LA NACIÓN
Viernes 12 de Noviembre de 2004
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TalCual
Vestidos y alborotados

Los tres efectivos militares involucrados en la persecución del coronel Bustillos el pasado domingo 31 de octubre desatendieron, sin dar explicaciones, el llamado para rendir testimonio ante la Asamblea Nacional

Patricia Torres Uribe

Cual novia de pueblo quedaron ayer los cinco diputados que integran la comisión especial nombrada el pasado jueves en la sesión plenaria del Parlamento para investigar la presunta desaparición del coronel Silvino Bustillos.

Las horas pasaron y en la antesala del recinto de sesiones de la cámara de Diputados ni la sombra se vio del teniente (GN) Danny Alfredo Daniels Pérez y de los guardias nacionales Hanry Carrizo y Pedro Véliz Mendoza.Los tres efectivos militares quienes, según confirmó el pasado domingo el ministro de la Defensa, general Jorge García Carneiro, participaron en la persecución del coronel Bustillos la mañana del domingo 31 de octubre, debían presentarse en el lugar a las 9 de la mañana para rendir testimonio ante la mencionada comisión.

“Este martes, cumpliendo con las 48 horas de anticipación que exige la ley, enviamos una correspondencia al ministro de la Defensa, para que autorizara a los efectivos militares a comparecer ante la comisión pero no recibimos respuesta y nadie se presentó”, indicó el presidente de la comisión diputado Pedro Pablo Alcantara (ADLara).

Para el diputado Alcántara esta es “una manera muy rara de hacer justicia militar”, y señala que mientras se actúa con toda diligencia en el adelanto de la causa abierta contra el periodista Manuel Isidro Molina por presunta ofensa contra la institución armada, la investigación de la desaparición de Bustillos, que aún no concluye porque todavía se desconoce el paradero del coronel, parece haber pasado a un segundo plano.

Visto el embarque, la comisión ya tiene preparada una nueva invitación y esta vez esperan no quedar con los crespos hechos. De otro modo, aseguró Alcantara, “vamos a aplicar lo relativo a la ley de comparecencia. El ministro de la Defensa debe entender que esta comisión está actuando por mandato de la plenaria de la Asamblea y que en el marco de concurrencia de competencias y concurrencias de los Poderes Públicos está en el deber de cooperar con ella”.

¿JUSTICIA MILITAR?

Sobre el tema de la investigación militar que se abrió contra el periodista de La Razón, Manuel Isidro Molina, por presunta ofensa a la FAN, el diputado Alcántara advirtió que se puede estar a las puertas de un conflicto de competencias.

“El gobierno está tratando de sacar partido a una coyuntura en la cual se ventila un caso de desaparición forzada que es un tema de competencia exclusiva de los tribunales civiles para convertirlo en de justicia militar.

Lo accesorio sigue a lo principal y todo lo que se derive de este caso debe ser materia de la justicia ordinaria”.

SIN NADA QUE OCULTAR
Ayer en la mañana el periodista de La Razón, Manuel Isidro Molina, se presentó ante la Fiscalía Militar para sostener un primer encuentro
 informal con el fiscal general militar, coronel Eladio Aponte Aponte, una vez confirmada que esta instancia judicial ordenó la apertura de una investigación contra el comunicador social.

La cita, que se extendió por espacio de una hora y se realizó a solicitud del propio Molina, quien asistió acompañado por un hermano y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Gregorio Salazar, fue aprovechada por el periodista para explicar algunos puntos relativos al ejercicio profesional y consignar los instrumentos legales relativos al tema.

Molina está llamado a declarar formalmente el próximo viernes 19 de noviembre. Para su defensa, contará con el apoyo institucional y jurídico del SNTP. En este sentido, el periodisa aspira que ello sirva para desmontar ciertos rumores que sugieren que el gobierno le habría pagado para desatar un escándalo que le sirviera de excusa para acelerar lo relativo a la aprobación de la ley de Responsabilidad en Radio y Televisión.

En cuanto al eventual desarrollo del juicio en su contra, Molina espera que todo fluya conforme a las las leyes y que se garanticen sus derechos. “Confío en el buen juicio de la Fiscalía y los jueces, y mantengo la fe de que no se vaya a contaminar el caso con intereses subalternos que involucren algunas de mis actuaciones del pasado cuando he denunciado hechos de corrupción que han involucrado a militares activos y retirados”.

Finalmente, en la tarde de ayer, el periodista de La Razón, obedeciendo a una solicitud de la Fiscalía 125 que investiga el caso de la desaparición de Bustillo en la jurisdicción civil, rindió declaración ante la división de Homicidios del Cicpc.

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