Violación de DDHH, un campo de confrontación
política
La voz de los organismos internacionales
Gitanjali Suárez Sarmiento- Unión Radio
La comunidad internacional siempre ha sido
sensible al tema de los derechos humanos. Así lo
demuestra la multiplicidad de organismos que se
encargan en el mundo de vigilar el respeto a las
garantías fundamentales de las personas.
En esta ocasión, al tener noticia de los hechos
violentos que ocurrían en Venezuela, varias de
estas organizaciones fijaron posición a través de
comunicados.
En primer lugar, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos expresó su "preocupación por los graves
hechos de violencia" y pidió al gobierno "que
respete las garantías procesales y los derechos
fundamentales de las personas detenidas durante
las recientes manifestaciones".
La CIDH dijo que el Ejecutivo "tiene el deber de
mantener el orden público dentro del marco de los
instrumentos nacionales e internacionales sobre
derechos humanos", a la vez que señalaba que la
Guardia Nacional y la Disip habían hecho "uso
indebido de la fuerza". Igualmente pidió la
protección necesaria para los trabajadores de los
medios de comunicación. Y aseguró que haría
seguimiento a la evolución de los hechos.
En un segundo comunicado fechado en Washington el
12 de marzo, la CIDH se dio por notificada de los
"los graves hechos de violencia ocurridos en las
manifestaciones llevadas a cabo desde el 27 de
febrero al 1 de marzo de 2004" y reiteró su
llamado a la pacificación y a la preservación de
la democracia y el Estado de Derecho en los
términos de la Convención Americana y de la Carta
Democrática Interamericana, "ya que únicamente a
través del diálogo y del respeto al sistema
democrático, se podrá encontrar respuesta a la
difícil situación que atraviesa el pueblo
venezolano".
Polémico informe de la CIDH
El 18 de marzo la CIDH publicó su informe sobre la
situación de los derechos humanos en Venezuela
sobre la base de datos recabados antes, durante y
después de una visita a Venezuela, realizada a
petición del presidente Hugo Chávez en mayo de
2002. Este documento molestó al gobierno nacional
porque allí se afirma que en el país hay
"preocupantes signos de fragilidad institucional".
Para el organismo adscrito a la OEA, "una
democracia débil (...) no permite una vigorosa
defensa de los derechos humanos", por eso instó al
gobierno y demás factores políticos del país
"continúen demostrando voluntad política para
buscar soluciones a los serios problemas de
derechos humanos que afectan a los habitantes del
país".
El agente del Estado venezolano en materia de
derechos humanos, Fermín Toro, dijo que en la CIDH
se estaría preparando "elementos de juicio para
pretender hacer responsable de supuestas
violaciones de derechos humanos al Gobierno
venezolano, en complicidad con bufetes de abogados
privados".
La misión permanente de Venezuela ante la OEA
también replicó al informe y acusó a la CIDH de
estar parcializada a favor de la oposición. "La
metodología utilizada por la CIDH para elaborar el
informe, privilegió información proporcionada por
factores políticos de la oposición y sectores de
la autodenominada sociedad civil que propiciaron
el golpe de Estado en Venezuela. La información
suministrada por el Estado venezolano, por el
contrario, fue totalmente desestimada".
Y el 28 de marzo en su acostumbrado programa
radial Aló Presidente!, el jefe de Estado, Hugo
Chávez llamó fariseos hipócritas a los miembros de
la CIDH, "nos reímos de la CIDH y la denunciamos
como fariseos".
En síntesis, el documento se publicó en medio de
un ambiente convulsionado por las consecuencias
que dejaron las violentas manifestaciones a partir
del 27-F y eso incidió en la percepción de la
comunidad internacional.
Amnistía Internacional
El primero de marzo Amnistía Internacional
solicitó al gobierno evitar el uso de la fuerza y
de armas de fuego en las manifestaciones y lo
exhortaban a ser garante de la seguridad de todos
los actores sociales para evitar una espiral de
violencia.
"Las autoridades deben asegurar la protección de
los derechos humanos de todos los ciudadanos en el
clima político cada vez más violento que rodea la
decisión del Consejo Nacional Electoral", dijo en
un comunicado la ONG de derechos humanos con sede
en Londres.
"Hubo acusaciones sobre el empleo excesivo de
fuerza, en particular por la GN, organismo que
vigilaba las manifestaciones, algunas de las
cuales se tornaron violentas. Unidades de
inteligencia militar y de civil también habrían
participado en la vigilancia. Según se informa
hubo un número de detenciones de partidarios de la
oposición durante estos actos en diferentes partes
del país. Amnistía Internacional pide a todos los
funcionarios policiales cumplir con las normas
internacionales sobre el empleo de la fuerza y las
armas de fuego en las manifestaciones, manteniendo
el orden público y evitando el abuso de los
derechos humanos. La organización también pide a
las autoridades asegurar el respeto de los
derechos de cualquier persona detenida".
Human Rights Watch
En una conversación con el diario El Nacional
publicada el domingo 14 de marzo, el director de
la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco,
aseguró que hubo violación de derechos humanos en
los hechos del 27-F de este año.
"Indudablemente que se han producido graves
violaciones de los derechos humanos. Hay
testimonios y evidencias incuestionables de
torturas, malos tratos de todo orden, palizas y
vejaciones a numerosos detenidos cuyos autores son
efectivos de la Guardia Nacional. Ha habido uso
excesivo de la fuerza. Hay al menos 9 muertos en
hechos que pueden atribuírsele directamente a los
agentes del Estado, y que no pueden quedar en la
impunidad", dijo en ese entonces.
Sobre los mecanismos de tortura que se
implementaron, Vivancos dijo que han recibido
"testimonios creíbles de personas que han sufrido
torturas eléctricas, quemaduras, tratos crueles e
inhumanos a los detenidos en el momento de la
detención o el vehículo que los transportaba al
lugar de detención". Semanas después, Vivanco
envió una misiva al presidente Chávez con el
informe de los casos de torturas que ellos han
procesado y lo instó a que se realice una
investigación objetiva.
Otros organismos
El O5 de marzo, la Sociedad Internacional para los
Derechos Humanos y la Fundación Andrei Sajarov
emitieron un comunicado donde dejan clara su
posición al respecto y llaman al presidente Hugo
Chávez "aspirante a caudillo totalitario".
"Ante la más reciente oleada de crímenes contra la
población civil venezolana, que reclama respeto a
la institucionalidad democrática, perpetrados por
el nuevo aspirante a caudillo totalitario, Hugo
Chávez, nuestras organizaciones de derechos
humanos expresan su más firme condena y hacen un
llamado a la opinión pública internacional para
que rechace de manera categórica este retroceso
hacia la barbarie que, bajo la influencia directa
de los mandos estalinistas capitaneados por Fidel
Castro desde La Habana, amenaza con someter a toda
la sociedad venezolana a la debacle y al
sojuzgamiento tiránico".
El 22 de marzo, el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en
inglés, la organización litigante que lleva
adelante la mayoría de los casos venezolanos ante
la CIDH y la Corte de San José) aseguró que hay
signos preocupantes sobre la vigencia del Estado
de Derecho y la institucionalidad democrática en
Venezuela.
El CEJIL apoyó el informe que publicó la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
sostuvo que "cobra una significativa relevancia,
ya que otorga valiosas herramientas al actual
gobierno, a otras instituciones estatales y a la
sociedad civil en general para superar la crisis
que vive el país".
http://www.unionradio.com.ve/Especiales/EspecialSubTitulo.aspx?SubtituloId=43