Violación de DDHH, un campo de confrontación
política
La Coordinadora Democrática denuncia...
Gitanjali Suárez Sarmiento- Unión Radio
Las protestas que comenzaron el 27 de febrero y se
prolongaron durante la primera semana de marzo,
dejaron un saldo de 14 muertos, unas 410
detenciones, 1.758 lesionados con heridas producto
de los gases lacrimógenos y perdigonazos, 12
torturados, siete casos de desaparecidos, 25
periodistas agredidos y tres detenidos, y ya para
finales de abril la mayoría de los presos
políticos habían quedado en libertad.
La Coordinadora Democrática, además de encauzar la
lucha por la celebración del referendo
revocatorio, de mantener la presencia de la gente
en las calles, de librar batallas jurídicas en el
Tribunal Supremo de Justicia y conservar el ánimo
de sus seguidores, se enfrenta a la tarea de hacer
seguimiento a cada caso de violación de derechos
humanos, cumplir con los procedimientos internos
en las instituciones públicas, aun cuando no
confíe en la imparcialidad de las mismas, y
sustanciar un expediente que pueda llegar a los
organismos internacionales con la finalidad de
"quitar la máscara democrática" al gobierno de
Hugo Chávez.
En la alianza opositora funciona una comisión
jurídica a cargo de la abogada Delsa Solórzano, y
una comisión de derechos humanos que preside
Rafael Narváez. Ambos se han dedicado a tener
presencia en los medios de comunicación para
informar esta realidad.
Las imputaciones judiciales a los detenidos han
sido varias, se les acusa a algunos de porte
ilícito de armas, de instigar a la rebelión,
instigación a delinquir, detención ilegítima de
sustancias y artefactos explosivos y obstrucción
de vías públicas.
Se contabilizan 16 denuncias de víctimas que han
sido formalizadas ante el Ministerio Público, las
cuales esperarán por que se cumplan los lapsos del
proceso.
Que lo sepa el mundo
La oposición está convencida que las instituciones
públicas que deberían encargarse de estos casos
(Fiscalía General y Defensoría del Pueblo)
responden a los intereses del Poder Ejecutivo
dirigido por Hugo Chávez, por eso la CD se maneja
en dos escenarios: cumplir con el procedimiento
rutinario ante ambos organismos locales, pero
solicitar la ayuda de las instancias
internacionales.
En ese sentido se ha recurrido a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, órgano
adscrito a la Organización de Estados Americanos.
La Coordinadora alega que se violó la Carta
Democrática Interamericana a pesar de que el
Gobierno y la oposición firmaron un acuerdo el 29
de mayo de 2003, en el que se comprometían a
respetar las reglas del juego democrático.
En esta tónica de llevar el tema a todas las
instancias, la CD también se reunió con los
embajadores de distintos países acreditados en
Venezuela para exponer su visión en una
presentación audiovisual documentada sobre los
atropellos cometidos, muy contraria a la versión
que les dio el presidente Hugo Chávez el cinco de
marzo en una reunión en el Palacio de Miraflores,
que terminó transmitida en cadena de radio y
televisión.
Una de las mayores preocupaciones en el seno de la
CD es la impunidad, no pueden dejar de comparar el
que las violaciones de derechos humanos sucedidas
en el "27-F chavista" tengan la misma suerte que
los hechos del 11 de abril de 2002, en los que ni
se constituyó una comisión de la verdad imparcial,
ni se establecieron responsabilidades para las
altas autoridades.
El recurso al que apela la CD, mientras no tenga
respuesta de las autoridades nacionales, es
insistir en el mensaje que constantemente envía a
los causantes de estas transgresiones contra los
propios venezolanos. La Coordinadora le recuerda
al gobierno y a los miembros de los cuerpos de
seguridad que las responsabilidades penales son
individuales (aun cuando un soldado haya recibido
la orden de un oficial superior de disparar,
también es responsable de ese acto) y que los
crímenes no prescriben, lo que quiere decir que si
están amparados por el gobierno vigente, no están
exentos de ser investigados a posteriori.
La alianza opositora escogió el camino judicial
para denunciar estos casos, pero los opositores a
Chávez no dan un voto de confianza a los poderes
públicos. Ambos, dirigencia política y ciudadano
común, terminan inclinándose por una tercera vía:
la justicia internacional.
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