HUMAN RIGHTS WATCH
Venezuela, Informe 2005 (en inglés, pdf)
Desde que ganó un referendo
nacional sobre su presidencia en 2004, Hugo Chávez y su coalición mayoritaria en
el Congreso han adoptado medidas para debilitar la independencia del Poder
Judicial del país copando la Corte Suprema con sus aliados. También han
promulgado leyes que amenazan seriamente la libertad de prensa y la libertad de
expresión. Varios miembros destacados de la sociedad civil han sido objeto de
enjuiciamientos por cargos altamente dudosos, y los funcionarios del gobierno
han acusado repetidamente a los defensores de los derechos humanos de conspirar
contra la nación. La violencia policial, la tortura y las condiciones
penitenciarias abusivas se encuentran también entre los problemas más graves del
país en materia de derechos humanos.
Independencia del Poder Judicial
El Congreso de Venezuela propinó un duro golpe a la independencia judicial en
diciembre de 2004, al copar la Corte Suprema con 12 nuevos magistrados. Una
mayoría de la coalición gobernante, dominada por el partido del Presidente
Chávez, nombró a los jueces que ocuparían los puestos creados por una ley
aprobada en mayo de 2004, que amplió la composición de la Corte de 20 a 32
miembros. Además de los magistrados nombrados para los 12 puestos, se nombraron
cinco jueces más para cubrir las vacantes creadas en los últimos meses, y otros
32 fueron nombrados como magistrados de reserva.
La toma política de la Corte Suprema agravó el daño que ya habían provocado a la
independencia judicial las políticas de la propia Corte. La Corte, que ostenta
el control administrativo de la judicatura, no ha ofrecido seguridad en el
puesto al 80 por ciento de los jueces del país.
Libertad de expresión
Algunas leyes aprobadas desde finales de 2004 han introducido nuevas
restricciones onerosas sobre los medios de comunicación. La Ley de
Responsabilidad Social en Radio y televisión, aprobada por la Asamblea Nacional
en diciembre de 2004, establece reglas detalladas sobre el contenido de los
programas de radio y televisión. Por ejemplo, cuando se considere que una
estación hace “apología o incite” a la alteración del orden público o emita
mensajes públicos “contrarios a la seguridad de la nación” podrán imponérsele
duras multas o ordenar la suspensión de las emisiones durante 72 horas; si
vuelve a incurrir en un delito, se le puede retirar la licencia de emisión
durante un período hasta cinco años. Los términos clave como los antes citados
no están bien definidos, lo que invita a una aplicación con motivos políticos.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puede dictar “medidas
cautelares” para prohibir la transmisión de contenidos ilegales.
En marzo de 2005, entraron en vigor enmiendas al Código Penal que ampliaron el
alcance de las leyes venezolanas sobre desacato, y aumentaron las penas por este
delito, la difamación criminal y el libelo. Al ampliar las disposiciones sobre
desacato, Venezuela ignoró las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y se resistió a una tendencia a revocar este tipo de
leyes en todo el continente.
En julio, el Fiscal General Isaías Rodríguez ordenó una investigación para
dilucidar si el periódico El Universal había sometido ilegalmente al organismo
que dirigía y al Poder Judicial del país a un ultraje institucional con la
publicación de un editorial titulado “Justicia Arrodillada”. En octubre, en un
fallo bien recibido, la Corte Suprema concluyó que el editorial en cuestión no
constituía de hecho un “ultraje institucional” prescrito por la ley. La Corte
señaló, sin embargo, que la Constitución prohíbe el uso de la libertad de
información y opinión “con fines de desestabilización de las instituciones
democráticas”.
Asesinatos por parte de la policía
El asesinato de tres inocentes estudiantes en el distrito Kennedy de Caracas, el
27 de julio de 2005, subrayó la violencia y la ilegalidad de las fuerzas
policiales venezolanas. Leonardo González, Eric Montenegro y Edgar Quintero
murieron cuando agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
abrieron fuego contra el vehículo en el que regresaban de la universidad. Se
informó de que los policías habían confundido el automóvil de los estudiantes
con un vehículo que estaban persiguiendo, y abrieron fuego cuando no obedecieron
la orden de detenerse. El cuerpo de González fue hallado en una calle cerca del
vehículo, con orificio de bala en el ojo. Según un testigo presencial, hombres
con ropa civil y encapuchados capturaron a Montenegro y Quintero en un callejón,
les hicieron tumbarse en el suelo y les dispararon a sangre fría. La policía
colocó aparentemente armas en el lugar para que pareciera que habían disparado
primero.
Se han denunciado cientos de ejecuciones policiales en los últimos años, aunque
el problema proviene de mucho antes que el actual gobierno. Aunque la Fiscalía
General y la Defensoría del Pueblo han denunciado estos abusos, se han realizado
muy pocos avances en el enjuiciamiento de los policías responsables o la
introducción de las reformas necesarias para combatir esta práctica. En agosto
de 2005, la Fiscalía General anunció que estaba investigando 5.520 presuntas
ejecuciones extrajudiciales—relacionadas con 6.127 víctimas—cometidas entre 2000
y el 31 de julio de 2005. Los fiscales han formulado cargos contra 517 de los
5.997 policías y militares supuestamente implicados y, cuando se escribió este
informe, sólo habían sido condenados 88 (1,47 por ciento).
Condiciones penitenciarias
Las condiciones en las prisiones venezolanas son notoriamente abusivas. El
hacinamiento es crónico y las bandas armadas mantienen el control dentro de los
muros de las prisiones. Los motines carcelarios y la violencia entre reclusos se
cobran cientos de vidas cada año. En octubre de 2005, el Observatorio Venezolano
de Prisiones, una organización con sede en Caracas, afirmó que 314 presos habían
muerto y 517 habían resultado heridos en incidentes violentos ocurridos durante
el año.
Seguridad fronteriza y el derecho a la condición de refugiado
Las autoridades venezolanas y colombianas continúan implementando planes
conjuntos para asistir a los cientos de refugiados que cruzan la frontera con
Venezuela para huir de la violencia de los grupos armados irregulares en
Colombia. Dada la inseguridad en las regiones fronterizas, muchos de los
colombianos que huyen del conflicto armado se enfrentan a un futuro incierto
pero más seguro en las ciudades de Venezuela. En junio, un grupo de 62 personas,
muchas de ellas niños, se refugiaron en un asentamiento del pueblo indígena barí
en el estado de Zulia. En septiembre, después de negociar con los líderes de la
comunidad barí que querían que se fueran, la Comisión Nacional para los
Refugiados transportó a los refugiados con helicóptero a un lugar más seguro y
mejor equipado.
Defensores de los derechos humanos y sociedad civil
Los funcionarios públicos y los medios de comunicación oficiales siguen
emprendiendo iniciativas para desacreditar a las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno y los
legisladores progubernamentales acusaron públicamente a Humberto Prado,
coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones y crítico destacado de la
política penitenciaria, de iniciar una protesta carcelaria. En enero, se informó
de que Prado había recibido amenazas anónimas en su teléfono celular. En marzo,
COFAVIC, una reputada organización de derechos humanos, informó de que los
medios oficiales habían insinuado que la organización se había apropiado de una
parte del dinero pagado por el Estado como indemnización a las víctimas de
asesinatos policiales durante las protestas del Caracazo de 1989, una acusación
firmemente rechazada por la organización.
En agosto de 2005, el Tribunal Supremo rechazó una petición de otra organización
de derechos humanos, PROVEA, para que ordenara que el Presidente Chávez se
retractara públicamente de unas declaraciones en las que sugería que ambos
grupos estaban participando en una conspiración contra el gobierno apoyada por
Estados Unidos.
Durante 2005, la Fiscalía General abrió una investigación criminal contra uno de
los abogados de derechos humanos más respetados del país, Carlos Ayala Corao
(antiguo presidente de la CIDH y actual presidente de la Comisión Andina de
Juristas), por su presunta participación en el fallido golpe de 2002 contra
Chávez. El fiscal encargado de la investigación se negó a informar a Ayala de
los detalles y el fundamento de la acusación, y un juez respaldó al fiscal
cuando Ayala cuestionó la actuación del fiscal. Después de una campaña
concertada por activistas de derechos humanos locales e internacionales, el
fiscal retiró finalmente los cargos en octubre.
En julio, un tribunal de Caracas ordenó el enjuiciamiento de cuatro líderes de
la sociedad civil acusados de traición. La corte ordenó el juicio de María
Corina Machado, Alejandro Plaz y otros dos colegas acusados de traición por un
fiscal público porque su organización gubernamental, Súmate, habñía aceptado
fondos extranjeros para un programa de fomento de la participación ciudadana en
un referendo de 2004 sobre la presidencia del Presidente Chávez. Fueron
acusados, en virtud del artículo 132 del Código Penal de Venezuela, de
“conspirar para destruir la forma política republicana” porque Súmate había
recibido apoyo financiero del National Endowment for Democracy (NED). Según la
NED, una organización financiada a su vez por el Congreso de Estados Unidos,
Súmate recibió 31.150 euros, que se destinaron a talleres para educar a los
ciudadanos sobre el proceso de referendo constitucional en Venezuela. Si fueran
condenados, Machado y Plaz podrían cumplir una pena de hasta 16 años de prisión.
Principales actores internacionales
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen caracterizándose por la
hostilidad y la mutual desconfianza. El gobierno de Bush está preocupado por las
estrechas relaciones comerciales con Cuba y la amistad de Chávez con Castro, así
como su influencia percibido en países políticamente inestables como Bolivia. La
Secretaria de Estado Condoleeza Rice se refirió a Venezuela como una “fuerza
negativa en la región” durante las sesiones para su confirmación en el Senado en
enero de 2005.
Las críticas de Chávez al gobierno de Bush siempre han sido abiertas. En un
programa de televisión emitido en febrero, confió que estaba seguro que
Washington estaba planeando asesinarle, y amenazó con responder a la agresión
suspendiendo las exportaciones de petróleo a Estados Unidos.
En respuesta a la CIDH, el gobierno venezolano sostuvo que el análisis y las
recomendaciones de la Comisión con respecto a Venezuela en su informe de 2003,
vulneraban la soberanía nacional del país. La Comisión había criticado la débil
separación de poderes en Venezuela, la concentración de autoridad en el Poder
Ejecutivo y la creciente participación de las fuerzas armadas en el gobierno. En
su informe anual de 2004, publicado a principios de 2005, la Comisión señaló que
las pretensiones del gobierno eran “incompatibles con el derecho internacional y
la propia Convención Americana”.
De
http://hrw.org/spanish/docs/2006/01/18/venezu12452.htm
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