Tres cartas entregas al Presidente del Reino de España, José Luís Rodríguez Zapatero, en su visita a Venezuela, 2005.03.30

Carta firmada por un numeroso grupo de venezolanos relacionados con España

Carta entregada por Gente del Petróleo

Carta entregada por Alternativa Ciudadana

Excmo. Señor Don José Luís Rodríguez Zapatero

Presidente del Gobierno del Reino de España

Distinguido Señor:

Somos ciudadanos de España que residimos en Venezuela y en tal carácter deseamos llevar a VE nuestra visión de las políticas emprendidas por el Gobierno de Venezuela que encabeza el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, políticas que, a nuestro juicio, están afectando negativamente a los españoles residentes en Venezuela y a sus descendientes más directos.

Es ampliamente conocido en medios internacionales el ambiente de polarización que reina en el país desde que el comandante Chávez asumió la presidencia a principios de 1999. Esto ha ocasionado graves enfrentamientos entre sectores de la sociedad venezolana, en los que se han visto envueltos ciudadanos españoles. En más de uno de ellos algunos resultaron heridos y fallecidos, como se hiciera del conocimiento del Excelentísimo Embajador Don Manuel Viturro durante el pasado año 2004. Comenzando en 1992, en ocasión del golpe de estado al presidente constitucional y democrático que diera el teniente coronel Chávez Frías, muriera el joven Gaizka Etxearte, hijo del delegado del PNV. De data mas reciente, el día 11 de abril de 2002, Antonio Gamayo, cuando marchaba de forma pacífica y democrática para demostrar su descontento con el régimen que nos ahoga. Otro de ellos, Manuel Vilas, fue asesinado por fuerzas de seguridad del estado mientras manifestaba contra el gobierno pacíficamente dentro de su urbanización, en fecha  1 de marzo  de 2004. Otros son perseguidos y acosados y por lo tanto se han visto obligados a buscar refugio en otras tierras dejando familias, pertenencias, y lo más importante, su patria, para salvaguardar su integridad. 

Igualmente, la persecución y encarcelamiento a dirigentes políticos, ha hecho que muchos miembros de la oposición soliciten asilo territorial y que otros simplemente abandonen el país. Esto está causando temor en la población y constituye una violación al  derecho que debe tener toda persona a vivir en el suelo que lo vio nacer. Hay muestras evidentes de que la oposición democrática y la disidencia son inexcusablemente castigadas, como ocurrió en campos petroleros, como el de la urbanización Los Semerucos  en el Estado Falcón donde trabajadores petroleros que se sumaron al paro cívico de 2002 fueron brutalmente desalojados en medio de la noche haciendo uso de bombas lacrimógenas sin considerar la presencia de niños, ancianos y enfermos. También es emblemático el caso del General de Brigada del Ejército Francisco Usón Ramírez (que incluso llegó a ser Ministro de Finanzas de Chávez) que, luego de haber renunciado a su cargo después de los abusos del Gobierno del 11 de Abril de 2002, fue sistemáticamente perseguido (al punto de que se ordenó ilegalmente su pase a retiro por supuestos “motivos disciplinarios”) y, al día de hoy, ha sido condenado a 5 años y 6 meses de prisión por haber emitido libremente una opinión técnica sobre unos asesinatos de soldados en Maracaibo que fue considerada por el gobierno como una supuesta “Ofensa” a las fuerzas Armadas Nacionales. Permítanos informarle que el General Francisco Usón, es nieto de un alcalde de la República e hijo de un republicano que tuvo que huir del régimen dictatorial de Franco.

Por otra parte, la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la llamada Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, unida a las modificaciones introducidas al Código Penal, significan en la práctica la calificación de la libre opinión como delito y su consecuente penalización, hecho que constituye una gravísima limitación a la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Las plantas televisoras han sufrido el acoso de funcionarios públicos bajo argumentos preparados a fin de limitar su capacidad para cubrir las noticias del acontecer diario del país. Así también, hay periodistas reconocidos incluso en medios internacionales, como es el caso de la periodista Patricia Poleo quien se hizo merecedora del premio Rey de España 2001, mención prensa, que son perseguidos y acosados. Otro es el caso de la periodista Marta Colomina, de origen catalán, que sufrió un atentado en su contra. Ante tales hechos se han visto en la necesidad de acudir a la OEA para obtener una medida cautelar de protección.

Los confusos incidentes en que se ha visto envuelto el gobierno, actuando al menos con tibieza frente a terroristas internacionales vinculados al narcotráfico y la ambigüedad oficial frente al clamor internacional que demanda definiciones claras en esta materia, son factores que arrojan una seria duda sobre la verdadera fibra democrática del gobierno del señor Chávez.

Durante el mandato del actual presidente, la violencia ha sufrido un incremento exponencial para llegar a cobrar más de once mil muertes cada año, y ahora se une a ella el surgimiento de ajusticiamientos y desapariciones que involucran a las policías de algunos estados, lo que constituye otra violación a los derechos humanos y un flagrante atentado al derecho a la vida.

Luego de seis años de gobierno, la errónea política económica emprendida por el teniente coronel Chávez, ha causado la desaparición de casi el sesenta por ciento de las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas fundadas  y sostenidas por ciudadanos españoles, un pavoroso aumento en el desempleo, y como consecuencia un incremento desmedido de la economía informal, así como la elevación a más del doble en los índices de pobreza y pobreza extrema. Los niños mendigando en la calle hoy son una triste realidad que golpea la conciencia de toda Venezuela,  cuando los ingresos extraordinarios producto del elevado precio del petróleo debieran mostrar  un rostro de bienestar y bonanza en todo el país.

Sucede también que bajo una pretendida profundización de la reforma agraria, la autoridad ha permitido que se invadan fincas de gran  productividad como lo es el caso de la Finca El Charcote, propiedad de un consorcio inglés posicionado en el país hace más de cien años, y el Hato Piñero, hacienda ecológica con distinciones a nivel mundial como reserva ecológica de primer orden. De esta manera se viola el derecho a la propiedad privada, causando graves destrozos a las mismas y sin que la fuerza pública actúe para devolverla a sus dueños, bajo el amparo del principio que primero se debe negociar para no agredir al pueblo. Es importante mencionar que se llegó a invadir el jardín de una residencia-orfanato administrado por religiosas con muchísimos años en el país y que han dedicado su vida al cuidado de niños desamparados. Como información adicional, el Instituto Nacional de Tierras, informa tener once millones de hectáreas, entonces, ¿por qué entregar tierras privadas habiendo tantas del Estado improductivas?. Esto representa de hecho una confiscación de la propiedad privada.

            En otro orden de ideas, la circunstancial manipulación acomodaticia de una mayoría simple en la Asamblea Nacional, ha hecho que el Gobierno pueda nombrar los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, igual que al Contralor General de la República y los Rectores del Poder Electoral, sin que la oposición democrática tenga acceso a su participación. Esto constituye una flagrante violación a la independencia de los poderes del Estado, lo que hace del gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, un sistema de gobierno personalista y autocrático con claros visos de totalitarismo, similar al régimen que imperó en la Alemania nazi del siglo pasado y cuyos desmanes fueron catalogados por la sociedad mundial y por el Tribunal Internacional de la Haya como crímenes de lesa humanidad. No existe duda alguna de que nuestra Constitución Nacional es simplemente un conjunto de artículos escritos con letra muerta.

            Contra el ciudadano presidente Chávez se han intentado diversas solicitudes de investigación (en curso) ante diferentes tribunales internacionales y órganos de justicia internacional. La primera de ellas fue intentada por un grupo de ciudadanos españoles (coordinada por abogados venezolanos, ayudados por abogados españoles) ante la Audiencia Nacional Española que, pese que consideró que no podía esa Audiencia Juzgar a un presidente en funciones por crímenes de Lesa Humanidad, sí estimó que las evidencias ameritaban la remisión de lo actuado al Tribunal Penal Internacional de La Haya, lo cual hizo.

            La segunda de estas acciones se intentó, a cargo de la Organización No Gubernamental VIVE (dirigida por el Sr. Mohamad Merhi, padre de uno de los asesinados el 11 de Abril de 2002) directamente ante la Fiscalía ante el Tribunal Penal de La Haya. Esa solicitud está en curso, es ampliada con regularidad por los abogados de la dicha ONG, y está siendo seriamente evaluada por el Dr. Luis Moreno Ocampo, Fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, a los efectos de su pase a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI. En estas acciones se incluyeron, entre otras, las graves afectaciones a los derechos (y los asesinatos y torturas inclusive) a que se han visto sometidos ciudadanos venezolanos y españoles por un solo motivo: el identificarse con la oposición política al Presidente Hugo Chávez.

También está en curso a instancia de la ONG antes indicada (y recientemente fue ampliada) una reclamación contra el Gobierno venezolano ante la Comisión Interamericana de DDHH, específicamente por los sucesos del 11 de Abril de 2002.

Derivado de todo lo anterior, Excmo. Señor Presidente, es nuestro deseo que tenga muy presentes estos hechos al momento en que el señor Chávez Frías pise  suelo de España. 

Queremos que VE observe en su verdadera y real dimensión que no tiene frente a sí  un demócrata, acaso a un autócrata que pretende eternizarse en el poder, y en cuyo gobierno se violan diariamente los derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la vida, a la propiedad privada, al libre pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y participación política, a ser juzgado por sus jueces naturales y, muy especialmente aquellos  derechos que invariablemente se mencionan en las cumbres internacionales  del mundo entero: los derechos a la justicia, a la libertad y a la paz.

Dios guarde a VE