Caracas 11 de julio de 2004
Señores y señoras
Miembros del Comité Político
Coordinadora Democrática.
El documento que bajo el título “Acuerdo Nacional por la Justicia y la Paz Democrática” ha presentado la Comisión Acuerdo de Gobernabilidad para la consideración y discusión del Comité Político de la CD es, sin duda, un valioso aporte para el debate que deberá abordar la sociedad venezolana en los próximos días. Conscientes de la responsabilidad que tenemos y de la importancia que revisten los actuales momentos, presentamos nuestras observaciones al documento y ofrecemos una propuesta que podría enriquecer este importante debate.
Los venezolanos estamos, como señala el documento, en los albores de un cambio trascendental y, por ello, luego de estos años de conflictividad e incertidumbre nos debemos todos al compromiso de trabajar mancomunadamente por la reconciliación y la reconstrucción del país. Así mismo, en la construcción de ese futuro para todos los venezolanos es vital, como bien destaca el documento, contar con el respaldo y la participación activa de esa ciudadanía que ha sido protagonista de las luchas políticas de los últimos tiempos y que, a no dudarlo, continuará defiendo sus derechos con el mismo ardor que le hemos conocido en estos tiempos. Compartimos, igualmente, el valioso significado que se le otorga al reconocimiento y respeto por las reglas democráticas, las libertades y los derechos humanos y, al igual que la mayoría de los venezolanos, sabemos que el desafío mayor radica en ejercer un liderazgo que venza las carencias y las exclusiones que el país arrastra del pasado y que se han profundizado en el presente. Creemos, pues, como también se desprende del documento presentado, que se debe detener el sectarismo para que unidos, absolutamente todos los venezolanos, retomemos las bases republicanas de nuestra identidad y emprendamos el camino del bienestar colectivo en medio de nuestras diferencias y aceptando la pluralidad de visiones e intereses. Es, en nombre de ese objetivo, que no es otro que el objetivo de la paz y la gobernabilidad, que les solicitamos la consideración de estas observaciones.
OBSERVACIONES
1. Si deseamos promover un Acuerdo Nacional es indispensable que éste convoque a todos los venezolanos y no sólo a los integrantes de la CD. El esfuerzo a realizar después del RR tendrá que ser tarea de todos los ciudadanos, los de un bando y los del otro, y también de aquellos que no se sienten concernidos por el conflicto pero que, sin embargo, aspiran a un gobierno mejor. De lo contrario, el país no logrará superar las dificultades que lo afectan.
2. Resulta conveniente admitir, porque en eso consiste la democracia, que fuerzas tan plurales como las que conviven en el país coinciden en reconocer que la unidad, la paz y la prosperidad constituyen valores compartidos y fundamentales, sin embargo, el modo o los caminos para alcanzar esos objetivos deben ser debatidos públicamente y sometidos al escrutinio nacional. Es por ello que respaldamos la promoción de un debate sobre Planes y proyectos de país pero nos resulta prematuro respaldar una propuesta programática que el país (nos referimos a todos los electores) no ha debatido todavía y sobre la cual tampoco se ha pronunciado. Si deseamos ver unido al país alrededor de propósitos que representen el interés de la Nación, preservando a la vez la pluralidad y la diversidad propias de la democracia, entonces es indispensable promover el debate y hacer que la decisión quede en manos, como bien se señala en el documento, de los ciudadanos, de los protagonistas legítimos de toda decisión democrática.
3. En cuanto a la candidatura unitaria, compartimos la opinión expresada en el documento que señala el imperativo de conformar un equipo de gobierno que oriente su acción hacia el bienestar de la gente, en particular hacia los más desamparados, y restaure la ética de la función pública al servicio del ciudadano. Y, en nombre del respeto al ciudadano, respeto que reiteradamente se reivindica en el documento, consideramos que los temas relativos a la candidatura, a la reelección y al plan de gobierno, son competencia y decisión del soberano. Esta es la regla de oro de la democracia y si deseamos con sinceridad trabajar por la unidad de la Nación y de sus habitantes debemos dejar que decisiones tan trascendentales sean debatidas y decididas por los auténticos depositarios de la legitimidad democrática. Garantizar la viabilidad, estabilidad y eficacia del gobierno, que es un sabio objetivo expresado en el documento, más que de un acuerdo entre las organizaciones políticas de la oposición, requiere del acuerdo y de la identificación que se produzca entre el liderazgo y la Nación. Es necesario, pues, darle al ciudadano tiempo para evaluar propuestas y candidaturas y también ofrecerle condiciones democráticas y transparentes para elegir entre ellas.
4. Compartimos las aspiraciones a la paz y a la unidad nacional que orientan los lineamientos estratégicos presentados. La urgencia social es un imperativo político, ético y humanitario, de manera que seguramente todos los venezolanos compartirían las acciones gubernamentales que estén dirigidas a la salud, el empleo, la seguridad y el mejoramiento de los niveles de vida. Sin embargo, las reformas políticas y constitucionales requieren discusión y aprobación por organismos plurales (como la Asamblea Nacional), en consecuencia, el acuerdo sólo puede establecerse como un compromiso para “promover” o “impulsar” las iniciativas de reformas, entre ellas la relativa a la reducción del mandato presidencial con una reelección y doble vuelta, ideas éstas que plenamente compartimos. Ninguna fuerza política, por sí sola, puede garantizarle al país que producirá reformas que requieren y requerirán del respaldo y la aprobación de todas las fuerzas presentes en la escena política. Este punto es de particular relevancia porque el país ha dado pruebas suficientes de vocación democrática y de rechazo a todo intento de imposición de decisiones de manera arbitraria.
5. Por último, consideramos que para comenzar a construir ese mensaje inclusivo y unitario, es vital ofrecer seguridades a quienes temen perder lo poco que han logrado y a quienes esperan un nuevo mensaje esperanzador. En tal sentido, si se trata de presentar ofertas programáticas concretas, consideramos conveniente que la oposición se comprometa a darle continuidad a las misiones haciendo que se democraticen y que los beneficios lleguen a los más necesitados y no sólo a los afectos al gobierno.
A continuación ofrecemos una propuesta alternativa cónsona con las consideraciones presentadas.
PROPUESTA
Los venezolanos estamos en los albores de un cambio trascendental que nos permitirá, con el esfuerzo colectivo, dirigir los destinos del país hacia el progreso social y la superación de viejos y nuevos errores. Por ello, luego de estos años de conflictividad e incertidumbre nos debemos todos al compromiso de trabajar mancomunadamente por la reconciliación y la reconstrucción del país. Así mismo, en la construcción de ese futuro para todos los venezolanos es vital contar con el respaldo y la participación activa de esa ciudadanía que ha sido protagonista de las luchas políticas recientes y que, a no dudarlo, continuará defiendo sus derechos con el mismo ardor que le hemos conocido en estos tiempos. Compartimos, igualmente, el valioso significado que se le otorga al reconocimiento y respeto por las reglas democráticas, las libertades y los derechos humanos y, al igual que la mayoría de los venezolanos, sabemos que el desafío mayor radica en ejercer un liderazgo que venza las carencias y las exclusiones que el país arrastra del pasado y que se han profundizado en el presente. Creemos, pues, que es necesario detener el sectarismo para que absolutamente todos los venezolanos, retomemos las bases republicanas de nuestra identidad y emprendamos el camino del bienestar colectivo en medio de nuestras diferencias y aceptando la pluralidad de visiones e intereses. Es en nombre de ese objetivo, que no es otro que el objetivo de la paz y la gobernabilidad, que el centro de gravedad de la acción del futuro gobierno debe concentrarse en la política social, el empleo y la seguridad ciudadana.
NUESTRO COMPROMISO CON VENEZUELA
Las fuerzas políticas y sociales que suscribimos este documento, conscientes de la férrea voluntad que han expresado los ciudadanos en la lucha por superar pacífica y democráticamente la grave crisis que atraviesa el país, convocamos a la Nación en su conjunto, a todos los venezolanos de buena fe, sea cual sea su ideología política, su religión, credo o raza, al esfuerzo que significará alcanzar en los próximos meses y años los propósitos de bienestar social y de inclusión y reconciliación que reclama el país.
Por ello, los firmantes de este acuerdo comprometemos nuestra voluntad y nuestra acción en estas direcciones:
1. La inclusión social exige habilitar a todos los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y la realización de su potencialidad y autonomía. Eso significa que el esfuerzo de la sociedad debe estar orientado en cuatro direcciones: a) La superación de las condiciones de marginalidad expresadas en deficiencias de servicios, hábitat, comunicación y ambiente, con el objeto de habilitar a los sectores más desvalidos de la población, en particular los niños y los ancianos, para una vida plena, digna y activa. b) Promover la renovación del sistema educativo venezolano a partir del nivel preescolar, elevar la calidad de la enseñanza, ampliando a la vez su ámbito para incluir la informática y los avances comunicacionales del Siglo XXI, así como la cultura y la práctica del deporte, todo ello acompañado de una sana alimentación. c) El radical mejoramiento de los servicios de auxilio y emergencia, así como de la red hospitalaria del país. d) La ampliación, a todo el país, de aquellos programas focalizados de atención a los segmentos de población menos favorecidos, aprovechando las experiencias tanto del gobierno nacional como de numerosos gobiernos regionales y municipales. En tal sentido, reiteramos el compromiso de darle continuidad y ampliar la cobertura de las misiones inauguradas en fecha reciente por el gobierno nacional, particularmente en las áreas de la educación y la salud, haciendo que los beneficios lleguen no sólo a los afectos al gobierno sino a toda la población.
2. El bienestar social e integración plena de la población al proceso social y productivo exige la incorporación activa de toda la ciudadanía en las tareas de reconstrucción nacional y esa incorporación es posible si, fortaleciendo el régimen democrático, se acerca el ejercicio del poder al ciudadano. La sociedad democrática venezolana ha dado pruebas en estos últimos años de querer controlar su propio destino de manera que solo desarrollando los poderes regionales, municipales y locales podrá ejercerse una ciudadanía plena que, por una parte ejerza funciones contraloras sobre el poder político pero, por otra, asuma la co-responsabilidad en el esfuerzo que significa construir una sociedad próspera y democrática capaz de ofrecer seguridad y bienestar a sus ciudadanos. En tal sentido, nos comprometemos a restablecer y profundizar el proceso de descentralización de manera que se haga efectiva la democracia participativa.
3. El logro de la prosperidad colectiva demanda generar millones de nuevos empleos, tanto para abrir horizontes a las nuevas generaciones como para absorber la mano de obra que ha quedado cesante como consecuencia de la desinversión, originada por la conflictividad política y por los ataques que de manera reiterada se han producido en contra de la actividad económica privada. En este sentido, establecemos el compromiso de abocarnos a la recuperación de la industria petrolera, tan duramente sacudida por la intervención política partidista. Igualmente, nos proponemos impulsar una política de inversión nacional e internacional que eleve tanto la generación de empleo como la productividad y rentabilidad del sector agropecuario, y asimismo de los sectores secundarios y terciarios de la producción. Finalmente, y con el fin de canalizar la capacidad creativa y estimular la iniciativa ciudadana, nos comprometemos a dar singular estimulo a la pequeña empresa así como a la conformación de cooperativas de consumo, servicios y producción.
4. La paz y la reconciliación nacional dependen de la capacidad del liderazgo para institucionalizar el país garantizando la autonomía, la imparcialidad y la transparencia de los poderes públicos. En este sentido, el compromiso de las fuerzas democráticas estará dirigido a abandonar las prácticas clientelares para promover los valores de la decencia, la probidad, la eficiencia y la experiencia en la carrera de los funcionarios de la administración pública.
5. Tanto la paz social como la prosperidad económica están íntimamente vinculadas a la seguridad jurídica. En tal sentido, nos comprometemos a definir claramente el marco jurídico generando la seguridad indispensable tanto para el ejercicio sano de la ciudadanía como para la actividad económica. Uno y otro fin demandan la existencia de un sistema judicial eficiente y justo que respete los derechos humanos y garantice la imparcialidad de la justicia. En este sentido, reiteramos el compromiso de reiniciar el proceso de reforma judicial restableciendo el sistema de concursos en la designación de jueces titulares y declarando la emergencia carcelaria. Por último, la credibilidad en el sistema democrático exige el firme compromiso que hoy asumimos de hacer respetar el imperio de la ley y generar confianza en las instituciones acabando con la impunidad.
6. Resulta imperativo emprender reformas institucionales que garanticen la estabilidad democrática. En tal sentido, nos comprometemos a promover la doble vuelta en las elecciones presidenciales y reducción a cuatro años el período de gobierno, con reelección inmediata. Igualmente promoveremos el restablecimiento del carácter institucional, apolítico, profesional y no deliberante de la FAN, manteniendo el derecho ciudadano al voto.
7. La libertad de expresión, junto a los derechos humanos, las libertades individuales y los derechos de propiedad constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Por ello, para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos, resulta indispensable que se restablezca el rol que le corresponde a los medios de como mediadores entre los ciudadanos y entre éstos y los poderes públicos. En tal sentido, nos comprometemos a fortalecer la libertad de expresión y a promover condiciones de tolerancia que garanticen el ejercicio profesional de los comunicadores y de los medios de comunicación.
Estos propósitos constituyen las bases de un acuerdo que compromete a todas las fuerzas democráticas del país en la búsqueda de una solución unitaria construida y respaldada en el respeto a la voluntad democrática del soberano. Por ello, convocamos al país en su conjunto, incluidas las fuerzas políticas que respaldan al actual gobierno, a que acepten el debate democrático y expresen su compromiso con estos propósitos por el bien de la Nación y por la Unidad de la República.
Este compromiso, fiel a los principios democráticos, si bien identifica propósitos comunes, deja abierto el debate entre las fuerzas políticas de manera que cada una, desde su diferencia, le ofrezca al país los programas y las estrategias que considere adecuadas para el logro de estos propósitos. La decisión, en última instancia, deben tenerla y la tendrán los ciudadanos. Esa es la regla de oro de la democracia.
Por Proyecto Venezuela
María Sol Pérez Schael