Caracas,  4  de  diciembre de 2004
 Señores Presidente y  Canciller de la  República de El Salvador
  San Salvador
 
Excelentísimos Señores:
 
 Con  el rigor  de estilo y  el debido respeto  elevo a ustedes mi más sentida protesta y presento un reclamo,  como  ciudadano  venezolano y latinoamericano,  por el tratamiento y el  procedimiento utilizado por su  Gobierno ante la solicitud de asilo que fuera formulada por los  Ex  Comisarios Vivas  y  Forero.
 
 En  primer  lugar,  no  es cierto que  sobre  estos servidores públicos  existía  una  decisión  judicial de privación de su libertad  y  mucho menos una  condena.  Por el contrario,  a  raíz  de las últimas elecciones y  después que  habían  dejado sus  cargos en la  Alcaldía  Metropolitana se había  anunciado que iban  ser  imputados por hechos sucedidos el 11   de abril de 2002, cuyo contenido  político es incuestionable. Además, sólo  después de  días de su entrega por  el Gobierno Salvadoreño a las autoridades  policiales venezolanas, fue  cuando  se acordó su  detención.    En  segundo lugar,  aún en ese caso el asilo  se  justifica por razones humanitarias. En tercer  lugar, atenta  contra la universalidad de los  derechos humanos si la protección  del asilo es negada a personas que no sólo  no cuentan  con  la  protección de su Estado ,  sino  que  son  perseguidas y  violentadas  por  éste.  A  su  Gobierno le hubiera  bastado consultar los Informes de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos , de la  Comisión  Internacional  de Juristas y  de Human Rights Watch y de Facultades de Derecho venezolanas, sobre  el estado de los derechos  humanos en Venezuela y  acerca de la  desprotección de estos  derechos por las instituciones públicas y  judiciales ,  para  concluir  objetivamente sobre la situación de indefensión de estos  ciudadanos. En cuarto lugar,  el asilo  es hoy  día,  según  el derecho internacional e interamericano de los derechos  humanos , un   derecho  de las  personas y  no  un  privilegio de  los  Estados que  éstos pueden negar injustamente escudándose en  su  soberanía  para  permitir violaciones  a la dignidad  humana. En quinto lugar, los países  verdaderamente  democráticos han de practicar una  política de  asilo  cónsona  con su  discurso sobre el  reconocimiento universal de los  derechos  humanos. De  modo que que no  pueden negar el asilo a  quienes tengan  que  salir  de sus  países por  motivo  de persecuciones  políticas o ideológicas, y,  como en  el  caso  concreto de los  Ex  Comisarios Vivas  y Forero,  porque se  consideran  desprotegidos e  indefensos en su  país.  Su  Gobierno olvidó que en el derecho internacional  de los  derechos humanos  todo individuo  tiene  derecho de  abandonar cualquier país, incluyendo el suyo,  si se sienten violentados  en sus  derechos fundamentales. En  sexto  lugar,  su Gobierno  actúo  parcializadamente al negarse  a  recibir a  los  familiares de los  Ex-Comisarios Vivas  y  Forero y al Comisionado de Derechos  Humanos  de la  Conferencia Episcopal Venezolana  y  a  acreditados  voceros de organismos no  gubernamentales y  apolíticos defensores de estos  derechos, a  quienes  no se trató  ni siquiera con el  respeto  debido a sus personas  y  a las instituciones  que representan.  En séptimo  lugar,  la negativa de asilo  a los Ex -Comisarios Vivas  y  Forero,  sienta un  nefasto precedente para la eficacia  del sistema interamericano de protección de los  derechos  humanos. Y, en octavo  lugar,  por  lo no  convincente de la  justificación de su Gobierno al negar la solicitud  de  asilo, en el presente  caso fueron preeminentes  la protección sus  intereses  geopolíticos y  económicos ,  que el carácter universal e  indivisible de los derechos humanos que protegía a  los  Ex-Comisarios Vivas  y  Forero  como ciudadanos latinoamericanos. 
 
Por  otra parte,  la  negativa  de su  Gobierno de reconocer  y  otorgar  asilo  a los Ex - Comisarios Vivas y Forero,  es  una  inconsecuencia con la  actitud de  gobiernos  democráticos venezolanos  que  no  dudaron en reconocer ese mismo  derecho  a ciudadanos  salvadoreños que  se  encontraban en  situaciones parecidas de  desprotección e  indefensión por  motivos de la persecución política , fruto de la intolerancia y el autoritarismo,  que afectó a su país y  que  encontraron en la representación diplomática venezolana y  en  Venezuela  la protección que  no  les daba  el  Estado salvadoreño;  a  riesgo incluso de la propia  integridad de nuestros Embajadores y  de  su  familias.  E, igualmente,  la protección que  otorga el derecho  de  asilo no puede sustituirse mediante  actas de garantías  de otros  gobiernos, como lo  hizo  el Gobierno Salvadoreño;  que constituye la  mejor prueba  que en verdad ese Gobierno consideró riesgosa la situación en que se encontraban  los Ex - Comisarios Vivas  y Forero.  Si  no  era  cierto que se temía por la violación de  sus  derechos  humanos,  ¿ por  qué  su Gobierno tuvo que buscar garantes de su protección al entregarlos a las autoridades venezolanas ?.
 
 Les  hago el  presente reclamo con fundamento  en el derecho que tiene  toda  persona de someter quejas y  reclamos sobre violaciones  de  derechos humanos a  las  respectivas  instancias administrativas y  a  ser  atendido en los  términos  previstos en las legislaciones  nacionales, como lo reconocen   los instrumentos de derechos  humanos.
 
 De  ustedes,  con todo respeto,  quedo atentamente, 
 
Dr.  Román J. Duque Corredor
 
Ex- Magistrado  de la  Corte Suprema  de Justicia  de la  República de Venezuela
Individuo de Número de la  Academia de Ciencias  Políticas  y Sociales.
Miembro  de  la  Comisión Andina  de Juristas
Profesor de Derecho Constitucional de Postgrado de la Universidad Católica Andrés  Bello
Ex profesor de la  Universidad Central de Venezuela
Miembro del Directorio del  Capitulo  Venezolano del  Instituto Latinoamericano del  Ombusman

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