Violación de DDHH, un campo de confrontación
política
El gobierno niega….
Gitanjali Suárez Sarmiento- Unión Radio
El 27 de febrero de este año, el presidente Hugo
Chávez llevaba una atareada agenda de reuniones
con varios mandatarios y delegados diplomáticos
que acudían a la XII cumbre del G-15 en Caracas. A
través de las cadenas de radio y televisión se le
vio recibiendo a algunos invitados en el
aeropuerto internacional de Maiquetía, en actos
solemnes en el Palacio de Miraflores, sesiones de
fotos y jornadas de discusión en mesas de trabajo.
Pero, seguramente, también manejaba la agenda
interna, para estar al tanto de lo que el
componente Guardia Nacional de la Fuerza Armada
Nacional se disponía a ejecutar al mediodía cuando
se acercara la concentración opositora al lugar de
encuentro de la cita mundial.
Ante las evidencias que muestra la Coordinadora
Democrática sobre cifras de muertos, heridos,
torturados, desaparecidos y presos políticos, la
posición del Gobierno ha sido la de descalificar
tales denuncias, defender los cuerpos policiales y
a la Guardia Nacional y desmentir los hechos.
La vocería principal la ha ejercido el presidente
Chávez. En el fragor de los acontecimientos, el 05
de marzo convocó al cuerpo diplomático al Palacio
de Miraflores para decirles quiénes eran los
verdaderos violentos: "los golpistas del 11 de
abril y del paro de diciembre de 2002 que contaron
con el apoyo de los medios de comunicación
privados".
"Yo ratifico, en nombre del Gobierno, el respeto
por los derechos humanos. Este no es un gobierno
represivo, lo que hemos hecho en los últimos días
ha sido por obligación. Pero ustedes saben que no
es fácil, cuando hay gente disparando en la calle,
tirando piedras, abriendo fuego contra la Guardia
Nacional", explicó a los embajadores.
Insistió el presidente Chávez ese día que la
campaña mediática nueva es la de señalar a su
gobierno como violador de los derechos humanos,
pero dejó pasar la siguiente afirmación: "Cada vez
que sea necesario usar la fuerza pública, lo
haremos con toda la contundencia que haga falta".
Era necesario el acercamiento a los diplomáticos,
pues seguramente ya podía percibir los comentarios
que allende fronteras se hacían del régimen, como
el que días después publicará el periodista Andrés
Oppenheimer en el Nuevo Herald: "La transformación
de la imagen de Chávez lo convertirá en una figura
más difícil de tolerar en Washington, América
Latina y Europa, y en un blanco de críticas mucho
más fácil para el Gobierno de Bush".
En sus sucesivos programas radiales Aló
Presidente! ha negado que el gobierno vulnere los
derechos humanos de sus adversarios y ha asegurado
que, en caso contrario si llegara a existir
evidencias, se castigaría a los militares que
cometieron las agresiones.
Pero Chávez quiere escuchar nombres, quiere
pruebas, y así lo dijo el domingo 14 de marzo
desde la isla del Burro (un emblemático lugar que
fue una cárcel de presos políticos): "Que me den
los nombres de los desaparecidos, que traigan las
pruebas de torturas, que prometo que serán
castigados. Los invito a que muestren; no chillen
(lloren) en Washington".
La oposición miente
El interlocutor político del actual gobierno es el
vicepresidente José Vicente Rangel. Al respecto ha
comentado que la oposición provocó los muertos y
que los balances difundidos por la CD apelan a la
mentira.
El 16 de marzo Rangel declaró lo siguiente: "Se
dio al principio una cifra exorbitante de
ciudadanos muertos, desafortunadamente los hubo,
pero no en la magnitud en que señaló la oposición.
Son nueve compatriotas fallecidos, pero que no
fueron asesinados por la Guardia Nacional, como
sostiene la oposición, la mayor parte fueron
tiroteados por francotiradores con armas
diferentes a las usadas por la fuerza pública y en
sitios donde ni siquiera ésta estaba presente,
hasta ahora no se ha podido acreditar un sólo caso
de desaparecido, solamente se trata de
informaciones de los medios de comunicación, que
no han sido corroborados con la denuncia oficial
respectiva, no hay ningún registro oficializado,
bien sea de una víctima de tortura, bien de un
familiar, como igual ocurre con los familiares de
presuntos desaparecidos".
Afirmación que coincide con el informe que de los
sucesos del 27-F entregó el Defensor del Pueblo,
Germán Mundaraín, a la Asamblea Nacional, donde se
sostiene que murieron nueve personas y que no hay
presos políticos en Venezuela.
Rangel y varios de los representantes del
oficialismo agrupados en el Comando Ayacucho le
criticaron a la oposición que se convirtiera en
adalid de los derechos humanos en Venezuela cuando
en el seno de la Coordinadora Democrática existen
partidos políticos que fueron gobierno en décadas
pasadas y tuvieron sonados casos de represión.
En la estrategia de reiterar que "la oposición es
violenta", el gobierno insistió en que la anarquía
que se vivió en Caracas esos días fue desatada por
los contrarios a la administración de Chávez. En
cambio, defendió la acción de la fuerza pública al
decir que fue "la respuesta natural del Estado a
un desbordamiento delictivo", al tiempo que
criticó que las policías municipales de Chacao y
Baruta (en el caso de Caracas) no intervinieran
para calmar las protestas.
Al presidente del canal estatal Venezolana de
Televisión, Vladimir Villegas, se le escuchó decir
en la vorágine de esos días que "aquí quedó
demostrado de dónde viene la violencia, por eso es
que vale la fuerza de la verdad, porque ella se
defiende sola". Aunque con cierto sonrojo
reconoció los excesos policiales, pero no como
parte de una política de Estado. Desmanes que no
han podido ser evaluados en el seno de la Asamblea
Nacional porque la mayoría que ostenta el
oficialismo se ha negado aprobar la apertura de
una investigación que conlleve a la creación de
una comisión de la verdad.
La FAN espera por las denuncias
Como el tema de la represión de la Fuerza Armada
Nacional le atañe directamente, el general en jefe
y ministro de la Defensa, Jorge Luis García
Carneiro, salió en resguardo de la actuación de
los gendarmes. Para García se empleó la fuerza por
"necesidad" y se respetó la vida e integridad
física de los activistas.
En la misma línea de acción del vicepresidente
Rangel, el titular del despacho castrense dijo:
"Si no hay acusaciones formales, lamentablemente
nosotros no podemos actuar. Si alguna persona en
particular quiere formular una denuncia sobre
violación de derechos humanos, se puede sentir en
la completa libertad de hacerlo. El Estado le
ofrece garantías de que se realizará una
investigación, se dirá la verdad y se pondrá a las
órdenes de los tribunales competentes a los
responsables".
Al comandante general del Ejército, general de
división Raúl Isaías Baduel, le pareció que había
"infundios" en muchos de los testimonios dados
para denunciar las violaciones a los derechos
humanos, acusaciones "que pretenden mancillar el
nombre del Ejército".
Pero para el comandante general de la Guardia
Nacional, Jesús Villegas Solarte, las críticas no
hacen mella en la institución, sencillamente los
efectivos se defendieron de los ataques de los
manifestantes. Más bien, Villegas Solarte
aprovechó el contexto de pugnacidad que tiene el
gobierno con los medios de comunicación privados
para decir que las imágenes televisivas no
mostraron los hechos como tal. "Las imágenes que
han difundido en los medios de comunicación no han
mostrado las circunstancias que precedieron al uso
de la fuerza por parte de nuestros efectivos",
señaló. Hasta se condecoró a los guardias que
reprimieron las manifestaciones.
En un área que pudiera ser menos tosca que la
política o militar, el nuevo canciller de la
República, Jesús Arnaldo Pérez, ha dicho que
librará una batalla diplomática para convencer a
los demás países que en Venezuela no hay violación
de derechos humanos. Debe empezar por abrir campo
en los organismos internacionales relacionados con
el tema. El comienzo no ha sido bueno: ha atacado
duramente a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que emitió un informe donde habla de
"preocupantes signos de fragilidad institucional"
en Venezuela.
Tampoco cuenta para una buena defensa con un
diplomático con más de 30 años en el servicio
exterior como Milos Alcalay, quien era el
embajador ante Naciones Unidas y renunció por
estar en desacuerdo con el irrespeto a los
derechos humanos.
En definitiva, el gobierno sigue la estrategia y
no se sale de ella: La oposición es violenta y
generó los mismos hechos donde se suscitaron las
muertes, heridos, torturados, desaparecidos y
presos políticos.
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