LA NACIÓN
Lunes 13 de Diciembre de 2004
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TalCual
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Investigaciones muertas
Las pesquisas en los casos de los fallecidos en manifestaciones políticas
durante los últimos dos años todavía permanecen abiertas. Víctimas hay, lo
que faltan son los culpables
Pedro Pablo Peñaloza
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¿Recuerda a Maikel José Meneses?
Hasta el 23 de febrero de 2003, Meneses fue inspector activo de la Policía Metropolitana pero ese día cayó en un presunto enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo, que tomaban las inmediaciones de la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña.

A partir de ese momento, el agente pasó a engrosar la lista de las muertes producidas por el conflicto político que sacude al país, y sin tener la posibilidad de ser considerado héroe o símbolo sólo pudo alcanzar la denominación que engloba a decenas de vidas segadas por la violencia:
estadística.

La investigación del deceso de Meneses continúa y está en fase de reserva, señalan en el Ministerio Público (MP), donde sólo se sabe que aún procesan las experticias y que, aunque existe un fallecido, todavía no se ha imputado a nadie por este hecho ocurrido hace casi dos años.

En la Fiscalía responden que sí se acuerdan de este efectivo de la PM, así como de otras personas que fenecieron en circunstancias similares y cuyos casos esperan por justicia. “Lo que pasa es que las pesquisas son más complejas ya que es difícil establecer la relación víctima-victimario en hechos públicos y, además, dependemos de la colaboración de otros organismos de seguridad”, justifican la demora.

Un ejemplo sería los culpables jamás apresados. El 20 de enero de 2003, en el marco de una marcha opositora convocada en los Valles del Tuy, estado Miranda, fue ultimado Carlos Abel García. En esta ocasión, el MP habría cumplido con su trabajo al solicitar medida privativa de libertad contra Rafael Navas, Joel Montoya y Rafael Castillo; mas, agregan, “los cuerpos policiales no han logrado capturar a estos ciudadanos”.

NADA CONCRETO Por la masacre suscitada en la Plaza Francia de Altamira el 6 de diciembre de 2002, en la que fue asesinada Keyla Guerra, el fiscal Danilo Anderson acusó a Ramón Oliveros y María Sánchez, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar que habrían disparado, y se identificó como implicados a Frank Pietersz, Franklin Soto, Essaul Cobos, Adolfredo Marcano y Víctor Camacaro.

Sin embargo, sólo Joao de Gouveia paga una condena de 29 años y 11 meses debido a este crimen, y el parte del MP al respecto expone que “la investigación quedó abierta y no se descarta proseguir el curso de la misma”.

Poco menos de un mes después de este atentado, el 3 de enero de 2003, Jairo Morán y Oscar Aponte eran heridos mortal- mente mientras seguidores del gobierno y uniformados de la PM, que custodiaban una manifestación de la oposición, chocaban en las cercanías de la avenida Los Próceres.

El 26 de marzo de 2003, el Tribunal 38º acordó una medida privativa de libertad para Rosinaldo Gualberto Coelho requerida por los fiscales, que, vale acotarlo, admitieron que la averiguación que desembocó en esta imputación se basó principalmente en “los videos transmitidos por los canales de televisión durante los hechos”.

Coelho confesó su responsabilidad en el ataque y fue sentenciado a tres años de presidio; no obstante, nadie más está tras las rejas por estas muertes y tampoco se ha podido ubicar a Jairo Arias Inojosa, quien tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado y uso indebido de arma.

MUY ATAREADOS Para esclarecer el asesinato de la dirigente de Acción Democrática, Evangelina Carrizo, ultimada el 4 de marzo de 2004 en Machiques, estado Zulia, los representantes del MP tuvieron que penetrar una fortaleza que suele ser inexpugnable: el estamento militar.

Entre otros actos, los fiscales presenciaron una experticia de comparación balística entre disparos de pruebas de ocho armas de fuego pertenecientes a oficiales de la Guardia Nacional, y una de ellas resultó positiva motivo por el que se acusó de homicidio culposo al teniente de ese fuerza castrense, Juan Carlos Casaña.

Empero, el Tribunal 9º de Control “acogió la forma de homicidio intencional bajo la modalidad de dolo eventual”, y a Casaña le otorgaron una medida cautelar, se le prohibió la salida del país y debe presentarse cada mes ante el juzgado.

La agresión a Carrizo acaeció durante los días en que se desarrollaron las protestas por la anulación de miles de peticiones del referendo revocatorio presidencial; pero, para tranquilidad de sus deudos, la indagación de este delito no corrió con la misma suerte que han padecido los registrados en la llamada “guarimba”.

En el caso del ex trabajador de Pdvsa, José Manuel Vilas, asesinado el 1 de marzo en la urbanización Los Castores en San Antonio de Los Altos, el MP ha ejecutado una serie de diligencias y, según informan, “ordenó recabar el voluminoso expediente, y pronto emitirá un acto conclusivo”.

Alberto Aumaitre fue la primera víctima mortal de esas jornadas, tras caer el 27 de febrero en las inmediaciones de Plaza Venezuela.

Los fiscales han realizado algunas experticias, incluido el protocolo de la autopsia, y “varias entrevistas” ; mas no hay acusados por este crimen.

Un estancamiento idéntico se percibe en lo referido al deceso de William Jesús Morales, cuyas averiguaciones eran coordinadas por Anderson y Rafael Giménez Sosa, quien asumió los expedientes adelantados por su colega.

El origen de la inercia estaría en que el caso de Morales, como el resto de los que provienen de la “guarimba”, se halla en manos de la Comisión 11-A del CICPC que, asimismo, se encarga de investigar las muertes del 11 de abril de 2002; las acontecidas en las protestas públicas y ahora, para completar, sigue la pista de los autores intelectuales del atentado al fiscal 4º en Ambiente con competencia nacional.

Consciente de este obstáculo, Giménez Sosa envió los expedientes a la División Nacional del Delito Contra la Vida e Integridad Física, antiguamente conocida como Contra Homicidios, para emprender una serie de pesquisas.

Aunque en la Fiscalía saben que, antes de resultados, “esta reorientación es una estrategia usual que busca imprimirle movilidad a los casos”.