El caso Granda estalla en el rostro de Hugo Chávez Frías con una inusitada y extrema violencia, dejándolo al desnudo en dos aspectos claves de su supervivencia política: la de su legitimidad, en primer lugar; la de su propia seguridad y la seguridad militar de su régimen, en segundo lugar. Para el país se trata, sin duda, de la peor crisis conocida en las relaciones con Colombia. Y, en el contexto internacional en que se encuadra, de la peor crisis con los Estados Unidos, comprometido a fondo en el Plan Colombia y la lucha contra el terrorismo, primera prioridad de la Casa Blanca.

             El de su  legitimidad en un doble sentido: la cedulación y nacionalización fraudulentas del canciller del grupo terrorista colombiano de las FARC, tanto como la participación del así nacionalizado en los últimos procesos electorales, son la prueba mas fehaciente e indubitable del carácter fraudulento del proceso de cedulación Express, la llamada “misión identidad”, sin la cual – como lo reconociera oficialmente el mismo Hugo Chávez en un encuentro con la alta oficialidad de las fuerzas armadas en Fuerte Tiuna – no hubiera ganado el referéndum revocatorio. Que dicho proceso se realizó violando todas las normas electorales, lo sabe todo el mundo. Desde luego Jimmy Carter y César Gaviria, que ante la anuencia de la propia oposición a dicho proceso de cedulación, no hicieron mayor cuestión del mismo. Poniendo con ello su propia gestión contralora en los aledaños de la ilegitimidad. Pero ello ni siquiera es suficiente: mientras no se someta el Registro Electoral Permanente a un profundo, serio y transparente proceso de control, lo que en verdad está en duda es la legitimidad misma del proceso electoral y, tras suyo, la del presidente de la república. Legitimidad que un importante sector opositor se niega a reconocerle.

             El segundo aspecto de esta legitimidad tiene que ver con las relaciones de complicidad, auxilio y complementariedad que dicha cedulación y la presencia consentida del alto funcionario de las FARC en territorio venezolano ponen dramáticamente de manifiesto: mientras no haya pruebas en contrario, este gobierno aparece a los ojos del mundo comprometido con el terrorismo internacional. ¿Puede alguien dudar de la calidad del “voto” del canciller Granda y de otros eventuales votantes colombianos – muchos de ellos presumiblemente miembros de las guerrillas colombianas - cedulados fraudulenta y velozmente para que el comandante Chávez pudiera enfrentar con éxito a la oposición democrática venezolana que solicitaba su revocación?

             Pueda que el otro problema de seguridad puesto de manifiesto con el secuestro del “canciller” de las FARC sea incluso muchísimo más grave: la fácil permeabilidad al soborno de altos oficiales de la Guardia Nacional – precisamente encargados de combatir el secuestro –para efectuar acciones a favor de un Estado extranjero. Si con un millón y medio de dólares se puede obtener el secuestro de una alta personalidad extranjera en la misma capital de la republica y su traslado a territorio limítrofe, ¿qué altos favores no podrá obtenerse multiplicando esa cifra y haciéndola muchísimo mas apetecible?