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S.E. Prof. Carlo Azeglio Ciampi
Presidente de la República Italiana

Señor Presidente:

Somos ciudadanos italianos residentes en Venezuela, intérpretes del sentimiento de toda la gran familia italo-venezolana de los hijos y descendientes de italianos de ciudadanía italiana y de los ciudadanos venezolanos residentes en Italia. En vista de la anunciada visita oficial a Italia del Presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez Frías, nos permitimos elevar a la atención de Su Excelencia los principales acontecimientos que han caracterizado, desde 1998 hasta hoy, su gobierno y que están erosionando las bases de la democracia venezolana y continental, en pro de un inquietante diseño autoritario, extra-constitucional, que pretende imponer el mismo comandante Chávez.

A nivel internacional es ampliamente conocida la situación de polarización ideológica y social provocada en los diferentes sectores de la sociedad por la acción del comandante Chávez, dirigida a la actuación sistemática y progresiva de tal diseño, desde que asumió la presidencia, en 1999. Desde el principio, en efecto, sus actuaciones han provocado continuos enfrentamientos de gravedad cada vez mayor entre los diferentes sectores de la población, en los cuales se han visto involucrados también ciudadanos de nacionalidad europea e italiana. Creemos que el gobierno italiano está en conocimiento del caso – denunciado a nuestra Embajada en Caracas – de Cosimo di Biella, emigrante desde muy joven a Venezuela, donde había formado una familia. El primero de marzo del año pasado, un día de fuertes protestas callejeras y de gravísimos enfrentamientos, di Biella fue asesinado en circunstancias que no han sido nunca aclaradas, mientras regresaba en automóvil a su casa, sin que hasta ahora las autoridades se hayan pronunciado sobre las responsabilidades del caso, mientras permanecen como indiciados algunos policías y miembros de la Guardia Nacional.

Todas las manifestaciones de protesta cívica contra este incipiente autoritarismo no han recibido respuesta alguna, sino que más bien han sido puntualmente criminalizadas y castigadas con dureza y obstinación por el régimen del comandante Chávez, quien, lejos de tomar en cuenta sus motivaciones y abrirse al diálogo y a la discusión, ha escogido la vía de la imposición autocrática de su voluntad, fortalecido por los poderes que ya están todos en sus manos, comenzando por la mayoría de la Asamblea Nacional -que en lugar de responder al electorado, actúa según las órdenes del ejecutivo- hasta las Fuerzas Armadas.

Así sucedió con la manifestación de protesta del 11 de abril del 2002, cuando más de un millón de personas que marchaban pacíficamente por las calles hacia el palacio presidencial, se convirtieron en blanco de los francotiradores seguidores del gobierno (algunos identificados, enjuiciados y luego absueltos por “legítima defensa”), con un saldo de veinte muertos y centenares de heridos. Ante esta protesta, el comandante Chávez reaccionó ordenando a sus generales la activación del llamado “Plan Avila”, un plan que prevé, la intervención del ejército para contener con las armas a los manifestantes. Los generales se negaron a seguir esta orden.

Del mismo modo concluyó el paro de diciembre 2002-febrero 2003, con el despido de 20.000 trabajadores petroleros, la eliminación por retaliación de más de 100.000 puestos de trabajadores de compañías contratistas del sector petrolero, y la imputación de los mayores promotores del paro; en particular, el Secretario General de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), Carlos Ortega, quien, por amenazas de muerte, tuvo que exilarse en Costa Rica. Luego de ingresar clandestinamente a Venezuela, Ortega fue arrestado y encarcelado.

A fines del año 2002, la crisis institucional de Venezuela se impuso finalmente a la atención de la comunidad internacional, en particular de la OEA, que después de haber promovido una mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición, también con la mediación del Centro Carter, llevó a las partes en conflicto, en mayo de 2003, a convenir en una solución electoral, prevista en el artículo 72 de la Constitución Bolivariana: el Referéndum Revocatorio del mandato presidencial, que debía celebrarse antes de finales de agosto de 2004.

Infinitos fueron los obstáculos interpuestos por el gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con mayoría oficialista, con el fin abiertamente declarado de boicotear la celebración del referéndum, comenzando por el vejatorio reglamento para la recolección de las firmas, que obligó a más de un millón de ciudadanos a expresar nuevamente, en un indignante “acto de reparación”, la propia voluntad de firmar.

Pero, por haber hecho uso de ese derecho constitucional, los firmantes de la petición de referéndum resultaron y todavía resultan víctimas de un trato discriminatorio y punitivo a causa del uso inconstitucional e inicuo de una lista con sus nombres, que se hizo del conocimiento público luego de su publicación ilegítima en la página web de un diputado chavista, con la complicidad del CNE. Esta discriminación contra los firmantes se ha manifestado en la negación de trabajo en la administración pública o en la imposibilidad de participar en licitaciones públicas, obtener la pensión o enfrentando todo tipo de obstáculos para obtener documentos como el pasaporte, la cédula de identidad e incluso en la distribución de las ayudas a los damnificados de las últimas inundaciones.

Se calcula que entre la convocación del referéndum y su celebración, el 15 de agosto de 2004, el Ministerio del Interior procedió a la identificación o nacionalización e inscripción sumaria en el registro electoral de más de dos millones de personas sin identificación y de emigrantes clandestinos, sobre todo colombianos, muchos de los cuales solicitados por las autoridades judiciales de ese país, como el llamado “ministro del exterior de las FARC”, Rodrigo Granda, quien votó en el referéndum mientras pendía sobre él un mandato de captura internacional “desconocido” a las cuerpos de inteligencia venezolanos.

La oposición había denunciado reiteradamente que las manipulaciones oficialistas del registro electoral lo estaban viciando totalmente, reduciendo la confiabilidad de todo el proceso referendario, pero la confirmación indiscutible de ello se tuvo comparando los desconcertantes resultados anunciados por el CNE con los de los exit pools efectuados por observadores independientes y la oposición. De hecho, tras esos resultados, que sin la mínima transparencia y verificación, reconfirmaron en el poder al teniente coronel, el señor Chávez ha dado un ulterior viraje al régimen en sentido aún más autoritario, que está acelerando su consolidación en el poder, a costo de la demolición del sistema democrático y en clara violación de la Constitución promovida por él mismo.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, impuso con mayoría simple la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que prevé, entre otras cosas, un considerable aumento del número de magistrados que lo conforman y que la misma Asamblea pueda designarlos con mayoría simple. De esta manera, de un solo golpe, Chávez ha sometido a la voluntad del ejecutivo - constituido en su mayoría por los militares que lo acompañaron en su fallido golpe del ’92 y por ex guerrilleros filocastristas - sea el poder legislativo como el judicial, que ya no son más expresiones autónomas e independientes del pluralismo político, sino meros instrumentos de imposición de la voluntad presidencial. El nuevo Presidente del TSJ, en efecto, declaró públicamente ser “revolucionario” y bolivariano; es decir, sujeto a la voluntad del ejecutivo, poniéndole así la cruz al principio de independencia de la magistratura.

Con la aprobación de la nueva “ley sobre la responsabilidad de los medios radiotelevisivos”, que introduce de hecho el reato de opinión, se violenta también la libertad de expresión sancionada por la Constitución, al permitir la intimidación y la persecución judicial de los periodistas más activos en los temas políticos y provocar la autocensura de los medios. En fin, con la reciente reforma del Código Penal se introdujeron nuevos tipos de reatos penales relacionados con la libertad de pensamiento, de reunión y participación política, ahora fuertemente limitadas y fiscalizadas, a fin de poder penalizar cualquier manifestación de disenso.

En materia de Derechos Humanos, en el informe de Amnesty International del año 2004 se cita a Venezuela por el hostigamiento del gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas, además que por la impunidad de la cual gozan todavía los responsables de la matanza del 11 de abril de 2002, por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y por el papel de justicieros que han asumido arbitrariamente algunas policías regionales contra presuntos delincuentes y por las reiteradas denuncias de tortura. Hace pocos días, el Parlamento Europeo hizo un llamado al gobierno de Venezuela para que "tome medidas efectivas contra las torturas y matanzas perpetradas por las fuerzas policiales", así como para "garantizar la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Actualmente 248 ciudadanos están bajo juicio por delitos de carácter político y se prevé a dentro de poco la lista de procesados por las mismas razones llegue a 800, acusados en su mayoría de haber promovido manifestaciones de la oposición, como la del 11 de abril de 2002, o por haber demostrado abiertamente su disenso.

En cuanto al desempeño económico del gobierno de Chávez, la deuda publica aumentó de 2.3 millardos de bolívares en 1998 a 23.3 millardos en 2003 (474% en US$), no obstante que en los últimos años Chávez haya recibido ingresos petroleros por 120.000 millones de US$, los más elevados en absoluto. Además, la política económica de corte estatalista promovida por el coronel Chávez ha provocado la desaparición de casi el sesenta por ciento de pequeñas y medianas empresas privadas existentes en Venezuela, muchas de las cuales creadas y manejadas por ciudadanos italianos, con un aumento considerable del desempleo y de los empleados en la economía informal, solo parcial y temporalmente incorporados en los costosos programas de emergencia (las llamadas “misiones”), con un saldo en términos de desocupación total de aproximadamente 19%, el aumento de los empleos precarios dependientes del Estado de casi 100%, la subida del índice de pobreza a 73% y un incremento de 8% de la pobreza critica, es decir, de la población vive con menos de un dólar al día (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas-INE).
El señor Chávez, en definitiva, lejos de haber creado riqueza y promover su justa distribución, está utilizando a fondo perdido los recursos del erario publico para ganarse el consenso de las clases marginales de la población, obteniendo así un consenso efímero, pero llevando el país hacia la quiebra, como hace prever la ultima reciente devaluación, único caso de devaluación en el continente, incluyendo Cuba. También el derecho fundamental a la propiedad privada está en vilo, a pesar de las normas constitucionales que lo consagran. En efecto, son toleradas y hasta promovidas las invasiones de propiedades en nombre de un demagógico fin igualitario que no resuelve, sino más bien aumenta, los gravísimos problemas de desigualdad social existentes en Venezuela.

Finalmente, los confusos incidentes en que el gobierno ha resultado involucrado por haber actuado, por decir poco, con demasiada indulgencia hacia terroristas buscados internacionalmente vinculados con la narcoguerrilla colombiana, como en el citado caso Granda, la ambigüedad oficial ante la comunidad internacional que esperaba una toma de posición clara del gobierno venezolano en esta materia, los constantes ataque verbales contra el presidente Bush y su gobierno, contra la vecina Colombia, la carrera armamentista y la organización paramilitar de un millón y medio de milicianos, son todos hechos que generan serias dudas sobre la naturaleza democrática y los proyectos continentales del señor Chávez.

En tal contexto, la población venezolana, amenazada y sin tutela legal, ya no se atreve a manifestar más su disenso y ello se percibe de modo preocupante también en la comunidad italo-venezolana.

Nos despedimos con la esperanza de que en las futuras relaciones entre Italia y Venezuela, Su Excelencia, cuya pasión democrática y gran respeto por la libertad y los derechos humanos son bien conocidos por todos, invocará siempre como condición de cualquier acuerdo entre los dos países los principios del respeto democrático, la defensa de los derechos humanos y la promoción del estado de derecho, incluso cuando se traten las también importantes relaciones bilaterales de tipo económico-comercial.

De usted muy respetuosamente,

Los Abajo Firmantes,

S.E. Prof. Carlo Azeglio Ciampi
Presidente della Repubblica Italiana


Signor Presidente,

Siamo cittadini italiani residenti in Venezuela, interpreti del sentimento di tutta la grande famiglia italo venezuelana, dei figli e discendenti di italiani di cittadinanza venezuelana e dei cittadini venezuelani residenti in Italia. In vista dell’annunciata visita ufficiale in Italia del Presidente del Venezuela, tenente colonnello Hugo Chavez Frias, ci permettiamo elevare all’attenzione di V. E. i principali fatti che hanno caratterizzato, dal ’98 ad oggi, il suo governo e che stanno minando le basi della democrazia venezuelana e continentale, in pro di un inquietante disegno autoritario, extra-costituzionale, voluto dallo stesso comandante Chavez.

A livello internazionale è ben nota la situazione di spaccatura ideologica e sociale indotta nei diversi settori della società dall’azione del comandante Chavez, volta all’attuazione sistematica e progressiva di tale disegno, fin da quando egli assunse la presidenza, nel 1999. Dall’inizio, infatti, i suoi atti hanno portato a continui e sempre più gravi scontri tra i diversi settori della popolazione, nei quali sono rimasti implicati anche cittadini di nazionalità europea e italiana. Riteniamo sia noto al Governo Italiano, in particolare, il caso – denunciato alla nostra Ambasciata a Caracas - di Cosimo di Biella, emigrato da ragazzo in Venezuela dove aveva formato la sua famiglia. Il primo marzo dello scorso anno, giornata di forti proteste e di gravissimi scontri, di Biella veniva ucciso in circostanze mai chiarite mentre ritornava a casa a bordo della sua auto, senza che ancor oggi le autorità si siano pronunciate sulle responsabilità del caso, mentre permangono indiziati uomini della polizia e della “guardia nacional”.

Tutte le manifestazioni di protesta civica contro tale, incipiente autoritarismo sono rimaste inascoltate e poi puntualmente criminalizzate e punite dal regime del comandante Chavez che, lungi dal considerarne le ragioni aprendosi al dialogo e al confronto, ha scelto la via dell’imposizione autocratica della sua volontà, forte dei poteri ormai nelle sue mani, a cominciare dalla maggioranza assembleare e dalle forze armate, che lungi dallo svolgere il loro ruolo istituzionale rispondendone alla cittadinanza, sembrano ora succubi dell’esecutivo.

Così accadde con la manifestazione di protesta dell’11 aprile 2002, quando più di un milione di persone che marciavano inermi verso il palazzo presidenziale, divennero bersaglio di cecchini filogovernativi (alcuni identificati, processati, poi assolti per “legittima difesa”), con un saldo di una ventina di morti e centinaia di feriti. Protesta alla quale il comandante Chavez reagì ordinando ai suoi generali l’attivazione del cosiddetto “Plan Avila”; un piano che prevede, l’intervento dell’esercito per fermare con le armi i manifestanti. Ordine che i generali rifiutarono.

Allo stesso modo si concluse lo sciopero generale del dicembre 2002-febbraio 2003, per il quale vennero licenziati 20.000 lavoratori petroliferi, eliminati per rappresaglia più di 100.000 posti di lavoro dell’indotto del settore e incriminati i maggiori promotori di tale sciopero; in particolare, il Segretario Generale della CTV (Confederazione dei Lavoratori del Venezuela), Carlos Ortega, il quale, per essere stato minacciato di morte, dovette esiliarsi in Costa Rica. Lo stesso Ortega, tornato poi clandestinamente in Venezuela, è stato recentemente arrestato e imprigionato.

Alla fine del 2002, la crisi istituzionale del Venezuela si impose finalmente all’attenzione della comunità internazionale, in particolare della OEA, che dopo avere promosso un tavolo negoziale tra governo e opposizione, anche con la mediazione del Centro Carter, portò le parti in conflitto, nel maggio del 2003, a convenire su una soluzione elettorale, peraltro prevista dall’articolo 72 della Costituzione Bolivariana: il Referendum Revocatorio del mandato presidenziale, da celebrare entro l’agosto del 2004.

Infiniti sono stati gli ostacoli frapposti dal Governo e dal Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) a maggioranza filogovernativa, con il fine apertamente dichiarato di boicottare la celebrazione del referendum, a cominciare dal vessatorio regolamento per la raccolta delle firme, che ha obbligato più di un milione di cittadini a esprimere nuovamente in un indignante “atto di riparazione” la propria volontà di firma. Nonostante ciò, l’opposizione democratica ha potuto chiederne formalmente l’indizione, avendo potuto raccogliere più di tre milioni e mezzo di firme di cittadini richiedenti (il 30% degli elettori).

Ma per aver fatto uso di quel diritto costituzionale, i firmatari richiedenti sono risultati e risultano tuttora essere vittime di un trattamento discriminatorio e punitivo a causa dell’incostituzionale ed iniquo uso della lista dei loro nomi, ormai a tutti nota data la sua illegittima pubblicazione sulla pagina web di un deputato chavista, con la complicità del CNE. Tale iniqua discriminazione continua a ripetersi a tutt’oggi, impedendo a chi ha firmato di ottenere lavoro nell’amministrazione pubblica o di partecipare agli appalti pubblici, o di ottenere la pensione o incontrando ogni sorta di difficoltà per ottenere documenti quali il passaporto, la carta d’identità, e finanche gli aiuti agli sfollati o rifugiati vittime delle ultime inondazioni.

Si calcola che tra l’indizione del referendum e la sua celebrazione, il 15 agosto del 2004, il Ministero dell’Interno abbia proceduto alla sommaria identificazione o nazionalizzazione ed iscrizione nel Registro Elettorale di oltre due milioni di cittadini privi di identità e di immigrati clandestini, per lo più colombiani, molti dei quali ricercati dall’autorità giudiziaria di quel paese; come il cosiddetto ‘ministro degli esteri delle FARC’, Rodrigo Granda, che ha votato nel referendum mentre su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale “sconosciuto” all’intelligence venezuelana.

L’opposizione aveva ripetutamente denunciato come le manipolazioni governative del Registro Elettorale lo stessero facendo diventare totalmente inaffidabile - rendendo così inaffidabile tutto il processo referendario - ma se ne ebbe la indiscutibile conferma confrontando gli sconcertanti risultati esibiti dal CNE con le opposte stime e gli exit pool effettuati da osservatori indipendenti e dall’opposizione. Sta di fatto che, dopo tali risultati, che senza la benché minima trasparenza e riscontro hanno confermato al potere il tenente colonnello, il signor Chavez ha impresso una ulteriore svolta al regime in senso maggiormente autoritario, che in aperta violazione della Costituzione da lui stesso promossa sta accelerando il suo consolidamento al potere, a costo della demolizione del sistema democratico.

Lo schieramento filo-governativo dell’Assemblea Nazionale, in aperta violazione della Costituzione, ha imposto l’approvazione a maggioranza semplice della Legge Organica del Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ), che prevede tra l’altro un considerevole aumento del numero di magistrati che lo compongono e di poter, l’Assemblea stessa, nominarli con detta maggioranza. In tal modo, d’un sol colpo, Chavez ha assoggettato al volere del suo esecutivo, fatto per lo più da militari che lo accompagnarono nel fallito golpe del ’92 e da ex guerriglieri filocastriti, sia il potere legislativo che quello giudiziario; ora non più espressioni autonome e indipendenti del pluralismo politico, ma mero strumento di imposizione della volontà presidenziale. Il nuovo Presidente del TSJ, ha, in effetti, dichiarato pubblicamente di essere “rivoluzionario” e bolivariano, in altri termini, succube dell’esecutivo, con buona pace del principio di indipendenza della magistratura.

Con l’approvazione della nuova “legge sulla responsabilità dei mezzi radiotelevisivi” che introduce di fatto il reato di opinione, viene inoltre lesa la libertà di espressione sancita dalla Costituzione, consentendo l’intimidazione e la persecuzione giudiziaria dei giornalisti più attivi sul piano politico e provocando l’autocensura dei media. Infine, con la recente modifica del Codice Penale, sono state confermate nuove fattispecie di reati penali collegati alla libertà di pensiero, di riunione e partecipazione politica, ora fortemente limitate e fiscalizzate, onde poter penalizzare qualsiasi manifestazione di dissenso.

In materia di Diritti Umani, nel Rapporto 2004 di Amnesty International il Venezuela è citato per l’ostilità del governo nei confronti dei media e dei giornalisti, oltre che per l’impunità di cui ancora godono i responsabili della strage dell’11aprile 2002, per l’uso eccessivo della forza, recentemente contestatole anche dal Parlamento Europeo, da parte dei corpi di polizia nel contesto politico e per il ruolo di giustizieri assunto arbitrariamente dalle polizie regionali nei confronti di presunti delinquenti e per le ripetute denuncie di tortura. Attualmente, 248 cittadini sono sotto processo per delitti di carattere politico e si prevede che a breve la lista dei processati per le stesse ragioni raggiunga gli 800, rei nella maggior parte di avere promosso le grandi manifestazioni dell’opposizione, come quella dell’11 aprile 2002, o di avere mostrato apertamente il loro dissenso.

Per quanto riguarda la gestione economica del governo Chavez, il debito pubblico è aumentato dai 2,3 miliardi di Bs. del 1998 ai 23,3 miliardi del 2003 (474% in US$), nonostante negli ultimi sei anni il governo di Chavez abbia ricevuto introiti petroliferi per 120.000 milioni di US$, i più elevati in assoluto. Inoltre, la politica economica statalista promossa dal Colonnello Chávez ha causato la scomparsa di quasi il sessanta per cento delle piccole e medie imprese private esistenti in Venezuela, molte delle quali fondate e gestite da cittadini italiani, con un aumento vistoso della disoccupazione e degli addetti dell’economia sommersa; solo parzialmente e temporaneamente rioccupati nei costosi programmi statali di emergenza (le cosidette “misiones”), con un saldo in termini di disoccupazione assoluta di circa il 19%, con un aumento dell’impiego precario dipendente dello stato di circa il 100%, con l’ascesa al 73% dell’indice di povertà e con un incremento dell’indice di povertà critica, ovvero della popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno, dell’8% (Fonte: Istituto Nazionale di Statistica – INE).

Il signor Chavez, insomma, lungi dal creare ricchezza e promuoverne l’equa distribuzione, sta utilizzando a fondo perduto le risorse dell’erario per legare a se, sussidiandoli precariamente, gli strati marginali della popolazione; ottenendo con ciò un effimero consenso, ma portando il paese verso la bancarotta, come fa presagire l’ultima svalutazione, unico caso di svalutazione nel continente, inclusa Cuba. Anche il fondamentale diritto alla proprietà privata è ormai in forse, nonostante le rassicuranti norme del dettato costituzionale. Vengono infatti tollerate e finanche promosse invasioni di proprietà in nome di un demagogico fine egualitario che non risolve, anzi appesantisce, i gravissimi problemi di disuguaglianza sociale esistenti in Venezuela.

Infine, i confusi incidenti nei quali il Governo è risultato coinvolto per aver agito a dir poco benevolmente nei confronti di terroristi ricercati internazionalmente vincolati alla narcoguerriglia, come nel citato caso Granda, l’ambiguità ufficiale di fronte al clamore della comunità internazionale che si attendeva una ben più chiara presa di posizione in questa materia, i costanti attacchi verbali contro il presidente Bush e il suo Governo, nonché contro la vicina Colombia, la corsa all’armamento e l’organizzazione paramilitare di un milione e mezzo di miliziani sono fatti che gettano una seria ombra sulla natura democratica e sulle mire continentali del governo del signor Chavez.

In tale contesto, la popolazione minacciata e senza tutele non osa più manifestare il proprio dissenso e questo si percepisce in modo preoccupante anche nella comunità italo-venezuelana.

Ci congediamo sicuri che nelle future relazioni tra Italia e Venezuela Vostra Eccellenza, la cui passione democratica e l’immenso rispetto per la liberta ed i diritti altrui sono a noi tutti ben noti, richiamerà sempre come presupposto di ogni possibile accordo tra i due paesi i principi fondanti di rispetto democratico, di difesa dei diritti umani e di promozione dello stato di diritto, anche quando si affrontino le pur importanti relazioni bilaterali di tipo economico – commerciale.

Rispettosamente

I Sottoscritti