Ataques a los medios de comunicación y demás violaciones a los DD.HH. de los venezolanos
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EL NACIONAL |
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20040304 |
21 periodistas
y camarógrafos víctimas de la represión
Hernán Lugo
21
periodistas y camarógrafos víctimas de la
represión
El lunes fueron arrestados tres
comunicadores de los cuales dos fueron
liberados, mientras que otros 18 resultaron
lesionados cuando cumplían con su misión de
informar sobre la arremetida de los cuerpos
de seguridad del Estado contra las personas
que adversan al presidente Chávez
HERNÁN LUGO GALICIA
Los trabajadores de la prensa vuelven a
sufrir
agresiones por un solo hecho: cubrir las
protestas e informar sobre la violación de
derechos humanos por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado. El reporte indica que,
hasta el mediodía del martes, había tres
periodistas detenidos (dos ya fueron
liberados), y 18 reporteros y camarógrafos
víctimas de
agresiones. Ante el recrudecimiento de la
violencia, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa, el Colegio
Nacional de Periodistas y la Federación
Internacional de Periodistas expresaron su
preocupación y designaron un Comité de
Emergencia Gremial que, junto con otras ONG,
levantará la información sobre las
violaciones a la libertad de expresión y/o a
los derechos humanos. Los interesados pueden
llamar a los siguientes teléfonos y
direcciones: SNTP 7932883 / 7931996 / 0414 -
2364660 sntp@reacciun.ve; fip@eldish.net .
Foro www.sntp.org.ve. Y CNP, 7817601.
"Hacemos un vehemente llamado al Gobierno,
al Ministro de la Defensa y los factores
políticos de Gobierno y oposición para que
recobren la sindéresis y declaren un urgente
alto a la violencia y a los desbordamientos
represivos, mientras se buscan rápidas
salidas a la profunda
crisis política que vive el país", según
el comunicado. Exhortaron a los reporteros a
utilizar sus implementos de seguridad, y a
no exponerse innecesariamente. La periodista
Acianela Montes de Oca, cuyo número celular
es 0416-6055083, fungirá de enlace con las
organizaciones de derechos humanos que
operan en el país.
Balance del gremio
Periodistas detenidos: 1-03-04 Alirio
Rodríguez y Dainu Acosta, profesores de
periodismo en la Universidad Cecilio Acosta,
Maracaibo, Estado Zulia. Acompañaban a
alumnos durante una
manifestación de protesta en la Circunvalación
II. Fueron llevados al comando regional de
la Guardia Nacional y liberados en la mañana
del miércoles. Roberto Rasquin, redactor de
la revista Producto, está recluido en la
sede de la Policaracas, en La Cota 905,
según confirmó el director de ese cuerpo,
Antonio Pujol.
Heridos: 27-02-04 -Carlos Montenegro,
camarógrafo de Globovisión, herido de bala
en la pierna izquierda por un uniformado,
durante la marcha de la oposición en la
avenida Andrés Bello.
-Vladimir Gallardo, reportero gráfico
de El Impulso. Víctima de disparo de
perdigones a quemarropa en pleno rostro y
sufrió síntomas de asfixia.
-Berenice Gómez, reportera de Ultimas
Noticias. Sujetos identificados con el
oficialismo le quitaron sus pertenencias y
la amenazaron de muerte cerca del mercado de
Guaicaipuro.
28-02-04 -Felipe Izquierdo, camarógrafo
de Univisión. Herido de bala en una pierna.
Dijo a la agencia IPS que le dispararon
desde la marcha opositora.
-Juan Barreto, fotógrafo de la agencia
francesa AFP, fue impactado en una mano y en
el tórax. Responsabilizó a un jovencito de
la marcha opositora. Lo salvó el chaleco
antibalas, según relató a IPS.
01-03-04 -Johnny Figarella, reportero
de Globovisión, sufrió el impacto de una
bomba lacrimógena en el pecho, cuando
trabajaba en Caurimare, en Caracas, pero
gracias al chaleco antibalas no resultó
herido de gravedad.
-Henry Delgado y Edgar López,
reporteros de El Nacional. Delgado fue
despojado de su cámara fotográfica por un
soldado de la GN, perseguido y atacado por
grupos oficialistas, en Terrazas del Ávila.
López registró lesiones en la cabeza.
-Janeth Carrasquilla, reportera de
Globovisión, en Valencia, Carabobo. Golpeada
en la cabeza con un objeto contundente.
-Billy Castro, reportero de El Impacto,
Estado Anzoátegui, fue vapuleado por
oficialistas cuando cubría la toma de la
Cámara de Comercio de Anaco.
-Bernabé Ruiz, reportero gráfico de El
Tiempo. Una bomba lacrimógena lanzada por la
GN le lesionó el rostro.
-Willimar Rodríguez, corresponsal de El
Impacto en El Tigre, Estado Anzoátegui,
agredido por supuestos oficialistas.
-Reyna Díaz, corresponsal de El Tiempo,
en El Tigre, afectada en disturbios.
-María Gabriela Gómez, reportera de
Telecaribe, atacada en el elevado de
Lecherías, Anzoátegui.
-Omar González Moreno, conductor de Mar
de Fondo, en Telecaribe, Puerto La Cruz,
denunció que fue perseguido y atacado.
-Paula Andrea Jiménez, reportera de
Televen, fue interceptada junto con el
camarógrafo Franklin Sánchez, en la avenida
Sanz, en El Marqués. Encapuchados los
amenazaron y obligaron a entregar el equipo.
02-03-04
-Juan Carlos Aguirre, de CMT. Fue
golpeado por la GN con la culata de un fusil
y obligado a quitarse la máscara antigas. Su
único delito: grabar el momento cuando los
efectivos disparaban contra los
manifestantes apostados en Altamira. Pedro
Luis Flores: el periodista de Globovisión y
su equipo fue atacado con armas de fuego
luego de que sortearan una barricada en la
avenida Andrés Bello, a la altura de Las
Palmas.
03-03-04 Carlos Colmenares: mientras
cubría las protestas vespertinas en
Altamira, el camarógrafo de RCTV recibió un
tiro en la parte frontal del tobillo
izquierdo por parte de supuestos
francotiradores apostados en edificios de la
parte sur de la plaza Francia.
Leyenda Organizaciones internacionales
exigen investigar las
agresiones contra los trabajadores de la
prensa
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El NACIONAL |
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20040306 |
Human Rights
Watch exige investigar denuncias de
atropellos
Ramón Navarro
Human
Rights Watch exige investigar denuncias de
atropellos
El director ejecutivo de la
organización internacional que vela por los
derechos civiles, José Miguel Vivancos,
recalcó que el Gobierno debía asegurarse de
que las fuerzas públicas no abusen de su
poder. Hasta el momento hay siete personas
desaparecidas, de acuerdo con la
Coordinadora Democrática
RAMÓN NAVARRO
El director ejecutivo de la
organización Human Rights Watch, José Miguel
Vivancos, fijó posición a través de un
comunicado sobre las violaciones de derechos
humanos que han ocurrido en Venezuela e
insistió en que el Gobierno está en la
obligación de emprender una investigación
exhaustiva de las denuncias sobre excesos
policiales y militares durante las
manifestaciones de los últimos días.
Vivancos destacó que dada la volatilidad política en el país, "es
fundamental que las fuerzas de seguridad
actúen dentro del marco legal y ejerzan la
debida moderación en su respuesta a las
protestas. El Gobierno debe investigar de
inmediato las denuncias de brutalidad y
asegurarse de que los miembros de la policía
y de la Guardia Nacional no abusen de su
poder". En el comunicado de prensa, fechado
en Washington, se habla de los muertos y los
periodistas heridos, los cuales han sido una
consecuencia directa de las manifestaciones
que han sido reprimidas por la Guardia
Nacional y otros cuerpos de
seguridad. "De
acuerdo con las normas internacionales, el
uso intencional de la fuerza letal por parte
de los agentes encargados de hacer cumplir
la ley sólo es permisible cuando sea
estrictamente inevitable para proteger la
vida", subrayó. Igualmente, el organismo
internacional precisó en el texto que ha
habido numerosas denuncias de allanamientos
indebidos, que rompen con el cerco legal,
así como detenciones y maltratos a civiles y
la destitución de tres jueces que pusieron
en libertad a varios procesados. En relación
con las agresiones físicas, la ONG destacó
el caso del estado Zulia, donde
la GN detuvo a 23 estudiantes y 2 profesores,
quienes estaban participando en una marcha
de protesta el 1° de marzo.
Siete desaparecidos
La Comisión Jurídica de la Coordinadora
Democrática aseguró que no saben el paradero
de siete opositores detenidos, pues sus
nombres no aparecen ni en los centros de
reclusión ni en los hospitales y mucho menos
en la lista de procesados por los
tribunales. D'Elsa Solórzano, quien dirige
la mencionada comisión, explicó que han
movido cielo y tierra para dar con el
paradero de los desaparecidos y aún no
hallan evidencias de dónde puedan estar. De
acuerdo con los comentarios de los vecinos
de la plaza Francia de Altamira, durante las
manifestaciones de los días posteriores al
27 de febrero, las personas fueron arrestadas por un grupo comando
integrado por guardias nacionales y disip.
Los siete desaparecidos son Omar Arturo
Morales, de 28 años de edad; Juan José
Pérez, de 27 años; Juan Ernesto Sánchez, de
37 años; Andrés Bastidas Guédez, de 32 años;
José Luis Rodríguez, de 33 años; Eduardo
José Miranda, de 30 años, y Julio César
Gómez, de 34 años. "Los hemos buscado en
todas los centros de reclusiones. Cuando
detienen a alguien en Caracas los llevan a
la Disip, a la Guardia Nacional en El
Paraíso o Altamira, Policaracas, Polisucre,
Polichacao, y allí hemos buscado. No están
en las listas de ninguna parte ni en la
lista de presentados a tribunales. Se los
tragó la tierra", apuntó la asesora jurídica
de la alianza opositora. Destacó que aún
continuaban las detenciones y que hasta ayer
en la tarde la cifra superaba las 400
personas aprehendidas. Esta cantidad
corresponde al total de arrestados, de los
cuales unos han sido liberados y otros
pasados a la orden de los tribunales.
Solórzano apuntó que para el próximo lunes
está previsto activar la etapa de
apelaciones, proceso en el que se busca
lograr la libertad de más de 100 procesados
en distintos tribunales. Asimismo, denunció
el caso de Eric Naranjo, de 17 años de edad,
quien ha sido vejado salvajemente y
trajinado entre adultos.
Fotoleyenda: La Coordinadora
Democrática expresó preocupación por la
desaparición de siete manifestantes
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EL NACIONAL |
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20040401 |
Acusan a
Chávez en La Haya por crímenes de lesa
humanidad
Hernan Lugo
Acusan a Chávez en La Haya por crímenes
de lesa humanidad
La querella es por la muerte de 40
personas, 20 casos de torturas y 50 de
violencia física, ocurridas desde abril de
2002 hasta marzo del 2004, supuestamente por
motivaciones políticas
Una nueva acusación se ejerce contra
Hugo Chávez en el exterior. Esta vez un
grupo de abogados viajó a la Corte Penal
Internacional de la ONU, con sede en La
Haya, Holanda, donde solicitó que se
investigue al Presidente por presuntos
crímenes contra la humanidad, ocurridos
desde abril de 2002 hasta marzo del 2004. La
asociación de víctimas solicitó al tribunal
internacional que investigue en total 20
casos de torturas, 40 muertes, 50 de
violencia física, 40 encarcelamiento
arbitrarios y cuatro casos de abuso sexual,
por presuntos móviles políticos, según los
abogados, pero la Corte Internacional no
confirmó si recibió la solicitud formal,
informó la cadena CNN en español. Se trata
de los mismos profesionales que intentaron
una querella en España, por la desaparición
de un europeo en los hechos de abril de
2002, cuya petición fue negada por los
tribunales españoles. Alfredo Romero,
abogado de 52 víctimas agrupadas en la
asociación Víctimas de la Violencia
Política, informó a la cadena de noticias
estadounidense que entregaron los
expedientes a fiscales de la Corte Penal
Internacional, a quienes les expusieron la
tragedia de 19 ciudadanos que murieron como
consecuencia de heridas por armas de fuego,
luego que se presentara un enfrentamiento
durante una marcha convocada contra Chávez
el 11 de abril del 2002, en las
inmediaciones de Miraflores. En esa época,
un grupo de oficiales de alto rango
responsabilizó al mandatario de las bajas y
lo derrocó por un corto período: 48 horas.
Fue el golpe de Estado más breve de la
historia democrática. Chávez retomó el poder
con ayuda de tropas leales y seguidores y,
de inmediato, responsabilizó a sus enemigos
políticos de haber provocado las muertes y
los heridos. El jefe de la asociación civil
Víctimas Venezolanas de Violencia Política
(Vive), Mohamad Merhi, espera que con esta
acción se logre la justicia que le ha sido
negada en Venezuela por los tribunales
ordinarios, según declaró a la agencia AP.
En un comunicado, la asociación Vive explica
que "el grupo de víctimas venezolanas se vio
forzado a acudir a la Corte Penal
Internacional, ante la absoluta negligencia
y parcialidad de la Fiscalía General, la
Defensoría del Pueblo y los tribunales para
llevar adelante las denuncias de violaciones
de derechos humanos". Los denunciantes
demandaron a la Corte medidas inmediatas de
protección, bajo el argumento de que están
en presencia de "actos repetitivos y
planificados por parte del gobierno de
Chávez de presuntas violaciones de derechos
humanos". Gustavo Tovar, otro de los
apoderados de Vive, precisó que la
organización pidió la averiguación sobre los
recientes sucesos registrados en Venezuela,
en los cuales se observó un uso excesivo de
la fuerza para controlar las
manifestaciones que exigían la convocatoria a un
referéndum revocatorio presidencial y en las
cuales hubo uso de armas de fuego, palizas y
torturas, según las denuncias. En su
programa Aló, Presidente, Chávez negó los
atropellos e instó a sus adversarios a
consignar pruebas de las torturas y muertes.
Se comprometió a juzgar a los responsables
si se comprobaban las
agresiones, calificó a los protestantes de
subversivos armados, y enalteció las
acciones de las fuerzas de seguridad. CNN
precisó que la Corte Penal Internacional
-fundada en 2002 para juzgar casos de
genocidio, crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad- sólo puede actuar si
los tribunales nacionales no pueden, o no lo
hacen. Su jurisdicción se ciñe a los
crímenes cometidos por ciudadanos de los
países firmantes del tratado, dentro y fuera
de esos países. Venezuela es uno de los más
de 90 países que han ratificado el Estatuto
de Roma. Sin embargo, decenas de países,
especialmente Estados Unidos, han rechazado
los dictámenes de la Corte que ayer, por
ejemplo, ordenó a la administración de
George Bush a resarcir a los familiares de
un grupo de mexicanos que intentó ingresar a
tierras norteamericanas, y fueron lesionados
y torturados. La acción de Vive, informó AP,
ocurre tres meses después que los abogados
de las víctimas hicieran una primera
presentación en La Haya, y lograron en esa
oportunidad la apertura de una investigación
preliminar y la puesta en observación del
caso venezolano.
Leyenda Foto TOM GRILLO El 11 de abril
de 2002 murieron 20 personas por heridas de
bala
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El NACIONAL |
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20040310 |
"¡No le
disparen al pueblo!"
Ramón Navarro
¡No le
disparen al pueblo!
A Carlos Caballero le dispararon a
mansalva, recuerda. De frente y a corta
distancia. Le vio los ojos a su verdugo. Le
descargaron un cartucho de perdigones.
Muestra Carlos su abdomen. Se sube la
camisa, quita la gasa, y hace pública la
herida de aproximadamente cinco centímetros.
El episodio lo contó Carlos ayer, en la sede
de la Coordinadora Democrática. Desde
temprano se andaba por el lugar, y si no es
porque se desabrocha la camisa y enfatiza su
desgracia, hubiera pasado por un hombre sin
heridas, ni cuentos de represión que contar.
"Hago esto para que se sepa la verdad
verdadera de las cosas. El viernes
27 de
febrero, cuando marchaba pacíficamente por
la vía de Maripérez, varios motorizados de
la Guardia Nacional lanzaban bombas. Yo
corrí por una transversal hacia la avenida
Andrés Bello". El camino de huida se le hizo
imposible. Quedó amurallado.
Cuenta Carlos que paró de pronto su
trote y advirtió en tono pacífico a los
militares: "Tengan cuidado que allí hay un
preescolar. No disparen. No le disparen al
pueblo". Mientras más civilizada era la
víctima, más deseosos estaban los militares
de ocasionar daños evitables, dice. No hubo
compasión. "Me dispararon a los pies, a
pesar de que le insistía en que no
dispararan". Carlos pensó que la ceremonia
de represión había terminado. Cuando intentó
replegarse, aún faltaba un detalle por
definir. Uno de los militares tomó una
pequeña distancia y ¡pum!, lanzó todo el
cargamento sobre el cuerpo. De nada valió la
paz, de nada valió el pequeño sermón,
producto de las lecturas de la Biblia por la
que ha pasado Carlos. "Me llevaron al
Clínico. Allí hay muchos cuentos de todo lo
que ocurrió ese
27 de
febrero. Quisiera alertar a la población
sobre esa arremetida desmedida del Gobierno.
Hace tiempo que yo abandoné la mentira. Yo
me hice evangélico hace 30 años y tengo casi
60 años. No quiero la mentira para mi país".
El nombre de Jesús no sirvió de carta de
presentación para Carlos, a pesar de su
militancia religiosa. Hace un llamado a los
evangélicos para que no se dejen embaucar
por el Gobierno. "Hago un llamado a los
miembros de la fe para que huyan
despavoridos si tienen relación con este
Gobierno. Este es un gobierno autoritario.
En el nombre de Jesús, a todos mis hermanos
de la fe, les digo, abandonen este proyecto
totalitario lleno de maldad".
RAMÓN NAVARRO
Leyenda Foto JOSE GRILLO Caballero vio
el rostro de su verdugo
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El NACIONAL |
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20040310 |
Envían a
cárcel de Santa Ana a 8 de los
27 aprehendidos
en Táchira
Eleonora Delgado
Envían a
cárcel de Santa Ana a 8 de los
27 aprehendidos en Táchira
Eleonora Delgado/ San Cristóbal
Familiares de Gilberto Rangel,
estudiante del núcleo Táchira de la
Universidad de los Andes, denunciaron que la
jueza 3° de Control, Luzdary Moreno, negó la
práctica de un examen médico forense al
muchacho que fue detenido el pasado 29 de
febrero mientras
manifestaba en la noche, en la intersección de
las avenidas 19 de Abril y Pirineos, a la
altura del Centro Comercial El Tamá de esta
ciudad. Gilberto Rangel es una de las ocho
personas, de las
27 detenidas durante las jornadas de
protestas, que fueron trasladadas al Centro
Penitenciario de Occidente o cárcel de Santa
Ana del Táchira, al sur de la entidad, el
mismo internado donde permanecen los
procesados por el delito de rebelión civil,
a raíz de los hechos ocurridos en la
residencia oficial de gobernadores, el 12 de
abril de 2002. Con él fueron enviados al
centro penal David Rubio, miembro de la
Coordinadora Democrática; Wilmer Becerra;
Oscar Cárdenas, Emiliano Rubio, y otros tres
estudiantes universitarios. Ana María
Escalante, esposa del también secretario
juvenil del partido Copei, narró que Rangel
recibió peinillazos y golpes de parte de la
comisión policial de la Dirección de
Seguridad y Orden Público que llegó al sitio
para disolver la protesta. "En la Dirsop
pidió que lo llevaran al Hospital Central
donde le hicieron los exámenes necesarios y
lo volvieron a trasladar a la policía. Al
día siguiente lo presentaron en tribunales,
donde le pedimos a la jueza que diera la
orden para que lo viera un médico forense,
cosa que no permitió". La esposa del
estudiante de la ULA-Táchira contó que
durante el tiempo que permaneció en la
policía del estado, le impidieron ver a su
esposo y sólo pudo tener contacto con él
después de cuatro días, cuando fue
trasladado a la cárcel de Santa Ana del
Táchira. "Los golpes de la cara ya no los
tiene. En una pierna tiene un hematoma bien
grande. Tenía bastantes golpes, incluso
cuando lo sacaron del Hospital Central,
alguien que logró verlo observó betún de los
zapatos de los policías en la piel de la
cara y en el estómago de Gilberto", dijo
Escalante cuando se preparaba para llevarle
a su esposo algunas cosas para el recinto
carcelario. Uno de los abogados defensores
del estudiante universitario, Fidel Sánchez,
al ser consultado sobre esta situación,
recordó que al momento de celebrarse la
audiencia ante la jueza 3° de Control,
Luzdary Moreno, ésta quiso dejar claro que
Rangel se encontraba en buen estado físico y
mental. A esto se opusieron los
representantes legales e le insistieron a
Moreno la necesidad de practicarle una
prueba médico forense, a la cual accedió,
pero nunca se realizó porque no consta en el
expediente la solicitud de este examen, dijo
Sánchez. Al ser consultado sobre el
establecimiento de responsabilidades por la
negación de esta prueba médica al detenido,
ante posibles secuelas durante el proceso,
el abogado explicó que tanto el cuerpo de
seguridad que practicó la aprehensión como
la juez de control tenían responsabilidad.
Informó además que apelaron la decisión del
tribunal de control, en relación con la
medida de privación de libertad de Rangel, y
solicitaron que sean citados los testigos
que presenciaron su detención.
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El NACIONAL |
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20040415 |
Solórzano: La
decisión evidencia la situación de los
derechos humanos
Ramon Navarro
Solórzano: La decisión evidencia la
situación de los derechos humanos
La asesora jurídica de la Coordinadora
Democrática mantuvo una reunión con Carlos
Patricio Carbacho, representante de la
Organización de Estados Americanos en
Venezuela, y destacó que éste ya recibió la
solicitud del Senado colombiano para que se
aplique a Venezuela la Carta Democrática
Interamericana
RAMÓN NAVARRO
La propuesta del presidente de la
Cámara del Senado de Colombia, Enrique Gómez
Hurtado, de aplicar la Carta Democrática
Interamericana a Venezuela, en virtud de las
denuncias de violación de derechos humanos,
es vista por D'Elsa Solózarno, asesora
jurídica de la Coordinadora Democrática,
como "una evidencia más de que la situación
de los derechos humanos en el país es muy
delicada". La vocera de la alianza
opositora, que ayer se reunió con Carlos
Patricio Carbacho, representante de la
Organización de Estados Americanos, destacó
que el organismo interamericano había
recibido la solicitud del Senado colombiano
para que se active el mencionado
instrumento. Explicó que Carbacho confirmó
la inusual propuesta de Parlamento
neogranadino y enfatizó que la oposición
organizada aguarda por la aplicación de la
carta, por lo que una consecuencia directa
de su activación sería el desconocimiento
del Gobierno en el contexto internacional.
Más de 500 denuncias Solórzano entregó
a Carbacho más de 400 casos sobre violación
de derechos humanos en el país en los que se
describen los maltratos físicos y
psicológicos de personas que protestaron
entre el
27 de
febrero y el 3 de marzo. "El documento
contiene la formalización de las denuncias
ante los organismos internacionales de los
hechos que comenzaron el
27 de
febrero de este año. Incluimos a las
personas que fueron detenidas, hayan ido o
no a los tribunales, así como de torturados
y lesionados, cuyo número sobrepasa las 400
personas", precisó la abogada al salir de la
reunión con el diplomático. La coordinadora
de la Comisión Jurídica de la coalición
opositora indicó que en el material
entregado a la OEA se destacan igualmente
casos de perseguidos y presos políticos, así
como el tema laboral, específicamente las
amenazas y despidos contra personas que
firmaron el revocatorio presidencial, aun
cuando la Carta Magna consagra el derecho al
trabajo. Solórzano estuvo aproximadamente
dos horas con Carbacho. Expresó que la
recepción del documento por parte del
representante del organismo hemisférico
significa a su vez que la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos
también lo recibió. "La reunión fue muy
productiva y expusimos los detalles de todos
los aspectos que han debilitado el Estado de
Derecho. Es bueno destacar que a partir de
este momento la CIDH ya tiene en su poder
los casos de violación de los derechos
humanos. Eso me lo ratificó el propio
Carbacho", explicó. Sobre la relación entre
la OEA y el CIDH es conveniente precisar que
el segundo es un órgano principal y autónomo
del primer organismo y su mandato surge de
la Carta de la OEA y la Convención Americana
de los Derechos Humanos, la cual actúa en
representación de todos los Estados
miembros.
Manifestó que el próximo paso consiste en
aguardar por el trámite de la OEA y dijo que
además se espera conocer la posición
definitiva de la CIDH sobre los hechos de
febrero y marzo. "También podríamos seguir
enriqueciendo las denuncias que introdujimos
con más pruebas, claro está, en la medida en
que se vayan produciendo".
Exigen presencia de la CIDH
Rafael Narváez, quien dirige la
comisión de los Derechos Humanos de la
alianza opositora, señaló que la instancia
elaboró un documento en el cual hace énfasis
en la necesidad de la presencia en Venezuela
de la CIDH. El texto fue redactado por Marco
Tulio Bruni Celli, ex presidente del
organismo interamericano, y goza del
respaldo de aproximadamente 150 firmas de
personalidades nacionales e internacionales.
"Le exigimos al organismo internacional
presencia en Venezuela para que continúe con
las investigaciones. Hace dos años, Juan
Méndez, quien era titular en esa ocasión,
elaboró un informe preliminar en el que se
alertaba sobre la situación de la libertad
sindical y de expresión y la falta de
equilibrio en los poderes públicos". Narváez
enfatizó que una vez que tenga las firmas
recogidas, el documento será enviado a la
sede de la comisión en Washington. Recordó
que el Gobierno nacional desacredita
públicamente al organismo porque tiene
autoridad para investigar y definir
responsabilidades.
Manifestó que en la mañana de ayer salió
para Montevideo, Uruguay, Adolfo Taylhardat,
miembro del Parlamento Andino, con un
cargamento de denuncias que serán expuestas
en la asamblea que se efectuará en los
próximo días. "Taylhardat preside la
comisión de denuncia del Parlatino. Él se
llevó suficiente material sobre violaciones
de los derecho humanos en Venezuela,
suficientes testimonios en videos como el de
Juan Carlos Zambrano, quien falleció en el
estado Zulia",
manifestó. Narváez no descarta que se desate
otra ola de
agresiones contra los ciudadanos, por lo que
ayer iniciaron el primer taller de formación
de activistas de derechos humanos en el área
metropolitana de Caracas: "Lo ideal es
ayudar a pasar a las personas de víctimas
potenciales a defensores. La agenda va desde
cómo abordar las denuncias en las instancias
nacionales e internacionales hasta cómo
registrar los testimonios"
Fotoleyenda: D'Elsa Solórzano llevó a
la OEA los casos de torturas
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El NACIONAL |
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20040304 |
Llueven casos
de vejaciones
Ramón
Navarro
Llueven
casos de vejaciones
RAMÓN
NAVARRO
Dicen que los síntomas de una sociedad
enferma comienzan con el despliegue de la
represión. Las manifestaciones contra el
gobierno de Hugo Chávez Frías tienen una
espoleta conflictiva bien definida: el
referéndum revocatorio presidencial. Y es
que desde el pasado viernes 27 de febrero
son varias las víctimas de la forma como el
Gobierno enfrenta la opinión disidente. En
todo el país la Guardia Nacional, así como
la Policía Militar y la Disip, entre otros
cuerpos policiales, han dejado señas de un
flagrante ejercicio violatorio de los
derechos humanos. Músico torturado El
reconocido director de orquesta Felipe
Izcaray denunció la tortura a la que fue
sometido su hijo, Carlos Eduardo Izcaray,
quien es licenciado y master en música,
también director de orquesta y cellista de
la Sinfónica Venezuela. El lunes fue
secuestrado por la Guardia Nacional. De nada
valió que le dijera a la GN que él no estaba
manifestando. Apenas estaba viendo lo que
ocurría en Altamira. Fue colocado en el
interior de una tanqueta, donde fu golpeado.
Y además, le lanzaron una bomba lacrimógena.
Luego fue trasladado al destacamento 51 de
la GN, en El Paraíso. "Fue torturado
salvajemente con golpes en la cabeza, el
cuello y la espalda, y se le aplicó
electricidad en diversas partes del cuerpo",
relató el maestro Izcaray. Carlos Eduardo
Izcaray les comunicó a sus agresores que
durante ese semana era el director invitado
"y ni siquiera por eso entraron en razón".
Si los familiares no se hubiesen movilizado,
en estos momentos estuviera internado en el
Retén de la Planta, en El Paraíso. Está
hospitalizado en una clínica y fue amenazado
de muerte en caso de que hiciera pública la
brutal agresión. ¿Delito? Marchar El viernes
27 de febrero la marcha que debía llegar a
la Plaza Morelos llegó a la avenida
Libertador, a la altura de Maripérez. Cuenta
Edén Valera, padre de Pedro Alejandro
Valera, que su hijo estuvo protestado como
lo hacía todo el mundo aquel día en que Hugo
Chávez estaba reunido con el G-15 en el
Teresa Carreño. Pedro, de rodillas, alzó sus
manos como tratando de tocar al cielo, y fue
agredido por la Guardia Nacional. Le
quitaron la máscara antigás, le propinaron
dos peinillazos, y a quemarropa, le vaciaron
un cartucho de perdigones. La herida en la
espalda trajo como consecuencia la
eliminación de unos terminales nervioso.
Pedro no siente dolor en esa zona. Lo
arrastraron a una jaula. Estuvo allí durante
cuatro horas. Los signos de un desmayo
obligaron a los funcionario de la GN a
llamar una ambulacia. Fue trasladado a una
clínica. Allí lo estabilizaron, le aplicaron
una antitetánica y suero y le sacaron
algunos perdigones. Los médicos de Salud
Chacao lograron mejorar su condición. Sin
embargo, necesita de una cirugía
resconstructiva en vista de que le quedó en
la espalda una gran herida. Sus familiares
poseen pruebas fidedignas del abuso militar.
Antebrazos quemados Félix Farías es
dirigente nacional de Bandera Roja. El
martes estaba cerca de su casa, en Los
Chaguaramos, y fue apresado por varias
personas que lo introdujeron en una
camioneta. Le colocaron un pasamontañas, al
revés, y comenzó la tortura. "Yo sólo
escuchaba el sonido de un yésquero. De
pronto empecé a sentir que me estaban
quemando con algo. Me dieron golpes,
cachazos y no se cansaron de insultarme". A
Farías lo detuvieron a las 10:00 pm y lo
soltaron alrededor de las 11:30 pm, cerca
del terminal de pasajeros de La Bandera.
Comentó que le preguntaron si los dirigentes
de Bandera Roja oseían armas. No habló. Le
quemaron los antebrazos y le dejaron la
marca de una especie de tenedor. Once de
tres rayas cada una. "Me revisaron todas las
llamadas de mi celular, pero no me robaron.
No te puedo decir qué cuerpo era, porque no
tenían ningún uniforme policial o militar"
Fotoleyenda: Al dirigente de Bandera
Roja lo quemaron con una especie de tenedor
en los antebrazos.
Foto: Yanny Montilla
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El NACIONAL |
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20040304 |
Denuncian
violación a los derechos humanos y torturas
a los detenidos
Ramón
Navarro
Denuncian
violación a los derechos humanos y torturas
a los detenidos
La Coordinadora Democrática, a través
de la Comisión de los Derechos Humanos,
ajusta su informe para presentarlo a la
Comisión Interamericana en las próximas
horas. Los aprehendidos sobrepasan los 350,
aunque la cifra de liberados supera a los
más de 40 que ya están siendo procesados
judicialmente
RAMÓN
NAVARRO
Las detenciones aumentan en todo el
territorio nacional en la medida en que se
profundizan las protestas. Ayer, Rafael
Narváez, quien coordina la Comisión de
Derechos Humanos de la Coordinadora
Democrática, denunció la grave situación de
violación a los derechos humanos que han
sufrido los detenidos -varios de ellos
torturados- a la vez que aumentaba a más de
350 el número de personas aprehendidas en
las manifestaciones que comenzaron el 27 de
febrero. Narvaéz reiteró que se habían
registrado violaciones de los derechos
humanos por parte del Gobierno, a través de
las acciones que han emprendido funcionarios
de organismos de seguridad, entre ellos la
Guardia Nacional, Policía Militar y Disip,
sobre quienes han mostrado disidencia contra
el mandatario nacional, y en especial, sobre
los ciudadanos que exigen el revocatorio
presidencial. De las personas detenidas
-algunas ya liberadas y otras, más de 40,
procesadas en tribunales- más de 100 fueron
aprehendidos en el área metropolitana, 35 en
Miranda, 40 en Falcón, 22 en Yaracuy y 20 en
Táchira. Poner al día estas cifras no es
tarea fácil para la Coordinadora
Democrática, en vista de que mientras los
funcionarios de los cuerpos policiales
capturan a los manifestantes, algunos
detenidos son puestos en libertad. Hasta la
tarde de ayer habían fallecido nueve
personas y seis manifestaron haber sido
registrado torturadas: Rodrigo Allegret,
José Ramón Merlo, Daniel Amundarain, José
Rafael Peralta, Herber Gustavo Prado y Ariel
Keint. "Los detienen sin razón. Algunos han
sufrido descargas eléctricas, golpes a la
cabeza, en la espalda, tratos inhumanos y
baños de agua fría", explicó Narváez, quien
es el encargado de sustanciar todas las
pruebas de los excesos policiales, con la
finalidad de notificar a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos sobre
la situación. El representante de la
oposición explicó que ya se estaba recabando
toda la información sobre la manera como han
sido reprimidas las manifestaciones. De esta
manera se obtienen datos acerca de la
cantidad de personas torturadas, qué
maltratos han sufrido, el tipo de bombas
utilizadas durante los enfrentamientos con
los manifestantes, tipo de cartuchos de
perdigones y casquillos de balas. Apuntó que
el informe será entregado a Santiago Cantón,
secretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos.
"También hemos estado recibiendo a algunas
víctimas y a sus familiares para que
ofrezcan sus testimonios y nos están
consignado videos y otras pruebas que son
fundamentales para la elaboración del
informe". Según D'elsa Solórzano, asesora
jurídica y coordinadora del equipo de
abogados de la Coordinadora Democrática, la
situación es más grave de lo que muchos se
imaginan. "El asunto es grave, muy grave. A
los procesados se les está imputando el
delito de porte ilícito de armas, cuando
sólo tienen cacerolas. Por lo pronto hay más
de 40 procesados en los tribunales". El
trajín en los pasillos de la quinta La
Unidad, sede de la Coordinadora Democrática,
orienta las energías entre lo estrictamente
político y en lo judicial, a causa de las
detenciones. Solórzano no vacila en declarar
la emergencia y aunque hay más de 30
abogados a su disposición, no pocos
profesionales del derecho han ofrecido sus
servicios. "Despúes de toda la labor que
hemos hechos en los últimos días el balance
es positivo. Son más los detenidos puestos
en libertad que quienes se han quedado
detenidos. Pero no nos damos abasto".
Entretanto, Narváez destacó que las
responsabilidades penales son individuales y
que los crímenes no prescriben, haciendo
alusión a las órdenes que obedecen los
cuerpos militares y policiales, en este caso
los soldados de bajo, mediano y alto rango,
a la hora de combatir las protestas con la
utilización de armas, incluyendo las de
guerra. También se refirió a uno de los
casos más alarmantes de todo el escenario de
violencia: un menor de edad, 14 años, que
fue "humillado y vejado por efectivos
militares".
Fotoleyenda: En las próximas horas la
Comisión Interamericana conocerá los casos
de violación a los derechos humanos.
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El NACIONAL |
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20040310 |
Coordinadora
Democrática contabiliza ocho desaparecidos
Ramón
Navarro
Coordinadora Democrática contabiliza ocho
desaparecidos
La comisión jurídica de la CD denunció
que Miguel Pacheco fue detenido en Cumaná,
el jueves 4 de marzo. El dirigente
estudiantil y jefe de la fracción de AD en
la UDO hizo dos llamadas, en las que
señalaba que estaba secuestrado. Para hoy a
las 4:30 pm está prevista una marcha en el
municipio Sucre
RAMÓN
NAVARRO
El tema de los desaparecidos aparece de
manera contundente. La Comisión Jurídica de
la Coordinadora Democrática, que dirige
D´Elsa Solórzano, aseguró que son ocho los
desaparecidos y que el último había sido
Miguel Pacheco, dirigente estudiantil y
representante de Acción Democrática en la
Universidad de Oriente. Explicó la asesora
jurídica de la CD que Pacheco fue detenido
el jueves 4 de marzo en Cumaná y, en pleno
proceso de aprehensión, fue capaz de
realizar dos llamadas telefónicas, en las
que informaba, tanto a su novia como al
secretario general de la Federación de
Centros Universitarios de la UDO, que estaba
secuestrado. "Miguel manifestó a esas dos
personas que había sido secuestrado. Con
armas de guerra no permisadas detuvieron a
los siete desaparecidos, y todos ellos
detenidos por la Policía Militar, Guardia
Nacional y Disip", apunta Solórzano, quien
en no pocas ocasiones ha reiterado que la
búsqueda de los desaparecidos no ha dado el
resultado esperado, a pesar de haber
chequeado desde hospitales hasta centros de
reclusión. Los otros siete desaparecidos
son: Juan José Pérez, de 27 años; Juan
Ernesto Sánchez, de 37 años; Andrés Bastidas
Guédez, de 32 años; José Luis Rodríguez, de
33 años; Eduardo José Miranda, de 30 años; y
Julio César Gómez, de 34 años. Este grupo de
siete personas, según la representante legal
de la CD, fue detenido por la GN y Policía
Militar, a finales de febrero y, de acuerdo
con comentarios de algunos testigos de la
zona de la Plaza Francia, de Altamira,
habría sido ajusticiado, mientras que otros
testimonios dan fe de que sólo los
aprehendieron y se los llevaron.
Contra Rincón y Chávez
Solórzano también se refirió a las
declaraciones de Marcos Chávez, director del
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, y a las del
ministro de Interior y Justicia, Lucas
Rincón, quien aseguró que los fallecidos y
heridos durante las jornadas de protestas,
que comenzaron el 27 de febrero y culminaron
el 3 de marzo, fueron producto de una
supuesta campaña terrorista desatada por la
oposición y los medios. "Le digo al ministro
trisoleado, quien dice que en Venezuela no
existe violación de los derechos humanos, y
que todo esto es una conspiración de los
medios, que usted lo que pretende es engañar
al pueblo, que lo que vimos en las calles no
es un montaje de los medios, que no es una
confabulación de la oposición, y además, que
sí hay presos políticos en Venezuela. Lo
invito a que revise la lista de detenidos",
apuntó la abogada. En relación con el
director del Cicpc, destacó que violaba
flagrantemente la denominada "reserva de
investigación" que está establecida en el
Código Orgánico Procesal Penal. "Usted
determinó que la GN no tiene responsabilidad
penal en los 12 fallecidos, se convirtió en
fiscal del Ministerio Público y se atrevió a
señalar que la GN sólo portaba sus
armamentos". Cifras en la intemperie
Entretanto, Jesús Torrealba, vocero de
la CD, señaló que la cifra de fallecidos
había aumentado a 12, la de presos políticos
remarcaba 410, los heridos estaban en mil
750, y una nueva figura se añadía de manera
oficial a la lista: los desaparecidos.
Aprovechó para señalar que no era fortuito
el fallecimiento de José Luis Ricaurte,
quien fue masacrado por un grupo de
encapuchados en el 23 de Enero. "Fue un
ajusticiamiento, un fusilamiento y con apoyo
de la policía política. En relación con los
desaparecidos, se trata de una nueva
categoría, por lo cual el régimen se hermana
con los gorilas del Cono Sur, al mejor
estilo de las dictaduras del Cono Sur",
precisó Torrealba.
Marcha en Sucre
Los representantes de Gente de Sucre,
Oswaldo Díaz y Oscar Pérez, detallaron las
rutas y motivaciones de la marcha que se
efectúa hoy, a partir de las 4:30 pm, en el
Municipio Sucre, y que tiene como punto de
partida la avenida principal de los
Cortijos. Pérez recalcó que la manifestación
en todo el municipio tiene como propósito
exigirle al Gobierno el respeto de los
derechos humanos, denunciar al alcalde José
Vicente Rangel Ávalos por autorizar el uso
indebido de armas de guerra por parte de
Polisucre, y protestar contra las
manifestaciones que se efectuaron
recientemente. "Hemos venido denunciado ese
lote de armas de guerra, ya que, de acuerdo
con un comunicado confidencial del
Ministerio de la Defensa, se autorizó a la
alcaldía de Sucre para comprar ese tipo de
armamento y municiones para la policía.
Estamos hablando de 10 mil cartuchos, de 15
fusiles de asalto y cuatro con mira
telescópica. Recordemos que algunos heridos
y fallecidos presentaron tiros de
precisión", acotó Pérez.
Fotoleyenda: Foto JOSE GRILLO Jesús
Torrealba actualizó las cifras
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El NACIONAL |
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20040312 |
Crean 24
comités para la defensa de derechos humanos
de las víctimas/Contra el terrorismo
Ramón
Navarro
Crean 24 comités para la defensa de
derechos humanos de las víctimas
El anuncio fue hecho por Rafael
Narváez, de la Coordinadora Democrática,
quien recalcó que uno de los objetivos es
levantar todos los testimonios de los casos
de agresión. Por su parte, Jesús Torrealba
enfatizó que "hay resistencia para formular
las denuncias en la fiscalía".
RAMÓN
NAVARRO
Las 24 entidades regionales que
integran el mapa de Venezuela contarán con
sus respectivos comités de defensa de
derechos humanos de las víctimas de los
sucesos del 27 de febrero al 3 de marzo
pasado, las cuales harán seguimiento de
todos los actos de las fuerzas públicas del
Estado, de acuerdo con las informaciones
suministradas por Rafael Narváez, quien
dirige la comisión sobre el tema en la
Coordinadora Democrática. Apuntó el
dirigente opositor que las células se
constituyeron con abogados que prestan sus
servicios a la CD y que uno de los objetivos
principales es recabar información
testimonial en todo el país sobre los casos
de los heridos, torturados y fallecidos,
como consecuencia de la actuación de los
órganos militares y policiales del Estado
que enfrentaron las recientes
manifestaciones. "Los responsables de esos
comités serán los jefes de las CD
regionales. Esos estarán integrados por
abogados, estudiantes universitarios y
activistas por los derechos humanos. A ellos
se les entregó un instructivo de
funcionamiento, para que se conformen un
equipo de seguimiento a todo lo que ocurra
en cada estado, en relación con la actuación
de los cuerpos policiales y militares".
Narváez también se refirió a los comités de
solidaridad de los presos políticos, que se
están estructurando "por intermedio de las
asambleas de ciudadanos". "Es como un enlace
de la comisión de los derechos humanos que
yo dirijo. Sobre los comités, ellos estarán
muy vigilantes en las manifestaciones que
haga la disidencia y deberán levantar
experticias y estar en contactos con las ONG
de cada estado, y también orientar a las
víctimas". Narváez destacó su inquietud
sobre el tema de la impunidad, en virtud de
los sucesos del 11-A, del que ayer se
cumplió un año y 11 meses. "Tengo la
preocupación de que los casos que surgieron
a partir del 27 de febrero vayan por el
mismo camino, es decir, que ni se constituyó
la comisión de la verdad ni se establecieron
responsabilidades".
Resistencia a la denuncia
El tema de los desaparecidos se torna
preocupante. Delicado porque hasta ahora, no
sólo no han aparecido las siete personas que
fueron detenidas por un grupo comando en las
inmediaciones de la plaza Francia de
Altamira, sino que los testigos no se
atreven a acudir a la Fiscalía, en especial
porque no se encuentran motivados por el
método del registro de la agresión, según
Jesús Torrealba, vocero de la Coordinadora
Democrática. "La no denuncia fortalece la
impunidad", reitera Torrealba. "Es el
impacto del terror. Hay resistencia y
reticencia a formalizar las denuncias ante
la Fiscalía", admite el dirigente de la
oposición, quien aclaró que en materia de
derechos humanos es también conveniente que
las víctimas tengan relación con otros
actores que no estén vinculados con la
materia política. "Nosotros damos apoyo en
la primera sustanciación, que consiste en
ubicar los recaudos porque es gente que está
bajo el impacto del vejamen y el dolor.
Consideramos importante dar un apoyo para
que el tema se 'normalice' en la conciencia
pública, de allí la importancia de los
testimonios". Torrealba, quien ofreció las
cifras de 13 fallecidos, nueve torturados,
410 presos políticos y 1758 heridos, y en la
que sólo bajo el renglón de los
desaparecidos, de ocho se redujo a siete
(apareció Miguel Ángel Pacheco, desaparecido
desde el jueves 4 de marzo), reiteró que en
algunos casos cuando las víctimas van a la
Fiscalía, "allí le dicen que tomen
conciencia de la denuncia, que no se metan
en política".
Foto AP La Coordinadora dará apoyo a
las víctimas de los atropellos por parte de
los cuerpos de seguridad del Estado
Contra el terrorismo
La Coordinadora Democrática,
organización que agrupa a todos las fuerzas
políticas que hacen oposición al Gobierno
nacional, manifestó su repudió a través de
un comunicado, ante el atentado terrorista
que se perpetró ayer en Madrid. Jesús
Torrealba, vocero de la corriente opositora,
fue el encargado de leer el documento que
hace mención a la penosa situación que vive
el pueblo español. "En esta dolorosa hora
manifestamos nuestra indeclinable
solidaridad con el pueblo español y con su
vigorosa democracia, y estamos absolutamente
seguros de que la sociedad española sabrá
responder al chantaje terrorista y a la
violencia homicida con la determinación y la
fuerza incontenibles de un pueblo decidido a
vivir en democracia y libertad". En la
manifestación de apoyo al Estado español, la
carta ruega al rey Juan Carlos, al
presidente español, José María Aznar, a toda
la dirigencia política y gremial, así como a
los ciudadanos españoles, para que no
confundan "la voz siempre democrática del
pueblo venezolano con la episódica vocería
de un gobierno que, como el actual régimen
de Hugo Chávez, es intolerante y ejerce
terrorismo de Estado contra sus propios
ciudadanos cuando pedimos elecciones..." La
alianza opositora convocó para 4:00 pm de
hoy a una movilización de respaldo al pueblo
español, que partirá desde la plaza
Candelaria y llegará a la Embajada de ese
país en La Castellana.
Caracas, martes 11 de mayo, 2004
Noriega acusa a Chávez de ejercer presión sobre los medios
ASDRUBAL AGUIAR
EVERETT BAUMAN
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
El subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales de Estados Unidos, Roger Noriega, señaló ayer que Venezuela "es un país en donde el Gobierno ejerce presión sobre los medios de comunicación, pudiendo constatarse que, en el curso de 1999-2003 han sufrido agresiones 708 periodistas".
Recordó que Chávez, en enero de 2003, declaró dicho año como "el año de la guerra contra los medios de comunicación", y apuntó que ello, a juicio de Noriega, contribuyó a la polarización del clima político del país y al abuso, por el Gobierno, de los derechos humanos durante los últimos meses de febrero y de marzo.
Durante su intervención en la Cumbre Hemisférica sobre libertad de expresión organizada por la SIP en Washington, a la que asistió también el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Gutiérrez, el funcionario norteamericano afirmó que "las críticas virulentas del señor Chávez contra EEUU sólo pretenden distraer la atención sobre esta realidad", indicó.
Venezuela, continuó el subsecretario, fue una de las democracias que llevaba más tiempo y que era de las ejemplares del Continente; para así prevenir, a renglón seguido, sobre el drama actual de "las democracias electorales". Chávez y sus programas sociales, a pesar de las promesas que hiciera desde los inicios de su mandato, de nada han servido. "Dice que apoya a los pobres, tanto que los ha hecho crecer durante su gobierno". Lo único que sí puede reconocérsele, ajustó Noriega antes de pasar a explicarle a los parlamentarios presentes y con lujo de detalles la burla hecha a la población en su reclamo por una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis venezolana, es que Chávez "no oculta ni disfraza su animadversión por la libertad de expresión y de prensa".
Noriega hizo chistes sobre la hipótesis de que el jefe de la NASA hubiese firmado una solicitud de referendo revocatorio del mandato de Bush, para referirse a las presiones indebidas que ejerce el presidente Chávez sobre sus funcionarios, llamándolos traidores y despidiéndolos de sus cargos, a fin de obligarlos a retirar las firmas que otorgaron en solicitud de la revocatoria de su mandato. Y señaló, al respecto, que la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter fueron contundentes al pronunciarse sobre la transparencia del proceso de recolección de firmas válidas realizado por la oposición, con vistas a la solución electoral establecida por la Resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA.
"La OEA y el Centro Carter serán claves para la credibilidad", aseveró , y añadió que por ello, junto a Brasil, que tiene la responsabilidad de coordinar a los Países Amigos, "exigiremos que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales".
Caracas, miércoles 12 de mayo, 2004
ALLANAMIENTOS / Tres trabajadores de El Universal amenazados por la DIM
"Amenazaron con echarnos a los tupamaros"
Ni Félix Carmona ni Jorge Santos (periodista y reportero gráfico, respectivamente, de larga experiencia) son hombres de asustarse fácilmente.
PEDRO GARCIA OTERO
EL UNIVERSAL
Una amenaza de la Dirección de Inteligencia Militar no es para tomarla a broma, menos aun si la amenaza es "los voy a quebrar a ustedes junto con sus familias, los vamos a borrar. Además, les vamos a echar a los tupamaros".
Y justamente esa amenaza fue la que el "comandante Manuitt" realizó a Félix Carmona, reportero de este periódico; Jorge Santos, fotógrafo, y Andrés Pérez Cova, chofer de la unidad en la que todos se desplazaban, cuando intentaban cubrir el allanamiento a la casa del diputado (AD) Rafael Marín, el lunes en la noche en la urbanización Oripoto.
Ni Carmona ni Santos (periodista y reportero gráfico, respectivamente, de larga experiencia) son hombres de asustarse fácilmente.
Pero la violencia con la que fueron abordados, el uso abundante de insultos y el encañonamiento con armas de fuego, los amedrentaron, como reconocían ayer, pasado el miedo y en ocasión de presentar la denuncia por la situación vivida, ante el Ministerio Público.
Además de la intimidación y de las amenazas personales y a familiares, a Carmona le quitaron su grabador, y a Santos su cámara fotográfica; a la unidad de El Universal en la que se desplazaban le destrozaron y robaron el sistema de radio.
Todas estas denuncias fueron consignadas ante la fiscal 125 Haifa Aissami, y el fiscal auxiliar Daniel Blindo Nicotra, y pasan a engrosar el expediente negro de la "revolución" en lo que a agresiones a los medios atañe.
Inteligencia perdida
Lo que más extrañó a Carmona, Santos y
Pérez Cova es que los mismos miembros de la
DIM que los acosaron de semejante manera les
habían permitido hacer su trabajo sin
problemas en el allanamiento a la quinta La
Ahumada, donde residió Carlos Andrés Pérez y
actualmente lo hace su ex esposa, Blanca
Rodríguez.
En busca de la casa de Rafael Marín, los reporteros se encontraron con la caravana de la DIM. Cuando ésta se detuvo, también lo hizo el automóvil de El Universal, pensando que habían llegado a la residencia. Lo cierto, afirma Carmona luego de meditar sobre los hechos, los de la DIM andaban perdidos.
"Si tiras una foto te meto un tiro en la cara", fueron las primeras palabras del "comandante Manuitt" a Jorge Santos. "Acto seguido, fui golpeado con armas cortas y largas, me pegaron una ametralladora en la nuca, que me dejó una fuerte marca. Me vejaron, maltrataron y me despojaron de cédula de identidad, credencial del diario y cámara. Además, me dieron varias bofetadas con la mano abierta".
Y aun peor lo pasó Pérez Cova, el chofer, a quien le colocaron una pistola 9 mm en la sien, y hasta le echaron para atrás el gatillo (la montaron), mientras le daban golpes.
Carmona, en ese momento, enumeraba a quienes los agredían. Contó hasta 20 funcionarios. Le señalaron que "ni una letra, ni una denuncia, porque te voy a quebrar a ti y a ustedes junto a sus familias".
Todo el incidente, refiere el reportero, duró unos 10 minutos. "Un trance largo". Luego, la DIM los dejó en libertad sin explicación, aclara Carmona.
Mientras, a Santos le queda el resquemor, y una duda: "Me dijeron que nos iban a echar a los tupamaros. Entonces, uno se pregunta si es que ellos trabajan para los tupamaros, o los tupamaros para ellos".
Caracas, miércoles 12 de mayo, 2004
Juez militar aplazó audiencia de periodista Patricia Poleo
El juez de Control aplazó para el próximo 28 de mayo la audiencia de la periodista Patricia Poleo en vista que su tribunal estaba avocado a otras diligencias, informó la editora del diario El Nuevo País.
A la reportera se le imputó el delito de instigación a la rebelión militar y ofensa a la Fuerza Armada Nacional, por haber comparecido ante un canal de televisión donde presentó un video que según su opinión demuestra la presencia de cubanos en la sede del Comando Regional 6 de Apure. "El Gobierno no ha descalificado el video, lo ha reconocido, pero el delito es mío porque difundí la información y cumplí con mi deber".
A pesar de la insistencia de los representantes legales para que se le tome la declaración, el tribunal insistió en diferir la audiencia en la cual el fiscal militar Tte (Gn) Esaúl Olivar Linares había solicitado privación de libertad en contra de Poleo.
"Vine a enfrentarme al juez y sobre todo a hablar, porque se supone que me va a escuchar", dijo Poleo antes de ingresar al recinto, acompañada por una nutrida comisión de periodistas.
Su abogado Winston Oraa dijo que esta medida se toma para acallar a Poleo, que posee todas las pruebas y agregó que debería ser juzgada por el juez natural.
Oraa indicó que la norma que se está alegando para solicitar la medida privativa de libertad contra Patricia Poleo no puede aplicarse porque es una norma que debe concatenarse con otras disposiciones y no tiene vida propia.
Poleo comentó que es posible que a ella la sindiquen en el caso de los presuntos paramilitares puesto que en su expediente está señalado el capitán Francisco Nieto, a quien reconoce como amigo de la infancia. "La primera acusación que se hizo en contra de (Francisco) Javier Nieto, alférez mayor de su promoción, fue precisamente porque lo vieron en Maracaibo saludándome y en el expediente le pusieron que "estaba conversando con Patricia Poleo, una periodista que es enemiga de la FAN".
Su abogado, Winston Oraa, indicó que el delito imputado no ha sido probado sino por el contrario Poleo hizo uso legítimo de un derecho que es el de informar implícito en su profesión._ALRM
Caracas, miércoles 12 de mayo, 2004
Leyes de Contenido violan convenio americano
ASDRUBAL AGUIAR / ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Washington. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) convocará foros nacionales en los distintos países, concertando con el mundo parlamentario, para debatir sobre el acceso a la información pública y la necesidad de ofrecer garantías al respecto y en beneficio de todos los ciudadanos.
Fue esta la conclusión más importante a la que llegó la Cumbre Hemisférica de Congresos Nacionales sobre Libertad de Expresión, que concluyó sus deliberaciones en Washington en el marco de un encuentro realizado en el Capitolio, sede del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Parlamentarios y editores del hemisferio lograron abrir un espacio de diálogo inédito, un "puente de oro" como lo calificaría Sergio Muñoz de Los Angeles Times.
Los temas neurálgicos de la conferencia fueron suscitados por la intervención de Jorge Santistevan, ex candidato presidencial peruano y primer Defensor del Pueblo en dicho país, al observar que las legislaciones sobre regulación de los contenidos a la información eran contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En respuesta el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ricardo Gutiérrez, que la Ley de Responsabilidad Social sobre Radio y Televisión todavía no había sido aprobada y que, apenas, se tramitaba para su segunda discusión pero con ánimo conciliador. Pero apuntó que la misma tuvo su origen en la desinstitucionalización provocada por los medios del comunicación social. "Ellos asumieron el rol de partidos políticos" aseveró.
La mesa sobre libertad de expresión, presidida por Asdrúbal Aguiar, consultor de la SIP y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contó con la presencia de Claudio Grossman, decano de Derecho de American University y recién electo vicepresidente del Centro contra la Tortura de Naciones Unidas; Eduardo Bertoni, relator de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión; y de Danilo Arbilla, editor uruguayo y ex presidente de la SIP.
Gutiérrez agradeció a la SIP la invitación a la cita y la juzgó de nivel extraordinario, esperando que "se comprenda la importancia de asegurarle también a los ciudadanos el acceso a los medios", incluso admitiendo que "quizá hemos puesto mucho énfasis, dada nuestra preocupación social, en el tema de las responsabilidades".
"La Ley de Responsabilidad Social insiste, ciertamente, en una visión social", concluyó Gutiérrez antes de afirmar que compartía plenamente los postulados de la Declaración de Chapultepec, "pero hacen falta dos más en los cuales los medios se comprometan también a cumplirlos".
"Es falso el antagonismo entre la libertad de expresión y el derecho al honor", dijo por su parte Aguiar, para observar que es a los jueces a quienes corresponde, con vista a los hechos y a la salvaguarda preferente de los activos de la democracia, decir lo que corresponda.
"Los límites a la crítica son más generosos y amplios tratándose de la crítica a quienes ejercen vida pública y política o se involucran con temas de interés nacional legítimo, en tanto que son estrechos, según la jurisprudencia internacional, en los casos de los particulares", declaró.
Caracas, jueves 13 de mayo, 2004
SIP denuncia acoso a periodistas y editores
Miami. "Las políticas de Estado van restringiendo, progresivamente, la libertad de expresión y de prensa" en Venezuela, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Rafael Molina.
La SIP calificó de "hechos contrarios a la libertad de expresión" los allanamientos a una propiedad de un empresario de medios y la orden a la periodista Patricia Poleo para que se presente ante un tribunal militar por presunta ofensa a la Fuerza Armada por la difusión de un video.
Indicó que el martes fue allanada en Venezuela una hacienda del empresario Gustavo Cisneros, dueño de la cadena Univisión y de Venevisión.
Molina, del diario dominicano El Nacional, dijo que las medidas aparentan ser "acciones de represalia política contra medios y periodistas".
Recordó que durante su reunión semestral en marzo pasado la SIP destacó ya "que en Venezuela, por acción de los poderes públicos, se ha agravado el cuadro de intolerancia política y de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos".
ASESINADOS
Alberto Aumaitre
Bruno Biella
Pedro José Guevara
Nelsy Rodríguez M.
William J. Alvarez M.
Yurmi Suárez
Miranda
José Manuel Vilas
Carabobo
Jose Sanchez Roble
Zulia
Eva Angelina Carrizo
PRISIONEROS
LISTA DE DETENIDOS
Caracas
Roberto Ruso
Angel Cacique
Rubén Bastidas
Alejandro Colmenares
Ricardo Sanabria
Andrés Machado
Onocio Aguese
Italo Ferrara
Rafael Pulido
Santiago Monteverde
(vicepresidente de la Bolsa de
Valores de Caracas)
Carlos Melo
María Gabriela
Ventochila
José Deguido
Daniel Blanco
La Rosa Angola
Jorge Esposito
Carlos Barrios
José Bautistas
Oliver Márquez
Rodrigo Allegrett
José Merlo
David Amundaraín
José Peralta
Angel Keint
Alejandro Helmeyer
Leonardo Romai
Víctor Perdigos
Wilmmer González
Adolfo Alejos
Iván Mendoza
Juan Francisco Conde
Marcel Carballo
Domingo Bottome
Luis Cáceres
Richard Barrios
Lorenzo Carrieri
Omar Márquez
Orlando Batista
Carlos Barrios
Klein Ramírez
Edgardo Pineda
Héctor Aponte
Olguín Delgado
Daniel Zerpa
(preso en el Rodeo I)
Jhonny Zerpa
(preso en el Rodeo I)
Luis Camacho
Alejandro Fernández
Roberto Rasquin
(periodista y hermano de Edgar
Rasquin, ex gerente del Centro
de Refinación Paraguana)
Carlos Izquierdo
Eugenio López
Nauda Batista
Roberto Ruso
José Quintero
Edgar Silva
Táchira
(dirigentes juveniles de
partidos políticos)
Ramón López
David Rubio
César Peñaloza
Falcón
Carelis Chirinos
Douglas Vargas
Edgar Rodríguez
Edgar Castro
Julio Graterol
Ronny Díaz
Reny González
Leonardo Nelo
Alexis Sánchez
Abraham Moreno
David Mosquera
Jesús Barón
Jaime González
Wilfredo Prieto
David Mosquera
Lara
Nelson La Rosa
Fernando La Rosa
Francisco La Rosa
José Caraballo
Carabobo
Ronny Flores
herido de bala)
Guárico
Juvenal Mendoza
José Díaz
Jhonny Seguak
Jony Shebua
(militante de Bandera Roja)
Juan Perdomo
(militante de Bandera Roja)
Nueva Esparta
José Da Silva
Trujillo
Hermes Valera
Fernando Lama
Oswald Torres
José Ribas
Damián Ribas
Frank Milla (está recluido en
el hospital de Boconó, por estar
gravemente herido de bala)
Mérida
Jesús Mercado
Tulio Febres
Ronald Molina
Jesús Vera
Vargas
Nelson Estrada
Hyan Molina
Deisy Martínez
Otto Villalta
Eduardo Paiva
Ilso Carrero
Paco González
Bruno Gallo (secretario
general de Solidaridad en el
estado Vargas)
Estela Romero (secretaria
general de Democracia
Renovadora en Vargas)
Marcos Vargas
Liseth Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
Monagas
Oscar García
Luis Rincones
Rony Rincones
Oscar Gamboa
Enrique Narváez
Yuber Espinosa
Luis García
Apure
José Quintero
Edgar Silva
Aragua
Freddy Briceño
Miranda
David García Méndez
Juan Urbina
Guillermo Barrere
Orlando Moreno
Elvi Tovar
Kerder Cordero
Rita Vilacha
Yelitzabé Borges
Víctor Martínez
Henry Blanco
Gonzalo Ayala Páez Pumar
· DESAPARECIDOS
Omar Arturo Morales
Juan José Pérez
Juan Ernesto Sánchez
Andrés Bastida Guedes
José Luis Rodríguez
Eduardo José Miranda
Julio César Gómez
ASESINADO YORMI SUÁREZ
CONTACTO: KIRVIN SUÁREZ 04142930619/ 471 82 34
ASESINADO
WILLIAM JOSÉ ÁLVAREZ
CONTACTO: CARLA GUEVARA 0416 630 88 73
KISSI MARTINEZ 0412 950 44 25
ASESINADO JOSÉ VILAS
CONTACTO: CAROLINA DE VILAS 0416 710 53 25
ÁNGEL FRAILE 0414 274 84 20
TORTURADO FÉLIX DARÍAS
CONTACTO: EL MISMO 0416 817 67 31/ 0414 317 67 13
HERIDOS
PERDIGÓN VERÓNICA KOWALSKI
CONTACTO: LUIS KOWALSKI 0416 627 62 00
HERIDO
PERDIGÓN PEDRO MARTÍN
CONTACTO: ALFREDO ROMERO
TORTURADO DAVID MENESES
CONTACTO: 04142344672
HERIDO PERDIGÓN TITO DÍAZ (REPORTERO GRÁFICO DIARIO AVANCE)
CONTACTO: 04143 22 88 31
CARLA HIJA DE CARLOS MELO
CONTACTO: CARLENE MELO 0414 282 03 78
HERIDO DE BALA CARLOS COLMENARES (CAMARÓGRAFO RCTV)
CONTACTO: 0412 9906413
FOTÓGRAFO LESIONADO Y QUE LE QUITARON LA CÁMARA HENRY DELGADO
CONTACTO: 4083218
HERIDO DE BALA
CARLOS MONTENEGRO (CAMARÓGRAFO TELEVEN)
CONTACTO: EL MISMO 04142561805/ 04142961805
LESIONADO CON
CULETAZO DE FAL JUAN CARLOS AGUIRRE
(REPORTERO CMT)
CONTACTO: EL MISMO 04168271941
PRESO POLÍTICO
ROBERTO RASQUIN (PERIODISTA REVISTA
PRODUCTO)
CONTACTO: MIGUEL RASQUIN (HERMANO)
04167196486/ 5714495/04167089579
HERIDO POR BOMBA LACRIMÓGENA
JHONNY FICARELLA (REPORTERO GLOBOVISIÓN)
CONTACTO: EL
MISMO: 04143069440