Violación de DDHH, un campo de confrontación política
El gobierno niega….
Gitanjali Suárez Sarmiento- Unión Radio

El 27 de febrero de este año, el presidente Hugo Chávez llevaba una atareada agenda de reuniones con varios mandatarios y delegados diplomáticos que acudían a la XII cumbre del G-15 en Caracas. A través de las cadenas de radio y televisión se le vio recibiendo a algunos invitados en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en actos solemnes en el Palacio de Miraflores, sesiones de fotos y jornadas de discusión en mesas de trabajo.

Pero, seguramente, también manejaba la agenda interna, para estar al tanto de lo que el componente Guardia Nacional de la Fuerza Armada Nacional se disponía a ejecutar al mediodía cuando se acercara la concentración opositora al lugar de encuentro de la cita mundial.

Ante las evidencias que muestra la Coordinadora Democrática sobre cifras de muertos, heridos, torturados, desaparecidos y presos políticos, la posición del Gobierno ha sido la de descalificar tales denuncias, defender los cuerpos policiales y a la Guardia Nacional y desmentir los hechos.

La vocería principal la ha ejercido el presidente Chávez. En el fragor de los acontecimientos, el 05 de marzo convocó al cuerpo diplomático al Palacio de Miraflores para decirles quiénes eran los verdaderos violentos: "los golpistas del 11 de abril y del paro de diciembre de 2002 que contaron con el apoyo de los medios de comunicación privados".

"Yo ratifico, en nombre del Gobierno, el respeto por los derechos humanos. Este no es un gobierno represivo, lo que hemos hecho en los últimos días ha sido por obligación. Pero ustedes saben que no es fácil, cuando hay gente disparando en la calle, tirando piedras, abriendo fuego contra la Guardia Nacional", explicó a los embajadores.

Insistió el presidente Chávez ese día que la campaña mediática nueva es la de señalar a su gobierno como violador de los derechos humanos, pero dejó pasar la siguiente afirmación: "Cada vez que sea necesario usar la fuerza pública, lo haremos con toda la contundencia que haga falta".

Era necesario el acercamiento a los diplomáticos, pues seguramente ya podía percibir los comentarios que allende fronteras se hacían del régimen, como el que días después publicará el periodista Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald: "La transformación de la imagen de Chávez lo convertirá en una figura más difícil de tolerar en Washington, América Latina y Europa, y en un blanco de críticas mucho más fácil para el Gobierno de Bush".

En sus sucesivos programas radiales Aló Presidente! ha negado que el gobierno vulnere los derechos humanos de sus adversarios y ha asegurado que, en caso contrario si llegara a existir evidencias, se castigaría a los militares que cometieron las agresiones.

Pero Chávez quiere escuchar nombres, quiere pruebas, y así lo dijo el domingo 14 de marzo desde la isla del Burro (un emblemático lugar que fue una cárcel de presos políticos): "Que me den los nombres de los desaparecidos, que traigan las pruebas de torturas, que prometo que serán castigados. Los invito a que muestren; no chillen (lloren) en Washington".

La oposición miente

El interlocutor político del actual gobierno es el vicepresidente José Vicente Rangel. Al respecto ha comentado que la oposición provocó los muertos y que los balances difundidos por la CD apelan a la mentira.

El 16 de marzo Rangel declaró lo siguiente: "Se dio al principio una cifra exorbitante de ciudadanos muertos, desafortunadamente los hubo, pero no en la magnitud en que señaló la oposición. Son nueve compatriotas fallecidos, pero que no fueron asesinados por la Guardia Nacional, como sostiene la oposición, la mayor parte fueron tiroteados por francotiradores con armas diferentes a las usadas por la fuerza pública y en sitios donde ni siquiera ésta estaba presente, hasta ahora no se ha podido acreditar un sólo caso de desaparecido, solamente se trata de informaciones de los medios de comunicación, que no han sido corroborados con la denuncia oficial respectiva, no hay ningún registro oficializado, bien sea de una víctima de tortura, bien de un familiar, como igual ocurre con los familiares de presuntos desaparecidos".

Afirmación que coincide con el informe que de los sucesos del 27-F entregó el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, a la Asamblea Nacional, donde se sostiene que murieron nueve personas y que no hay presos políticos en Venezuela.

Rangel y varios de los representantes del oficialismo agrupados en el Comando Ayacucho le criticaron a la oposición que se convirtiera en adalid de los derechos humanos en Venezuela cuando en el seno de la Coordinadora Democrática existen partidos políticos que fueron gobierno en décadas pasadas y tuvieron sonados casos de represión.

En la estrategia de reiterar que "la oposición es violenta", el gobierno insistió en que la anarquía que se vivió en Caracas esos días fue desatada por los contrarios a la administración de Chávez. En cambio, defendió la acción de la fuerza pública al decir que fue "la respuesta natural del Estado a un desbordamiento delictivo", al tiempo que criticó que las policías municipales de Chacao y Baruta (en el caso de Caracas) no intervinieran para calmar las protestas.

Al presidente del canal estatal Venezolana de Televisión, Vladimir Villegas, se le escuchó decir en la vorágine de esos días que "aquí quedó demostrado de dónde viene la violencia, por eso es que vale la fuerza de la verdad, porque ella se defiende sola". Aunque con cierto sonrojo reconoció los excesos policiales, pero no como parte de una política de Estado. Desmanes que no han podido ser evaluados en el seno de la Asamblea Nacional porque la mayoría que ostenta el oficialismo se ha negado aprobar la apertura de una investigación que conlleve a la creación de una comisión de la verdad.

La FAN espera por las denuncias

Como el tema de la represión de la Fuerza Armada Nacional le atañe directamente, el general en jefe y ministro de la Defensa, Jorge Luis García Carneiro, salió en resguardo de la actuación de los gendarmes. Para García se empleó la fuerza por "necesidad" y se respetó la vida e integridad física de los activistas.

En la misma línea de acción del vicepresidente Rangel, el titular del despacho castrense dijo: "Si no hay acusaciones formales, lamentablemente nosotros no podemos actuar. Si alguna persona en particular quiere formular una denuncia sobre violación de derechos humanos, se puede sentir en la completa libertad de hacerlo. El Estado le ofrece garantías de que se realizará una investigación, se dirá la verdad y se pondrá a las órdenes de los tribunales competentes a los responsables".

Al comandante general del Ejército, general de división Raúl Isaías Baduel, le pareció que había "infundios" en muchos de los testimonios dados para denunciar las violaciones a los derechos humanos, acusaciones "que pretenden mancillar el nombre del Ejército".

Pero para el comandante general de la Guardia Nacional, Jesús Villegas Solarte, las críticas no hacen mella en la institución, sencillamente los efectivos se defendieron de los ataques de los manifestantes. Más bien, Villegas Solarte aprovechó el contexto de pugnacidad que tiene el gobierno con los medios de comunicación privados para decir que las imágenes televisivas no mostraron los hechos como tal. "Las imágenes que han difundido en los medios de comunicación no han mostrado las circunstancias que precedieron al uso de la fuerza por parte de nuestros efectivos", señaló. Hasta se condecoró a los guardias que reprimieron las manifestaciones.

En un área que pudiera ser menos tosca que la política o militar, el nuevo canciller de la República, Jesús Arnaldo Pérez, ha dicho que librará una batalla diplomática para convencer a los demás países que en Venezuela no hay violación de derechos humanos. Debe empezar por abrir campo en los organismos internacionales relacionados con el tema. El comienzo no ha sido bueno: ha atacado duramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un informe donde habla de "preocupantes signos de fragilidad institucional" en Venezuela.

Tampoco cuenta para una buena defensa con un diplomático con más de 30 años en el servicio exterior como Milos Alcalay, quien era el embajador ante Naciones Unidas y renunció por estar en desacuerdo con el irrespeto a los derechos humanos.

En definitiva, el gobierno sigue la estrategia y no se sale de ella: La oposición es violenta y generó los mismos hechos donde se suscitaron las muertes, heridos, torturados, desaparecidos y presos políticos.

http://www.unionradio.com.ve/Especiales/EspecialSubTitulo.aspx?SubtituloId=46

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