Caracas, martes 31 de diciembre, 2002

 

CONFLICTIVIDAD / Fue trasladado al Helicoide y después al Fuerte Tiuna
General Alfonzo Martínez fue detenido por la Disip sin orden judicial

Sin que existiera una orden de detención preventiva emitida por el Tribunal Supremo de Justicia

 

Disturbios a las puertas de la Disip causaron un herido. Abogados del general interpusieron hábeas corpus

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Sin que existiera una orden de detención preventiva emitida por el Tribunal Supremo, o gestionada por un fiscal, funcionarios de la Disip detuvieron al general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez, lo recluyeron en el Helicoide y luego lo trasladaron hasta la Policía Militar del Fuerte Tiuna.

Por esta razón los abogados Guillermo Heredia, Gustavo Barralt y Cindy Cartuccello, decidieron interponer un recurso de hábeas corpus ante los tribunales de Control Penal del área metropolitana, alegando 'privación ilegítima de la libertad, incomunicación y violación del derecho a seguridad personal', entre otros.

También solicitaron a la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que designara a unos fiscales 'para que actúen de inmediato, ya que la detención fue totalmente arbitraria'.

Heredia explicó que acudieron al Palacio de Justicia 'por motivos de urgencia', a pesar de que los generales son altos funcionarios que sólo pueden ser enjuiciados ante el Máximo Juzgado del país.

El uniformado afectado, quien se declaró en desobediencia legítima amparado en el artículo 350 de la Constitución, fue aprehendido después de que abandonó la plaza Francia de Altamira y se dirigió hacia la plaza Madariaga de El Paraíso, para hacer un reconocimiento a los oficiales de la Guardia Nacional que se han negado a utilizar la fuerza para reprimir las manifestaciones contra el Gobierno.

Durante el acto al cual fue invitado por los vecinos del sector se presentaron cinco patrullas de la Disip, con efectivos fuertemente armados que intentaron detenerlo. En esa oportunidad la acción fue impedida por los manifestantes.

'Pero el general fue interceptado por las unidades de la policía política minutos más tarde, cuando se trasladaba hacia Altamira en moto por la autopista Francisco Fajardo, y sus acompañantes fueron golpeados', relató Heredia.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que la detención preventiva del general, en caso de que éste hubiese cometido un delito flagrante, tendría que haber sido solicitada ante el TSJ por un funcionario del Ministerio Público, porque los altos funcionarios gozan del privilegio del antejuicio de mérito.

Otras fuentes de la Fuerza Armada indicaron que la detención del alto funcionario, considerado como el de mayor antigüedad dentro de la GN, tendría que haberla realizado 'una comisión mixta integrada por oficiales de su componente y de mayor graduación que el general Martínez. Además tendría que haberse emitido un oficio por parte del comandante de la GN'.

Cabe mencionar que el único detenido fue el ex inspector de la FAN, a pesar de que en la plaza Madariaga se encontraban 6 oficiales más que también se declararon en desobediencia y permanecían en la plaza Francia desde octubre.

 

Cuatro heridos por disturbios frente a sede de la policía política

 

Presuntos simpatizantes del gobierno del presidente Chávez y vecinos del sector se acercaron a la sede de la Disip ubicada en El Helicoide, a partir de las 4:15 de la tarde del lunes, para lanzar piedras, fuegos artificiales y otros objetos contundentes, contra un grupo de personas que estaba manifestando contra la detención del general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez.

Los disturbios ocasionaron cuatro heridos, según precisó el defensor del pueblo Germán Mundaraín, y también daños a vehículos que se encontraban estacionados en los alrededores. Esto sucedió después de que efectivos de la Disip ya le habían lanzado bombas lacrimógenas a los manifestantes considerados de oposición.

Un grupo de motorizados se unió a quienes originaron los enfrentamientos. Pero éstos sólo fueron dispersados con gases a las 5:00 pm, cuando llegó la Policía Metropolitana.

Mundaraín dijo al canal 8 del del Estado, VTV, que entre los heridos se encuentran 'un funcionario de la Disip que estaba de guardia en la garita de la entrada de la sede del organismo, un manifestante de la oposición y dos motorizados que simpatizan con el Gobierno y fueron lesionados como producto de la riña tumultuaria que ocurrió'.

Uno de los motorizados fue agredido por varias personas de la oposición, quienes lo golpearon repetidamente. El canal de noticias Globovisión mostró las imágenes de una persona que habría sido herida en la cabeza con una piedra. Un arma de fuego fue retirada de su mano. Fuentes aseguran que el afectado es PM y escolta de la jefa civil de la Parroquia El Recreo. Se encuentra estable, a pesar de que perdió parte de la dentadura. _IA

 

En la mira de Fiscalía

A LA ORDEN DEL MP. El fiscal general Isaías Rodríguez conminó a la Disip a poner al general detenido a la orden del Ministerio Público, para su posterior presentación ante el Tribunal Supremo, según lo previsto en las normas.

LEY DE LA CSJ. Para ello refirió el artículo 151 de la Ley de la Corte Suprema de Justicia, aún vigente. Dicha norma estipula que si un alto funcionario 'es sorprendido en flagrante delito de carácter grave, las autoridades de policía lo pondrán bajo custodia en su residencia y lo comunicarán inmediatamente a la Corte (actual Tribunal Supremo), para que decida lo que juzgue conveniente sobre la libertad del aprehendido'.

CONSTITUCION. Resaltó que según el artículo 266 de la Constitución los generales son altos funcionarios. Corresponde por tanto a la Sala Plena declarar si hay o no méritos para detener o enjuiciar a tales funcionarios, previa solicitud efectuada por la Fiscalía.

FLAGRANCIA Y JUEZ. Precisó que de acuerdo a los artículos 248 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o acaba de cometerse. En estos casos, cualquiera deberá aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición de un fiscal en un lapso no mayor de 12 horas. Este tendrá 36 horas para presentar al general Alfonzo ante el TSJ, el cual decidirá si decreta la detención preventiva en 48 horas. Los fiscales del caso son Daniel Blundo e Ileni Monestiroli. _IA

 

Caracas, jueves 02 de enero, 2003

 

CONFLICTIVIDAD / Abogados denunciaron que García Carneiro visitó al detenido
Segundo amparo para librar al general

 

Ante el juez 34 de Control Penal, Mikel Moreno, denunciaron que el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez continúa 'ilegítimamente privado de su libertad' desde el lunes 30, a pesar de que el Tribunal 18 de Control, que está a cargo de David Manrique, ordenó liberarlo el martes.

 

El general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez permanece recluido en su residencia de Fuerte Tiuna

 

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Un segundo recurso de amparo fue interpuesto en los tribunales penales, en vista de que el general de división de la Guardia Nacional (GN) Carlos Alfonzo Martínez permanece detenido desde el lunes, sin que exista una orden dictada por el Tribunal Supremo o gestionada por un fiscal.

Ante el juez 34 de Control Penal, Mikel Moreno, acudieron cinco abogados, para denunciar que el alto funcionario continúa 'ilegítimamente privado de su libertad', a pesar de que el Tribunal 18 de Control, que está a cargo de David Manrique, ordenó su liberación el martes en la tarde.

Janeth Carbone, una de las representantes del general, explicó que decidieron actuar 'porque lo sucedido es un desacato a la orden de un juez, penado entre 6 y 15 meses de prisión, y porque el general está en una residencia en la que apenas tiene agua y comida'.

'Los efectivos que lo custodian se negaron a dejarlo libre, alegando que el único que podía sacarlo del apartamento era el fiscal', dijo.

Por eso informó que también requerirán al juez 18 de Control que ordene la ejecución forzosa de su fallo.

El abogado Emilio Espinoza denunció, a su vez, que a pesar de que a ellos les exigen salvoconductos para ver al general, el comandante de la Guarnición de Caracas, general García Carneiro, logró visitar al detenido, con quien tuvo un fuerte intercambio de palabras. Por eso le exigió 'inhibirse de visitarlo', sin la presencia de un abogado.

El uniformado afectado, quien se declaró en desobediencia legítima amparado en el artículo 350 de la Constitución, fue aprehendido después de que abandonó la plaza Francia de Altamira y se dirigió hacia la plaza Madariaga de El Paraíso el lunes, para hacer un reconocimiento a los oficiales de la GN que no usan la fuerza para reprimir las marchas contra el Gobierno.

Durante el acto vespertino se presentaron 5 patrullas de la Disip. Los efectivos intentaron detenerlo y los manifestantes lo impidieron. Pero el general fue interceptado más tarde, cuando trataban de llevarlo a Altamira en moto.

Después fue trasladado a la Disip, la Policía Militar de Fuerte Tiuna y al apartamento 28, piso 2, de las Residencias Naiguatá de la GN (Fuerte Tiuna), propiedad del general.

 

Tribunal 18 de Control ordenó excarcelación

El Tribunal 18 de Control Penal de Caracas, a cargo del juez David Manrique, ordenó dejar en libertad al general de división de la Guardia Nacional (GN) Carlos Alfonzo Martínez. La decisión fue tomada al ser declarado con lugar el recurso de hábeas corpus que interpusieron los abogados del alto funcionario, en el cual denunciaron la detención arbitraria y la privación ilegítima de la libertad.

El abogado Emilio Espinoza, dio lectura al pronunciamiento que concedió libertad al general: 'El Juzgado 18 de Control, por decisión del 31-12-02, declaró con lugar la solicitud de mandamiento de amparo interpuesta por los abogados a favor del declarado oficial de la Fuerza Armada Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales y libró boleta de excarcelación en la que hace saber al director del 35 Regimiento de Policía Militar que debe ordenar el cese de la medida privativa de libertad contra el general Carlos Alfonzo Martínez'.

A juicio de Espinoza, 'con esta decisión quedó demostrado que, evidentemente, se violaron las garantías constitucionales, ya que ni siquiera existía una orden legal de detención'. Celebró igualmente que no hubo ningún tipo de apelación y dijo que el del juez 'es un fallo firme'. _IA

 

Un militar fortalecido pero indignado

El general (GN) Carlos Alfonzo Martínez, recluido en el apartamento que habita junto a su esposa y 2 hijos, aseguró que sólo tiene comida para desayunar el jueves y denunció a Venevisión que fue 'ruleteado' después de ser detenido.

'Primero me llevaron a la Disip. Pero cuando llegamos al Helicoide hubo inconvenientes, porque yo era un militar de alta graduación y la Disip no era competente para detenerme. No me iban a recibir. De ahí me trasladaron a un Barrio en el Valle (San Andrés), donde dijeron estar protegidos por los círculos satánicos. Allí hicieron un contacto por teléfono y me llevaron a la Fiscalía Militar. Pero tampoco me recibieron. Al final aterricé en el Regimiento de Policía Militar y cuando tenía media hora detenido llegaron el general García Carneiro, el general Silva y el coronel Pantoja Montilla, comandante del regimiento'.

'Allí García Carneiro habló conmigo y me faltó al respeto. Pero dijo unas cosas que no repetiré. No hice reseñar nada en actas. Fue irrespetuoso'.

A su juicio, la detención de la que fue objeto es un mensaje para los militares que se encuentran en Altamira. A Unión Radio dijo sentirse 'fortalecido aunque indignado' por lo que vive, ya que se desconoce el Estado de derecho al no acatar los militares la orden de un juez de liberarlo.

'Fiscalía y Defensoría tampoco han intentado liberarme desde el martes', acotó. _IA

 

Caracas, viernes 03 de enero, 2003

 

Inadmisible amparo

El juez 34 de Control Penal, Mikel Moreno (otrora abogado de los acusados por disparar en el puente Llaguno), informó que declaró inadmisible el segundo recurso de amparo que interpusieron los abogados del general (GN) Carlos Alfonzo Martínez, alegando que el juez 18 de Control ya había emitido una decisión anterior y ordenó liberar al uniformado. _IA

 

 

 

Caracas, miércoles 08 de enero, 2003

 

Sala Plena sólo designó ponente al caso del general

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

A pesar de que el general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez ya cumplió ocho días detenido en su apartamento, la Sala Plena del Tribunal Supremo (20 magistrados) sólo designó un ponente para el caso.

El magistrado Levis Ignacio Zerpa, presidente de la Sala Político Administrativa, será el encargado de preparar el proyecto de sentencia que analizaría: si fue legal el procedimiento seguido por la Disip para la aprehensión; si fueron respetados el debido proceso y el derecho a la defensa; si el TSJ es el único competente para acordar la libertad, un régimen de presentación u ordenar la detención preventiva de un alto funcionario; y si la Fiscalía estaba obligada a exigir una medida a favor o en contra del general, cuando notificó los hechos al TSJ el 31-12-02.

Sobre el tercero de estos puntos, fuentes confiables informaron que la ponencia dejará claro que el máximo juzgado es el organismo capacitado para emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de la aprehensión de un alto funcionario, tal y como sucedió con los casos del 11 de abril.

Por esta razón podría ser declarada como nula la decisión a través de la cual el juez 18 de Control ordenó la libertad plena del general, el 31-12-02.

Esto sucederá si el magistrado Jesús Eduardo Cabrera no presenta antes un proyecto de fallo sobre la solicitud que efectuó el Ministerio Público ante la Sala Constitucional (5 magistrados), de avocarse a conocer el habeas corpus que cursa ante el citado Tribunal 18vo de Control, instancia que fue considerada como 'incompetente' para decidir en casos contra altos funcionarios, por el fiscal Isaías Rodríguez.

Correspondería en ese caso a la Sala Constitucional decidir sobre la presunta privación ilegítima de la libertad del ex inspector de la FAN.

Por otra parte se pudo conocer que en la Sala Plena del TSJ están divididas las opiniones sobre si el general debe estar en libertad plena o bajo régimen de presentación.

Este es uno de los motivos por los cuales Carlos Alfonzo Rojas acudió ante dicha instancia, para denunciar 'las graves violaciones a los derechos humanos' cometidas en contra de su padre, quien fue detenido por una comisión de la Disip luego de participar en un acto en la plaza Madariaga de El Paraíso el 30-12-02.

Este, asistido por los abogados Juan Carlos Gutiérrez y Janeth Carbone, denunció que su padre permanece recluido en su apartamento, a pesar de que el juez 18 de Control emitió un amparo a su favor.

Consta en actas que la magistrada Blanca Rosa Mármol de León (Sala Penal) objetó el hecho de que dicha sentencia no haya sido acatada aún.

 

 

Caracas, martes 21 de enero, 2003

 

Sala Constitucional está lista para avocarse y solicitar expediente al juez 18 de Control
Alfonzo Martínez detenido 30 días más según fallo a debatir en Sala Plena

IRMA ALVAREZ

Treinta días más tendría que permanecer recluido el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez, si por lo menos once de los veinte miembros del Tribunal Supremo aprueban la ponencia que elaboró el magistrado Levis Ignacio Zerpa, la cual será discutida durante la reunión de Sala Plena que fue convocada para este martes.

El referido será el plazo que le concederían al fiscal general, Isaías Rodríguez, para investigar y determinar si solicita un antejuicio de mérito en contra del alto funcionario, el cual fue aprehendido por funcionarios de la Disip el pasado 30 de diciembre. Desde entonces se encuentra fuertemente custodiado en su apartamento.

Según dejó entrever Zerpa, antes de escoger entre la acusación, el sobreseimiento o el archivo del expediente, el Ministerio Público podría considerar la posible comisión de faltas o delitos como la deserción militar, abandono del cargo, uso inadecuado del uniforme y rebelión, entre otros previstos en las leyes.

Esta información fue dada a conocer por fuentes confiables que también aseguraron que el expuesto es el contenido de un primer proyecto de sentencia que fue entregado a los magistrados. Pero dicho texto habría sido sometido a modificaciones, ya que no contaba con el respaldo de 11 magistrados.

Entre las objeciones se encuentra el hecho de que los altos funcionarios dejarían de gozar de la protección especial que les garantiza la Constitución y estarían en desventaja con respecto a cualquier ciudadano, ya que podrían ser detenidos por cualquier autoridad que alegue la comisión de un delito flagrante, y permanecer detenidos sin ser escuchados o presentados ante un juez, pese a lo previsto en el texto fundamental y en el Código Orgánico Procesal Penal.

También se pudo conocer que el magistrado Zerpa, en su escrito, propone declarar nula la decisión del juez 18vo de Control, quien ordenó liberar al general el 31-12-02, admitiendo para ello un recurso de hábeas corpus. Y es que, a juicio del ponente, el TSJ es el único competente para sentenciar. Por esta razón no fue publicada el lunes la sentencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, a la cual le faltan pocas firmas. En dicho texto la Sala Constitucional se declara competente para revisar la decisión del juez y ordena la entrega inmediata del expediente.

 

 

Caracas, miércoles 22 de enero, 2003

 

CONFLICTIVIDAD / Mientras fiscal acusa en 30 días, continuará la detención
TSJ restringe a Alfonzo Martínez libertad de expresión

 

Con siete votos a favor, cuatro concurrentes (a favor pero con objeciones) y ocho salvados, resultó aprobada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, según la cual el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez tiene prohibido 'comunicarse con los medios o con personas, grupos o asociaciones con fines de activismo político'.

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Con siete votos a favor, cuatro concurrentes (a favor pero con objeciones) y ocho salvados, resultó aprobada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, según la cual el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez tiene prohibido 'comunicarse con los medios o con personas, grupos o asociaciones con fines de activismo político'.

La orden que obliga al alto uniformado a tener contacto exclusivo con familiares y abogados, mientras se encuentra en su residencia bajo custodia de la Policía Militar, deberá ser cumplida durante los 30 días que la Fiscalía tendrá para investigar y determinar si acusa al general por la comisión de delitos mencionados en la sentencia, tales como: 'instigación a la rebelión', al 'exhortar a militares activos a que se unan al paro contra las autoridades establecidas', mientras se encontraba en la plaza Madariaga de El Paraíso, la cual está ubicada en una zona de seguridad.

El referido plazo será contado a partir de la publicación de los ocho votos salvados y de los cuatro concurrentes.

De acuerdo con el texto del dictamen, en este caso no se aplicaría el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal para casos de flagrancia, sino lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de la Corte Suprema (hoy TSJ).

La restricción de los derechos humanos del general; el impedimento de la ejecución de medidas de la Corte Interamericana que lo favorecen, y el hecho de que se permita una detención para averiguar después, 'al mejor estilo del sistema inquisitivo y sin garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa', fueron apenas algunas de las objeciones efectuadas por los magistrados Pedro Rondón Haaz (Sala Constitucional), Blanca Rosa Mármol de León (Sala Penal), Rafael Pérez Perdomo (Sala Penal), Alberto Martini Urdaneta (Sala Electoral), Hadel Mostafá (Sala Político), Alfonso Valbuena (Sala Social), Antonio Ramírez Jiménez (Sala Civil) y Franklin Arrieche Gutiérrez (Sala Civil).

El fallo fue divulgado después de un polémico debate que llevó a 4 de los 5 magistrados de la Sala Constitucional a consignar votos concurrentes. El presidente del TSJ, Iván Rincón, y los magistrados Jesús Eduardo Cabrera, José Delgado Ocando y Antonio García, decidieron respaldar el escrito con objeciones.

Entre otros destacaron que la Sala Constitucional es la única competente para anular el fallo del juez 18vo de Control, quien ordenó excarcelar al general el día 31-12-02.

Caracas, jueves 30 de enero, 2003

 

Iván Rincón salvó su voto en decisión de avocamiento
Sala Constitucional decidirá libertad de Alfonso Martínez

ALEJANDRA M. HERNANDEZ F.

EL UNIVERSAL

Será la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la que tome una decisión con respecto a la privación de libertad del general (GN) Carlos Alfonzo Martínez, quien permanece detenido en su habitación desde hace un mes.

En ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, esta Sala decidió avocarse al conocimiento de la acción de amparo que en modalidad de hábeas corpus intentó el alto oficial ante el Juzgado 18 de Control de Caracas, a los fines de evitar 'que se produzcan decisiones que podrían emanar de órganos competentes'.

Vale recordar que el pasado 3 de enero el fiscal general, Isaías Rodríguez, le solicitó a esta Sala que se avocara a conocer de dicha causa, argumentando, entre otras cosas, que el oficial castrense, en virtud de su alta investidura, goza de la prerrogativa constitucional del antejuicio de mérito, razón por la cual correspondería al Máximo Tribunal emitir un fallo al respecto.

La decisión de avocamiento contó con el voto salvado del magistrado Iván Rincón, presidente de la Sala y del TSJ, quien disintió del criterio de la mayoría por considerar que la Sala Constitucional, que es la competente en forma natural, 'no puede ser objeto de avocamiento' porque dicha 'institución presupone la incompetencia para el conocimiento de la causa por parte de quien se avoca'.

 

 

Caracas, miércoles 19 de febrero, 2003

 

Corresponderá a la Fiscalía tomar las declaraciones
General Carlos Alfonzo no será trasladado al TSJ

El general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez no será trasladado hasta el Tribunal Supremo para que rinda declaraciones, tal y como lo solicitó la Fiscalía. La decisión fue tomada por los veinte magistrados, durante la reunión de Sala Plena del martes.

Por esta razón le enviarán un oficio al fiscal general Isaías Rodríguez, en el cual le notificarán que le corresponde al Ministerio Público, en todo caso, ordenarle a un funcionario que se traslade para tomarle declaraciones al general en su residencia de Fuerte Tiuna.

Consideraron los magistrados que el Máximo Juzgado no debía interrogar, porque éste 'no tiene carácter de imputado y tampoco está detenido, ya que en su caso lo que existe es una medida preventiva de aprehensión que dependerá de si el fiscal lo acusa o no por la comisión de algún delito'.

Esto les permitió explicarles a los abogados del general que su representado no tiene que declarar ante ningún juez, así como tampoco ellos deben juramentarse ante el TSJ.

Llamó la atención de algunos integrantes del alto tribunal el que la Fiscalía solicitara el traslado del general para imponerlo de las imputaciones y declararlo, cuando ya transcurrió mes y medio de su aprehensión. Incluso se preguntaron por qué la Fiscalía investiga tanto, si el general fue detenido in fraganti. _IA

 

 

Caracas, martes 25 de febrero, 2003

 

Abogados de Carlos Alfonzo Martínez tuvieron acceso a expediente en Fiscalía
Revisión de fallo contra general exigirán al TSJ

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitarán la revisión de la sentencia de la Sala Plena que ordenó la detención preventiva del general de división de la Guardia Nacional Carlos Alfonzo Martínez.

La información fue dada a conocer por el abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien recordó que su representado cumplirá dos meses detenido el próximo 30 de febrero.

Según explicó, entre los puntos a objetar se encuentra el referido a la negativa de concederle la libertad al general, a pesar de que así lo ordenó el juez 18 de Control Penal de Caracas, David Manrique. También denunciarán que la Sala Plena 'violó los derechos a defensa y debido proceso'.

Puesto que 4 de los 5 magistrados de la Sala Constitucional votaron a favor del fallo en cuestión, existe la posibilidad de que éstos deban inhibirse.

Cabe recordar que el alto uniformado se encontraba en un acto público en la plaza Madariaga de El Paraíso, el 30-12-02, cuando la Disip lo aprehendió. Los funcionarios reportaron a la Fiscalía que lo habrían encontrado mientras cometía el delito de instigación a la rebelión. El Ministerio Público, a su vez, puso al detenido a las órdenes de la Sala Plena del máximo juzgado del país y este último les concedió treinta días para acusar y ordenó la reclusión preventiva del general en su apartamento, ubicado en Fuerte Tiuna.

El abogado Gutiérrez confirmó, igualmente, que la defensa del general acudió a la sede de la Fiscalía los días sábado, domingo y lunes, y en las tres ocasiones tuvieron la oportunidad de revisar el expediente que está a cargo de la fiscal Lesbia Bandres, fiscal primero ante la Sala Constitucional.

Durante los encuentros del fin de semana quedó constancia en actas de que no fue posible trasladar al afectado hasta el Ministerio Público para interrogarlo. En este sentido reiteró Gutiérrez que el general 'no puede ser trasladado si no existe una orden judicial de la Sala Plena' y reiteró que él 'sólo declarará ante un juez 'porque el Código Orgánico Procesal Penal estipula que la persona aprehendida debe ser presentada ante su juez natural para ser notificada de los hechos que se le imputan, cosa que no sucedió en este caso'.

 

 

Caracas, sábado 01 de marzo, 2003

 

OFENSIVA JUDICIAL / Solicitan antejuicio y privación de libertad a general Alfonzo
Continúa el contraataque legal

 

La solicitud del fiscal general se basa en la supuesta excitación pública a la rebelión en que incurrió el militar disidente el 30 de diciembre de 2002 frente a la Comandancia de la Guardia Nacional en El Paraíso

 

 

EUGENIO MARTINEZ

EL UNIVERSAL

La solicitud del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, para que se inicie un antejuicio de mérito contra el ex inspector de la Guardia Nacional (GD) Carlos Alfonzo Martínez es la última acción de la 'ofensiva judicial' anunciada por el Ejecutivo Nacional.

La querella presentada por el fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se fundamenta en 'la comisión del delito de excitación pública a la rebelión, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal en relación con el artículo 144, ordinal 1, del mismo texto legal'.

En el escrito consignado ante el TSJ también se le imputan al ex inspector de la Guardia Nacional los delitos 'de incumplimiento del régimen especial de las zonas de seguridad, previsto y sancionado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y abandono de comando, previsto y sancionado en el artículo 534 del Código Orgánico de Justicia Militar'.

El general Alfonzo Martínez fue uno de los quince oficiales activos que se declararon en desobediencia legítima el 21 de octubre de 2002.

Ortega y Fernández: los primeros

El 19 de febrero, el Tribunal 34 de Control, a cargo del juez Maikel Moreno, dictó órdenes de captura contra Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria (Arts. 128-132 del Código Penal), exposición de la República a la devastación y al saqueo (Art. 294), rebelión civil (Art. 144), instigación a delinquir (Art. 284) y agavillamiento (Art 287).

Con Ortega en paradero desconocido y Fernández capturado y otorgada casa por cárcel _a la espera de la apelación presentada por la fiscal 6 con competencia nacional, Luisa Ortega Díaz_ el 27 de febrero el Tribunal 50 de Control Penal, a cargo de la juez suplente Belkys Cedeño Ocariz, exigió detener a siete ex gerentes de Petróleos de Venezuela e integrantes de la Asociación Civil Gente del Petróleo.

Los ex gerentes sobre los que pesa orden de detención preventiva, por peligro de fuga, son Juan Fernández, Horacio Medina, Gonzalo Feijoo, Lino Carrillo, Mireya Ripanti, Edgar Quijano y Juan Luis Santana.

A los integrantes de Gente del Petróleo se les imputará la presunta comisión de los delitos de rebelión civil, daños a la industria petrolera e interrupción del suministro de energía o gas, previstos en los artículos 144 y 344 del Código Penal.

La emisión de estas órdenes de captura, del arresto de Carlos Fernández y de la solicitud de antejuicio de mérito para Alfonzo Martínez se producen a escasos días de las declaraciones del presidente Hugo Chávez, en su programa dominical ¡Aló, Presidente! del 16 de febrero, cuando se lamentaba de que no existiera 'un juez que meta presos a los golpistas ni un juez que meta presos a los terroristas'.

En el programa dominical del 23 de febrero el presidente Chávez 'festejó' la encarcelación de Carlos Fernández al tiempo que aseguraba que 'por fin se da una decisión justa. Si yo tuviera potestad para meter preso a alguien, hace rato estaría preso. Y no sólo él, muchos otros estarían en prisión; a otros los estamos buscando'.

 

Carlos A. Martínez

El ex inspector general de la Guardia Nacional, que se declaró en desobediencia legítima el 21 de octubre de 2002, fue apresado el pasado 15 de enero de 2003 cuando la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con una decisión de 12 votos a favor y 8 en contra, ordenó la revocatoria del hábeas corpus emitido el 31 de diciembre por el Tribunal 18 de Primera Instancia en Funciones de Control que ordenaba la libertad plena del general.

 

 

Caracas, viernes 14 de marzo, 2003

 

Ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa considera que hay méritos para el enjuiciamiento
A Ramo Verde general Alfonzo Martínez

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Recluir preventivamente al general (GN) Carlos Alfonzo Martínez en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, propone el proyecto de sentencia que deberá ser sometido a la aprobación de por lo menos 11 de los 20 integrantes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La ponencia elaborada por el magistrado Levis Ignacio Zerpa ordena el traslado a este centro de reclusión, después de declarar que 'hay mérito' para el enjuiciamiento solicitado por el fiscal Isaías Rodríguez (28-02-03), ante la presunta existencia de 'suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el alto uniformado incurrió en los delitos de excitación pública a la rebelión, incumplimiento del régimen especial de zonas de seguridad y abandono de cargo', previstos en los artículos 164 y 144 del Código Penal, 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y 534 del Código de Justicia Militar.

El hecho de que al menos uno de tales hechos ilícitos sea sancionado con una pena superior a 10 años de prisión, llevó al magistrado Zerpa a sospechar el peligro de fuga.

Como son 8 guardias nacionales los que testifican en contra, también estimó el ponente que el imputado podría 'intentar influenciarlos' y obstaculizar las investigaciones.

Los aspectos referidos permitieron recurrir a los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, para ordenar la privación preventiva de la libertad del alto funcionario, mientras dure el juicio y por un plazo que no exceda 2 años (art. 244 del COPP).

Una vez admitido el proyecto en Sala Plena, se fijará la fecha de una audiencia oral y pública en la que el general tendrá derecho a ser escuchado por su juez natural, por primera vez desde el 30-12-03.

En el TSJ hay magistrados que cuestionan el hecho de que le hayan asignado el caso al presidente de la Sala Político Administrativa y no a un integrante de la Sala Penal.

Cabe recordar que Zerpa también fue el autor de la sentencia que ordenó recluir en su apartamento al uniformado (05-02-03) y le prohibió dar declaraciones. En esa ocasión fueron consignados 4 votos concurrentes (a favor pero con objeciones) y 8 salvados.

 

Dudas en TSJ sobre concursos de los jueces

Llamó la atención de algunos magistrados el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, ordenara suspender los concursos de los jueces de forma temporal, a través de una comunicación, cuando lo acordado en la Sala Plena había sido la revisión de la lista de los jurados que se encargan de examinar a los aspirantes a ingresar al Poder Judicial.

Otros magistrados salieron en defensa de Rincón y consideraron que era 'obligatorio' tomar la medida, 'porque resultaba imposible continuar con los concursos, cuando está siendo objetada la gestión de los examinadores'.

'Son numerosas las denuncias recibidas sobre presunta parcialización de los jurados y conocimiento extraoficial de las preguntas de los exámenes', aseguró una fuente.

Sobre las objeciones efectuadas a la labor de los jurados, la coordinadora de la Comisión de Evaluación y Concursos de Oposición, Nancy Rodríguez, destacó que los recursos inter contra los concursos de jueces ante el Alto Juzgado han sido declarados sin lugar.

'Sólo dos concursos, el de oriente y el de la región andina fueron anulados de oficio por la Sala Plena', acotó.

Rodríguez también insistió en que la suspensión de los concursos que le fue notificada por el TSJ 'durará poco' y aseguró que el incremento de la lista de jurados 'permitirá agilizar el proceso de designación de los jueces titulares'.

Por eso recordó que ya dio inicio a las gestiones necesarias para oficiar a las universidades, colegios de abogados, organizaciones no gubernamentales y organismos gremiales, empresariales y sindicales que deberán presentar las listas de candidatos. _IA

 

 

Caracas, jueves 20 de marzo, 2003

 

Sala Plena admitió solicitud de antejuicio contra el general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez
TSJ admitió antejuicio contra militar de plaza Francia

 

Excitación a rebelión, abandono de comando e irrespeto a zonas de seguridad son las acusaciones a refutar

 

Funcionario de mayor antigüedad de la GN irá a audiencia el 27-03-03 y continuará recluido en su residencia

 

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

La Sala Plena del Tribunal Supremo admitió la solicitud de antejuicio de mérito que interpuso el fiscal general, Isaías Rodríguez, contra el general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez. Por eso fijó una audiencia oral y pública que tendrá lugar el 27 de marzo y prorrogó la orden de reclusión en la residencia y la prohibición de declarar a los medios.

Durante el encuentro el alto uniformado tendrá la oportunidad de refutar las acusaciones que la Fiscalía hará en su contra, por la presunta comisión de los delitos de excitación pública a la rebelión, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad y abandono de comando, referidos en la ponencia que elaboró el magistrado Levis Ignacio Zerpa (Sala Política).

Concluido el debate, el máximo juzgado tendrá cinco días para determinar si hay o no mérito para el enjuiciamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

El funcionario de mayor antigüedad de la GN fue detenido por efectivos de la Disip el pasado 30 de diciembre, después de que abandonó la plaza Francia de Altamira y asistió a un acto de oposición efectuado en la plaza Madariaga de la urbanización El Paraíso.

Once votos a nueve

Cabe destacar que los veinte magistrados consideraron que la querella debía ser admitida, para que el general ejerza su derecho a la defensa ante el máximo juzgado del país. No obstante la votación fue 11 votos a favor y 9 salvados.

El único aspecto con el que no estuvieron de acuerdo estos últimos, según fuentes, fue con el hecho de que el uniformado continúe recluido en su casa e impedido de declarar a los medios durante el proceso.

Desde su punto de vista, lo que procedía era decretar libertad plena o imponer un régimen de presentación, como máximo, tal y como sucedió con los uniformados acusados por los hechos del 11 de abril.

Hay que resaltar, no obstante, que el general seguirá en su residencia, porque los integrantes de la Sala Plena le solicitaron al magistrado Zerpa que modificara la ponencia en la cual proponía la detención preventiva en el Centro Nacional de Procesados Militares, por peligro de fuga y de obstaculización de investigaciones.

 

'No tiene sentido prorrogar reclusión'

El abogado Juan Carlos Gutiérrez consideró que 'no tiene sentido la prórroga de las medidas cautelares que mantienen al general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez incomunicado y privado de su libertad en su apartamento, desde el 21 de enero, porque eso viola los derechos fundamentales de su defendido'.

Entre otros recordó que han sido 'irrespetados de forma sistemática los derechos constitucionales al debido proceso, la defensa y a ser presentado ante un juez', cosa que desde su punto de vista 'ocasiona la nulidad del proceso'.

No obstante celebró que el general 'por fin será escuchado por los magistrados, lo cual no había sido posible desde el 30 de diciembre de 2002', y por eso garantizó que su defendido estará presente en la audiencia fijada para el 27 de febrero: 'porque esa será la primera oportunidad del ejercicio libre del derecho a la defensa'.

Insistió en que lo único que hizo Alfonzo Martínez en la plaza Madariaga fue 'un llamado al respeto de la democracia, razón por la cual mal podría haber incurrido en excitación pública a la rebelión'.

Por último dijo que la Sala Plena se pronunció después de que la recusación que él interpuso contra el magistrado Levis Zerpa 'fue declarada inadmisible, alegando que no hubo adelanto de opinión'. _IA

 

Los votos del caso

ALTAMIRA. El general Carlos Alfonzo Martínez es uno de los militares que se instalaron en plaza Francia el 22-10-02 y se declararon en 'desobediencia legítima'.

A FAVOR DEL ANTEJUICIO. Iván Rincón, José Delgado, Jesús Eduardo Cabrera y Antonio García (Sala Constitucional); Levis I. Zerpa y Yolanda Jaimes (Sala Política); Omar Mora y Juan Perdomo (Sala Social); Luis Martínez (Electoral); Carlos Oberto (Sala Civil); y Beltrán Haddad (suplente).

EN CONTRA. Pedro Rondón (Sala Constitucional), Blanca Rosa Mármol de León (Sala Penal), Alberto Martini (Sala Electoral), Hadel Mostafá (Sala Política), Alfonso Valbuena (Sala Social), Franklin Arrieche (Sala Civil), Antonio Ramírez (Sala Civil), Julio Elías Mayaudón (suplente) y Orlando Gravina (suplente). _IA

 

 

Caracas, jueves 27 de marzo, 2003

 

Sala Plena escuchará a Carlos Alfonzo Martínez la próxima semana
Diferida audiencia contra general

Para el jueves de la próxima semana fue diferida la audiencia que fijó la Sala Plena del Tribunal Supremo para escuchar al general (GN) Carlos Alfonzo Martínez, por primera vez desde el 30 de diciembre.

El representante legal del alto uniformado, Juan Carlos Gutiérrez, informó que el acto oral y público fue diferido, 'porque aún no ha sido publicada la decisión que admite la solicitud de antejuicio de mérito efectuada por el fiscal general, Isaías Rodríguez'.

Dicha sentencia sólo podrá ser publicada cuando los nueve magistrados disidentes entreguen su voto salvado, el cual podría ser conjunto.

'En consecuencia los efectos procesales del dictamen no surtirán efecto, hasta tanto no esté debidamente publicado el texto del mismo en el expediente', indicó Gutiérrez.

Estimó la Sala Plena, igualmente, que los abogados y el general Alfonzo deberán tener acceso a los documentos originales, 'como garantía del derecho a la defensa'. _IA

Caracas, jueves 24 de abril, 2003

 

Sala Plena fijó audiencia del antejuicio contra el general Alfonzo

La Sala Plena del Tribunal Supremo (TSJ) fijó para el miércoles 30 de abril la audiencia del antejuicio de mérito contra el general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez, uno de los altos uniformados que se declaró en 'desobediencia legítima' el 22 octubre. Desde ese día se encontraba en la plaza Francia de Altamira junto a otros compañeros de armas, hasta que el 30 de diciembre decidió participar en un acto en la plaza Madariaga de El Paraíso. Allí fue interceptado por funcionarios de la Disip que lo aprehendieron por la presunta comisión de los delitos de excitación a la rebelión, incumplimiento del Régimen Especial de Zonas de Seguridad y abandono de comando. Desde entonces está recluido en su residencia y no fue sino hasta el 3 de abril cuando tuvo contacto con el TSJ. _IA

 

 

 

Caracas, jueves 01 de mayo, 2003

 

Varios militares disidentes estuvieron presentes

Realizada audiencia preliminar en caso del general Alfonso Martínez

 

La audiencia del antejuicio de mérito al general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez se realizó para determinar si se le abre o no un juicio por los delitos de incitación pública a la rebelión, violación de régimen especial de las zonas de seguridad y abandono de comando

 

Luego de varios diferimientos, ayer la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia llevó a cabo la audiencia del antejuicio de mérito al general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez.

Desde el 22 de octubre el general Alfonzo se encontraba en la plaza Francia de Altamira junto a otros compañeros de armas, hasta que el 30 de diciembre participó en un acto en la plaza Madariaga de El Paraíso, donde fue interceptado y detenido por funcionarios de la Disip.

Desde entonces está recluido en su residencia y no fue sino hasta el 3 de abril cuando tuvo contacto con el TSJ.

La exposición de la defensa estuvo a cargo del doctor Alberto Arteaga Sánchez en cuanto a la parte relativa a los delitos, mientras que el abogado Juan Carlos Gutiérrez trató los aspectos vinculantes a la violación de los derechos humanos que han sido denunciados tanto en instancias nacionales como internacionales.

Antes de iniciarse la audiencia preliminar, Arteaga Sánchez explicó que la defensa rebatiría los argumentos consignados en la querella presentada por el Fiscal General de la República.

Destacaron la violación al debido proceso en el caso del general, alegando la injusta privación de libertad, la falta de notificación de las imputaciones, la incomunicación a la que fue sometido el oficial, el desacato a la medida de habeas corpus y al requerimiento de medidas cautelares por parte de la comisión Interamericana de derechos humanos.

"Estoy absolutamente convencido de que no existen precedentes de violación tan grosera de los derechos constitucionales de un ciudadano sometido a proceso, máxime cuando se trata de un oficial que, inclusive por la Constitución, tiene la denominada prerrogativa del antejuicio de mérito", dijo previo a iniciarse la audiencia.

Arteaga Sánchez aseguró que hubo una serie de errores, fallas y "elementos constitutivos de un auténtico fraude en la presentación de la querella por parte del Fiscal General de la República".

Por su parte, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, expuso las razones por las que el Ministerio Público estima que es procedente quitarle el fuero al general Alfonzo Martínez para ser sometido a juicio.

Rodríguez precisó que las investigaciones realizadas llevaron al Ministerio Público a concluir que el oficial incurrió en los delitos de incitación pública a la rebelión, violación de régimen especial de las zonas de seguridad y abandono de comando.

La audiencia
En su intervención, el Fiscal leyó el discurso pronunciado por el general en la Plaza Madariaga, con el objeto de demostrar que su contenido incitó a la rebelión. Asimismo, expuso varias comunicaciones en las que se exigía a los militares de la plaza Francia reintegrarse a sus comandos, los cuales fueron ignorados por el oficial.

Por su parte, la defensa expuso las violaciones que a su juicio se han realizado a los derechos del oficial.

El abogado Arteaga Sánchez argumentó que la concentración fue convocada por la sociedad civil y el alto oficial sólo asistió como invitado.

Señaló que si Alfonzo Martínez es acusado por violar la zona de seguridad, también debe imputarse por esos delitos a representantes del oficialismo que han realizado manifestaciones públicas en ese lugar.

El defensor alegó que el oficial no abandonó su comando, porque "simplemente lo entregó después de los sucesos del 11 de abril y no podía abandonar algo que ya había entregado".

Durante su defensa, el general Alfonso Martínez señaló que lleva 121 días detenido por ir a una plaza pública a exponer sus opiniones. Aseguró que nunca abandonó su comando ni incitó a la rebelión, pues su llamado a la Guardia Nacional fue a cumplir con la doctrina de la institución.

El alto oficial reiteró que no apoyó el decreto del breve gobierno de Pedro Carmona Estanga y que incluso aconsejó al general (Ej.) Efraín Vásquez Velasco que no lo firmara. Afirmó que durante el gobierno del líder empresarial le ofrecieron el cargo de Comandante General de la Guardia Nacional y no lo aceptó.

A la audiencia se presentaron militares disidentes de la plaza Francia de Altamira y otros representantes del sector castrense.

 

 Caracas, viernes 02 de mayo, 2003

 

OFENSIVA JURIDICA / Defensa exigió libertad y refutó acusación fiscal
'Al general lo acusan por disidente'

Fiscalía exhortó al TSJ a juzgar y ratificar la detención por peligro de fuga

 

'Ni rebelión, ni irrespeto de zonas de seguridad, ni abandono de comando', dijo Carlos Alfonzo Martínez

 

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Los rumores según los cuales 12 de los 20 magistrados estarían dispuestos a autorizar el enjuiciamiento del general (GN) Carlos Alfonzo Martínez no intimidaron a los abogados defensores, quienes tomaron la palabra durante la audiencia del miércoles para denunciar que la Fiscalía estaría 'actuando contra un disidente', para salvaguardar los intereses del Estado, y que transcurrieron 'cuatro meses, 120 días y 2.880 horas', antes de que el alto funcionario fuera presentado ante los jueces del Tribunal Supremo (TSJ).

Esta intervención tuvo lugar después de que el fiscal general, Isaías Rodríguez, explicó a los presentes: por qué acusó al uniformado de la presunta comisión de los delitos de excitación pública a la rebelión, incumplimiento del Régimen Especial de las Zonas de Seguridad y abandono de comando; y el cómo estarían relacionados los supuestos ilícitos perpetrados en la plaza Madariaga de El Paraíso el 30 de diciembre, con la proclama del 22 de octubre en la que el imputado y otros militares desconocen al Presidente, se declaran en desobediencia y declaran a plaza Francia como territorio liberado de la FAN.

Ahora el magistrado Levis Ignacio Zerpa tendrá que redactar un proyecto de sentencia en el cual determinará si procede o no el enjuiciamiento y por qué. Dicho borrador deberá ser sometido a la aprobación de los 20 magistrados.

La tesis de la razón de Estado

'Cualquier delincuente sorprendido cometiendo delito hubiera sido presentado ante un tribunal 48 horas después de su aprehensión', destacó el penalista Alberto Arteaga, quien convirtió al auditorio en aula para explicar que su representado 'no se encuentra en el TSJ por lanzar volantes o proferir palabras gruesas en la plaza Madariaga de El Paraíso, como lo dijo el fiscal general, sino para ser juzgado por una única imputación: ser disidente, desobediente'.

'Pero nadie puede ser sancionado por expresarse', dijo. Esto lo llevó 'a poner de manifiesto que la tesis que sustenta el fiscal no es otra que la de la razón de Estado, incompatible con el Estado de Derecho, la cual hace recordar las frases de Cicerón según las cuales el interés de la República es la suprema ley y todo lo que se oponga al Estado tiene que ser sancionado, porque el Estado no está para salvaguardar los derechos del individuo, sino su existencia, sus intereses'.

Consideró Arteaga que esta tesis se refleja en el caso de Alfonzo Martínez 'con el desconocimiento de todos los derechos de un detenido. El fiscal pareciera estar salvaguardando los intereses del Estado'.

Para refutar las imputaciones indicó que el señalado 'nunca usó en su discurso palabras como derrocamiento o armas. Y no hay rebelión si no hay alzamiento para derrocar al Gobierno'. Sobre el irrespeto a las zonas de seguridad indicó que no está claro si la Gaceta había circulado y negó que hubiera abandono de comando, porque el general está ausente de las FAN desde el 16-04-02, antes de instalarse en plaza Francia. Además advirtió que la flagrancia requiere la certeza de la comisión del delito, y recordó que fue la Disip quien detuvo por rebelión.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez objetó a su vez que el acta de la aprehensión 'no fue firmada por el general, a quien no le leyeron sus derechos ni lo presentaron ante un juez, como procedía'. Exigió a la Sala Plena sancionar al fiscal por 'manipular' 3 entrevistas y requirió la libertad del alto funcionario o una medida sustitutiva, como máximo, así como acciones contra los disip que actuaron ilegalmente.

De plaza Francia a Madariaga

Para relacionar el discurso de la plaza Madariaga con el documento del 22-10-02, el fiscal recordó que Alfonzo Martínez 'fue escogido para que diera una charla como representante de los militares de Altamira, ya que la invitación de los vecinos para el acto político no especificaba nombre'. También citó parte del discurso emitido por el general frente a la sede de la Comandancia de la GN, en el cual dice a través del micrófono: 'No podemos dejar que la cruz del paro repose sobre la Gente del Petróleo, Fedecámaras, la CTV o al pueblo. Por eso llamo a la GN a que se ponga del lado de un pueblo que lo único que anda buscando es una salida a toda esta coyuntura política'.

Dicha cita, el lanzamiento de panfletos contra el Gobierno en la Comandancia de la GN, y el hecho de que el acto político se hizo en una zona de seguridad, probarían la comisión de los delitos de rebelión e irrespeto del régimen que rige tales zonas, según el fiscal. Mientras el abandono de comando lo habría perpetrado al instalarse en Altamira.

Finalmente exhortó Rodríguez al TSJ a juzgar al uniformado y ratificar la detención preventiva por peligro de fuga.

 

Invité a respaldar el paro y no apoyé el golpe de Estado

En medio de los aplausos de familiares y amigos entró y salió el general Carlos Alfonzo Martínez del auditorio del Tribunal Supremo, donde explicó a los magistrados que su intención con el discurso que dio en la plaza Madariaga no era la de instigar a la rebelión o llamar a la Guardia Nacional a tomar las armas contra el Gobierno.

'Yo hice referencia a la salida del Presidente por la vía de la renuncia. Hablé de respaldar a un paro como mecanismo de presión que permitiría a la mesa de negociación buscar una salida electoral', destacó.

En respuesta al magistrado Omar Mora, quien le preguntó 'qué actitud tomó inmediatamente después de que se juramentó Pedro Carmona Estanga', contestó el imputado que él 'se enteró de que Carmona Estanga sería el Presidente, después de que el general Lucas Rincón anunció que el presidente Chávez había renunciado'. 'No tuve nada que ver con el acta que leyó y me molesté con el general Efraín Vásquez Velasco. El y yo habíamos puesto el brazo sobre la candela para evitar una masacre y cuando llegué a Miraflores no nos dejaron entrar. Pasamos todo el día para tratar de entrar a la oficina de Carmona y después leyeron un acta en un salón y yo dije: este es un golpe de Estado. Me negué a firmar, porque yo sólo había hecho un pronunciamiento para evitar una masacre, pero no para avalar un golpe de Estado. Intenté hablar personalmente con Carmona, para decirle que yo no estaba de acuerdo con el desconocimiento de las autoridades. Porque el botó a todo el mundo: a los diputados, a los magistrados. Pero me interceptó la Casa Militar y no me dejaron pasar al despacho. Llegando a la Comandancia de la GN me llamó el señor Carmona y me dijo: no se preocupe, usted será el comandante general. Pero le dejé claro que se había equivocado conmigo, porque yo lo que quiero es tener un mejor país. Yo estaba en el cargo porque todos se fueron y me dejaron ese muerto a mí'. _IA

 

 

 

Caracas, jueves 15 de mayo, 2003

 

OFENSIVA JURIDICA / 12 magistrados autorizan enjuiciar y 8 advierten violaciones
Enfrentamiento por juicio al general

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

El caso del general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez revivió las diferencias entre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).Ocho de ellos dejaron constancia por escrito de que doce de sus compañeros decidieron juzgar el alto uniformado por delitos inexistentes. Así lo advirtieron en el voto salvado conjunto que consignaron, después de que la mayoría de los integrantes de la Sala Plena autorizó el enjuiciamiento del funcionario de mayor antiguedad de la Guardia Nacional, por la presunta comisión de los delitos de excitación a la rebelión, incumplimiento del régimen especial de zonas de seguridad y abandono de comando.

Según consta en el cuestionado pronunciamiento, redactado por el magistrado Levis Ignacio Zerpa, el juicio se desarrollará en única instancia, mientras el procesado continuará detenido en su residencia y bajo custodia policial.

En ocho páginas expusieron las razones que tienen para disentir: Rafael Pérez Perdomo, Blanca Rosa Mármol de León, Franklin Arrieche Gutiérrez, Antonio Ramírez Jiménez, Hadel Mostafá Paolini, Alberto Martini Urdaneta, Rafael Hernández y Alfonso Valbuena.

Mientras, en 124 páginas, declararon que había méritos para el enjuiciamiento los magistrados: Iván Rincón, Jesús Eduardo Cabrera, José Delgado Ocando, Antonio García García, Carmen Zuleta de Merchán, Levis Ignacio Zerpa, Yolanda Jaimes Guerrero, Alejandro Angulo Fontiveros, Luis Martínez Hernández, Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Carlos Oberto.

Según consideraron, el imputado intervino en un acto público organizado por una asociación de vecinos en El Paraíso, en respaldo al paro cívico emprendido por sectores de oposición contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, y exhortando a la búsqueda de una salida electoral a la crisis de gobernabilidad que se profundizó después de los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ante la existencia de algunas lagunas jurídicas, el presidente del TSJ, Iván Rincón, se comprometió a proponer a la Sala Plena el procedimiento a seguir en el caso de Alfonzo Martínez y en el de otros juicios contra altos funcionarios, en los que tenga lugar una aprehensión por flagrancia. Para ello deberá estudiar, entre otros, si el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal para juzgar a altos funcionarios no colide con la Constitución, según explicaron fuentes oficiales.

Cabe recordar que el general será el primer alto funcionario juzgado por la Sala Plena después del presidente Carlos Andrés Pérez, quien fue condenado por la otrora Corte Suprema a pagar 2 años y 4 meses de arresto, el 30 de mayo de 1996.

Denuncian los disidentes

En primer lugar destacaron los ocho magistrados que del discurso emitido el 30 de diciembre, en la Plaza Madariaga de El Paraíso, 'no se desprende que el oficial general hubiera excitado a la rebelión militar, porque el llamado a la Fuerza Armada y a la GN se refiere a la búsqueda de una solución democrática y pacífica a la coyuntura política, a esta grave crisis política que abate a toda la nación venezolana'. '(...) Y al refererirse a la GN expresó: 'a la hora de que sean utilizados para darles órdenes de que vayan en contra de la manifestación pacífica de su pueblo, desobedezcan esas órdenes, porque son ilegales'.

Según acotaron, 'no se advierte en las frases transcritas la incitación, excitación, proposición o invitación a un movimiento armado contra el gobierno, ilegítimamente constituido, para deponerlo del mando; o el llamado a la realización de un hecho material que constituya el delito de excitación a la rebelión'.

En segundo lugar indicaron los disidentes que 'no puede ser alegado el incumplimiento del régimen especial de zonas de seguridad, porque la disposición a aplicar colide con los principios básicos de un estado social democrático de derecho. Se irrespetarían, entre otros, los derechos a la libertad de pensamiento, manifestar públicamente y sin armas, trabajo y huelga'. La mayoría habría 'hecho abstracción, por otra parte, del desvalor de la acción; o sea, del daño o peligro que entraña el comportamiento prohibido'.

Finalmente señalaron que tampoco podría el alto funcionario haber incurrido en abandono de comando, 'cuando consta en las actas que para el momento de los hechos Alfonzo Martínez se encontraba en situación de disponibilidad por falta de cargo'.

 

Mi defendido no se prestará para una función de circo

El abogado Alberto Arteaga Sánchez aseguró que el general Carlos Alfonzo Martínez 'no se prestará para un juicio donde la condena está predeterminada y que será una función de circo, durante la cual la justicia estará pintada en la pared'. A su juicio, la decisión que tomó la Sala Plena 'es política, porque una querella aberrante, contraria a derecho y fraudulenta (por alteración de declaraciones), como la que presentó el fiscal Isaías Rodríguez, tenía que haber sido rechazada de manera frontal'.

Según afirmó, lo único que les queda ahora es 'acudir ante las instancias internacionales y reclamar por la no vigencia del Estado de Derecho y por la violación flagrante de los derechos del general Alfonzo; porque no existe elemento alguno que permita procesar a este uniformado por los delitos de excitación pública a la rebelión, incumplimiento del régimen de zonas de seguridad y abandono de comando'.

Esto lo dijo a pesar de que advirtió que los pronunciamientos de los organismos supranacionales podran 'convertirse en saludo a la bandera, ya que el máximo juzgado hizo caso omiso de las medidas cautelares que aprobó la Comisión Interamericana de la OEA, para la salvaguarda de la libertad del general'.

Arteaga insistió en que 'el discurso por el cual pretenden condenar al general se fundamenta en la opinión vertida en un discurso pronunciado en una plaza pública, el cual no tenía contenido subversivo, sino democrático'.

Igualmente reiteró que la detención fue ilegal y que su defendido fue presentado ante el TSJ 4 meses después de ésta, es decir, luego de que se venció el lapso para presentar ante un tribunal a los detenidos cometiendo delito.

Cabe recordar que la aprehensión tuvo lugar el 30-12-02 y que el imputado permaneció hasta ese día en la plaza Francia, junto a los uniformados declarados en desobediencia desde el 22-10-02. _IA

 

Fiscal general: 'El resultado no podía ser otro'

 

El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, al conocer la sentencia que emitió la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que autorizó el enjuiciamiento del general Carlos Alfonzo Martínez, aseguró que 'la decisión está totalmente ajustada a derecho y no tiene visos de tener influencias de otro tipo que no sean las estrictamente jurídicas y como tal se puede analizar en las aulas de las universidades de Derecho de todo el país', según parte de prensa enviado a esta Redacción. También aseveró que el Ministerio Público 'tenía la certeza de que el resultado no podía ser otro, ya que los resultados de la investigación arrojaron desde un primer momento que había elementos para enjuiciar al imputado por los delitos de excitación pública a la rebelión civil, incumplimiento del régimen especial de zonas de seguridad y abandono de comando'. Recordó que los dos primeros delitos están previstos en el Código Penal y el tercero en el Código Orgánico de Justicia Militar.

Consignarán observaciones ante Comisión Interamericana

Todo parece indicar que el turno al bate ahora le corresponderá a Héctor Faúndez Ledesma, abogado, profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en los cursos de postgrado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), miembro de la Comisión Andina de Juristas, y representante del general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Según informó, 'una vez que revisen la sentencia con detenimiento, le harán las observaciones que serán sometidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

En el mismo escrito harán referencia 'a la cadena de violaciones que se han venido cometiendo en el caso del alto uniformado, con el agravante de que el tribunal de mayor jerarquía de la República es quien falsea los hechos y asume como válidas las evidencias que fueron tergiversadas y distorsionadas por la Fiscalía, entre otros'.

Para Faúndez 'no tiene ningún sentido que el general se presente o se someta a un Tribunal Supremo de Justicia que no es independiente, ni imparcial, ya que con el tipo de sentencia elaborada en este caso se demuestra que no se puede esperar justicia'.

'De manera que este juicio es un linchamiento organizado y preparado, nada más y nada menos que por el máximo juzgado del país, así que mi consejo para el general sería que no se presente', enfatizó.

Recordó Faúndez que la CIDH: 'Acordó medidas cautelares a favor de Carlos Alfonzo Martínez, que no fueron tomadas en consideración. El agente del estado ante las instancias internacionales de derechos humanos, Jorge Dugarte, fue notificado y éste reprodujo las respuestas del fiscal general, Tribunal Supremo y otras dependencias del Estado como el Ministerio de la Defensa.

'Pero esas respuestas reflejan la intención del Estado de no cumplir las disposiciones de la Convención Americana sobre libertad personal y garantías judiciales', dijo. _IA

 

 

Caracas, jueves 15 de mayo, 2003

 

El oficial disidente asegura que no acatará la decisión

JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

El general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez no avala el fallo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que autoriza su enjuiciamiento, por lo que anunció que desconocerá 'el espíritu y la letra de tal decisión', ratificando así la 'desobediencia civil' en la que se declaró el pasado 22 de octubre.

En comunicación dirigida a los medios de comunicación, el alto oficial aseguró que 'desconozco el espíritu y letra de la referida decisión, reafirmando mi condición de encontrarme en desobediencia civil. No acato, ni sigo prestándome a la farsa de avalar con mi presencia la realización de un juicio, donde nuevamente serán los mismos 12 magistrados que, de manera indigna, subyugaron la independencia del Poder Judicial'.

En el escrito, el general disidente se declaró inocente de los delitos de excitación pública al delito de rebelión, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad y abandono de comando, que le imputa el fiscal general de la República. Continúa asegurando que 'soy un militar de pensamiento democrático, no fui, ni soy, ni seré golpista. Creo en la perfectibilidad del sistema democrático, en su capacidad de corregir errores, a medida que se detectan y se avanza en la realización del contenido de la Constitución (...) No creo en el proyecto revolucionario que intenta implantar el presidente Chávez, no promovido en su campaña electoral, antagónico de la unidad de todos los venezolanos y contrario a la Constitución'.

En el documento también agradece a los 8 integrantes del Máximo Tribunal del país que rechazaron la ponencia presentada por el magistrado Levis Ignacio Zerpa, afirmando que dicha postura refleja 'la búsqueda incesante de la justicia'. Asegura que la decisión de los magistrados Franklin Arriechi, Antonio Ramírez Jiménez, Alfonso Valbuena, Alberto Martini Urdaneta, Rafael Hernández, Hadel Mostafá Paolini, Pedro Rondón Haaz, Blanca Rosa Mármol de León y Rafael Pérez Perdomo son 'la esperanza de la independencia del Poder Judicial, siempre en procura de profundizar con ejecutorias transparentes lo indicado en nuestra Constitución, como pilar fundamental del sistema democrático'. En el escrito, el alto oficial señala que su carrera como militar ha estado ligada 'a la causa del pueblo'. Igualmente hizo un llamado a sus compañeros de armas para que entiendan que 'los miembros de la Fuerza Armada estamos al servicio exclusivo de la nación y no de ninguna persona ni parcialidad política'.

El uniformado continúa indicando que era su deber 'respaldar y propiciar el camino de la materialización del referendo, como solución a la grave crisis política que afrontamos'. La carta del general Alfonzo Martínez concluye reiterando que 'no acato la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)'.

 

Caracas, viernes 16 de mayo, 2003

 

Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros consignó voto concurrente
En TSJ objetan inexistencia de proceso en caso Alfonzo

Los únicos que tuvieron objeciones en el caso del general Carlos Alfonzo Martínez no fueron los 8 magistrados que salvaron el voto. El presidente de la Sala Penal, Alejandro Angulo Fontiveros, consignó un voto concurrente, en el cual advierte que está de acuerdo con la sentencia que dictó la Sala Plena, pero insiste en la necesidad de establecer el proceso que debe seguirse para el enjuiciamiento de altos funcionarios, en caso de la aprehensión flagrante de éstos.

Puesto que además estima 'indispensable' establecer el procedimiento abreviado a tomar en cuenta, una vez establecido el mérito para el enjuiciamiento del alto uniformado, para que la Sala Plena garantice los derechos a la igualdad de las partes y a la defensa, indicó el magistrado que el procedimiento 'ha debido ser':

'A partir de la fecha de la publicación de la sentencia se debió fijar la audiencia pública. El eventual escrito de acusación del fiscal general deberá cumplir los requisitos de ley y ser consignado en los autos a más tardar el quinto día antes de la fecha de la audiencia. Durante la audiencia se dará la palabra al fiscal y al imputado. Después se admitirá o negará la acusación. Si se niega se sobreseerá y si se admite se impondrá al imputado de sus derechos constitucionales y de las medidas alternativas de prosecución del proceso, si hubiere lugar a ellas. Después podrán promover pruebas las partes. Una vez admitida la acusación y las pruebas, se da inicio al debate oral'. Estas observaciones serán revisadas por el presidente del TSJ, quien propondrá un procedimiento a la Sala Plena. _IA

 

CD apoya al disidente

APOYO. La Coordinadora Democrática, a través de su vocero, vicealmirante (r) Rafael Huizi Clavier, ofreció ayer apoyo moral al general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez, cuyo enjuiciamiento fue autorizado por 12 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

DENUNCIA. Clavier denunció 'el tinte político' de la decisión y prometió que la Coordinadora seguirá de cerca el proceso, que considera viciado, de acuerdo con los argumentos de la defensa. La CD también saludó la decisión de la AN de convocar a una sesión especial para elegir al CNE. _TDV

 

Caracas, jueves 19 de junio, 2003

 

La decisión se tomó por unanimidad
Corte Primera suspende consejo de investigación contra Alfonzo Martínez

 

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Suspendido quedó el Consejo de Investigación iniciado contra el general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez, por las presuntas faltas disciplinarias en las que habría incurrido al declararse en `desobediencia legítima´ e instalarse en la Plaza Francia de Altamira, junto a otros miembros de la Fuerza Armada Nacional.

La referida decisión judicial la tomaron los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por unanimidad, luego de declarar con lugar la solicitud de medida cautelar efectuada por los abogados Juan Carlos Gutiérrez y José Andrés Rodríguez.

Por ello el pronunciamiento será provisional, hasta tanto se efectúe la audiencia constitucional sobre las presuntas violaciones cometidas `al iniciar un procedimiento disciplinario, a pesar de que las supuestas faltas disciplinarias estaban prescritas y de que el funcionario de mayor antiguedad de la GN permanece privado de su libertad desde el 30 de diciembre, por orden del Tribunal Supremo de Justicia´.

La información fue dada a conocer por Gutiérrez, quien recordó que las autoridades del sector castrense también irrespetaron `los derechos al debido proceso y a la defensa del general, cuando impidieron a los abogados obtener las copias certificadas de las actas que cursan en el expediente´.

Cabe referir que el Ministerio de la Defensa ha considerado que el uniformado `declaró a los medios aquel 22 de octubre de 2002 sin previa autorización y participó en eventos de evidente carácter político´.

A su vez la Sala Constitucional del máximo juzgado emitió una sentencia, el pasado 16 de mayo, que dejó sin efecto la decisión judicial que impedía someter a consejo de investigación a los generales disidentes Enrique Medina Gómez (Ej), José Ruiz Guzmán (Ej) y Carlos Alfonzo Martínez (GN), desde el 6 de noviembre.  Así lo indicaron los cinco magistrados del Tribunal Supremo, a pesar de que fue declarado inadmisible el amparo que habían interpuesto los representantes legales de los altos uniformados.

 

 

Caracas, martes 24 de junio, 2003

 

Mindefensa pasa a retiro al general Carlos Alfonzo Martínez

ALEJANDRA M. HERNANDEZ F.

EL UNIVERSAL

Por instrucciones del presidente Chávez, el ministro de la Defensa, general (r) José Luis Prieto, pasó a retiro al general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez, quien desde el pasado 22 de octubre se declaró en desobediencia legítima en la plaza Francia de Altamira.

En la resolución, que fue publicada en la Gaceta Oficial No. 37.716, de fecha 20 de junio de 2003, se establece que el oficial asumió una conducta contraria a las leyes y reglamentos que rigen la institución castrense al emitir declaraciones ante los medios de comunicación sin autorización del despacho de Defensa, especialmente los días 22 y 23 de octubre del año pasado, cuando junto a un grupo de uniformados se pronunció en contra del Gobierno y del jefe de Estado.

Precisamente este fue uno de los alegatos de la Junta Superior de la FAN para dar de baja al general Carlos Alfonzo Martínez. De allí que se le atribuya como falta 'censurar los actos de sus superiores en forma pública, procurando desacreditarlos, ya sea entre militares o entre civiles; manifestar públicamente bajo cualquier forma que sea opiniones que puedan entrañar perjuicios a los intereses del país, comprometer la disciplina o crear dificultades a las autoridades e inmiscuirse en cualquier forma en asuntos políticos o religiosos'.

En la Gaceta se señala que la medida fue tomada en cumplimiento de todos los procedimientos legales, incluyendo la autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dada la alta investidura del oficial.

Esta decisión se produce cuatro días después de que la Sala Constitucional del TSJ revocara una medida cautelar de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, que ordenaba suspender un Consejo de Investigación en su contra.

Cabe recordar que el oficial permanece recluido en su residencia, tras ser detenido el pasado 30 de diciembre por funcionarios de la Disip mientras participaba en una concentración opositora en la plaza Madariaga, en la urbanización El Paraíso. Es importante destacar que el alto oficial está a la espera de un juicio en su contra por los presuntos delitos de instigación pública a la rebelión, violación de las zonas de seguridad y abandono de comando.

 

 

Caracas, jueves 26 de junio, 2003

 

Solicitan restitución en el cargo del General Carlos Afonzo

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

La restitución en el cargo del general de división (GN) Carlos Alfonzo Martínez fue solicitada ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por los abogados Juan Carlos Gutiérrez Ceballos y José Andrés Rodríguez.

Para lograr tal fin, conminaron a los magistrados a declarar la inexistencia del acto administrativo del Ministerio de la Defensa, emitido el 19 de junio, por considerar que el mismo tuvo lugar después de que suspendieron el Consejo de Investigación iniciado contra el alto uniformado, por las presuntas faltas disciplinarias en las que habría incurrido al declararse en desobediencia legítima, junto a otros miembros de la FAN.

La referida decisión judicial la tomó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el pasado miércoles 18 de junio, por unanimidad, luego de declarar con lugar la solicitud de medida cautelar efectuada por Gutiérrez y Rodríguez, razón por la cual el pronunciamiento será provisional.

Esto explica el por qué los representantes del general también exhortaron a fijar con celeridad la audiencia constitucional sobre las presuntas violaciones cometidas en el caso del general Alfonzo, al iniciar un procedimiento disciplinario sin tomar en consideración que las supuestas faltas disciplinarias estaban prescritas y que el funcionario se encuentra privado de su libertad desde 30 de diciembre.

El abogado Gutiérrez aseguró que lo sucedido sería la mejor prueba de que el ministro de la Defensa, 'incurrió en desacato de una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y así tendrá que ser declarado'.

Caracas, jueves 17 de julio, 2003

Sala Plena mantuvo detención en el domicilio
A tribunales de juicio caso del general Alfonzo

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

A los tribunales de juicio de Caracas pasará el caso de los presuntos delitos cometidos por el general (GN) Carlos Alfonzo Martínez en la plaza Madariaga por decisión de la Sala Plena del TSJ.

Según la sentencia redactada por el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, quien preside la Sala de Casación Penal, la orden de remitir el expediente se dictó porque el máximo juzgado es 'incompetente' para continuar con el caso, ante la pérdida de la investidura del alto uniformado, notificada por el ministro de la Defensa, José Luis Prieto.

Vigentes quedaron el mandato de detención en el domicilio y las medidas preventivas acordadas por la Sala Plena, según informaron fuentes oficiales.

Entre tales medidas se encuentran la prohibición de declarar a los medios y el contacto exclusivo con abogados y familiares cercanos.

El dictamen fue aprobado por la mayoría de los magistrados. Cabe referir, no obstante, que la magistrada Blanca Rosa Mármol (Sala Penal) prefirió salvar su voto por considerar que los presuntos delitos fueron cometidos durante el ejercicio del cargo, y que el privilegio del antejuicio lo tiene Alfonzo Martínez por su condición de general y no por desempeñar una función. Además estimó que si el TSJ no es competente para seguir con el caso, tampoco lo es para mantener la detención.

Los otros siete magistrados que antes salvaron sus votos, ayer decidieron consignaron votos concurrentes (a favor de la sentencia, pero con objeciones).

Según indicaron, el alto uniformado resultaba favorecido si su caso pasa a los tribunales de juicio, porque de esa forma las decisiones tomadas serán revisables por la Corte de Apelaciones y el máximo juzgado.

El abogado Alberto Arteaga dijo que la pérdida de la prerrogativa del antejuicio, por haber pasado a retiro, implica 'desaplicar la Constitución' y 'obligará a que un Presidente, si pierde la investidura, sea enjuiciado por tribunales ordinarios'.

Caracas, lunes 21 de julio, 2003

 

Asaltan residencia de abogada del General Carlos Alfonzo Martínez

FELIX CARMONA

EL UNIVERSAL

Sujetos desconocidos penetraron en horas de la tarde de ayer en la residencia de la profesional del Derecho Janet Carbone, abogada defensora del general Carlos Alfonzo Martínez, y hurtaron toda clase de objetos de valor y personales de la abogada.

La doctora Carbone explicó que ayer domingo salió de su casa, ubicada en El Cafetal, cerca de las 12:30 del mediodía. Su regreso fue a las 3:30 de la tarde, pero al percatarse del total desorden que había en su hogar, salió corriendo de ésta y pidió ayuda a unos vecinos para que llamaran a la Policía de Baruta y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Cicpc.

Informó que los delincuentes se llevaron televisores de gran tamaño, artefactos electrodomésticos, dos computadoras nuevas, joyas, dinero en efectivo y dos uniformes militares del general Carlos Alfonzo, entre otros objetos. El total de lo sustraído sobrepasa los 60 millones de bolívares.

Señaló la doctora Carbone que le resultaba realmente preocupante el robo de las dos computadoras que contenían información sobre varios casos legales que adelanta. Precisó que también fueron sustraídos documentos personales del general Alfonzo Martínez.

 

 

Caracas, jueves 11 de septiembre, 2003

 

OFENSIVA JURIDICA / Defensores dispuestos a renunciar si lo llevan por la fuerza al tribunal
Protestan traslado del general ante la Corte de Apelaciones

Cuestionan fallo del juez sobre la negativa del detenido a ir a la audiencia

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Luego de advertir que el general de división (GN) en situación de retiro, Carlos Alfonzo Martínez, fue "arbitraria e ilegalmente" trasladado hasta Ramo Verde, centro de reclusión para militares ubicado en Los Teques, el penalista Alberto Arteaga anunció que apelarán la orden que dictó el Tribunal 17 de Juicio, y garantizó que él y el equipo de abogados del disidente están dispuestos a renunciar a la defensa la próxima semana, para así poner en evidencia que en este caso "no habrá un proceso justo".

Estas declaraciones las dio cerca de las 2:20 pm del miércoles, momento en el cual el detenido estaba siendo escoltado desde su residencia de Fuerte Tiuna hasta un helicóptero, por el grupo de efectivos de la Guardia Nacional que ejecutó la decisión del juez Iván Darío Bastardo.

Cabe recordar que el funcionario de mayor antigüedad de la GN se declaró en desobediencia y por ello se instaló en la plaza Francia de Altamira junto a un grupo de uniformados contrarios al Gobierno, el 22 de octubre de 2002. Posteriormente fue detenido el 30 de diciembre por efectivos de la Disip, luego de participar en una manifestación en la plaza Madariaga (frente a la Comandancia General de la GN). Desde entonces se encontraba bajo vigilancia en su apartamento, mientras esperaba ser sometido a un juicio por la presunta comisión de los delitos de excitación a la rebelión, irrespeto de las zonas de seguridad y abandono de comando.

El recurso y la dimisión
La referida acción legal será ejercida este jueves ante la Corte de Apelaciones, porque tal y como lo explicó Arteaga "el mandato del juez 17, Iván D. Bastardo, es contrario a la decisión que emitió la Sala Plena del Tribunal Supremo, según la cual el otrora uniformado debía permanecer detenido en su domicilio".

Como "insuficientes" fueron considerados por el jurista los argumentos del juez, quien indicó en su pronunciamiento que el aprehendido se negó a comparecer voluntariamente a la audiencia del juicio, los días 2, 3 y 9 de septiembre. Mientras la renuncia del equipo defensor tendría lugar el martes de la próxima semana, día para el cual fue fijada la nueva fecha de la audiencia. Hasta entonces se sabrá si el afectado "será trasladado por la fuerza, a pesar de que no está dispuesto a validar un proceso durante el cual le han violado sus derechos constitucionales, incluso en el Máximo Juzgado", según lo teme el también ex decano de la Facultad de Derecho de la UCV.

 

 

 

Caracas, miércoles 28 de enero, 2004

 

Juez del Tribunal 17 de juicio se fue en helicóptero a ramo verde para iniciar la querella dentro de la cárcel
Sin abogado intentaron enjuiciar a Alfonzo Martínez

 

 

A la una y media de la tarde aterrizó en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde el helicóptero que trasladó al juez 17 de Juicio, Iván Bastardo, para iniciar, dentro del recinto penitenciario, el pro ceso al GD Carlos Alfonzo Martínez.

El oficial, acusado por los delitos de abandono de comando, violación de la zona de seguridad y excitación pública a la rebelión civil, se ha negado reiteradamente a acudir al tribunal y validar con su presencia un juicio que, según él, no le garantiza independencia, parcialidad y justicia.

El abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, desde el interior de la cárcel se comunicó con El Universal y afirmó que el juez Bastardo dictó ayer mismo tres tipos de decisiones: "En la mañana, donde iba a diferir el juicio por incomparecencia del general. Al mediodía dicta un auto ordenando que sea trasladado por la fuerza pública, si es necesario, y al no ser cumplido dicta, media hora más tarde, otro auto ordenando el traslado y la constitución del tribunal a la cárcel de Ramo Verde". Gutiérrez señaló que el traslado del magistrado pudiera ser para "una mediación o verificar el estado de salud del general o constatar las condiciones de su privación de libertad, en cambio movió el tribunal con la finalidad expresa de dar inicio a un juicio oral, privado, encarcelado y en detrimento de todos los principios del COPP.

La defensa decidió retirarse legalmente del recinto donde se llevaría a efecto el inusual juicio. "Nosotros _dijo Gutiérrez_ tenemos la obligación jurídica de no convalidar bajo ningún concepto estos actos que están viciados de nulidad y los dejaremos por escrito. Acto seguido, en una celda contigua donde se encuentra detenido Alfonzo Martínez, la Disip trasladó al general en contra de su voluntad y sin abogado que lo asistiera para iniciar en esa celda convertida en tribunal su juicio, todo con la aprobación de las fiscales Mónica Rodríguez y Mercedes Prieto, quienes según el artículo 285 de la Constitución deberían ser garantes del debido proceso, comentó Gutiérrez.

Pero en ese instante llegó al sitio una fiscal militar designada por el fiscal general militar para verificar el acto y en ese momento se dio cuenta y dejó constancia de la pretensión de iniciar el proceso con tantas irregularidades. La presencia de esta fiscal "animó" al juez Bastardo a levantar la sesión y convocarla nuevamente para el viernes a las 11 de la mañana.

El juez Bastardo había llevado una cámara filmadora donde recogió todo lo sucedido y la defensa solicitó, y así fue aprobado, incorporar este elemento al juicio como prueba de irregularidades.

Gutiérrez anunció además medidas en contra de las dos fiscales que pretendieron juzgar a Alfonzo Martínez violando todos sus derechos.

 

 

 

Caracas, jueves 29 de enero, 2004

 

Tribunal convocó audiencia del general Alfonzo Martínez para mañana

 

Caracas.- Para mañana el Tribunal 17 de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Iván Darío Bastardo, convocó a audiencia oral y pública al general de división (r) de la Guardia Nacional Carlos Alfonzo Martínez.

El alto oficial retirado instaló el 27 de enero el tribunal en el Centro Penitenciario Militar de Ramo Verde, en Los Teques, donde permanece el militar, debido a que desde cuando se inició el proceso el imputado no ha acudido al tribunal de la causa, alegando que no están garantizados sus derechos y, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, no puede ser obligado a comparecer.

Luego de la medida del juez Bastardo, los abogados defensores de Alfonzo Martínez se retiraron, suspendiéndose nuevamente el proceso.

Hoy la defensa introdujo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia un documento donde piden que dicha instancia se avoque a conocer del expediente.

En este caso, la Sala Penal solicitaría al Tribunal de Juicio de la causa el expediente para estudiarlo y decidir si se avoca a conocer o no el caso. De conocerlo, la Sala Penal tendrá que determinar si el expediente queda en manos del mismo tribunal o designa otro.

 

Caracas, viernes 30 de enero, 2004

 

Diferida hasta marzo audiencia del general Alfonzo Martínez

 

Caracas.-  El Tribunal 17 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Iván Darío Bastardo, difirió hoy hasta el próximo primero de marzo la audiencia oral del proceso que se le sigue al ex comandante de la Guardia Nacional, general (r) Carlos Alfonzo Martínez.

Janeth Carbone, abogada del alto oficial, informó que el juez no pudo fijar en la mañana de este viernes el lugar donde se realizaría la audiencia.

Martínez se niega a ser trasladado a la sede del tribunal debido a que teme por su seguridad.  En la última semana sus representantes legales han denunciado la violación de sus derechos al tratar de ser trasladado a la fuerza y por la instalación el pasado martes del tribunal en una celda del Centro Penitenciario Militar de Ramo Verde donde permanece recluido.

El oficial, acusado por los delitos de abandono de comando, violación de la zona de seguridad e incitación pública a la rebelión civil, se ha negado reiteradamente a acudir al tribunal y validar con su presencia un juicio que, según él, no le garantiza independencia, parcialidad y justicia.

 

 

Caracas, viernes 06 de febrero, 2004

 

OFENSIVA JURIDICA / Decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia
Entregarán a otro tribunal caso del general Alfonso

 

 

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

El caso del general Carlos Alfonzo Martínez deberá ser entregado a otro tribunal por mandato de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TSJ).

Aprobada resultó la ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, presidente de la citada instancia, quien sostuvo que se produjo "un clima inconveniente" en el caso y hubo "violación del principio de publicidad del juicio y el derecho al debido proceso".

Los tres magistrados también estuvieron de acuerdo con la parte de la sentencia que dejó claro que toda persona a la que estén enjuiciando tiene que ser llevada a la sede del tribunal. Por tanto, no pueden los juzgados instalarse en el centro de reclusión.

La precisión es relevante tomando en consideración que la intervención del TSJ fue requerida por los abogados del general, alegando "el caos procesal que generó el juez 17 de Juicio, Iván Darío Bastardo, quien violando los derechos constitucionales del uniformado intentó juzgarlo en el propio centro de procesados militares de Ramo Verde".

El dictamen será publicado después de que la magistrada Blanca Rosa Mármol de León consigne su voto concurrente, opción a la cual recurren los jueces cuando están de acuerdo con un pronunciamiento, pero tienen observaciones. La juez manifestará, según fuentes, que no está de acuerdo con la aseveración según la cual nadie puede negarse a asistir al juicio, porque si lo hace estará justificado su traslado por la fuerza al tribunal.

Una vez divulgado el texto del fallo, el expediente será enviado al Palacio de Justicia y entregado a otro juez.

El penalista Alberto Arteaga Sánchez reiteró, en representación del recluido, que no tiene precedentes "el hecho de que un juez haya pretendido efectuar un juicio en la sede del recinto carcelario en el cual se encuentra la persona sometida a proceso".

El abogado Juan Carlos Gutiérrez recordó, a su vez, que el martes 27 de enero "el tribunal se trasladó y pretendió iniciar un juicio oral en la cárcel" y por eso le exigieron a las fiscales Mónica Rodríguez y Mercedes Prieto que garantizaran el derecho al debido proceso.

"Pero lejos de ser escuchados, ambas funcionarias persistieron en la necesidad de proseguir el juicio. Se medió con el juez para que cesara en su intento, pero persistió. Como no podíamos convalidar lo sucedido con nuestra presencia, nos retiramos del sitio. Para colmo, funcionarios de la Disip maniataron, cargaron y trasladaron al general a otra celda, en contra de su voluntad y a pesar de las objeciones de la Fiscalía Militar", relató.

 

 

Caracas, sábado 07 de febrero, 2004

 

Carlos Alfonzo Martínez sólo irá al tribunal si hay garantía de juicio imparcial
Estudian acciones contra ex juez del caso del general

El abogado Alberto Arteaga vigilará entrega del caso a otro juzgado

 

IRMA ALVAREZ

EL UNIVERSAL

Apenas publiquen la sentencia de la Sala Penal que objetó el intento de enjuiciar al general (GN) Carlos Alfonzo Martínez en el centro penitenciario de Ramo Verde, los representantes del uniformado analizarán la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias contra el juez 17 de Juicio de Caracas, Iván Darío Bastardo.

Esto lo harán porque, tal y como lo explicó el abogado Alberto Arteaga, "quedó absolutamente claro que la pretensión del tribunal 17, de realizar un juicio en la cárcel el pasado martes 27 de enero, fue pura y simplemente un atropello, que debe generar responsabilidad para el funcionario judicial que lo ha autorizado".

El texto del pronunciamiento aún no lo conocen en su totalidad, pero el penalista dijo estar al tanto de que la Sala Penal dejó sentado que el juez 17 "violó principios elementales del proceso penal, como la publicidad del proceso, y las normas relativas al debido proceso y la garantía de ser sometido a un juicio justo".

Además, garantizó que se mantendrán "vigilantes en la entrega del expediente a otro juez, porque lamentablemente en muchas oportunidades la distribución resulta amañada y en definitiva el destino de cada caso depende de su naturaleza política".

"Por eso no hay que perder de vista la distribución, porque es evidente que detrás de la causa que se le sigue al general Alfonzo hay intereses políticos y por ello lo más seguro es que le entreguen el legajo a un juez afecto al régimen, que no ofrezca garantías de imparcialidad", dijo.

A pesar de temer que "nunca se efectuará un juicio imparcial", Arteaga aseguró que seguirán luchando por lograrlo, "ya que sólo en la medida en que el general Alfonzo Martínez pueda tener garantía de un juicio imparcial, frente a un tribunal independiente y autónomo, éste se presentará voluntariamente".

Esto lo aseveró cuando fue consultado sobre si el uniformado estará dispuesto a acudir a los tribunales penales, cuando lo cite el nuevo juez que reciba el caso.

 

Caracas, jueves 04 de marzo, 2004

 

(05:09 PM)
Caso de Carlos Alfonzo Martínez a tribunal 28 de juicio

 

Caracas.- El caso del general (r) GN Carlos Alfonzo Martínez fue asignado hoy, mediante el procedimiento de distribución, al tribunal 28 de juicio a cargo de la juez Carmen Chacín.

"Ella debe recibir inmediatamente las actuaciones para que, una vez que sean evaluadas, se haga la convocatoria al juicio oral y público", explicó el abogado del general, Juan Carlos Gutiérrez.

"Ese tribunal tiene la sagrada y delicada misión de administrar justicia y eso es estrictamente lo que estamos exigiendo en honor a la verdad y al debido proceso", agregó.

El general deberá decidir si comparecerá a juicio en el que el Estado le acusa por abandono de comando y rebelión en los hechos del 11 de abril de 2002.

El caso debió ser asignado a este nuevo tribunal luego de que el juez 17 de control Iván Darío Bastardo, fuera separado de su cargo por la Sala de casación debido a irregularidades en el manejo del proceso judicial.

 

 

Caracas, lunes 16 de febrero, 2004

 

ENTREVISTA / El GD (r) Carlos Alfonzo Martínez teme por la seguridad de su familia
"En la GN hay una lucha sórdida"

Señala que hay un ensañamiento del magistrado Levis Zerpa en su contra y que el actual comandante de la Guardia estuvo a su lado el 11A, pidiéndole que lo nombrara director de la escuela del componente

ALICIA LA ROTTA MORAN

EL UNIVERSAL

El GD (r) Carlos Rafael Alfonzo Martínez denunció desde su celda en Ramo Verde, que en el interior de la Guardia Nacional hay una lucha intestina sórdida entre dos bandos, representados en una parte por la oficialidad media que "lucha por cumplir la misión que le tiene asignada la Constitución y en la otra oficiales superiores y generales "rodeados de prebendas y beneficios, que intentan (...) transformarla en una milicia pretoriana al servicio de una causa política totalitaria_castrista, de espalda a su pueblo".

El general, privado de su libertad hace más de un año y recluido en la cárcel para procesados militares de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, hizo llegar a El Universal por medio de sus abogados, las respuestas a un cuestionario elaborado en la Redacción, donde expresa el temor que tiene por la seguridad de su familia, las rencillas personales de un magistrado del TSJ que lo mantienen en la cárcel y el estado de deterioro de la operatividad y apresto de la Fuerza de la cual formó parte desde 1973, cuando se graduó de la Efoguarnac.

_¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de la GN?

_En la Fuerza Armada Nacional todos los componentes han sufrido deterioro, pero quizás el daño más grave está en el deterioro y abandono de la operatividad y apresto de la Fuerza, para el cumplimiento de la misión de la Defensa Nacional, de forma tal que puedan hacerle frente a la materialización de alguna de las hipótesis de guerra, que se tienen planteadas, con éxito. En la GN el deterioro es todavía mayor, ya que al no haber el apoyo logístico adecuado, para cumplir eficientemente toda la inmensa gama de servicios que presta, perdemos el aprecio de la población. Aunado a esto, por orden del jefe del régimen, y secundado por generales, transformados en comisarios políticos, al servicio de una revolución viciada, tenemos la actuación protagónica de la Guardia Nacional, en todas las acciones represivas e ilegales, que van en contra del colectivo, asumiendo incluso roles asignados a la policía política. Todo esto se está viviendo en lo interno de la GN, en la conciencia de cada uno de sus integrantes, produciendo una lucha intestina sórdida, entre dos bandos, uno representado por las tres cuartas partes de la Institución, la mayoría tenientes coroneles, oficiales subalternos, suboficiales y tropa profesional, que luchan por cumplir la misión que le tiene asignada la Constitución, en contra de otro tercio del componente, conformado por oficiales generales y superiores, rodeados de prebendas y beneficios, que intentan subyugarla, transformándola en una milicia pretoriana al servicio de una causa política totalitaria-castrista.

_¿Es cierto que el magistrado Levis Ignacio Zerpa está detrás del ensañamiento en su contra?

_En los primeros días de mi detención, supe que el magistrado Levis Ignacio Zerpa había sido seleccionado para elaborar la ponencia sobre mi antejuicio de mérito. Elaboró una ponencia, para pasarme a la condición de juicio, por haber cometido los presuntos delitos de "instigación pública al delito de rebelión, violación a los regímenes especiales de las zonas de seguridad y abandono de comando", recomendando, en dicha ponencia, que deba ser privado de la libertad, por la influencia que podía ejercer sobre los oficiales, guardias nacionales y funcionarios de la Disip, que cumplieron la comisión de espiar mi alocución, donde invité a los presentes a participar con sus firmas en la convocatoria de un referendo consultivo. Por lo expuesto anteriormente, puedo concluir que efectivamente hay un ensañamiento en mi contra, por parte del referido magistrado. Al no ser de origen personal, ni de contenido jurídico, me confirman que tiene fundamento político.

_¿Hasta cuando se quedará preso?

_En mi caso, la Sala Plena del TSJ falló una decisión dividida, ocho votos a favor de que deba continuar privado de la libertad en mi residencia y conducido a juicio en un tribunal ordinario, en contra de ocho votos que mantuvieron la posición de que deba recobrar la libertad y asistir a juicio, igualmente en un tribunal ordinario, produciéndose un empate, motivo por el cual debió nombrarse un nuevo ponente, evento que no ocurrió ya que Rincón decidió publicarla de la forma antes descrita. Estoy privado de la libertad, pero no en mi residencia, tal como lo dispuso el TSJ, sino en la cárcel militar de Ramo Verde, por iniciativa y orden del juez provisorio del Tribunal 17 de Juicio del Area Metropolitana, Iván Darío Bastardo (...). Como militar formado en libertad y en sistema democrático creo en el Estado de Derecho y en una justicia autónoma; por lo cual, recobraré mi libertad, cuando se me den las garantías mínimas de un proceso judicial libre de la injerencia del jefe del régimen y de su revolución viciada.

_¿Teme por su vida o la seguridad de su familia?

_No temo por mi vida, soy hombre de buena fe y en equilibrio interno, creyente de los designios de Dios. Con respecto a la familia, tengo temor por su seguridad, en atención a la forma artera, alevosa y al margen de la ley como actúan grupos violentos, algunas veces bajo el manto protector de la concepción filosófica de los círculos bolivarianos y otras como pandillas terroristas, afectas al régimen, que en forma impune causan daño a las personas y propiedades.

_¿Qué opinión le merece el actual comandante de la GN, Jesús Villegas Solarte?

_Prefiero citarle algunos hechos de la vida real, y así usted misma pueda formarse alguna opinión de la personalidad del GD Jesús Villegas Solarte, mi compañero de promoción "Batalla Mata de la Miel", egresada del Alma Mater, Efoguarnac, en 1973. Después de treinta años de servicio continuo, mi promoción pasa a la situación de retiro en julio del 2003 con dos excepciones: a mí se me dio de baja 15 días antes del retiro y la de Villegas Solarte, a quien Chávez decidió prorrogarle la situación de actividad y nombrarlo comandante de la GN, como premio a su lealtad con el proceso, puesto en evidencia, por la labor eficiente desempeñada en la dirección del proyecto de construcción del "Sarao de Chaguaramal", obra a la cual se destinaron ingentes cantidades de dinero, edificada con retardo extremo y que no soporta la más mínima evaluación técnica y contralora. Esta información la recibí de boca del propio Villegas Solarte, quien me solicitaba regresar a la Institución, ya que no quería continuar en dicho cargo, donde él fungía como una figura decorativa, porque los que en realidad gerenciaban la obra y ejecutaban las finanzas eran oficiales del Ejército, dependientes directamente del Presidente. A raíz de ocultar esta situación, es premiado con el ascenso a general de brigada, con cinco años de retardo. En los sucesos que se desencadenaron el 11 de abril de 2002, se mantuvo a mi lado, ofreciéndome protección y solicitándome reiterativamente que lo nombrara director de la Efoguarnac. Al regresar Chávez a la Presidencia, su lealtad retorna a su comandante en jefe. El 3 de diciembre de 2002, siendo jefe del Comando Regional 5, arremetió salvajemente contra una manifestación pacífica, conformada en su mayoría por mujeres de Gente del Petróleo, que se habían congregado en la plaza de la Meritocracia, erosionando con su conducción errada, ventajista y artera, el prestigio de la Institución, especializada en esta materia. Probada de esta forma su lealtad al régimen, es ascendido a general de división, reconocida su antigüedad, y nombrado comandante general de la Institución, apuntándose como principal logro de su gestión las acciones ventajistas y diligentes de la Guardia Nacional, en la ejecución de desalojos en las residencias de los campos petroleros, donde hubo atropellos de todo tipo contra sus humildes moradores, desconociendo los derechos humanos y el Estado de Derecho y de Justicia Social que regula la vida de la nación.

 

Un año y un mes de calvario judicial

30-12-02. El general Carlos Alfonzo Martínez fue detenido por la Disip, luego de participar en una manifestación en la plaza Madariaga, de El Paraíso.

31-12-02. Los abogados del general denunciaron violación de derecho a libertad personal, cuando el Gobierno se negó a cumplir el mandamiento de hábeas corpus que dictó el juez 18 de Control un día después de la detención.

31-12-02. Fiscal Isaías Rodríguez notificó al TSJ la detención del general y solicitó medidas privativa de libertad.

21-01-03. Con 7 votos a favor, 4 concurrentes y 8 salvados, aprobó la Sala Plena el fallo según el cual el general seguirá preso y tendrá prohibido comunicación externa.

28-02-03. El fiscal solicitó a Sala Plena declarar la existencia de méritos para enjuiciar al oficial, por los delitos de abandono de comando, violación de decretos sobre zonas de seguridad e instigación a la rebelión.

19-03-03. La Sala Plena, con 11 votos a favor y 9 salvados, admitió la querella.

15-05-03. Sala Plena declara que hay méritos para juzgar al general y fija audiencia.

19-06-03. El uniformado fue dado de baja por mandato presidencial.

16-07-03. Sala Plena ordena entregar el caso a tribunales ordinarios.

20-07-03. Sujetos hurtaron en la residencia de la abogada del general, Janeth Carbone, dos computadores, documentos personales y dos uniformes del general.

10-09-03. El Tribunal 17 de Juicio mandó trasladar al ex inspector de la GN desde su residencia en Fuerte Tiuna hasta Ramo Verde (Los Teques).

27-01-04. El juez 17 de juicio de Caracas, Iván Darío Bastardo, trató de enjuiciar al general en Ramo Verde.

29-01-04. Ante lo sucedido, los abogados requirieron la intervención inmediata de la Sala Penal alegando violación de derechos constitucionales.

05-02-04. Sala Penal del TSJ ordenó entregarle el caso a otro tribunal.