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COMUNICADO DE PRENSA
CIDH
INFORMA SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL CONCLUIR
SESIONES
N°
35/05
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
informó acerca de las actividades desarrolladas durante
su 123º período ordinario de sesiones. La CIDH está
integrada por Clare K. Roberts, Presidente; Susana
Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro,
Primer Vicepresidente; y los Comisionados Evelio
Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y
Florentín Meléndez. El Secretario Ejecutivo de la CIDH
es el Dr. Santiago A. Canton.
Desde su anterior período ordinario de sesiones, la CIDH
ha constatado algunos importantes avances en materia de
derechos humanos: la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de Argentina que anula las leyes de obediencia
debida y punto final, recomendado por la Comisión
Interamericana; una amplia reforma constitucional en
Chile, que elimina obstáculos para una participación
política igualitaria, también recomendado por la CIDH en
un informe sobre un caso individual; firma de acuerdos e
importantes avances en procesos de solución amistosa en
casos sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala y México. Se destaca también avances
normativos en materia de derechos de las mujeres, tales
como la adopción de la
Ley de Violencia Familiar en Chile y la ratificación por
parte de Colombia del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. Asimismo, la CIDH tomó
nota de los profundos cambios que el Gobierno del
Presidente Luiz Inacio Da Silva está realizando en
materia de promoción de la igualdad racial en Brasil.
La Comisión Interamericana también está observando
avances y buenas prácticas en materia de derechos
humanos en otros Estados de la región, de los que dará
cuenta oportunamente.
La CIDH
destaca asimismo el continuo crecimiento de la
legitimidad y efectividad del sistema interamericano de
derechos humanos, expresado a través del constante
incremento en el número de personas que acuden a
plantear sus peticiones, la diversidad de temas que se
presentan y organizaciones que asisten a las sesiones y
audiencias, el alto nivel de representación estatal y de
la sociedad civil en las mismas, el aumento de
utilización de la jurisprudencia del sistema por
múltiples tribunales de nuestra región, y los
importantes resultados logrados en la defensa de los
derechos humanos gracias a la utilización del sistema.
Asimismo, la Comisión Interamericana desea reconocer el
importante trabajo que realizan los defensores de
derechos humanos en el hemisferio y reiterar a los
Estados miembros la obligación de otorgar a las personas
que acuden a las audiencias todas las garantías
necesarias.
Lamentablemente, persisten aún muchos desafíos. La
debilidad del Estado de derecho en varios países de la
región afecta la plena vigencia de los derechos
humanos. La situación socioeconómica de la gran mayoría
de los Estados miembros de la OEA impide el goce
efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales de sus habitantes. Asimismo, persisten
problemas estructurales de décadas anteriores referentes
a la impunidad en casos de violaciones graves de
derechos humanos, como por ejemplo, en casos de tortura
y ejecuciones extrajudiciales; la detención arbitraria;
la fragilidad del Poder Judicial; hacinamiento y otras
condiciones inhumanas que sufren las personas privadas
de libertad. Tampoco ha variado la situación de
desigualdad fáctica y jurídica que afecta a grupos
tradicionalmente discriminados, tales como las mujeres,
los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
En
estas sesiones, la Comisión Interamericana volvió a
recibir información sobre la creciente inseguridad
pública por el aumento de la criminalidad, así como la
insuficiente respuesta institucional compatible con los
principios de una sociedad democrática y respetuosa de
los derechos humanos y libertades fundamentales.
Asimismo,
recibió información sobre la situación general de los
derechos humanos en distintos países de la región. Cabe
mencionar en particular algunas consideraciones sobre
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua y
Venezuela.
En Bolivia, la Comisión ha venido
siguiendo de cerca la crisis institucional en la
República de. En lo que va del año, deben
resaltarse los desarrollos positivos para superar tal
crisis, que se espera serán consolidados una vez que
concluya el proceso electoral en curso. Al mismo
tiempo, la CIDH recibió información durante las sesiones
sobre tendencias políticas, desigualad e inequidad
social que continúan afectando la estabilidad de las
instituciones democráticas. Causa especial preocupación
la situación de las llamadas “comunidades cautivas” del
pueblo guaraní en el Chaco boliviano,
que se encuentran en
condiciones comparables a la esclavitud.
En Colombia, a raíz de la entrada en vigencia de
la Ley 975 de 2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz”
en el marco del proceso de desmovilización de grupos
armados al margen de la ley, la CIDH formuló una serie
de observaciones generales sobre el contenido de la
norma a la luz de las obligaciones del Estado en materia
de verdad, justicia y reparación, mediante un comunicado
de prensa de 15 de julio de 2005. Durante el 123°
período de sesiones, la Comisión recibió información
sobre el proceso de desmovilización, las violaciones al
cese del fuego decretado por los líderes de las AUC y la
aplicación de esta normativa tanto por parte de
organizaciones de la sociedad civil como del Estado. Una
situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la
colombiana requiere desactivar a los actores armados
mediante mecanismos de negociación. Por ello, para
asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar
la no repetición de crímenes de derecho internacional,
de violaciones a los derechos humanos e infracciones
graves al derecho internacional humanitario, incluyendo
el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias
de la violencia a través de mecanismos aptos para
establecer la verdad de lo sucedido, administrar
justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la
luz de sus obligaciones internacionales conforme a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta
de la OEA.
En cuanto
a Cuba, la Comisión siguió recibiendo información
sobre la situación de los derechos humanos, en especial
sobre las condiciones de detención a que están sometidas
las personas privadas de libertad en razón de su
posición de disidencia al gobierno; sobre la violación
sistemática del derecho a la libertad de expresión; la
vulneración de los derechos laborales y sindicales de
los trabajadores y las restricciones impuestas al
ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los
habitantes de la isla. Las restricciones a los derechos
políticos, a la libertad de expresión y de difusión del
pensamiento ha conformado durante décadas una situación
permanente y sistemática de vulneración de los derechos
fundamentales de los ciudadanos cubanos. Esta situación
se ve particularmente agravada por la completa falta de
independencia del Poder Judicial. Por último, la CIDH
reitera que las sanciones económicas y comerciales
impuestas al gobierno tienden a agravar la falta de
disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo cubano, e insta a que sean
levantadas.
En
Ecuador, la fragilidad institucional del Estado de
derecho sigue siendo motivo de profunda preocupación
para la Comisión Interamericana. La inestabilidad
política que ha caracterizado a dicho país volvió a
ponerse de manifiesto cuando nuevamente un Presidente
electo no concluyó su mandato constitucional en
circunstancias de masivas protestas sociales. Varios de
los líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos,
estudiantiles que encabezaron tales protestas han
sufrido actos de violencia, hostigamiento y amenazas.
La falta de funcionamiento regular y efectivo de la
Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional
ha afectado la tutela de los derechos humanos y, en
particular, el goce de las garantías judiciales de los
habitantes de dicho país. En este contexto, la CIDH
continúa recibiendo denuncias en las que se alegan
graves abusos policiales y hechos de corrupción que
afectan particularmente la independencia del Poder
Judicial en todos sus niveles.
En cuanto
a Haiti, la CIDH recibió información respecto a
la situación de derechos humanos en particular lo
referente a problemas como la impunidad, detención
preventiva prolongada, persistencia de condiciones de
inseguridad en la ciudad capital de Puerto Príncipe, así
como la continua falta de control de la seguridad
ciudadana por parte de la Policía Nacional Haitiana y la
Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), que ha resultado en que partes de dicha
ciudad hayan sido sobrepasadas por pandillas armadas.
La Comisión Interamericana ruega que el Gobierno y la
comunidad internacional adopten todas las medidas
urgentes que resulten necesarias, en un marco de respeto
de los derechos humanos, a efectos de crear condiciones
conducentes a la realización de las elecciones generales
y asistir al pueblo haitiano en asegurar un futuro
esperanzador.
Nicaragua
está atravesando por una grave crisis institucional,
situación que fue objeto de audiencias el marco del
presente período ordinario de sesiones. Las
autoridades estatales, líderes políticos y
organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han
coincidido en resaltar los efectos negativos que dicha
crisis política tiene sobre la vigencia efectiva de los
derechos humanos en el país. En particular,
coincidieron el Gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil que la falta de independencia e
imparcialidad de las autoridades judiciales se ha visto
exacerbada por las tensiones políticas del país y a la
identificación partidaria de la gran mayoría de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta
situación podría afectar el normal desarrollo de los
procesos electorales a celebrarse en el curso del año
2006, a través de la arbitraria exclusión de candidatos.
En cuanto
a Venezuela, la CIDH recibió información sobre
los problemas en la administración de justicia y el
sistema penitenciario y sobre actos de hostigamiento y
persecución contra defensoras y defensores de derechos
humanos. Además, se analizó la impunidad en casos de
ejecuciones extrajudiciales de campesinos venezolanos.
Sobre este último tema, la CIDH destaca como aspecto
positivo la información ofrecida por parte del Estado
venezolano, así como los esfuerzos destinados a
enfrentar integralmente este grave problema. Por otra
parte, la Comisión Interamericana deplora la situación
crítica de las personas privadas de la libertad.
Igualmente, la CIDH expresa su preocupación por los
efectos para el ejercicio de la libertad de expresión
que están produciendo tanto las reformas a la
legislación penal, como la conocida “ley de
responsabilidad social para la radio y la televisión”.
Por ultimo, la Comisión Interamericana reiteró su
interés en efectuar una visita de investigación in
loco.
La
Comisión Interamericana lamenta profundamente la
ejecución de Marlin Gray en el estado de Missouri,
Estados Unidos de América, a pesar de que la Comisión
Interamericana había otorgado medidas cautelares en las
que se solicitó que se preservara la vida de dicha
persona condenada a muerte hasta tanto se pronunciase
sobre el fondo de al petición presentada en su favor.
La negativa de un Estado miembro de la OEA de preservar
la vida de una persona condenada a pena de muerte, con
lo que hizo caso omiso a la decisión sobre admisibilidad
del asunto y al hecho de que sigue pendiente la revisión
de los méritos por la Comisión Interamericana, resulta
contrario a las obligaciones internacionales de dicho
Estado y socava la eficacia del sistema interamericano.
En el
período ordinario de sesiones que hoy concluye, la CIDH
desarrolló un intenso programa de trabajo, dedicado
principalmente al estudio y revisión de peticiones y
casos referentes a distintos Estados del hemisferio.
Los informes aprobados incluyen 30 de admisibilidad, 11
de inadmisibilidad, 16 sobre el fondo, 7 de solución
amistosa y 2 de archivo. Durante la segunda de las tres
semanas, la Comisión Interamericana celebró 55
audiencias sobre casos y peticiones individuales en el
hemisferio, y sobre situaciones de derechos humanos que
cubren las áreas del mandato de la Comisión
Interamericana. La CIDH consideró asimismo el proyecto
de Informe Anual en el que da cuenta del trabajo
realizado durante 2005, y planificó las actividades a
ser desarrolladas durante 2006.
Antes de finalizar sus sesiones, la Comisión
Interamericana hizo un especial reconocimiento a los
Comisionados Susana Villarán y José Zalaquett, por ser
éste su último período ordinario de sesiones. Se
destacó en numerosas oportunidades la activa
participación y la invalorable contribución que hizo
cada uno de ellos al fortalecimiento del sistema
interamericano de derechos humanos.
* * * * *
* *
La CIDH
decidió celebrar su próximo período ordinario de
sesiones del 27 de febrero al 17 de marzo de 2006. El
informe completo del 123º período de sesiones puede
leerse en la página
www.cidh.org.
Washington, D.C., 28 de octubre de 2005
INFORME DEL 123º PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH
ANEXO AL COMUNICADO DE
PRENSA 35/05
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el
informe de las actividades desarrolladas durante su 123º
período ordinario de sesiones. La CIDH está integrada
por Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán,
Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo
Vice Presidente; y por los Comisionados Evelio
Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y
Florentín Meléndez. El Secretario Ejecutivo de la CIDH
es el Dr. Santiago A. Canton.
Durante
este período de sesiones, la CIDH aprobó 66 informes
sobre casos y peticiones individuales. Entre el 17 y el
21 de octubre de 2005 se celebraron 55 audiencias
relativas a casos y peticiones individuales, a medidas
cautelares y a situaciones generales y específicas de
derechos humanos. La presencia de representantes de los
Estados miembros de la OEA, como de quienes lo hicieron
a título personal o en carácter de peticionarios
constituye una contribución importante al
fortalecimiento del trabajo de protección de los
derechos humanos de los habitantes del hemisferio. La
Comisión Interamericana valora y agradece dicha
asistencia y participación. Al respecto, cabe destacar
la participación de altas autoridades gubernamentales,
incluyendo a Ministros y Subsecretarios de Estado, así
como Fiscales y Procuradores Generales de varios países,
en una demostración de voluntad de diálogo de sus
respectivos Estados con la CIDH y la sociedad civil.
La
Comisión Interamericana se reunió con Víctor Abramovich,
de Argentina, y Paolo Carozza, de Estados Unidos, que
fueron electos como Comisionados durante la más reciente
sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA. El
encuentro resultó propicio para intercambiar ideas con
ambos juristas sobre el trabajo futuro de la Comisión
Interamericana.
Asimismo,
la Comisión Interamericana en un esfuerzo de facilitar
el acceso al sistema interamericano y agilizar el
trámite de peticiones individuales, hizo el lanzamiento
oficial de su nuevo formulario en línea, al que puede
accederse en la página electrónica:
https://www.cidh.oas.org/cidh_sistema/instructions.asp?gc_language=S.
I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES
La CIDH
prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos
individuales en que se alegan violaciones de derechos
humanos protegidos por la Convención Americana, la
Declaración Americana, y otros instrumentos
interamericanos.
Los
informes aprobados por la CIDH reflejan algunos de los
problemas estructurales en materia de derechos humanos
que aún persisten en la región. Se refieren, entre
otros asuntos, al respeto al derecho a la vida y la
integridad personal, las garantías del debido proceso y
protección judicial, los derechos de los niños, de los
pueblos indígenas, de las mujeres y de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Los
informes aprobados incluyen 30 de admisibilidad, 11 de
inadmisibilidad, 16 sobre el fondo, 7 de solución
amistosa y 2 de archivo. Una vez que sean notificadas
las partes, la Comisión Interamericana publicará la
lista de casos en que la decisión es de carácter público
y luego estarán disponibles en su página electrónica.
II.
AUDIENCIAS
Entre el 17 y el 21 de octubre de 2005, la
CIDH celebró 55 audiencias relativas a casos y
peticiones individuales, medidas cautelares y
situaciones generales y específicas de derechos humanos
en distintos Estados y regiones. El programa de este
período de sesiones fue ampliado para incluir un día
más, debido a que se recibió un mayor número de
solicitudes de audiencias de interés para la Comisión
Interamericana. Las audiencias referidas a casos y
peticiones individuales versaron sobre cuestiones de
admisibilidad, fondo, solución amistosa y seguimiento.
Las
personas que acuden a brindar testimonios o información
durante las audiencias deben gozar de todas las
garantías necesarias.
En tal sentido, la CIDH deplora
la situación de riesgo, estigmatización e intimidación
que corren algunos defensores de derechos humanos en
Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan
estas organizaciones especialmente cuando asisten a
audiencias o litigan casos ante el sistema
interamericano. Por ello, exhorta al Estado venezolano
a que aplique de manera efectiva la resolución de la
Asamblea General de la OEA AG/RES. 1044 de 8 de junio de
1990, en la que se solicita a los Gobiernos que “que
otorguen las garantías y facilidades necesarias a las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a
fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción
y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad
e integridad de los miembros de tales organizaciones”.
A.
Situación general en Estados miembros de la OEA
La CIDH
celebró audiencias sobre la situación general de
derechos humanos en varios países de la región. Durante
las audiencias, se recibió información general sobre la
situación en Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití,
Nicaragua y Venezuela.
En Bolivia, la Comisión ha venido siguiendo de
cerca la crisis institucional en la República de.
En lo que va del año, deben resaltarse los
desarrollos positivos para superar tal crisis, que se
espera serán consolidados una vez que concluya el
proceso electoral en curso. Al mismo tiempo, la CIDH
recibió información durante las sesiones sobre
tendencias políticas, desigualad e inequidad social que
continúan afectando la estabilidad de las instituciones
democráticas. Causa especial preocupación la situación
de las llamadas “comunidades cautivas” del pueblo
guaraní en el Chaco boliviano,
que se encuentran en
condiciones comparables a la esclavitud.
En Colombia, a raíz de la entrada en vigencia de
la Ley 975 de 2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz”
en el marco del proceso de desmovilización de grupos
armados al margen de la ley, la CIDH formuló una serie
de observaciones generales sobre el contenido de la
norma a la luz de las obligaciones del Estado en materia
de verdad, justicia y reparación, mediante un comunicado
de prensa de 15 de julio de 2005. Durante el 123°
período de sesiones, la Comisión recibió información
sobre el proceso de desmovilización, las violaciones al
cese del fuego decretado por los líderes de las AUC y la
aplicación de esta normativa tanto por parte de
organizaciones de la sociedad civil como del Estado. Una
situación tan compleja, dolorosa y prolongada como la
colombiana requiere desactivar a los actores armados
mediante mecanismos de negociación. Por ello, para
asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar
la no repetición de crímenes de derecho internacional,
de violaciones a los derechos humanos e infracciones
graves al derecho internacional humanitario, incluyendo
el esclarecimiento y la reparación de las consecuencias
de la violencia a través de mecanismos aptos para
establecer la verdad de lo sucedido, administrar
justicia y reparar en forma integral a las víctimas a la
luz de sus obligaciones internacionales conforme a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta
de la OEA.
En cuanto
a Cuba, la Comisión siguió recibiendo información
sobre la situación de los derechos humanos, en especial
sobre las condiciones de detención a que están sometidas
las personas privadas de libertad en razón de su
posición de disidencia al gobierno; sobre la violación
sistemática del derecho a la libertad de expresión; la
vulneración de los derechos laborales y sindicales de
los trabajadores y las restricciones impuestas al
ejercicio del derecho de residencia y tránsito de los
habitantes de la isla. Las restricciones a los derechos
políticos, a la libertad de expresión y de difusión del
pensamiento ha conformado durante décadas una situación
permanente y sistemática de vulneración de los derechos
fundamentales de los ciudadanos cubanos. Esta situación
se ve particularmente agravada por la completa falta de
independencia del Poder Judicial. Por último, la CIDH
reitera que las sanciones económicas y comerciales
impuestas al gobierno tienden a agravar la falta de
disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales del pueblo cubano, e insta a que sean
levantadas.
En
Ecuador, la fragilidad institucional del Estado de
derecho sigue siendo motivo de profunda preocupación
para la Comisión Interamericana. La inestabilidad
política que ha caracterizado a dicho país volvió a
ponerse de manifiesto cuando nuevamente un Presidente
electo no concluyó su mandato constitucional en
circunstancias de masivas protestas sociales. Varios de
los líderes sindicales, sociales, indígenas, políticos,
estudiantiles que encabezaron tales protestas han
sufrido actos de violencia, hostigamiento y amenazas.
La falta de funcionamiento regular y efectivo de la
Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional
ha afectado la tutela de los derechos humanos y, en
particular, el goce de las garantías judiciales de los
habitantes de dicho país. En este contexto, la CIDH
continúa recibiendo denuncias en las que se alegan
graves abusos policiales y hechos de corrupción que
afectan particularmente la independencia del Poder
Judicial en todos sus niveles.
En cuanto
a Haití, la CIDH recibió información respecto a
la situación de derechos humanos en particular lo
referente a problemas como la impunidad, detención
preventiva prolongada, persistencia de condiciones de
inseguridad en la ciudad capital de Puerto Príncipe, así
como la continua falta de control de la seguridad
ciudadana por parte de la Policía Nacional Haitiana y la
Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), que ha resultado en que partes de dicha
ciudad hayan sido sobrepasadas por pandillas armadas.
La Comisión Interamericana ruega que el Gobierno y la
comunidad internacional adopten todas las medidas
urgentes que resulten necesarias, en un marco de respeto
de los derechos humanos, a efectos de crear condiciones
conducentes a la realización de las elecciones generales
y asistir al pueblo haitiano en asegurar un futuro
esperanzador.
Nicaragua
está atravesando por una grave crisis institucional,
situación que fue objeto de audiencias el marco del
presente período ordinario de sesiones. Las
autoridades estatales, líderes políticos y
organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han
coincidido en resaltar los efectos negativos que dicha
crisis política tiene sobre la vigencia efectiva de los
derechos humanos en el país. En particular,
coincidieron el Gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil que la falta de independencia e
imparcialidad de las autoridades judiciales se ha visto
exacerbada por las tensiones políticas del país y a la
identificación partidaria de la gran mayoría de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta
situación podría afectar el normal desarrollo de los
procesos electorales a celebrarse en el curso del año
2006, a través de la arbitraria exclusión de candidatos.
En cuanto
a Venezuela, la CIDH recibió información sobre
los problemas en la administración de justicia y el
sistema penitenciario y sobre actos de hostigamiento y
persecución contra defensoras y defensores de derechos
humanos. Además, se analizó la impunidad en casos de
ejecuciones extrajudiciales de campesinos venezolanos.
Sobre este último tema, la CIDH destaca como aspecto
positivo la información ofrecida por parte del Estado
venezolano, así como los esfuerzos destinados a
enfrentar integralmente este grave problema. Por otra
parte, la Comisión Interamericana deplora la situación
crítica de las personas privadas de la libertad.
Igualmente, la CIDH expresa su preocupación por los
efectos para el ejercicio de la libertad de expresión
que están produciendo tanto las reformas a la
legislación penal, como la conocida “ley de
responsabilidad social para la radio y la televisión”.
Por ultimo, la Comisión Interamericana reiteró su
interés en efectuar una visita de investigación in
loco.
B. Otras audiencias generales
La Comisión Interamericana recibió información referente
a los derechos humanos en Chile, en particular
sobre la situación de las personas privadas de la
libertad en dicho país. También celebró audiencias
sobre la situación en Brasil, particularmente sobre la
vigencia de los derechos civiles y políticos y sobre
violencia e impunidad en los estados de Ceará y Pará.
La CIDH recibió
asimismo información de seguimiento de las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación de Perú (CVR). La Comisión
Interamericana reitera la importancia de que las mismas
sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, recibió con
interés información sobre la situación del sistema
judicial peruano y de los esfuerzos del Estado para
perseguir penalmente a personas acusadas de hechos de
corrupción.
C.
Audiencias temáticas
El
programa desarrollado por la Comisión Interamericana
incluyó varias audiencias sobre temas específicos
correspondientes a su mandato, o para analizar la
situación de los derechos de personas que pertenecen a
grupos determinados.
La CIDH fue informada sobre la situación que afecta a
algunos empleados y empleadas domésticas de funcionarios
diplomáticos e internacionales, particularmente lo
relativo a su indefensión jurídica debido a abusos de la
inmunidad que gozan sus empleadores.
La situación de seguridad ciudadana, así como de abusos
policiales continúa siendo una de las temáticas
centrales presentadas a la Comisión Interamericana, y
que permanecen pendientes de solución. En una audiencia
muy positiva, la CIDH recibió un detallado análisis
sobre la seguridad ciudadana en los países de las
Américas y una solicitud de elaboración de un informe
especial sobre el tema. La problemática de las maras en
Honduras y El Salvador fue considerada en el curso de
sendas audiencias, en las que la Comisión Interamericana
destacó la obligación estatal de respetar los derechos
fundamentales en el marco de la lucha contra la
criminalidad. También se recibió información sobre la
impunidad de hechos de tortura contra afrodescendientes
en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Los
derechos de los pueblos indígenas fueron objeto de
audiencia temática en este período de sesiones. En
particular, cabe mencionar en cuanto a Bolivia, que se
recibió información sobre la situación de los miembros
de las llamadas comunidades cautivas, que se encuentran
en condiciones comparables a la esclavitud en los
departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La
Comisión deplora la permanencia de esta situación e
insta al Estado de Bolivia a tomar acciones inmediatas y
contundentes dirigidas a combatir esta práctica de
explotación y procurar que las personas que las
conforman cuenten con documentos de identidad y
asistencia estatal a fin de que puedan ejercer
eficazmente sus derechos ciudadanos. Igualmente, la
CIDH realizó audiencias sobre casos individuales de
miembros de pueblos indígenas en Argentina, Colombia,
Ecuador y México.
Durante el período de
sesiones, la CIDH recibió información sobre el estado de
protección del derecho de las mujeres a acceder a
servicios adecuados de salud y avances sobre la
jurisprudencia internacional en la materia. La CIDH fue
informada de fallas y discriminación en la protección de
varios derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
incluyendo el derecho a la maternidad voluntaria y
segura y los derechos de las mujeres embarazadas
portadoras del VIH/SIDA en Chile.
La CIDH
celebró una audiencia sobre la determinación del
paradero de niños y niñas desaparecidos durante el
conflicto armado en El Salvador, situación aún pendiente
de resolución. Durante una audiencia relativa al
régimen jurídico sobre castigo corporal a niños y niñas
en América Latina, se solicitó a la CIDH que requiera a
la Corte Interamericana una opinión consultiva en dicha
materia. En el transcurso de una audiencia sobre un
caso individual se analizó la situación de los menores
condenados a prisión perpetua en Argentina. También se
recibió información referente a las niñas y niños en
situación de calle en Paraguay.
La grave
situación en la que se encuentran las personas privadas
de la libertad en las Américas fue un tema recurrente en
varias audiencias sobre la situación general de los
derechos humanos en distintos Estados. También se
celebró una audiencia sobre la situación de las personas
privadas de libertad en las penitenciarías de Mendoza,
Argentina.
La
Comisión recibió igualmente información sobre el
creciente problema de la trata de personas en el
hemisferio y la falta de legislación adecuada o la
inexistencia de la tipificación de tal delito en la
mayoría de los Estados miembros. En tal sentido, la
Comisión urge a los Estados a que desarrollen, desde una
perspectiva respetuosa de los derechos humanos,
políticas integrales y normas dirigidas a prevenir y
sancionar la trata de personas.
Durante el corriente período de sesiones
se realizaron audiencias sobre la situación de la
libertad de expresión en Panamá y Venezuela. Respecto
de la situación en Panamá, la CIDH recibió información
acerca de los avances legislativos dados durante el
mandato del actual Presidente de la República, Martín
Torrijos. Sin embargo, la CIDH fue informada sobre
decisiones judiciales que son consecuencia de la aún
vigente legislación civil y penal que estaría siendo
utilizada con fines intimidatorios contra periodistas.
En cuanto a la situación del derecho a la libertad de
expresión en Venezuela, la CIDH fue informada sobre los
efectos para el ejercicio de la libertad de expresión
que están produciendo tanto las reformas a la
legislación penal, como la conocida “ley de
responsabilidad social para la radio y la televisión”.
Asimismo, se consideró durante las audiencias la
situación de las defensoras y defensores de derechos
humanos desde el punto de vista regional y particular en
algunos países. Respecto de la situación en
Centroamérica, la Comisión recibió las conclusiones de
la Primera Consulta Centroamericana de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos, que tuvo lugar el pasado
mes de agosto. Las conclusiones de esta consulta señalan
que, en el último año, las defensoras y defensores han
enfrentado un aumento de la difamación como una forma de
intimidación y deslegitimación de su trabajo, así como
un aumento de las amenazas, intimidaciones y asesinatos
de defensoras y defensores en Centroamérica. La Comisión
también recibió información respecto de varios países de
la región sobre los problemas
que impiden o afectan los esfuerzos para defender los
derechos humanos, que van desde amenazas y asesinatos,
hasta restricciones indebidas y otras formas de
hostigamiento.
Preocupa a la Comisión el aumento de denuncias respecto
de controles financieros y administrativos abusivos que
impiden el libre desarrollo de las actividades de las
defensoras y defensores.
Con
relación a la situación de afrodescendientes, la
Comisión recibió en audiencia a la Ministra Matilde
Ribeiro, a cargo de la Secretaría para la Promoción de
la Igualdad Racial de Brasil, quien informó de los
importantes esfuerzos desplegados por su gobierno en
materia de acción afirmativa. También escuchó con
preocupación la información relativa a la situación de
las comunidades haitianas y dominico-haitianas en la
República Dominicana, así como la reacción negativa a la
sentencia de la Corte Interamericana en el caso Jean y
Bosico. Igualmente recibió testimonios en un caso sobre
la situación de la propiedad tradicional en la comunidad
garífuna en Honduras.
D.
Audiencias sobre casos y peticiones
· P1231/04
– Internos de la Penitenciaría de Mendoza, Argentina
· P270/02
– Menores condenados a prisión perpetua, Argentina
· Caso
12.094 – Lhaka Honhat, Argentina
· P554/04
– John Doe 1, 2 y 3, Canadá
· Caso
12.433 – Sonia Arce Esparza, Chile
· P866/03
– Wilmar A. Muñoz Muñoz y otras peticiones, Colombia
· Caso
11.999 – Medardo Ducuara Leito, Colombia
· Caso
12.491 – Gustavo Sastoque Alfonso, Colombia
· Caso
12.477 – Lorenzo Enrique Copello Castillo y otros, Cuba
· Caso
12.465 – Comunidad Indígena de Sarayaku, Ecuador
· Caso
11.481 – Monseñor Romero, El Salvador
· P960/03
– Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Honduras
· Caso
11.564 – Gilberto Jiménez Hernández y otros (La
Grandeza), México
· P703-05
– Mark Teeluck, Trinidad y Tobago
· Seguimiento
del Informe 29/92, Uruguay
· P997/03
– Alicia Barbani Duarte y otros ahorristas del Banco de
Montevideo, Uruguay
· P1109/04
– Jorge, José y Dante Peirano, Uruguay
E.
Audiencias sobre medidas cautelares
III. REUNIONES
DE TRABAJO
Cabe
mencionar en particular la
reunión de trabajo en relación con el
caso del atentado contra la AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina), a
fin de facilitar el proceso de solución amistosa
iniciado tras el reconocimiento de responsabilidad
efectuado por parte del Estado durante el 122º período
de sesiones, en marzo del corriente año. En el curso de
dicha reunión, la CIDH recibió información sobre avances
importantes, entre otros, en relación con el
anteproyecto de reforma de la Ley de Inteligencia, y
diferentes actuaciones llevadas a cabo con el objeto de
avanzar en la investigación. Los peticionarios
destacaron su preocupación por el transcurso del tiempo
desde el atentado en 1994 y las consecuencias negativas
para la investigación y eventual esclarecimiento de los
hechos, en especial tomando en cuenta el plazo de
prescripción que se aplicaría en la jurisdicción
interna.
Asimismo, la Comisión Interamericana
saluda los importantes avances en el proceso de búsqueda
de una solución amistosa en
el marco de la petición
presentada por Nelson Caravajal Caravajal”. Durante la
reunión de trabajo, los peticionarios (la Sociedad
Interamericana de Prensa) y el Estado colombiano
acordaron iniciar el proceso de solución amistosa. La
CIDH ve con beneplácito el acuerdo de ambas partes y se
puso a disposición, a través de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, para dar seguimiento al
proceso.
En el
mismo sentido, la Comisión expresa su satisfacción por
información sobre el pago de las pensiones adeudadas y
la indemnización por daños morales y materiales a los
jubilados de VIASA, en el marco de un acuerdo suscripto
ante la CIDH entre el Estado y los representantes de la
petición 667/01 Jesús Manuel Naranjo Cárdenas y otros
(Jubilados de la Empresa Venezolana de Aviación VIASA).
La Comisión espera que el Estado continúe con los
esfuerzos dirigidos a dar cumplimento pleno a los
compromisos asumidos que incluyen, entre otros aspectos,
el reconocimiento de responsabilidad y la puesta en
marcha de un mecanismo de adscripción que permita a las
victimas y sobrevivientes cobrar a futuro sus pensiones
jubilatorias.
El
Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton participó
asimismo en una reunión de trabajo con defensores de
derechos humanos, a la que acudieron varios
representantes de la sociedad civil de las Américas.
Los asuntos abordados incluyen varios problemas que
impiden o afectan los esfuerzos para defender los
derechos humanos en la región, que van desde amenazas y
asesinatos, hasta restricciones indebidas y otras formas
de hostigamiento.
La
Comisión Interamericana insta a todos los Estados
miembros a cumplir de buena fe las recomendaciones en
sus informes sobre casos individuales, conforme a sus
obligaciones internacionales libremente asumidas.
IV. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CIDH
El
cabal cumplimiento de las decisiones de la Comisión
Interamericana constituye un elemento indispensable para
asegurar la plena vigencia de los derechos humanos en
los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir
al fortalecimiento del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos. Durante el presente
período de sesiones, la Comisión Interamericana celebró
varias audiencias y reuniones de trabajo referentes al
cumplimiento de sus recomendaciones en casos
individuales.
En materia
de seguimiento de recomendaciones, cabe mencionar que la
CIDH recibió en audiencia información acerca del Caso
11.481 de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez (El
Salvador). En dicha audiencia, la Comisión constató que
siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones
sobre la investigación completa, imparcial y efectiva de
los autores materiales e intelectuales del asesinato de
Monseñor Romero. Asimismo, la CIDH constató que el
Estado salvadoreño ha incumplido su obligación de
reparar adecuadamente a las víctimas y de modificar su
legislación interna a fin de dejar sin efecto la Ley de
Amnistía General. Finalmente, la CIDH hizo un llamado a
que el Estado desplegara todos los esfuerzos tendientes
a cumplir plenamente con las recomendaciones de dicho
caso.
La Comisión
Interamericana analizó junto al Estado uruguayo y los
peticionarios respectivos el cumplimiento de las
recomendaciones de su Informe No. 29/92 relativo a la
Ley de Caducidad de la pretensión Punitiva de dicho
país. La CIDH fue informada sobre diferentes
iniciativas del Gobierno del Presidente Tabaré Vásquez
en materia de búsqueda de personas desaparecidas en
Uruguay durante la dictadura militar. Por su parte, los
peticionarios aludieron a la situación de impunidad en
que se encuentran graves casos de violaciones de
derechos humanos cometidas durante dicha época, debido a
que el Estado no ha dejado sin efecto la Ley de
Caducidad tal como lo recomendara la Comisión
Interamericana en su informe citado.
Asimismo,
la CIDH convocó al Estado mexicano a dos reuniones de
trabajo referentes al seguimiento de sus recomendaciones
en el informe No. 53/01 sobre el Caso 11.565 – Hermanas
González Pérez; y en el Informe 43/96 sobre el Caso
11.430 - Gral. Gallardo. En la reunión respecto al
Informe 53/01 la Comisión Interamericana verificó en
presencia de las partes que siguen pendientes de
cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación
completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal
ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de
todos los autores de las violaciones de derechos humanos
en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y
Delia Pérez de González, así como las correspondientes
reparaciones. En cuanto al caso del General Gallardo,
la CIDH lamenta que el Estado mexicano decidiera no
comparecer, a pesar de haber sido notificado
debidamente, ya que siguen igualmente pendientes de
cumplimiento las recomendaciones sobre la sanción a los
responsables y la justa indemnización a la víctima.
V.
RELATORÍAS
El
Relator para afrodescendientes realizó una visita de
trabajo a Brasil.
La visita se hizo en respuesta a una
invitación oficial del Gobierno de la República
Federativa de Brasil. En el transcurso de la visita, el
Relator Especial participó en la Primera Conferencia
Nacional de Promoción de la Igualdad Racial y se reunió
con autoridades y con diferentes sectores de la sociedad
civil, particularmente con el Movimiento Social Negro
Brasileño. El Relator Especial estuvo en la capital
brasileña, en Salvador y en São Paulo.
En dicho viaje, el Comisionado Roberts
fue informado acerca de los profundos cambios que el
Gobierno del Presidente Luiz Inacio Da Silva está
realizando en materia de promoción de la igualdad
racial. El Relator tuvo la oportunidad de expresar a
las autoridades brasileñas su gratitud por el decidido
apoyo que ha venido brindando a la Relatoría, en
particular en la persona de la Secretaria Matilde
Ribeiro. En el mes de agosto de 2005, el Relator
participó en San José de Costa Rica en la creación del
Parlamento Negro de las Américas. Durante el presente
período de sesiones, el Relator especial realizó una
presentación ante el Grupo de Trabajo de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de
la OEA encargado de la redacción de una nueva Convención
Interamericana contra la Discriminación Racial. En su
presentación, el Comisionado Roberts resaltó la
importancia que tal Convención tendrá para una lucha más
efectiva contra la discriminación en el hemisferio. La
Relatoría actúa como asesora técnica de dicho Grupo de
Trabajo. También durante el período de sesiones, el
Relator realizó una presentación a la Consulta
Interagencial sobre Raza en América Latina, que congrega
además de la CIDH, al
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno de
Inglaterra, la Organización Panamericana de Salud, la
Fundación Ford, la Fundación Interamericana, y el
Diálogo Interamericano que sirve como la secretaría de
la IAC.
En la fecha, la Comisión anunció la convocatoria a una
beca destinada a un abogado o abogada afrodescendiente
con el objeto de trabajar durante un año en la
Relatoría.
B. Mujeres
C.
Pueblos indígenas
La Relatoría de
derechos de los pueblos indígenas ha
continuado colaborando en la tramitación de las
peticiones sobre derechos de los pueblos indígenas, ha
participado en las visitas realizadas a Guatemala,
Colombia y México y ha continuando asesorando al
Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la
elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas. Al respecto, la
Comisión Interamericana reitera su reconocimiento al
esfuerzo realizado por los Estados miembros de la OEA y
los representantes de los pueblos indígenas del
continente, en el proceso de negociación del proyecto y
celebra los logros alcanzados. Asimismo, la CIDH insta a
la adopción de la declaración, porque un instrumento de
tal envergadura enriquecerá la normativa interamericana
de derechos humanos y el propio sistema regional de
protección y contribuirá a fortalecer las democracias en
nuestros países. Finalmente, es importante destacar que
en materia de derechos de los pueblos indígenas, el
sistema interamericano de derechos humanos en los
últimos años ha venido desarrollando una línea de
jurisprudencia progresiva a través de sus decisiones,
dando forma a diversos derechos colectivos de los
pueblos indígenas y estableciendo formas especiales de
reparación en casos donde la víctima es un pueblo
indígena.
D.
Niños
La Relatoría para la Niñez
participó activamente en las diversas audiencias
relacionadas con derechos de los niños que se celebraron
en el presente periodo de sesiones. En la audiencia
sobre castigo corporal a niños y niñas, el Relator de la
Niñez recibió con interés la sugerencia de los
peticionarios respecto a que la CIDH considere la
posibilidad de solicitar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la
materia. En el presente periodo de sesiones el Relator
de la Niñez informó a la CIDH sobre la visita que
efectuará próximamente con UNICEF a Haití, y mencionó
igualmente posibles visitas a República Dominicana y a
Paraguay en breve plazo.
E. Trabajadores migratorios y miembros de sus
familias
La
Relatoría siguió observando los desarrollos políticos y
económicos, así como los desastres naturales que
tuvieron repercusiones en materia migratoria en la
región. Como lo venía realizando el año anterior, la
Relatoría continuó participando en la discusión y
elaboración del Programa Interamericano para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los
Migrantes, en el ámbito del Grupo de Trabajo creado por
el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo
Permanente de la OEA. La Relatoría prestó asesoría
técnica en materia de derechos humanos al proceso de
negociación del Programa. Asimismo, durante el año la
Comisión ha venido recibiendo preocupante información
sobre el creciente problema de la trata de personas en
el hemisferio y la falta de legislación adecuada o la
inexistencia de la tipificación de tal delito en la
mayoría de los Estados miembros. En tal sentido, la
Comisión urge a los Estados a que desarrollen, desde una
perspectiva respetuosa de los derechos humanos,
políticas integrales y normas dirigidas a prevenir y
sancionar la trata de personas.
F. Personas privadas de libertad
Desde el anterior período de sesiones, el Relator
Especial sobre Derechos de las Personas Privadas de la
Libertad realizó diversas actividades de promoción,
observación y asesoramiento. En ejercicio de sus
funciones de promoción, el Comisionado Relator Florentín
Meléndez participó en el seminario organizado por la
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) y la
Comisión Teotônio Vilela
sobre “El Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura:
Implementación en Brasil y otros Estados Federales y
Descentralizados”, que tuvo
lugar del 22 al 24 de junio de 2005 en Sao Pablo,
Brasil. Asimismo, junto con la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia de la Argentina
auspició y participó en las
“Jornadas sobre las Buenas Prácticas en Justicia Penal
Juvenil”, celebradas en el mes de septiembre en la
ciudad de Buenos Aires. En ese mismo mes, participó en
el seminario “Construyendo la Justicia Restaurativa en
América Latina”, que se llevó a cabo en San José, Costa
Rica, con el auspicio del
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD) y la Confraternidad Carcelaria Internacional.
Por otra parte,
el Relator Especial preparó un
proyecto de Declaración de Principios sobre el
Tratamiento de las Personas Privadas de la Libertad en
las Américas, que fue sometido a la consideración de la
CIDH durante su 123º período de sesiones. En el proceso
de preparación contó con el apoyo técnico de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH. En cuanto a sus
actividades de observación, el Relator Meléndez realizó
una visita al Centro de Internamiento de Menores
Infractores de la Ley “Tatuapé”, Sao Pablo, Brasil, el
23 de junio de 2005 y rindió un informe dentro del
trámite medidas cautelares otorgadas por la CIDH en
beneficio de los jóvenes detenidos en dicho complejo
carcelario. Finalmente, como
una actividad de asesoramiento, es de destacar el
documento sobre “Comentarios
y sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos al anteproyecto de Ley del Sistema Penitenciario
Nacional de Honduras”, preparado por el Relator Meléndez
a solicitud del Gobierno de dicho país. Los comentarios
y sugerencias fueron remitidos al Gobierno en nota del 1
de junio de 2005 para ser utilizados en el proceso de
discusión legislativa en la República de Honduras.
G. Libertad de
expresión
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a
cargo del Dr. Eduardo Bertoni, es una oficina de
carácter permanente, con independencia funcional y
presupuesto propio, creada por la CIDH y que opera
dentro del marco jurídico de ésta. Durante el corriente
período de sesiones el Relator informó a la CIDH sobre
cuestiones inherentes a su mandato, destacando los
progresos en la derogación de las leyes de desacato en
algunos países, los avances respecto al acceso a la
información pública, y su preocupación por la
persistencia de actos de violencia contra periodistas
especialmente en Brasil, Colombia, Haití y México. Por
otro lado, la Relatoría realizó una intensa actividad de
promoción desde el anterior período ordinario de
sesiones de la CIDH, participando en eventos en Belice,
Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay.
Asimismo, la Relatoría organizó durante el mes de agosto
en un seminario destinado a periodistas de la Región del
Caribe; el evento se realizó en Antigua & Barbuda y está
enmarcado dentro de un proyecto para promover los
estándares del sistema interamericano en esa región de
las Américas. Dentro del marco del mismo proyecto la
Relatoría otorgó, luego de un concurso, dos becas a
periodistas del Caribe, quienes desarrollaran tareas en
la oficina durante dos meses. Finalmente, la Relatoría
realizó una visita in loco a Colombia entre el 25
y el 29 de abril. El resultado de esa visita se publicó
en septiembre en el informe “Impunidad, Autocensura y
Conflicto Armado en Colombia” (OEA/Ser.L/V/II Doc.51).
H. Defensores
de derechos humanos
El trabajo que realizan las defensoras y defensores es
fundamental para asegurar el pleno reconocimiento de los
derechos básicos de cada persona. Durante este período
de sesiones, la Comisión Interamericana se reunió con
representantes de distintas organizaciones que
suministraron información sobre la situación de los
defensores de derechos humanos en el hemisferio.
Igualmente, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos
sostuvo reuniones informales con representantes de
organizaciones de la mayor parte de los países del
hemisferio, en las que recibió información actualizada
acerca de la situación de las defensoras y defensores.
En particular, la Comisión Interamericana recibió
información sobre acciones que impiden o dificultan su
trabajo y, en algunos casos, aumenta el riesgo del que
ya son víctimas, como el aumento de discursos públicos
de descrédito a la labor que realizan. Además, la CIDH
recibió información sobre restricciones a las labores de
las defensoras y defensores a través de la creación de
normas que restringen --y en algunos casos penalizan--
el financiamiento de las organizaciones con fondos
internacionales. Asimismo, la Comisión recibió denuncias
de varios países en los que distintas defensoras y
defensores han sido objeto de señalamientos públicos,
seguidos de amenazas, por su participación en sesiones y
audiencias ante los órganos de protección del sistema
interamericano. La Comisión urge a los Estados para
que, en cumplimiento de la Resolución
AG/RES. 2067 (XXXV-O/05)
aprobada por la Asamblea General el 7 de junio de 2005,
apoyen la labor desarrollada
por las defensoras y defensores de derechos humanos y
que reconozcan la valiosa contribución de éstos en la
promoción, respeto y protección de los derechos humanos
y libertades fundamentales.
VI.
TRABAJO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA
La Comisión consideró el
estado general de los casos que litiga ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual éste
órgano tiene el mandato convencional de intervenir en
todos los casos y asuntos. La CIDH también discutió
algunos temas de carácter general con respecto a
aspectos procesales y analizó los avances en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana. En la
actualidad, se hallan en trámite 19 casos ante la Corte
Interamericana, mientras que 56 casos están en etapa de
supervisión de cumplimiento. Asimismo, se hallan en
trámite ante la Corte 35 medidas provisionales respecto
a varios países.
A. Casos contenciosos
Desde el anterior período
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, se
han sometido cuatro nuevos casos a la jurisdicción
contenciosa de la Corte:
- Gerardo Vargas
Areco (Paraguay)
- Goiburú,
Mancuello y Villalba (Paraguay)
- Claude Reyes y
otros (Chile)
- Almonacid
Arellano (Chile)
B. Sesiones de la
Corte
Durante la XXVI
sesión extraordinaria de la Corte, celebrada en mayo de
2005 en Asunción, Paraguay, la Comisión Interamericana
compareció a la audiencia de testimonios y pericias en
el caso Palamara Iribarne contra Chile, y presentó sus
argumentos orales finales en el caso; lo mismo respecto
del caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú. En la
misma sesión, la Comisión compareció ante la Corte para
presentar sus observaciones y posición respecto de las
medidas provisionales que están en vigor respecto de dos
centros de reclusión penal en Mendoza, Argentina; y
respecto del pueblo indígena Sarayaku, en Ecuador.
En junio de
2005, durante el LXVII Período Ordinario de Sesiones de
la Corte, la Comisión Interamericana compareció a la
audiencia de fondo y reparaciones del caso Blanco Romero
y otros (Desaparecidos de Vargas contra Venezuela), para
la cual también ofreció testigos y peritos. El día
siguiente la Comisión presentó su prueba y alegatos en
el caso López Álvarez contra Honduras y, al término de
dicha audiencia, compareció también ante el Tribunal a
presentar su posición respecto de las medidas
provisionales que han sido adoptadas por la Corte, a
solicitud de la Comisión, en el caso de Eloísa Barrios y
otros, respecto de Venezuela.
En septiembre
de 2005, durante el LXVIII Período Ordinario de Sesiones
de la Corte, la Comisión Interamericana presentó
testigos y peritos, e interrogó a los presentados por
otras partes, en los casos Pueblo Bello (Colombia);
SITRAMUN (Perú); y La Granja y El Aro (Colombia). En
todos ellos, al término de la recepción de prueba, la
Comisión presentó sus argumentos finales orales ante el
Tribunal, y absolvió las consultas de los miembros de la
Corte.
VII. TALLER SOBRE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En cumplimiento del mandato expresado en la
Resolución
AG/RES. 2074 (XXXV-O/05)
de la Asamblea General, la Comisión
Interamericana prosiguió su reflexión acerca de las
mejores estrategias para el trabajo efectivo en la
protección de los derechos económicos, sociales y
culturales. Con tal motivo, desarrolló en el marco de
las sesiones un taller sobre la materia, al que
acudieron expertos internacionales, representantes de
Estados miembros de la OEA que participan del Grupo de
Trabajo encargado de redactar una propuesta de Carta
Social de las Américas, y representantes de la sociedad
civil.
El panel de expertos incluyó a Philippe Texier, miembro
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas; Roberto Cuéllar, Director del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y Audrey
Chapman, Directora del Programa de Derechos Humanos de
la American Association for the Advancement of
Science. Debe destacarse en especial la
participación activa en dicho taller de los Comisionados
electos Víctor Abramovich y Paolo Carozza.
VIII.
CURSO REGIONAL SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE
DERECHOS HUMANOS
Como parte de sus funciones de promoción
de los derechos humanos, la CIDH decidió auspiciar junto
con el Servicio Internacional de Derechos Humanos y la
Facultad de Derecho de American University (Washington
College of Law) un curso de capacitación para
integrantes de organizaciones de la sociedad civil. En
el curso participaron 16 defensores de derechos humanos
de 10 Estados miembros de la OEA. Dicho curso representa
una continuación del que fue realizado en marzo de 2005
en conjunto con la Corte Interamericana y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.
IX. SITUACIÓN
FINANCIERA
La Comisión Interamericana sigue afectada adversamente
por la severa crisis financiera de la OEA. El problema
fundamental que enfrenta la CIDH es el de insuficiencia
de recursos humanos y presupuestarios, que se agudiza
ante el creciente aumento de peticiones y mandatos
adicionales.
Nuevamente este año, la CIDH se vio en la situación de
no contar con fondos suficientes para celebrar su
segundo período de sesiones. Con tal motivo, debió
solicitar a los órganos políticos de la OEA, por
intermedio de la Secretaría General, una asignación
extraordinaria de recursos, que fue decidida a último
momento. La Comisión Interamericana es plenamente
consciente de la crisis financiera que atraviesa la
OEA. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto regular
de la Organización asignado a la CIDH es de 3.8%. Los
montos previstos en el programa-presupuesto anual de la
Organización no corresponden a las necesidades reales de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana apeló a
una solución pronta a la situación insostenible que la
afecta.
En este contexto, la Comisión Interamericana destaca y
agradece nuevamente los importantes aportes financieros
efectuado por los gobiernos de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Finlandia,
Italia, México y Suecia; igualmente, los recursos
aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Comisión Europea, la Fundación Ford, la Fundación Mc
Cormick y la Universidad de Notre Dame. Estos aportes
contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del
sistema interamericano de derechos humanos en el
hemisferio americano.
Washington, D.C., 28 de octubre de 2005
El Estado en
cuestión deberá otorgar las garantías
pertinentes a todas las personas que concurran a
una audiencia o que durante ella suministren a
la Comisión informaciones, testimonios o pruebas
de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá
enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni
ejercer represalias contra ellos o sus
familiares, a causa de sus declaraciones o
dictámenes rendidos ante la Comisión.
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