EL UNIVERSAL 07/02/2010 EXPEDIENTE MÉRIDA Por Joseph Poliszuk
Al menos tres carros quedaron chamuscados en las residencias Las Marías.
Otros 30 sufrieron daños la noche del pasado 25 de enero
Mérida
parece volver a la calma, al menos
sus calles. Vecinos de las zonas más
afectadas creen, sin embargo, que
hay cosas que el 25 de enero pasaron
inadvertidas: no recuerdan otro
tumulto que haya tocado la puerta de
sus hogares; tampoco grupos armados
que les prometieran la muerte. Los
disturbios de ahora y antes nunca
habían violado los muros de
conjuntos residenciales. Esta vez
fue diferente.
Dos
jóvenes estudiantes murieron entre
las revueltas que hace dos semanas
transmutaron la ciudad. Ese fue el
parte policial; lo que las
autoridades no añadieron es que las
manifestaciones de esa noche
saltaron los límites de la propiedad
privada. Un contingente identificado
por los vecinos como tupamaros llegó
en autobuses, causó destrozos y
generó pánico en las residencias Las
Marías, bastión de las protestas y
cacerolazos contra el Gobierno.
"Cuando los carros empezaron a
explotar y se extendieron las
llamaradas, nos atrevimos a salir a
pesar del terror que todos teníamos
(&) Entonces uno de los hombres
dijo: 'Orden de retirada,
camaradas'". Ese es el testimonio
que repiten varios de los vecinos
que presenciaron la invasión al
conjunto residencial Las Marías.
También lo que dice el informe que
entregaron el miércoles a la
diputada Iris Varela, tras una
visita que hizo en nombre de la
Comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional.
María
Isabel Moros tiene la película en su
mente. "Quemaban carros y disparaban
balas a los edificios", denuncia.
"Después de que llegaron dos
personas en motos de la Policía de
Mérida, se escuchó una voz de mando
y, como militares, salieron
corriendo en orden hasta montarse en
dos autobuses que estaban afuera".
Lo que empezó como otro de
los disturbios que a diario habían
estado trancando la avenida Las
Américas, llegó a la planta baja de
su edificio. Estaba preparando la
cena en su apartamento acompañada de
su hija de 15 meses, un hermano de 9
años y una abuela de 75, cuando de
repente se vio presa en un campo de
batalla.
"Aunque vivo en el
piso 5, había tanta humo que pensaba
que tenía el fuego debajo de mi
apartamento", afirma. "Derribaron
una reja, tumbaron el muro a pico y
palo, quemaron la garita de
vigilancia, forzaron las bombonas de
gas y gritaban: 'Nos mataron a un
camarada... Malditos escuálidos, los
vamos a quemar vivos'".
La chispa de la dinamita
Fue una noche de
cristales rotos. Los apagones de
hasta ocho horas y la salida de RCTV
Internacional hace tiempo que había
exacerbado los ánimos, pero las
revueltas de ese día provocaron una
baja entre los grupos armados: una
bala atravesó el cuerpo del joven de
15 años, Yorsiño Carrillo Torres, en
condiciones que no han sido
aclaradas.
Ese fue el
detonante. Las versiones, no
obstante, se contradicen de acuerdo
con el crisol político: muchos de
los vecinos coinciden en que los
tupamaros y otros de los grupos que
viven en las residencias
estudiantiles de la Universidad de
Los Andes atacaron a los edificios
de Las Marías, para ir contra los
universitarios de oposición que
viven en ese lugar.
Pero del
otro lado de la moneda, la diputada
Iris Varela supone que la bala que
mató al joven salió precisamente de
alguno de esos apartamentos. "El
Gobierno no necesita de grupos
armados para que lo estén
defendiendo", concluye.
Sea
lo que sea, en esta historia queda
claro que los vecinos de Las Marías
fueron sorprendidos por un grupo de
encapuchados, que atentó contra sus
edificios. "Todavía estamos
asustados", comenta desde Mérida
Francis Ramírez al otro lado del
teléfono. Quiere que Caracas y el
resto del país se termine de enterar
de lo que esa noche ocurrió en su
inmueble: "Nos mandaron a desalojar;
decían que el edificio iba a
estallar. Tengo dos niñas de 4 y 7
años y la mayor no quiere estar ni
dormir sola".
La conserje
Socorro García también tragó grueso.
Por lo pronto, quedó sola y con la
ropa que cargaba puesta.
Traumatizados, mudó a sus cuatro
hijos a casa de un familiar para que
tomen distancia de todo lo que pasó.
No quiere otra bomba lacrimógena con
ellos dentro del apartamento;
tampoco que sus cortinas prendan
fuego otra vez. "Me quemaron la
cama, el televisor, el equipo y una
peinadora, y dos encapuchados de
negro dijeron que si salíamos nos
quemaban", recuerda.
¿Quién disparó?
No es lo mismo contarlo que
vivirlo. Como muchos otros de sus
vecinos, Francis Ramírez se pregunta
por qué la policía no hizo nada. Lo
dice después de advertir que también
es testigo de un repliegue
organizado, en el que los
encapuchados embarcaron dos
autobuses tras una orden de
retirada.
Se cansaron de
llamar a la policía y nada. "Decían
que ya iban pero no llegaron",
denuncia Luz Varela, otra de las
afectadas. Solo los bomberos
acudieron y al final, cuando todo
había terminado. Es una situación
que destaca el informe que en Las
Marías entregaron personalmente a la
diputada Iris Varela: "Ya cuando se
hacía tarde-noche, un joven que
formaba parte de esos grupos armados
cayó herido. Sus compañeros lo
llevaron al hospital (...) Ni aún
después de este hecho, se presentó
autoridad alguna. Al contrario, los
pocos policías que había se
retiraron hacia el Centro Comercial
'Mamayeya'".
"¿Quién
disparo?", pregunta la vecina Luz
Varela. "¿Uno de ellos mismos?
¿Acaso fue una de sus balas
perdidas? ¿Algún estudiante armado?
¿Algún vecino irresponsable? No se
hizo investigación alguna, por lo
menos no en el día que ocurrieron
los hechos".
Ella y otros
residentes de Las Marías temen que
las pruebas sean alteradas o
guardadas. El informe que entregaron
a la Asamblea Nacional rechaza la
versión del gobernador de la
entidad, Marcos Díaz Orellana, en la
que asegura que la bala que mató al
joven salió de alguno de sus
apartamentos: "Nuestra comunidad
considera que esta declaración fue
apresurada, irresponsable y sin
fundamento válido y fehaciente, pues
no se produjo experticia ni se
practicó ninguna planimetría por
peritos calificados".
Los
resultados de la autopsia del joven
que murió no se conocen, la diputada
representante del oficialismo, Iris
Varela, dice que está reservada para
la investigación policial. Adelanta,
sin embargo, que "la planimetría de
la bala está lista y señala que el
disparo entró en forma descendente".
Todo indica que las
autoridades concluirán que alguno de
los vecinos disparó a los grupos
armados, que se identificaban con el
Gobierno. De hecho, funcionarios del
Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas fueron el jueves a
las juntas de condominio, para
preguntar dónde viven los activistas
de oposición que hacen vida en el
Movimiento 13 de la Universidad de
Los Andes.
"Salgan,
cobardes"
¿Qué fue
lo que poseyó a Mérida hace dos
semanas? Si bien la batalla de Las
Marías tuvo eco en la prensa
regional y nacional, toda la ciudad
fue un caos. En Los Curos, una de
las urbanizaciones más populares,
hubo enfrentamientos con la policía.
Al otro lado, en el conjunto
residencial La Floresta despertaron
después de la 1:00 de la madrugada
con un ataque sorpresa de la misma
policía.
Irene Gruber
recuerda que entraron en motos y a
pie lanzando piedras y bombas
lacrimógenas. "Retaban a la gente
gritando: 'Salgan, cobardes'",
lamenta. "Un señor les gritó que
estaban violando la propiedad
privada y en respuesta dispararon a
su ventana; tengo un hijo con
discapacidad y estaba aterrado". Lo
que más le duele, sin embargo, es
que vecinos de un bando político
acusaran a los del otro con los
policías.
"Todo esto es
producto de una lectura equivocada
del Gobierno sobre los diversos
sectores de oposición y sobre el
movimiento estudiantil; han armado a
grupos civiles para defenderse de
gente que protesta con ollas o, los
más osados, con piedras y caucho
quemado", opina Luz Varela, una de
las vecinas de Las Marías que al día
siguiente encontraron su carro
quemado.
Aunque con el mismo
apellido, la diputada Iris Varela se
ha hecho otra idea de lo que pasó:
está convencida de que los
disturbios buscaban desestabilizar
al Gobierno. Advierte que la
autonomía universitaria y cualquier
otra figura no puede ser una patente
de corso para proteger a grupos que
siembran terror y por eso, desde ya
anuncia que interpelará en la
Asamblea Nacional al rector de la
Universidad de Los Andes, Mario
Bonucci, al alcalde de la ciudad,
Lexter Rodríguez, y al arzobispo de
Mérida, Baltasar Porras.
El núcleo del problema
El rector de la ULA
responde que irá a cualquier
interpelación que lo convoque. Cree
más bien que hay que denunciar que
el tropel de personas que secuestró
a Las Marías y otros complejos
habitacionales estaba integrado
precisamente por miembros de los
Tupamaros y otros grupos que viven
en la Residencia Domingo Salazar de
la ULA.
Aunque no todos los
huéspedes de las residencias
estudiantiles forman parte de grupos
violentos, destaca que unos pocos
secuestraron el lugar. Una
resolución del consejo universitario
por eso decretó el 5 de marzo de
2007 sacar el inmueble de los
límites del campus universitario;
desde entonces las autoridades
policiales son responsables de ese
lugar.
Se trata de un viejo
dolor de cabeza en el que Bonucci
resume buena parte de la inseguridad
que Mérida ha vivido en esta y otras
noches de zozobra. Y no se trata de
ideas o corazonadas, destaca que el
propio gobernador de Mérida
reconoció esa situación en enero del
año pasado, en su primera visita al
Consejo Universitario de la ULA.
"Me preocupaba mucho el hecho de
notar allí (en las residencias
Domingo Salazar) una inmensa
cantidad de armamento (&) y no estoy
ocultando nada de lo que yo pueda
más adelante arrepentirme",
reconoció el gobernador en esa
oportunidad. "Ni en mi experiencia
de 17 años como oficial vi armas
como las que yo pude observar allí
(&) Tenemos que tomar las acciones
correspondientes desde el punto de
vista de autoridad, para evitar que
esas armas puedan ser puestas al
servicio de intereses mezquinos, que
dejen un saldo negativo para el
estado, para la ciudad, para la
universidad".
jpoliszuk@eluniversal.com
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