Venezuela — Destacado abogado de derechos humanos se enfrenta a la persecución penal
(Washington, D.C., 5 de abril
de 2005) — Las autoridades venezolanas deben suspender inmediatamente una
investigación criminal dirigida contra uno de los abogados de derechos humanos
más renombrados de América Latina, señaló hoy Human Rights Watch.
Es un caso claro de persecución política dirigida contra alguien que ha sido un
crítico eficaz del desempeño del gobierno de Chávez en materia de derechos
humanos.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human
Rights Watch
El destacado jurista Carlos Ayala Corao fue citado a comparecer esta mañana ante
un Fiscal de Caracas para informarle de la apertura de una investigación
criminal contra él, aparentemente por su presunta participación en el golpe
fallido de abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez. Ayala, que preside
actualmente la Comisión Andina de Juristas, una organización regional
no-gubernamental, ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Ayala compareció ante el Fiscal, quien le informó que su caso había sido
postergado y le ordenó presentarse de nuevo la próxima semana. El Fiscal no
entregó ninguna explicación por la demora ni información sobre la investigación.
"Es un caso claro de persecución política dirigida contra alguien que ha sido un
crítico eficaz del desempeño del gobierno de Chávez en materia de derechos
humanos", señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights
Watch. "La acusación de participación en el golpe es indignante y debería ser
rechazada de plano ante cualquier tribunal independiente", agregó.
Human Rights Watch insta al Fiscal General de Venezuela, Isaías Rodríguez, que
suspenda inmediatamente la persecución penal del distinguido jurista de derechos
humanos.
Carlos Ayala ha sido un litigante frecuente en casos de violaciones a los
derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces
en apoyo a representantes de grupos de derechos humanos no-gubernamentales
venezolanos. El 3 de marzo de este año participó en una sesión especial de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicada a examinar los derechos
humanos en Venezuela. Al término de la reunión, la comisión emitió una
declaración expresando su preocupación por la "situación de riesgo y
estigmatización" que afecta a los defensores de los derechos humanos en
Venezuela
Durante el golpe frustrado, Ayala intervino para proteger los derechos de un
congresista prochavista que había sido detenido ilegalmente y estaba
incomunicado por los servicios de seguridad. El congresista, Tarek William Saab,
agradeció posteriormente a Ayala su oportuna intervención en un programa de
televisión. Una comisión especial de la Asamblea Nacional que investigó los
acontecimientos de abril de 2002 también señaló que Ayala había esperado durante
cinco horas en la sede central de la policía mientras intentaba obtener la
liberación de Tarek William Saab.
Durante el último año, la mayoría prochavista en la Asamblea Nacional de
Venezuela ha debilitado seriamente la independencia judicial. En diciembre de
2004, nombraron a 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
después de aprobar una ley en mayo que ampliaba el número de ministros de 20 a
32. La coalición chavista justifica la ampliación del máximo tribunal como una
respuesta a los fallos favorables a la oposición, como la altamente cuestionable
decisión de absolver a cuatro oficiales militares acusados de participar en la
intentona golpista de 2002.
El mes pasado, tras los nuevos nombramientos judiciales, la Sala Constitucional
del mismo tribunal anuló las absoluciones-una decisión aparentemente sin
precedentes en la historia reciente de Venezuela.
Numerosos artículos de prensa recientes señalan que el Fiscal General está
estudiando iniciar procesos penales contra más de 200 personas por delitos
políticamente motivados como la participación en la intentona golpista. Los
abogados defensores esperan que el número se eleve significativamente en los
próximos meses.
"Este caso demuestra que las autoridades venezolanas están decididas a valerse
de la persecución penal como instrumento de hostigamiento a quienes critican el
gobierno", señaló Vivanco.
http://www.hrw.org/spanish/press/2005/venezuela_ayala.html
2005.04.05