Numerosos
opositores venezolanos han pedido asilo en diferentes países
durante el gobierno del presidente Hugo Chávez para no ser
juzgados en su país, donde no creen que puedan tener juicios
justos, mientras las autoridades advierten que se pervierte el
uso de esa figura diplomática.
Este viernes El Salvador negó el asilo a los ex jefes de la
Policía Metropolitana Henry Vivas
y Lázaro Forero, quienes se
habían refugiado en la embajada de ese país en Caracas.
Vivas y Forero están acusados de ser autores intelectuales de
los disparos hechos por efectivos de la PM en el tiroteo del 11
de abril de 2002, durante manifestaciones que preludiaron el
golpe que sacó a Chávez del poder por 47 horas.
En cambio, el gobierno uruguayo concedió asilo al teniente del
ejército Emelcar Delgado,
quien en agosto pasado se refugió en la embajada uruguaya en
Caracas, informó este viernes a la AFP un portavoz de la
cancillería local.
"En el trámite que se sigue para que el asilado pueda viajar a
Uruguay resta que la cancillería venezolana le otorgue el
salvoconducto", precisó.
La lista de solicitantes de asilo la encabeza el coronel
Pedro Soto, primer oficial activo
que inició un goteo de efectivos en rebeldía contra Chávez en
febrero de 2002 y se refugió con otros nueve oficiales en la
embajada de Bolivia poco después del golpe de Estado.
Bolivia sirvió de puente a estos oficiales y algunos de ellos
viajaron luego a Estados Unidos, donde pidieron asilo político,
entre éstos Soto, el coronel de aviación
Silvino Bustillos y el
capitán de la Guardia Nacional
Luis García Morales.
El contralmirante Carlos
Molina Tamayo, uno de los más activos militares de alto
rango que participaron en los sucesos de abril de 2002 recibió
en junio de 2002 asilo en El Salvador.
El empresario y ex presidente de la patronal Fedecámaras,
Pedro Carmona, recibió asilo en
Bogotá, tras refugiarse en la embajada colombiana en Caracas
luego de fugarse de su residencia, donde cumplía arresto
domiciliario mientras era juzgado por autoproclamarse presidente
y deponer brevemente a Chávez.
El 2003, los militares Carlos J.
Blondell y Otto A.
Gobaver Morales recibieron asilo en Uruguay;
Carlos Ortega, ex presidente de
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en Costa
Rica; los capitanes y hermanos
Ricardo y Alfredo
Salazar Bohorquez en República Dominicana y el capitán
Wisnet Martínez y el
subteniente Gilberto Landaeta
en Perú.
Sus casos están vinculados al golpe y al paro petrolero de 65
días que dejó más de 10.000 millones de dólares en pérdidas al
país.
El empresario Carlos Fernández,
quien sustituyó a Carmona al frente de Fedecámaras, vive en
Estados Unidos, donde pidió asilo político.
El opositor Manuel Corao
declaró este enero en Miami que al menos 899 venezolanos habían
pedido asilo en Estados Unidos y a 168 se les había otorgado.
Los tenientes de la Guardia Nacional
José Colina y Germán Varela,
acusados de estar implicados en atentados en sedes diplomáticas
en el año 2003 en Caracas, están presos en Estados Unidos y
Venezuela pidió su extradición. Otro sargento disidente,
Jorge Pinto, también pidió asilo
en Miami.
Algunos de los solicitantes de asilo, a quienes no se le seguía
juicio en el país, regresaron varias veces y participaron en
manifestaciones y actividades políticas, entre éstos Soto y
Bustillos.
Costa Rica le revocó el asilo a Ortega en agosto pasado por
continuar sus actividades contra el gobierno de Chávez y viajar
a Venezuela en julio de 2004.
Las autoridades venezolanas han criticado que opositores
investigados por delitos como robo de explosivos y atentados en
las embajadas de España y Colombia obtengan asilo.
El ministro de Información, Andrés Izarra, se refirió este
viernes a la negativa de asilo a Vivas y Forero señalando:
"respetamos esa decisión (que) privilegia el uso del asilo para
situaciones que realmente lo ameritan y no utilizar esa figura
diplomática para encubrir acciones criminales".