Violación de DDHH, un campo de
confrontación política
Cuestionan papel parcializado de organismos
públicos
Gitanjali Suárez Sarmiento- Unión Radio
Después de culpar directamente al gobierno, la
Coordinadora Democrática ha hecho un punto de
honor las constantes críticas contra la Fiscalía
General de la República y la Defensoría del Pueblo
porque con su silencio mostraron complacencia ante
los hechos violentos que sucedieron a partir del
27 de febrero, pero principalmente porque para los
opositores con su mutismo demostraron que están
más afectas al Ejecutivo que al ciudadano que
representan.
Fue el 06 de marzo cuando en un comunicado de
prensa, el Ministerio Público apareció para
garantizar "total imparcialidad, objetividad y
transparencia en el adelanto de todas las
investigaciones iniciadas a propósito de los
hechos de violencia desatados desde el pasado
viernes 27 de febrero en Caracas y algunas
ciudades del país".
Garantías que no convencieron a los miembros de la
Coordinadora Democrática, porque en ese comunicado
el Fiscal Isaías Rodríguez emitió conceptos
similares a los de varios funcionarios del
gobierno cuando justificaron la acción de la
Guardia Nacional y criticaron a las policías
municipales en manos de alcaldes y gobernadores
opositores.
La institución manifestó que la situación de
violencia "ameritó la intervención de la Guardia
Nacional, toda vez que otros órganos de seguridad
y prevención de algunos municipios y estados de la
República dejaron de actuar ante estos hechos y no
precisamente por haber sido rebasados en su
capacidad, incurriendo presuntamente los
funcionarios en posible responsabilidad penal con
ocasión del ejercicio de sus funciones".
Una vez más, la CD insistía en el matiz político
de las actuaciones de la Fiscalía. Resalta el caso
del fiscal 4to con competencia nacional, Danilo
Anderson, (quien se encargó de los hechos del
11-A) un funcionario con expresas inclinaciones
hacia el chavismo a decir de la alianza opositora
y quien fue llamado para que investigara
diferentes casos de denuncias.
En varias ocasiones Delsa Solórzano y Rafael
Narváez, de la Coordinadora Democrática, han
manifestado que los fiscales se ven presionados
para imputar cargos graves a los detenidos.
Sin embargo, el Ministerio Público solicitó
medidas de protección a favor de los detenidos en
el internado de La Planta, a través del tribunal
44 en funciones de control del área metropolitana.
También hizo lo mismo para los dos dirigentes de
Primero Justicia, Celso Rodríguez y René Vargas,
que fueron secuestrados y torturados con el fin de
revelar el paradero del alcalde de Baruta y
dirigente de ese partido, Henrique Capriles (a
quien después de estar varios días en resguardo de
una posible detención por un caso político, la
Sala Penal del Tribunal Supremo ordenó su libertad
plena).
La Fiscalía actuó a favor del caso del estudiante
de la Universidad de Oriente, Miguel Pacheco, y
del destacado músico Carlos Eduardo Izcaray, ambos
con denuncias de haber sido torturados.
El juego de palabras del Defensor
Tampoco se escuchó por esos convulsionados días la
voz del Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín.
Prefirió que las aguas volvieran a sus cauces para
dar una declaración a la agencia francesa AFP tres
semanas después, donde admitía (y así quedó
plasmado en el informe que entregó a la Asamblea
Nacional) que hubo tratos crueles e inhumanos por
parte de la Guardia Nacional contra los
manifestantes, reconoció sólo nueve fallecidos,
pero hizo una aclaratoria que molestó a la
oposición. Aseguró que en Venezuela no hay presos
políticos, sino políticos presos, a propósito de
la detención del dirigente de la CD, Carlos Melo,
en la cárcel de El Rodeo (Melo también salió en
libertad absuelto por la Corte de Apelaciones).
De inmediato la Coordinadora Democrática rechazó
este juego de palabras del Defensor, aunque
también le respondió con otra frase: "No es lo
mismo un Defensor del Pueblo, que un pueblo sin
Defensor". La ONG Cofavic consideró como "nefasto"
el informe del Defensor del Pueblo.
Anteriormente la Coordinadora había anunciado la
sustanciación de un expediente contra Mundaraín,
para ser llevado ante la Federación Iberoamericana
de Ombudsman, presidida coincidencialmente por el
miembro del Consejo Moral Republicano, así como
hacerle entrega de una copia a los embajadores de
algunos países acreditados en Venezuela.
"Este informe detalla las omisiones del abogado
Mundaraín frente a la acción del Estado
venezolano, conducente a provocar la violación
reiterada, masiva y sistemática de los derechos
humanos, desde el discurso confrontacionista y de
incitación al odio hasta las muertes ocasionadas
por la represión desproporcionada de sus órganos
de seguridad", dijo la Coordinadora.
La apreciación del ciudadano que disiente del
gobierno es la de no tener órganos públicos, como
la Fiscalía y la Defensoría, en los cuales pueda
confiar para iniciar una investigación imparcial
de los hechos, de allí que muchos de los
involucrados tengan temor a acudir a dichas
instituciones porque creen que puedan tomar
represalias en su contra. Es el temor a que se
topen con alguien que les diga: "quién te mandó a
protestar, pues".
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