AMNISTIA vs. PRINCIPIOS Y VALORES
Ramo Verde, 23 de noviembre de 2004
Inicialmente quiero resaltar que las opiniones y convicciones presentadas en este comunicado, son estrictamente personales y no representan un consenso de mis compañeros presos políticos y de conciencia recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, y mucho menos, de los compatriotas que en mi misma condición, se encuentran recluidos en otros lugares del país o se encuentran sometidos a la persecución política y al terrorismo judicial.
Recientemente algunos diputados de la Oposición, haciéndose eco de los planteamientos de especialistas en derechos humanos y áreas afines y de familiares y allegados de algunos presos políticos, presentaron a la opinión pública una propuesta de Ley de Amnistía como una de las piezas claves en el proceso de acercamiento post-elecciones regionales, y como gesto de buena voluntad de parte del Gobierno Nacional en pro de alcanzar un clima de reconciliación nacional. Las reacciones de los Personeros del Chavismo no se hicieron esperar, y si bien fueron variopintas en términos emotivos de parte de algunos de ellos, sí centraron su énfasis en la directriz marcada por Hugo Chávez Frías de que la propuesta era prematura, y de que su aplicabilidad dependía de la aceptación de culpabilidad en los delitos de parte de los potenciales beneficiarios, el implícito arrepentimiento por los actos, y que previamente se hubiesen dictado sentencias condenatorias firmes en su contra. No obstante, el propio Hugo Chávez Frías consideró, que en el supuesto de que la ley fuese aprobada por la Asamblea Nacional, él la consideraría a su debido momento.
Indudablemente la propuesta ha generado expectativas entre los que directa o indirectamente estamos siendo sometidos a los procesos de persecución política y terrorismo judicial, inconstitucionales en su concepción y sistemáticos en su aplicación, y ha creado en algunos, esperanzas de que en estas Navidades y Año Nuevo, como algún político se atrevió a adelantar, nos “comeríamos las hallacas en nuestros hogares”; quienes así piensan, se resisten en reconocer la verdadera naturaleza del Régimen Chavista y la actitud autoritaria exhibida por Hugo Chávez Frías. Si bien la propuesta tiene el noble fin de lograr la libertad inmediata de los que se encuentran detenidos, la anulación de las sentencias de los ya condenados y el cese de la persecución judicial de otros, la propuesta en si, no parece prever en amplia dimensión, aspectos claves a saber, el ético-moral, el jurídico-legal y el político, intrínsicamente relacionados.
El sustantivo Amnistía, según el Diccionario General de la Lengua Española VOX significa, “Perdón general; esp., acto del poder soberano que otorga el total olvido de una determinada clase de delitos, mediante la abolición de la acción penal o la extinción de la pena y todos sus efectos, si fue ya dictada la condena.”. Del estricto análisis del significado de amnistía, hay que reconocer que Hugo Chávez Frías tiene razón en su discurso político al decir, que previamente a esta medida de gracia y como requisito indispensable, los beneficiados deberían haber sido procesados y haber recibido sentencias condenatorias firmes, y he aquí donde los aspectos ético-moral y jurídico-legal empiezan a verse afectados.
Ética y moralmente, quienes hemos sido indiciados, acusados y condenados, en los distintos casos de evidente índole política, hemos sido vilipendiados y calificados como anti-demócratas, terroristas, golpistas y hasta de asesinos y traidores a la patria, por los mismos jerarcas del Régimen Chavista quienes tendrían la potestad de participar en la aprobación o ser los encargados de la ejecución y la supervisión de la Ley en cuestión. Adicionalmente, los que hemos sufrido persecución política y judicial, se nos han violado además los derechos humanos y el debido proceso, se nos ha privado ilegítimamente de la libertad, y se nos han negado en la mayoría de los casos, y sin razón concreta, el derecho de ser juzgados en libertad. La pretensión oficialista de anteponer como requisito que quienes nos consideramos presos políticos y de conciencia, renunciemos a esta condición, nos auto-incriminemos o incriminemos a terceros y nos convirtamos en delincuentes, constituye no solamente un vil chantaje político, dada nuestra condición de minusvalía ante le ley, sino, y es más grave aún, un menosprecio hacia nuestra condición de ciudadanos honorables. En este particular puedo dar como ejemplo, las visitas del Ministro de la Defensa y del Director de la DISIP a las instalaciones del Centro de Procesados de Ramo Verde, en las etapas iniciales de la investigación sobre los presuntos Paramilitares Colombianos, para ofrecer a los oficiales detenidos, libertad inmediata y hasta comisiones en el exterior si se prestaban a incriminar a terceros.
Jurídica y legalmente nuestra condición no es menos dramática, más allá de las sistemáticas violaciones a los derechos individuales y al debido proceso, el Ministerio Público − Ordinario y Militar −, e instancias muy importantes del Poder Judicial, se han prestado para instrumentar procesos amañados en los cuales las normas más elementales de justicia y equidad han sido violadas. En la mayoría de los casos se ha partido de la premisa de que “somos culpables y debemos demostrar lo contrario”, y aun habiendo demostrado inocencia, el Régimen ha iniciado a discreción otros procesos, con el solo propósito de mantener en jaque continuo a sus víctimas, a través de “persecución política” y el ”terrorismo judicial”, como muy acertadamente se les ha catalogado. La intromisión del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público son evidentes, autoridades incompetentes como el caso del Ministro de la Defensa que ordena la apertura de procesos sin estar facultado, forjamiento de expedientes y coacción de testigos como en el caso de los presuntos Paramilitares Colombianos, la existencia de súper jueces y súper fiscales para los casos relevantes, la destitución o retiro forzoso de Magistrados del TSJ, la persecución judicial de funcionarios, etc., dan cuenta de estas arbitrariedades. Existe pues un estado general de indefensión para todos aquellos considerados como disidentes del Proceso, y cuando en contadas ocasiones se ha conseguido acceso a jueces y fiscales ecuánimes, estos son inmediatamente desacreditados, destituidos y aun sometidos a procesos judiciales en su contra. Todavía resuenan los vergonzosos calificativos de “plasta”, enunciados en contra de los Magistrados del TSJ por Hugo Chávez Frías, cuando se refirió a la decisión en Sala Plena que exculpó a los Oficiales Generales y Almirantes acusados por presunta la Rebelión el 11 de abril de 2002, al definir que los hechos fueron consecuencia de un “vacío de poder”.
En virtud de la naturaleza y condición de ilegitimidad potencial del Régimen Chavista, las repercusiones políticas del Proceso de Amnistía planteado, son muy peligrosas y lesivas a los intereses de la Sociedad Democrática Venezolana. Políticamente resulta contraproducente el reconocimiento de autoridad y legitimidad por razones de orden de política coyuntural, a alguien, que para un sector mayoritario de la sociedad no las tiene. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, permitieron y/o avalaron el desarrollo y culminación de los eventos electorales del Referéndum Revocatorio Presidencial y las Elecciones Regionales, en clara violación de las disposiciones legales vigentes y han hecho caso omiso a las posiciones y denuncias esgrimidas por actores políticos, especialistas y ciudadanos en general, con respecto las irregularidades en los procesos de escrutinio y verificación. Con motivo de esta falta de transparencia, y la incoherencia e inconsistencia numérica entre las manifestaciones de voluntad de la Sociedad Democrática y los resultados, se ha generado una percepción de fraude electoral y como consecuencia, serias dudas con respecto a la Legitimidad de Origen de Hugo Chávez Frías como Presidente de la República, así como de algunos gobernadores y alcaldes recientemente electos. La Asamblea Nacional, instancia donde inicialmente se aprobaría la denominada “Ley de Amnistía”, ha demostrado ser un instrumento para la implementación de las directrices del Régimen Chavista, bien sea por el accionar arbitrario de la Bancada Oficialista, o por la falta de contundencia de parte de la bancada de la Oposición, la cual ha evidenciado que en un número importante de los casos, prevalecen las agendas partidistas a la verdadera responsabilidad como representantes de la Sociedad. Cabe entonces preguntar:
¿Cómo proponer medidas de amnistía a un régimen que tiene como política de Estado negar la existencia de presos políticos y de conciencia?. Cuando de manera despectiva figuras prominentes del Régimen Chavista han dicho que “…En Venezuela no existen presos políticos sino políticos presos…”.
¿Cómo establecer un proceso de reconciliación a alguien que califica la disidencia política como manifestación de terrorismo, golpismo o fascismo y que tuerce a criterio las evidencias para ocultar la naturaleza de sus intenciones totalitarias, y atribuye indiscriminadamente a terceros sus propias acciones y fallas?. Los Pistoleros de Puente Llaguno están libres y los Policías Metropolitanos están presos.
¿Cómo reconocer autoridad a alguien, que utiliza a las instituciones fundamentales del Estado con propósitos eminentemente político-partidistas? y como consecuencia de esto ¿Cómo se puede pretender que dichas instituciones den respuestas probas en función de una política y una concepción de Estado que no existen?
Es mi criterio, que si bien es cierto que la Libertad, probablemente después de la Vida, constituye la condición más deseada del ser humano, dicha Libertad, no puede estar condicionada a la sumisión de los principios y valores fundamentales de un ciudadano honorable y demócrata. Estoy convencido de que para alguien de principios y valores, el peor carcelero al cual se le puede someter es la propia conciencia. Condicionar los principios y valores propios y reconocer que se es un delincuente, en función de un chantaje político, constituye una traición no solamente hacia si mismo, sino contra otros, que comulgando con los mismos valores y principios, lo apoyan en sus luchas y le otorgan el reconocimiento como ciudadano digno y honorable. Sucumbir al chantaje político en aras de una libertad oprobiosa, significa condenar a otros, que sin duda alguna seguirán siendo perseguidos, a una condición de minusvalía y de sometimiento a una vergüenza personal y familiar.
A pesar de mi confinamiento forzado en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, me siento en libertad, ya que mi conciencia permanece libre de perturbaciones, me siento en paz conmigo mismo y con Dios. Soy más libre entre las cuatro paredes de mi celda, que deambulando errante en la calle con una libertad comprada a costa de mi conciencia. Prefiero cumplir mi pena, que aceptar una medida de gracia de alguien al que considero traidor de las aspiraciones de quienes con su voto depositaron en él las esperanzas de tener un país de libertades, democracia, paz y progreso. Prefiero esperar a conseguir un juez justo, que evalúe en toda su legalidad mi condición, que declararme delincuente por una libertad más fácil. Como individuo de profundas convicciones espirituales y demócrata convencido, estoy seguro que las Justicias Divina y Terrenal prevalecerán, y que los responsables por la situación que atraviesa nuestra querida Venezuela pagarán por sus crímenes y pecados, en esta vida o en la otra.
FRANCISCO V. USÓN R.
Preso Político y de Conciencia