REPORTE DE REPORTEROS SIN FRONTERAS SOBRE VENEZUELA 2003
Venezuela
Superficie: 910.050 km2.
Población: 25.226.000.
Idioma: español.
Naturaleza del Estado: república federal.
Jefe del Estado y del gobierno: Hugo Chávez
Frías.
Los medios
de comunicación continúan marcados por una
fuerte polarización entre pro y anti-Chávez.
Tras un comienzo del año marcado por numerosas
agresiones de reporteros y nuevas amenazas,
esgrimidas por el gobierno contra la prensa,
la situación de la libertad de prensa se fue
estabilizando poco a poco.
El año 2003 empezó mal para la
libertad de prensa. La mayoría de las sesenta
y cinco agresiones de periodistas censadas
durante el año se produjeron durante la huelga
general, convocada en diciembre de 2002 por la
oposición, que finalizó en febrero de 2003. La
huelga iba dirigida a forzar la dimisión del
presidente Hugo Chávez. Las agresiones, que se
produjeron durante algunas de las
manifestaciones antigubernamentales que
acompañaron a la huelga, iban dirigidas sobre
todo a los reporteros de la prensa privada, y
generalmente se imputaron a los partidarios
del Presidente, descontentos con los ataques a
Chávez de los grandes medios de comunicación.
En efecto, éstos tomaron parte activa en la
movilización, en ocasiones incluso con
infracciones deontológicas. En ese clima,
extremadamente polarizado, algunos periodistas
de la prensa progubernamental, con un discurso
igualmente radical, fueron a su vez agredidos
por simpatizantes de la oposición.
Al final de la huelga se adoptaron algunas
medidas administrativas y legislativas, como
respuesta a los actos de violencia. Cuando
estuvo claro que la huelga había fracasado, el
gobierno multiplicó los ataques y las
presiones contra la prensa: apertura de
procedimientos administrativos contra cinco
canales de televisión por "incitación a la
rebelión", amenazas de sanciones fiscales,
amenaza de instrumentalizar el control de
cambios, adopción de una ley de
"responsabilidad social" de los medios de
comunicación... Entre otras cosas, ésta última
establece sanciones para la difusión de
mensajes que "promuevan, apologicen o inciten
al irrespeto de las instituciones y
autoridades legítimas". Las sanciones las
establecerá una comisión, en la que el poder
nombrará a ocho de los once miembros.
A fecha 1 de enero de 2004, la ley no había
sido aprobada (todavía debía someterse a una
votación, en segunda lectura), y no se habían
llevado a la práctica las numerosas amenazas
esgrimidas por el presidente Chávez, después
de la huelga general. Durante el año 2003 la
tensión fue decayendo poco a poco. Se
produjeron algunos incidentes, dirigidos
también contra medios de comunicación
progubernamentales. Así, el local del canal
comunitario Catia TV
se cerró en julio, por orden del alcalde
metropolitano de Caracas, Alfredo Peña
(oposición), y el 1 de enero de 2004 todavía
no se había reabierto, a pesar de las promesas
de la alcaldía. Por otra parte, el Tribunal
Supremo de Justicia ratificó algunas
disposiciones del código penal que establecen
actuaciones penales para los delitos de
"desacato" a funcionarios, o a instituciones
estatales. Varios medios de comunicación
privados, críticos con el presidente Chávez,
fueron el blanco de intentos de atentados. Los
explosivos, de escasa potencia, se
desactivaron a tiempo.
En el plano político, el gobierno y la
oposición parecen haber salido del
estancamiento. El desenlace sería la
organización de referendums que, según la
Constitución, permiten exigir a cualquier
cargo electo que dimita, a mitad del mandato.
La convocatoria de esas votaciones requiere
que un 20% de los electores inscritos firmen
una petición, exigiendo su celebración. Así
pues, en noviembre y diciembre, gobierno y
oposición se lanzaron a grandes campañas de
recogida de firmas, con la esperanza de
conseguir el cese de los elegidos en el campo
adverso, incluido el del Presidente.
La falta de incidentes mayores contra la
prensa, en esas recogidas de firmas, demuestra
que existe una calma real. Antes de esas
campañas de peticiones, la prensa pública y
los medios privados llegaron incluso a
comprometerse ante el Centro Carter, la
fundación del ex presidente de Estados Unidos
que ha jugado un papel de mediador entre el
gobierno y la oposición, a dar una cobertura
equilibrada del acontecimiento.
Después, las firmas recogidas las tiene que
validar el Consejo Nacional Electoral (CNE),
reconocido por ambas partes. Sin embargo, el
anuncio anticipado de una victoria política,
efectuado por los dos campos, quizá prefigura
una nueva crisis política. Hugo Chávez ya ha
acusado a la oposición de "fraude masivo".
Teniendo en cuenta la fuerte polarización de
los medios de comunicación, la libertad de
prensa podría pasar entonces por una nueva
crisis.
Encarcelado
un colaborador de los medios de comunicación
El 23 de enero de 2003 fue detenido
un técnico de las oficinas del canal de
televisión
Venevisión en Isla Margarita
(Estado de Nueva Esparta), por haber
interferido en la retransmisión de una
"cadena" (expropiación de la antena de los
medios audiovisuales) del presidente Chávez,
durante 90 segundos. Igor Aránzazu
explicó que un error de manipulación le llevó
a emitir el sonido de una manifestación de la
oposición sobre las imágenes de la alocución
presidencial. Amenazado con cuatro años de
cárcel por interrumpir el programa "con dolo",
quedó en libertad un mes más tarde.
Detenido un
periodista
El 22 de enero de 2003, Fernando Malvé,
fotógrafo del diario 2001,
fue detenido por el servicio de seguridad del
palacio presidencial, por tomar fotos de la
verja levantada delante del edificio. Estuvo
encarcelado durante algunas horas, y le
obligaron a cancelar las fotos en su cámara
digital.
Al menos
sesenta y dos periodistas agredidos
El 2 de enero de 2003, Elsy Barrios,
del diario
Impacto, fue insultada y
atropellada mientras cubría la ocupación de un
campo de pozos de petróleo, por partidarios
del presidente Chávez, en Anaco (Estado de
Anzoátegui, Noreste). La periodista se vio
obligada a abandonar el lugar.
El 3 de enero, Sandra Blanco
del canal de televisión CMT, y
su equipo de reportajes, fueron agredidos
mientras cubrían una manifestación de la
coalición de la oposición Coordinadora
Democrática, en Caracas. Unos partidarios de
Hugo Chávez les tiraron piedras, obligando a
los periodistas a retirarse.
El 3 de enero, Carla Angola,
del canal
Globovisión, fue agredida e
insultada ante las cámaras, cuando entrevista
a unos partidarios del presidente Chávez que
se manifestaban en Caracas. El mismo día, Jorge Labrador,
del canal
Televén, fue agredido por otros
simpatizantes del Presidente, que le
insultaron y le tiraron piedras.
El 4 de enero, unos partidarios del gobierno
golpearon a
Antonio Barroso, camarógrafo del
canal de televisión CMT,
delante de la sede de la fiscalía general, en
Caracas. El periodista fue conducido de
urgencia al hospital, le robaron el material.
Dos días más tarde, en otra manifestación ante
la fiscalía general, fue insultada y
atropellada una periodista de otro equipo de CMT.
El 6 de enero, en Barquisimeto (Estado de
Lara, Noroeste), unos simpatizantes del MVR
(en el poder) agredieron a Verioska Velasco
y Luis Mata,
del canal regional Promar TV,
lanzándoles piedras y objetos punzantes,
cuando cubrían una manifestación de la
oposición. En la misma manifestación golpearon
en la cabeza al fotógrafo Samuel Sotomayor,
del canal
RCTV.
El 7 de enero, unos supuestos simpatizantes
del presidente Chávez agredieron, en la ciudad
de Anaco,
Estado de Anzoátegui (a
unos 400 km. al este de Caracas), a Mauricio Cabal,
Rubén Brito y Marcos Martínez,
del canal
Venevisión. Unos individuos
rodearon su vehículo insultándoles y
amenazándoles, y después se encarnizaron con
el carro, con barras y piedras. El equipo
quería investigar una supuesta fuga de
petróleo en una fábrica de la sociedad pública
petrolera (PDVSA). Según Mauricio Cabal, un
militar que estaba en el lugar de los hechos,
no intervino.
El 7 de enero, unos individuos en un camión
lanzaron ladrillos en dirección a la
periodista
Katerina Caripá y el camarógrafo Miguel López,
del canal
Telecentro, en Barquisimeto (Estado
de Lara, Noroeste), y les llamaron mentirosos.
El 7 de enero, unos partidarios del gobierno
atacaron el vehículo del canal Puertovisión,
con ayuda de barras de hierro y piedras, en la
autopista de Puerto Cabello (Estado de
Carabobo, oeste de Caracas). El reportero Humberto Ambrosino
y el camarógrafo José Soler
volvían de entrevistas a unos representantes
de la empresa pública petrolera PDVSA, en
huelga como protesta contra la política del
Presidente.
El 8 de enero, Javier Gutiérrez,
del diario
El Regional, fue golpeado mientras
cubría unos enfrentamientos entre
manifestantes y fuerzas del orden, en los
alrededores de una fábrica de la empresa
pública petrolera PDVSA, en Tía Juana (estado
de Zulia, Noroeste). Le confiscaron la cámara,
que le fue devuelta algunos días más tarde. Al
día siguiente, en una manifestación de la
oposición en la misma ciudad unos militares,
que destruyeron su cámara, pegaron
violentamente a Rafael Gómez Torres,
del mismo diario.
El 9 de enero, partidarios de Hugo Chávez
insultaron y golpearon a Víctor Serra,
del canal
Televén, cuando cubría una
manifestación en Mérida (Estado de Mérida,
Oeste). Denunciaban su presencia y la
cobertura que su emisora daba a los
acontecimientos.
El 10 de enero, unos policías de Nueva Esparta
(Estado de Nueva Esparta, Norte), pegaron
violentamente a Juan José Acosta
Rodríguez, del programa "Mas allá
de la Noticia", emitido por el canal regional Telecaribe.
El periodista se acercó a ellos para contarles
que le habían amenazado otros agentes,
mientras cubría la manifestación. Entonces los
policías le persiguieron en un carro, y uno de
ellos golpeó al periodista, mientras otro le
amenazaba con un revólver.
El 13 de enero resultó herido por balas de
goma, en las rodillas y las piernas, Héctor Castillo,
fotógrafo del diario El Mundo,
cuando cubría una manifestación de la
oposición en Caracas. La policía lanzó gases
lacrimógenos y disparó pelotas de goma sobre
la multitud, cuando unos manifestantes
intentaron forzar un cordón en torno a un
lugar, considerado zona militar.
El 14 de enero, en Caracas, unos individuos
motorizados y enmascarados atacaron una marcha
de la oposición, y a un equipo de periodistas
de Televén
que cubría la manifestación. Arrojaron
proyectiles y objetos incendiarios contra el
vehículo del medio, que se incendió. Unos
militares de la Guardia Nacional observaron la
escena, sin intervenir.
El 14 de enero, Juan Carlos Toro,
del canal
Televén, y su equipo, fueron
agredidos por simpatizantes del presidente
Chávez, en Caracas. El equipo, instalado en un
inmueble para grabar una manifestación de la
oposición, fue el blanco de numerosos
proyectiles.
El 16 de enero, John Merchán,
Carlos Pérez y el técnico Carlos Castro,
del canal
Televén, cubrían una manifestación
en Caracas cuando les amenazaron, e intentaron
robarles la antena, unos partidarios del
presidente Chávez. Al técnico le atacaron los
agresores, que empujaron a los periodistas
cuando intentaban ayudarle.
El 18 de enero, cuando cubrían una
manifestación de la oposición en Maracay, Alfredo Morales
y Carlos
Lathosesky, de TVS,
canal regional del Estado de Aragua (Norte),
fueron agredidos por unos simpatizantes del
presidente Chávez, que usaron el cable
arrancado del micro de los periodistas, para
pegarles. Intervinieron unos policías, para
dispersar a los manifestantes, y escoltar a
Alfredo Morales y Carlos Lathosesky hasta su
vehículo.
El 20 de enero, Ricardo Matheus
y el fotógrafo César Muro,
del diario
2001, fueron agredidos por unos
partidarios de Chávez, mientras cubrían una
manifestación de la oposición en Charallave, a
50 km. al sudeste de Caracas. Ricardo Matheus
recibió, entre otras cosas, pedradas. Robaron
los teléfonos móviles de los dos periodistas,
así como la cámara de fotos de César Muro.
El 22 de enero, el reportero Jorge Labrador
y el camarógrafo Franklin Molina,
del canal de televisión Televén,
fueron amenazados por un desconocido con un
arma de fuego, cuando estaban localizando en
el barrio de Los Frailes, en Catia (oeste de
Caracas). El individuo disparó al aire para
intimidar a los periodistas, y obligarles a
marcharse del lugar.
El 28 de enero, Janeth Carrasquilla,
corresponsal del canal Globovisión
en San Carlos (Estado de Cojedes, Noroeste),
fue agredida e insultada mientras cubría la
ceremonia de condecoración del general de la
Guardia Nacional Luis Felipe Acosta Carles.
Unos partidarios del gobierno confiscaron el
micrófono de la periodista.
El 28 de enero, en Maracay (Aragua), Anahis Cruz Filo,
del canal
RCTV, declaró haber sido agredida,
insultada y amenazada con arma de fuego, por
un soldado de la guarnición de Maracay.
El 2 de febrero, Maite Moreno
y Narka
Moreno, del canal comunitario Catia TV,
fueron agredidas en Caracas, durante una
recogida de firmas organizada por la
oposición. Los medios comunitarios,
gestionados por algunas comunidades de
habitantes, normalmente a escala de barrio, se
han desarrollado netamente desde la llegada al
poder de Chávez y de que, en agosto de 2000,
se aprobara la Ley de telecomunicaciones, que
permitió su legalización. Normalmente su línea
es cercana al gobierno.
El 2 de febrero, unos supuestos simpatizantes
de Hugo Chávez, enmascarados, prendieron fuego
a un vehículo del canal de televisión CMT, en
el centro de la ciudad de Caracas, durante los
enfrentamientos con miembros de la oposición.
Poco antes, al periodista Rafael Fuenmayor,
al camarógrafo Carlos Delgado
y a su ayudante Vladimir Bataglini,
les robaron objetos personales y el material
de trabajo.
El 2 de febrero, Elsy Barrios,
del diario
Impacto, fue agredida por unos
partidarios del presidente Chávez en Anaco
(Estado de Anzoátegui, Noreste), mientras
cubría la ocupación que estaban efectuando de
un campo de pozos de petróleo.
El 2 de febrero, en Maracay (Estado de Nueva
Esparta, Norte), medio centenar de partidarios
del presidente Chávez lanzaron piedras sobre
un vehículo del canal Telecaribe,
en el que se encontraban el reportero Jackson Faría
y el camarógrafo Juan José Acosta
Rodríguez. Unos individuos, que
intentaban quitarles la cámara, pegaron a los
periodistas.
El 4 de febrero, Angel Véliz,
fotógrafo del diario Impacto,
con sede en Anaco (Estado de Anzoátegui,
Noreste), fue golpeado por unos simpatizantes
del Presidente, que intentaban robarle el
material, mientras cubría los enfrentamientos
entre huelguistas de la industria petrolera y
partidarios del gobierno. No intervino la
Guardia Nacional que, sin embargo, estaba
presente. Angel Véliz precisa que un militar
le sujetó mientras le pegaban. En el
transcurso de esa manifestación también fueron
agredidos los periodistas Víctor Arias,
del diario
Impacto, Daniel Olivares
y Moreiba
Castellanos, del diario El Tiempo,
y Milinse
Castellanos, de Radio Orbita.
El 5 de febrero, en la ciudad de Puerto Cruz
(a 300 km. al este de Caracas), Gabriela Díaz
y el fotógrafo José Ramón Chicho
Bello, del diario El Tiempo,
estuvieron retenidos durante más de una hora
por unos estudiantes simpatizantes del
presidente Chávez. Los periodistas se negaron
a entregarles un carrete de fotos tomadas
durante los enfrentamientos entre profesores y
estudiantes, de las dos tendencias. Fueron
liberados tras la intervención de la fiscalía
y un agente del Defensor del Pueblo
(Ombudsman). Finalmente revelaron la película
en presencia de los estudiantes, que querían
asegurarse de que las fotos no eran
comprometedoras.
El 5 de febrero, Charmiant Corado
y su equipo del canal Televén
fueron agredidos en Valencia, en la localidad
de Yagua (Estado de Carabobo, oeste de
Caracas), tras haber grabado unos incidentes
que se produjeron a la entrada de una fábrica
de refinado en manos de trabajadores
interinos, contratados por el gobierno para
romper una huelga de la oposición. Una
camioneta y una veintena de individuos
bloquearon al equipo de televisión, y le
quitaron la grabación de vídeo. Se apoderaron
igualmente del teléfono móvil de Corado,
rompieron un cristal del vehículo y golpearon
al ayudante del camarógrafo.
El 21 de febrero en Caracas, unos sesenta
militantes de la oposición interceptaron un
vehículo de la Agencia France-Presse.
Al grito de "Ustedes son franceses, ustedes
son [del
diario francés]
Le Monde,
ustedes están con Chávez", sacudieron el
vehículo y impidieron salir a sus ocupantes. A
finales de diciembre de 2002 Le Monde
publicó un editorial, según el cual los
partidarios de la oposición "nunca han
soportado que un pequeño oficial, salido del
pueblo y mestizo de indio, venga a perturbar
el juego de una clase dirigente, de tradición
oligárquica".
El 11 de abril, en Caracas, un grupo de
manifestantes de la oposición rodeó el
vehículo de
Junior Pinto y Henry Rodríguez,
del canal público Venezolana de
Televisión, con ocasión del primer
aniversario de las manifestaciones del 11 de
abril de 2002, que causaron varias víctimas y
concluyeron con un intento de golpe de Estado.
Los manifestantes rompieron los cristales del
vehículo, mientras proferían insultos y
amenazas contra los periodistas, obligándoles
a retirarse.
El 1 de mayo, Juan Carlos Amado,
camarógrafo de la asociación Comunidad de
Trabajos de Investigación (COTRAIN), fue
agredido en el centro de Caracas, cuando
grababa un enfrentamiento entre opositores y
simpatizantes de Hugo Chávez, durante una
manifestación. El camarógrafo, al que la
multitud acusaba de trabajar para el gobierno,
fue violentamente golpeado por un miembro del
partido de oposición Primero Justicia. Le
rompieron el material.
El 2 de mayo, un grupo de militantes del
partido Patria para Todos (PTT, miembro de la
coalición gubernamental), insultó y amenazó a Roberto Giusti,
de Radio
Caracas Radio, delante de los
locales de la emisora, en Caracas. Acusaban al
periodista, que también trabaja para el diario El Universal,
de ser responsable de la muerte de Jorge
Nieves, líder del PTT en la región de
Guasdalito, fronteriza con Colombia. Roberto
Giusti había acusado a Jorge Nieves de aliado
de la guerrilla colombiana, que presuntamente
está presente en la región.
El 27 de junio, durante el programa "La
entrevista", emitido por el canal Televén, Marta Colomina
contó que aquella misma mañana había sido
víctima de un intento de atentado con cóctel
Molotov. Según la periodista, cuando se
dirigía a la sede de la emisora en Caracas,
dos vehículos intentaron interceptar al suyo.
De uno de los vehículos habrían salido cuatro
hombres armados, y uno de ellos habría
arrojado un cóctel Molotov, que no llegó a
explotar, contra el automóvil de la
periodista.
El 10 de julio, Patricia Poleo
fue agredida cuando participaba en el programa
"Cuéntamelo todo", de la radio Barinas 880,
una emisora de la ciudad de Barinas (Estado de
Barinas, Oeste). Un grupo de simpatizantes del
presidente Hugo Chávez golpearon e insultaron
a la periodista y a los invitados del
programa, y después dañaron los locales de la
radio. Patricia Poleo es conocida como
ferviente opositora al presidente Chávez.
El 10 de julio agredieron violentamente a Tim Flores,
de la radio FM 103.5
en Puerto Ordaz (Estado de Bolívar, sudeste
del país), famoso por sus críticas del
presidente Hugo Chávez, y del gobernador del
Estado. Dos desconocidos se acercaron a su
carro, amenazándole con un arma; después le
sacaron del vehículo y le golpearon
brutalmente, amenazándole con represalias aun
mayores.
El 20 de agosto, Efraín Henriquez,
camarógrafo del canal Globovisión,
fue violentamente golpeado en la cara cuando
grababa una contra-manifestación, organizada
en Caracas por partidarios del presidente
Chávez. Se desconoce si su agresor, que
intentó robarle el material, era un
delincuente infiltrado en la concentración, o
se trataba de un contra-manifestante.
El 26 de septiembre, Rafael Leal,
ayudante de cámara del canal de televisión Venevisión,
fue detenido y luego golpeado por unos
miembros de la Guardia Nacional, en la
localidad de Punto Fijo (Noroeste). El
periodista estaba cubriendo la expulsión de
las viviendas oficiales de unos empleados de
la empresa petrolera pública PDVSA, despedidos
tras la huelga de diciembre 2002-febrero 2003.
El periodista quedó en libertad dos horas más
tarde, tras haberse visto obligado a firmar un
documento, certificando que había lanzado
piedras contra las fuerzas del orden, y que no
le habían maltratado durante su arresto.
El 3 de noviembre, Yamile Jiménez
y el camarógrafo Jesús Molina,
del canal
RCTV, fueron agredidos por un
agente de la DISIP, policía política, en un
hospital de la ciudad de San Antonio (Estado
de Tachira, Oeste). Los periodistas habían
llegado para informar del estado de salud de
un agente de la DISIP, herido a comienzos de
noviembre en un incidente. El agresor amenazó
con detenerles si no se iban del hospital.
Otros agentes de la DISIP; presentes en el
lugar, no intervinieron y criticaron el
trabajo de los periodistas en general.
El 28 de noviembre, Miguel Enrique
Otero, propietario del diario El Nacional
de Caracas, fue atacado por unos simpatizantes
del gobierno, que le arrojaron botellas y
objetos contundentes. El patrón de prensa se
encontraba cerca de la estación de metro
Carapita, al oeste de Caracas, donde servía de
guía a un grupo de corresponsales extranjeros,
llegados para cubrir la recogida de firmas
organizada por la oposición, para pedir un
referéndum sobre la dimisión del presidente
Chávez. Presente en el lugar, un equipo del
canal
Venevisión, dirigido por Gaudi Perozo,
también fue atacado y tuvo que abandonar el
lugar precipitadamente.
El 30 de noviembre, José Gil,
fotógrafo del diario local El Siglo,
y Anahis
Cruz, corresponsal regional del
canal de televisión RCTV,
fueron golpeados por unos simpatizantes del
gobierno, que cortaban el acceso al hospital
central de Maracay (a 120 kilómetros al oeste
de Caracas) a unos partidarios de la
oposición, llegados para recoger firmas de
personas hospitalizadas, para exigir un
referéndum sobre la dimisión del presidente
Chávez. A los periodistas les pegaron mientras
cubrían el incidente.
Tres
periodistas amenazados
El 19 de enero de 2003 dos
desconocidos entraron, mediante efracción, en
el domicilio en Caracas de Argenis Martínez,
vicepresidente del diario El Nacional,
y su esposa. Los dos individuos amenazaron a
la pareja y les ataron, mientras llamaban
"enemigo de Chávez" a Martínez. Antes de huir
con ayuda de un cómplice, los dos hombres
cogieron 100.000 bolívares (unos 65 euros).
El 19 de enero, unos partidarios del
presidente Chávez amenazaron a Adreína Mújica Añez,
fotógrafa del diario Ultimas Noticias,
cuando cubría una manifestación en la Avenida
Urdaneta de Caracas. Al día siguiente, de
nuevo fue amenazada por una mujer, que se
presentó como la esposa de un "tupamaro"
(grupo de extrema izquierda).
El 19 de septiembre, tres individuos
insultaron y amenazaron a Nilo Jiménez,
fotógrafo del diario El Tiempo
de Puerto La Cruz (Estado de Anzoátegui,
Noreste), cuando se encontraba en el barrio de
Razetti II, en Bolívar, para cubrir el
asesinato de un joven, del que acababan de
avisarle por teléfono. Los tres desconocidos
le acusaron de escribir mentiras, y le
amenazaron con sus armas. Uno de ellos tiró
una piedra sobre el vehículo del periodista,
cuando se disponía a marcharse.
Presiones y
trabas
A principios de 2003, la agencia
española de prensa EFE fue
víctima de dos avisos de bomba después de que Leopoldo Castillo,
presentador del programa "Aló Ciudadano"
emitido por el canal Globovisión
declarara que, según un despacho de la
agencia, las manifestaciones de la oposición
estaban dirigidas por "jerarcas". "EFE
nunca ha escrito eso", precisó Emilio Arroyo,
director de la oficina de EFE.
El 3 de enero, decenas de partidarios del
presidente Chávez desmontaron las
instalaciones de los canales Venevisión
y
Globovisión, en la Avenida Los
Próceres, de Caracas. Los dos canales iban a
cubrir una manifestación de la oposición,
prevista en esa avenida.
El 4 de enero, en Caracas, algunos
simpatizantes de la oposición se concentraron
delante de la sede de Radio Nacional de
Venezuela (RNV), la radio pública,
para protestar por su cobertura de los
acontecimientos, que consideraban parcial. Se
enfrentaron con algunos simpatizantes del
gobierno, que corrieron a defender la emisora.
Un desconocido, que circulaba en carro, abrió
fuego sobre los defensores de la radio,
causando un herido grave.
El 5 de enero, los canales Globovisión, RCTV,
Venevisión y Televén,
así como algunos periodistas críticos con Hugo
Chávez, recibieron un mensaje escrito y
grabado. En él se habla de un misterioso
"tribunal supremo de justicia popular", que
habría decretado pena de muerte para "todos
los periodistas, reporteros y comentaristas"
de los principales canales comerciales, por
"traición a la patria". Afirmaba que la
sentencia podría ejecutarla cualquier
ciudadano, cuando se encontrara con alguno de
los objetivos mencionados.
El 7 de enero, Isaías Rodríguez, Fiscal
General de la República, afirmó haber
presentado un recurso, ante un tribunal, para
obligar a los canales de televisión
comerciales opuestos al gobierno a cesar en su
cobertura continuada de la huelga general,
convocada por la oposición. La petición se
basaría en el supuesto peligro que la difusión
de las declaraciones e imágenes podría hacer
correr a los niños, privados de sus programas
habituales.
El 9 de enero, unos simpatizantes del
presidente Chávez le robaron la cámara de
fotos a
Antonio Rodríguez, del diario El Regional
en Zulia (Estado de Zulia, Noroeste). El
fotógrafo cubría una manifestación de la
oposición.
El 11 de enero se cerró la sala de prensa de
la sede de la policía judicial de Caracas,
después de que unos periodistas cubrieran la
rueda de prensa de un militar, miembro de un
grupo de oficiales que se habían proclamado en
"desobediencia legítima".
El 12 de enero, el presidente Chávez amenazó
con retirar la licencia de difusión a las
principales emisoras de radio y televisión.
Les acusaba de apoyar los esfuerzos de la
oposición para derrocar a su gobierno. Hugo
Chávez precisó que esos medios de comunicación
abusaban de su poder al no emitir más que
publicidad promocionando a la oposición y a la
huelga general, iniciada el 2 de diciembre de
2002. Según él, el gobierno no podía continuar
tolerando esa "propaganda de guerra".
El 13 de enero, tras una manifestación de la
coalición Coordinadora Democrática (oposición)
en El Tocuyo (Estado de Lara, Noroeste),
algunos partidarios del presidente Chávez
lanzaron piedras, botellas y cócteles Molotov
a los locales de Radio Contacto.
El 14 de enero, unos partidarios del
presidente Chávez causaron destrozos en el
hall de un inmueble y amenazaron a los
habitantes, por haber autorizado la
instalación de unos equipos de los canales Venevisión
y CMT,
destinados a cubrir una manifestación de la
oposición, que tenía lugar en Caracas.
El 20 de enero se informó a los canales Globovisión, RCTV
y Televén,
que el Ministerio de Infraestructuras (Minfra),
que gestiona la concesión de frecuencias, les
había abierto procedimientos administrativos.
El 30 de enero le llegó el turno a Televén;
después, el 5 de febrero, a Venevisión.
Se acusaba a esos canales de televisión de
incitar "a la rebelión o al irrespeto de las
instituciones y autoridades legítimas".
Igualmente se les acusaba de no respetar los
horarios de programación para niños, o de
incitar a cometer delitos, tales como no pagar
los impuestos. En general, los cargos estaban
basados en el contenido de algunos spots
políticos de la oposición, emitidos por los
canales. El Ministerio de Infraestructuras
tiene que pronunciarse sobre el caso. A los
canales podrían ponerles una multa,
suspenderles la programación, e incluso
revocarles la licencia. A fecha 1 de enero de
2004 no se había anunciado todavía la decisión
sobre el asunto.
El 21 de enero el gobierno suspendió la venta
de divisas. El 5 de febrero se instituyó un
control de cambios. A partir de entonces,
todas las operaciones de cambio tiene que
autorizarlas la Comisión de Administración de
Divisas (Cadivi), creada por las autoridades.
Al frente de ella, el presidente Chávez ha
nombrado a un capitán jubilado, que participó
junto a él en el fallido golpe de Estado de
febrero de 1992. El 4 de febrero, el jefe del
Estado previno que ya no habría "ni un dólar
más para los golpistas". La mayoría de los
periódicos y revistas, que importan el papel,
se sintieron amenazados. Sin embargo, a fecha
1 de enero de 2004 no se ha constatado ninguna
instrumentación de la medida, para cerrar un
medio de comunicación.
El 22 de enero se informó a Radio Coro 780 Am,
en el Estado de Falcón (noroeste del país),
que se le había abierto un recurso como
consecuencia de las faltas observadas durante
una inspección, efectuada el 30 de octubre de
2002. En la notificación se especifica que la
emisora dispone de diez días para volver a
poner en funcionamiento un equipo auxiliar de
transmisión, y presentar un proyecto técnico
ante la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel, entidad pública
encargada de regular las licencias concedidas
por el Estado). El director de la radio, José Jordán Flores,
estima que la presentación de un recurso es
"desproporcionada", puesto que la emisora
disponía de tiempo suficiente para adecuarse a
las peticiones provocadas por la inspección.
El 27 de enero, el diario El Nacional
revelaba que Jesús Romero
Anselmi, presidente del canal
público
VTV, había sido el blanco de un
concierto de cacerolas, la semana anterior, en
su domicilio. La intervención de la policía
terminó con el atropello. Ese tipo de
manifestaciones contra algunas personalidades,
consideradas cercanas al gobierno, se realiza
en restaurantes, aviones, estadios o delante
de las casas de las personas en cuestión.
El 28 de enero, a Luis Felipe Oviedo,
director de Radio Class,
le interceptaron unos militares de la Guardia
Nacional en San Carlos (Estado de Cojedes,
Noroeste). El periodista cubría una
manifestación de la oposición, cuando le
retuvieron durante dos horas en un vehículo
militar, antes de dejarle en libertad.
El 30 de enero, unos representantes del
consejo municipal de los derechos del niño y
el adolescente de Táchira (Oeste), intentaron
una acción contra la emisora Televisora
Regional del Táchira (TRT), por
haber retransmitido programas del canal Globovisión,
acusándola de no respetar las cuotas de
programas destinados a los niños.
El 4 de febrero se cerró la radio Amiga 105.7,
con sede en El Hatillo (Estado de Miranda,
Norte), por decisión de la Conatel y la DISIP
(policía política), por irregularidades
fiscales, lo que niegan los periodistas Roberto Martínez
y Adelso
Sandoval, directores de la emisora,
quienes afirman que al término de dos visitas
de inspección, ambos organismos estatales no
les notificaron nada. Precisan que el cierre
se produjo en el momento en que la emisora iba
a emitir un programa crítico de la Ley sobre
la Responsabilidad Social en Radio y
Televisión.
El 6 de febrero, un grupo de agentes de la
policía metropolitana, simpatizantes del
presidente Chávez, amenazaron con adoptar
medidas de fuerza contra algunos medios de
comunicación, si continuaban divulgando
informaciones sobre su movimiento disidente,
en el interior de la policía metropolitana, a
la que el gobierno considera como el brazo
armado de la oposición. La entrada en
disidencia de medio centenar de sus miembros
permitió al gobierno intervenir, y confiscar
todas las armas, antes del comienzo de la
huelga general.
El 10 de febrero, la Conatel conminó al canal Globovisión
a adecuarse a "la obligación de mantener un
mínimo de tres horas diarias de programación
especialmente dirigida a niños, niñas y
adolescentes entre las 3.00 pm y las 8.00 pm".
Hasta entonces Globovisión,
canal de información continua, nunca había
emitido programas infantiles, sin que por ello
le hicieran ninguna observación las
autoridades. Desde el 2 de diciembre de 2002,
cubría de manera continuada la huelga general
convocada por la oposición.
El 11 de febrero, como consecuencia de un
control fiscal iniciado en noviembre de 2001,
la Conatel exigió del canal Globovisión
el pago de 150 millones de bolívares (unos
96.000 euros), por no haber regulado cerca de
51,6 millones de bolívares (33.000 euros) de
impuestos. A esa suma se añadían 48,9 millones
de bolívares (31.000 euros) de intereses por
retrasos, y una multa de 55,2 millones de
bolívares (35.000 euros). "No le debemos ni un
bolívar a este gobiernito", declaró, como
reacción, Alberto Federico Ravell, director de Globovisión.
Según él, se trataba de una decisión política.
Antes del comienzo de la huelga, Hugo Chávez
anunció que varios medios de comunicación, de
los que no precisó el nombre, tenían
importantes deudas con el fisco.
El 11 de febrero, un vehículo del canal Venevisión,
estacionado delante de la Asamblea Nacional,
en Caracas, fue dañado por unos presuntos
partidarios del Presidente. En aquel momento,
un equipo del canal estaba cubriendo en
directo las discusiones de la Asamblea sobre
la Ley sobre la Responsabilidad Social en
Radio y Televisión.
El 11 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó,
en primera lectura, la Ley sobre la
Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Con la intención de adaptar la programación
audiovisual al público joven, esa ley
clasifica el lenguaje y las imágenes de
carácter violento y sexual en varias
categorías. Según su clasificación, las
imágenes se emitirán en una u otra de las tres
franjas horarias definidas por la ley. No
respetar las franjas horarias se castiga con
multas de distinta importancia, según que la
infracción sea "ligera", "media", "grave" o
"muy grave". Por otra parte, un artículo cuya
violación se considera "muy grave", prohíbe la
difusión de "contenidos que promuevan,
apologicen o inciten al irrespeto de las
instituciones y autoridades legítimas". La ley
establece para los medios culpables multas,
suspensión de la licencia e incluso su
retirada. Para vigilar su aplicación se creó
un Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRT).
A su cabeza, el consejo de dirección puede
poner multas, pero sigue siendo prerrogativa
del Ministro de las Infraestructuras la
suspensión o retirada de la licencia a un
medio de comunicación.. El INRT está compuesto
de once miembros: cinco nombrados por el
Presidente, tres por la Asamblea Nacional y
los tres últimos por unos "comités de usuarios
de radio y televisión" y los "productores
nacionales independientes", dos instituciones
destinadas a representar a la sociedad civil,
pero que hasta ahora no existían. A fecha 1 de
enero de 2004, la ley todavía no se ha
adoptado, de forma definitiva.
El 13 de febrero, el Servicio Nacional
Integrado de la Administración Fiscal (Seniat)
pidió al Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
que le proporcionara el nombre, número de
registro y dirección, así como algunas
informaciones (nombre, número del carnet de
identidad, dirección) de la totalidad de sus
miembros. El Seniat no dio ninguna explicación
acerca de los motivos de su demanda. Era la
primera vez que se hacía una petición así al
CNP, que frecuentemente ha denunciado los
atentados a la libertad de prensa, cometidos
por partidarios del gobierno.
A principios de marzo, el Seniat anunció la
apertura de una investigación sobre los
impuestos que adeudaban los canales de
televisión, por la emisión de spots políticos,
durante la huelga general. Entre otras cosas,
las investigaciones deberían establecer si la
difusión había sido gratuita. En ese caso, los
canales deberían pagar unos impuestos sobre
donaciones. En una conferencia de prensa,
Trino Alcides Díaz, responsable del Seniat,
negó cualquier "politización" de la gestión, y
precisó que después se extendería a los
periódicos y las radios.
El 11 de marzo, Ibéyise Pacheco,
directora del diario Así es la noticia,
cronista del diario El Nacional
y presentadora de un programa en la radio Kyss FM,
denunció que habían intentado detenerla. Según
la periodista, numerosos funcionarios de la
policía judicial (CICPC) y de la policía
política (DISIP) se presentaron ante la sede
de la radio en Caracas, para detenerla,
desplegando un arsenal desproporcionado para
ese tipo de intervenciones. Los agentes no
mostraron ninguna orden de detención.
El 14 de marzo, unos miembros de la guardia de
honor (cuerpo militar encargado de la
seguridad del Presidente) retuvieron durante
dos horas a
Milagros Rodríguez y Richard Pérez,
del canal
Telemundo, tras haber grabado el
palacio presidencial, en el marco de un
reportaje sobre la boda de la hija de Hugo
Chávez. Los servicios presidenciales les
confiscaron la cassette, por considerar
"estratégico" su contenido.
El 4 de abril el gobernador del Estado de
Aragua (Norte), Didalco Bolívar, dictó una
orden de detención contra Tulio Capriles
Hernández, director del diario El Siglo.
Le acusaba de publicar una publicidad de la
oposición, que presumiblemente incitaba al
delito. El gobernador ya denunció por
"difamación" al periodista, por publicar unos
reportajes, que le implicaban en unos
presuntos casos de negligencia y corrupción.
El 23 de abril, por iniciativa del Banco
Industrial de Venezuela (BIV), se efectuó un
embargo judicial del diario La Verdad
de Maracaibo (Estado de Zulia, Noroeste), por
retraso en el pago de una deuda contraída por
el periódico. Por su parte, el presidente de La Verdad, Juan Carlos Abudel,
habla de retos políticos.
El 24 de junio, los técnicos Juan Carlos Flores,
del canal
NC Televisión, Tauso Bautista,
de la emisora RCTV, Herbert Fernández,
del canal
Venevisión y Frank González,
de Unión
Radio, recibieron una citación de
la policía política, para declarar sobre el
presunto sabotaje de la retransmisión del un
desfile militar, con ocasión del 182º
aniversario de la independencia del país, en
la ciudad de Valencia (Norte). Las autoridades
están persuadidas de que las imágenes del
desfile fueron saboteadas voluntariamente, y
que no se trató de un fallo técnico.
El 4 de julio, un grupo de desconocidos entró
en los locales de radio comunitaria Perijanera 95.1 FM,
en Machiques (Estado de Zulia, Noroeste), y
robó algunos equipos radioeléctricos, y un
poste emisor. La emisora, que ya fue víctima
de un robo anteriormente, venía recibiendo
amenazas desde hacía cuatro años. Para Edy
Lugo, secretario de la fundación comunitaria "Perijanera",
el robo podría estar relacionado con algunas
personas cercanas a la alcaldía de Machiques y
al partido de la oposición Acción Democrática.
El 10 de julio, unos funcionarios de la
alcaldía de Caracas se presentaron en el
hospital de Lidice, que alberga el material de
transmisión del canal comunitario Catia TV.
En presencia de miembros de la policía
metropolitana, que depende de la alcaldía de
Caracas, procedieron al cierre del local donde
se encontraban las instalaciones del canal. La
radio cesó de emitir. Después de vivas
protestas nacionales e internacionales, la
alcaldía de Caracas se comprometió, el 18 de
julio, a restituir el local a Catia TV,
y presentó sus excusas a la emisora. A fecha 1
de enero de 2004, la promesa no se había
cumplido y la emisora no había reanudado su
programación.
El 15 de julio, el Tribunal Supremo de
Justicia ratificó varias disposiciones del
código penal, relativas a los delitos de
desacato. Rechazaba así un recurso presentado
en marzo de 2001, que sostenía que varios
artículos del código penal eran contrarios a
la Constitución, y al artículo 13 de la
Convención americana sobre derechos humanos,
que garantiza la "libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones". Algunos de esos
artículos incluyen disposiciones sobre el
delito de desacato, permitiendo sancionar
penalmente cualquier expresión ofensiva contra
funcionarios e instituciones estatales.
El 21 de julio explotó un paquete cerca de los
locales de
Unión Radio en Caracas,
desperdigando unos panfletos con amenazas a
los periodistas y los medios de comunicación,
firmados por un misterioso "Frente Bolivariano
de Liberación". La explosión, de escasa
potencia, no causó víctimas. Algunos de los
mensajes iban dirigidos a Marta Colomina,
periodista de Unión Radio
y del canal Televén,
conocida por su virulencia contra el
Presidente.
El 5 de agosto lanzaron un artefacto explosivo
contra los estudios de la Televisión
Regional del Táchira (TRT), en la
ciudad de San Cristóbal (frontera con
Colombia). El artefacto contenía panfletos
firmados por un misterioso Frente Urbano
Bolivariano, denunciando el "terrorismo
mediático". El incidente no causó daños ni
víctimas. Se abrió una investigación.
El 9 de agosto, un grupo de simpatizantes del
Presidente se manifestaron ante la sede de Globovisión,
en Caracas. Protestaban por la línea editorial
adoptada por el canal, y contra algunos
periodistas en particular, entre ellos el
presentador
Orlando Urdaneta. El grupo estaba
formado por miembros de dos organizaciones
cercanas al poder.
El 13 de agosto, unos miembros de la policía
de Barquisimeto (Estado de Lara, Noroeste)
detuvieron el vehículo de Miguel Henrique
Otero, director del diario El Nacional,
a la salida de una conferencia de prensa.
Quince policías armados obligaron al patrón de
la prensa, y a sus dos hijas, a salir del
carro, y lo registraron, así como las maletas
de los pasajeros, durante media hora. No
presentaron orden de registro, ni dieron
ninguna explicación. Según Miguel Henrique
Otero, se trató de un intento de
intimidación, por la postura mantenida por su
periódico.
El 24 de septiembre unos policías desactivaron
un artefacto explosivo de fabricación casera,
en la quinta planta de un inmueble de la
Avenida Urdaneta, de Caracas. En la cuarta
planta del edificio se encuentra la oficina
de la corresponsalía en la capital del diario El Carabobeño
(con sede en la ciudad de Valencia), mientras
que al otro lado de la calle está la redacción
del diario
El Universal. Ambos periódicos son
conocidos por su línea editorial, opuesta al
gobierno.
En la noche del 27 de septiembre, unos
desconocidos atacaron los estudios de la radio Horizonte 1260 AM,
situados en el Estado de Yaracuy (Norte).
Hacia las 3 de la mañana, decenas de personas
lanzaron piedras y botellas a las puertas y
ventanas de la radio, provocando importantes
daños. No existe ningún elemento que permita
identificar a los responsables del ataque. La
radio, que da igual cobertura al gobierno y a
la oposición, nunca había recibido amenazas.
El 3 de octubre, unos agentes de la Conatel se
presentaron en los locales de Globovisión,
para embargar el material de trasmisión que
permite al canal cubrir los acontecimientos en
directo. También embargaron unas antenas,
instaladas en las alturas de Caracas.
"[Existen] indicios que permiten presumir que
Globovisión ha hecho uso y explotación de
porciones del espectro radioeléctrico en
Caracas, sin permiso de Conatel", explicó el
director de ésta, Alvis Lezama. Para Alberto Federico
Ravell, director de Globovisión,
se trata "de un atentado contra la libertad de
expresión". Subraya que, al no poder cubrir
los acontecimiento en la calle, el canal solo
funciona a medias. El 9 de diciembre la
Conatel anunció que el canal tenía que pagar
una multa de 582 millones de bolívares (cerca
de 372.000 euros), y que el material embargado
permanecería confiscado. Una decisión
contestada por Globovisión,
que presentó un recurso ante el Tribunal
Supremo de Justicia.
En la noche del 3 al 4 de octubre lanzaron una
granada contra la sede de la Conatel,
provocando algunos daños materiales. Según
Jesé Chacón, Ministro de Información y ex
director de la Conatel, "fueron dos
motorizados en una moto blanca quienes se
desplazaron por la avenida, lanzaron la
granada, y huyeron". Para él, el atentado es
una respuesta al embargo que Conatel hizo la
víspera, del material de Globovisión.
Tras el embargo, se celebró una violenta
manifestación de protesta, delante de la sede
del organismo público.
El 11 de octubre por la mañana, cinco
individuos irrumpieron en los estudios de la
radio comunitaria Parroquiana 90.1
FM, en San José de Perijá, en la
comuna de Machiques (cerca de la frontera con
Colombia). Interrumpiendo la programación de
la radio, rompieron material y luego
amenazaron con prender fuego al estudio, antes
de atacar al presentador Antonio Bencomo,
y a la productora Luz Mely Morán,
que se encontraban en el lugar. Según Hersilia León,
directora de la radio, entre los cinco
agresores había dos responsables del partido
Acción Democrática (oposición). Según ella, la
emisora les había implicado en un caso de
utilización de unos autobuses de la alcaldía,
con fines personales.
El 13 de octubre, unos agentes de la DISIP
impidieron a los periodistas cubrir la
expulsión de unos ex empleados de la empresa
petrolera pública PDVSA, de su domicilio
oficial. Los policías prohibieron el acceso a
la zona residencial, situada en el recinto de
PDVSA. José
Sequea, corresponsal de los diarios El Progreso
y La
Prensa (publicados en el Estado de
Anzoátegui, Noreste), se vio interceptado
cuando consiguió pasar el control policial y
tomar fotos, con su cámara digital. Le
obligaron a cancelar las imágenes.
El 11 de diciembre no se pudo emitir el
programa radiofónico "Para estar al día", de
la radio
AM Mundial Zulia, en Maracaibo
(cerca de la frontera con Colombia),
presentado por Rafael Mejías.
Los partidarios del gobierno invadieron la
radio e impidieron el programa. El periodista
se había declarado partidario de un referendum
sobre la dimisión del Presidente. Por otra
parte, frecuentemente criticaba al alcalde de
la ciudad, cercano al partido en el poder.
Régis Bourgeat
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