quiebra de su propietario.
Por otra parte, permanece amenazado el secreto de las fuentes, tanto en América del Sur como en América del Norte. En Paraguay o en Chile, se ha citado a periodistas para que confiesen sus fuentes. En Estados Unidos, los jueces amenazan con encarcelar, por “desacato al tribunal”, a quienes se niegan a revelar la identidad de sus informadores. Finalmente, en Canadá, la policía sigue considerando a los periodistas como “auxiliares de la justicia”, y pide ordenes de registro para incautarse, en las redacciones, de las imágenes que considera aprovechables para sus investigaciones.
Régis Bourgeat, responsable de Américas de Reporteros sin Fronteras
Para más información, país por país: www.rsf.org