El Nacional - Martes 27 de
Julio de 2004 A/9
Opinión
EDITORIAL
Los presos del Táchira
El nombre de Belkys de Supelano seguramente quedará registrado por años en la memoria de monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal. Los motivos para ello son muchos, pero uno en especial merece la pena ser destacado esta semana: es la madre de uno de los acusados por los sucesos del 12 de abril, acaecidos en la capital tachirense en la primera mitad de 2002.
Su hijo, junto a otros luchadores por la libertad, es ahora objeto de una feroz persecución por parte del militarismo fascista que se ha apoderado de ese estado luego de la llegada de Chávez al poder.
La señora Belkys de Supelano tuvo que ir a ver al padre Moronta para pedirle que su hijo no siga siendo maltratado por los esbirros del gobernador del Táchira cada vez que es llevado a los tribunales, que no lo trasladen al juzgado como si fuera un asesino, con las manos esposadas y rodeado de guardias nacionales armados hasta los dientes. Este es un trato humillante y desconsiderado contra unos líderes políticos de trayectoria conocida. ¿Qué se busca con este circo armado a costa de un grupo de ciudadanos inocentes? Lo que la señora Supelano le suplica a monseñor es que interceda ante el petit Pinochet de la región para que se le dé a su hijo, y al resto de los presos políticos como es lógico, un trato acorde con las normas democráticas. Lo verdaderamente insólito de todo esto es que haya que acudir ante la Iglesia, como en el Chile de la dictadura, para que se respeten los derechos humanos de los presos políticos.
La señora Belkys de Supelano le dijo a la prensa que monseñor Mario Moronta le dio su palabra de que intercedería para que los acusados no recibieran malos tratos ni fueran humillados por las fuerzas policiales. “Duramos hora y media hablando con él. Fue muy receptivo, nos prestó colaboración y le pedimos que intercediera ante las autoridades para que no los esposaran cuando fueran traídos a tribunales ni arremetieran contra los medios de comunicación. Él nos dijo específicamente que estaba en contra de todo este atropello”, reveló la señora Supelano.
En verdad, Táchira es un caso especial en la geografía política venezolana y desde los primeros años de la República se ha comprobado la vocación de poder y protagonismo de sus ciudadanos.
Pero ahora sufre una de las etapas más negras de su historia. El actual gobernador (si es que es posible llamarlo así) se comporta como un comandante de las fuerzas de ocupación en Irak. Todo lo maneja manu militari, sin importarle las leyes y el respeto por los derechos humanos.
Para él, la democracia es sencillamente un estorbo que le impide rendirse de rodillas ante su amado comandante y jefe supremo cada vez que éste se lo ordena.
Esta sumisión sólo se entiende en la medida en que el mandatario regional debe su poder a las presiones ejercidas públicamente por Chávez para que lo declararan vencedor en las elecciones. Todos recordamos la grotesca frase del Presidente: “No me calo al Cura Calderón”, para luego rematar diciendo: “Ya verá qué hace el CNE con él”. El país ya sabe que el Consejo Nacional Electoral de esa época acató la orden de Miraflores y lo complació regalándole esa gobernación, que estaba en disputa. El voto de Chávez resultó a la postre decisivo, por encima de la voluntad popular expresada en las urnas. De esos polvos vienen estos tremedales. No es para asombrarse entonces que este militar retirado se lleve por delante todas las normas democráticas de convivencia, y que utilice a la Fiscalía y a los tribunales para sus planes de venganza contra la oposición.
A tal punto han llegado los atropellos que ya el simple hecho de conducir a los detenidos hasta el juzgado se convierte en un suplicio, porque la Guardia Nacional la emprende a culatazos y empujones contra los familiares y amigos que acuden a manifestar su solidaridad cívica. A estos presos políticos se les trata además como si fueran los peores criminales del mundo.
Al gobernador, como militar golpista que es, no le interesan los derechos civiles. Al igual que Chávez, cree que el país se puede gobernar como un cuartel, pero está totalmente equivocado. Venezuela exige una nueva relación de respeto entre el poder y los ciudadanos. Es la plena vigencia de las instituciones y el imperio de la ley lo que nos permitirá volver a vivir dentro de un clima de convivencia. Eso es lo que queremos la mayoría de los venezolanos y lo que vamos a definir este 15 de agosto con el referéndum revocatorio presidencial. No hay más vuelta que darle al asunto