INFORME TRIMESTRAL DE LA SIP ADVIERTE QUE CONTINÚAN AMENAZAS A LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL
MANIFIESTA INSEGURIDAD LABORAL; CUATRO PERIODISTAS FUERON ASESINADOS EN COLOMBIA Y OTRO EN GUATEMALA; COMUNICADORES MARCHAN AL EXILIO O SON PERSEGUIDOS; PERIODISTAS INDEPENDIENTES HOSTIGADOS EN CUBA; LEYES O PROYECTOS DE LEY ANTI PRENSA
Miami (2 de febrero del 2000).- El Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contrastó, durante su reunión trimestral, la situación de la libertad en Venezuela, uno de los países del hemisferio donde los periodistas están siendo duramente acosados y por otro lado Panamá, donde la presidenta derogó un conjunto de leyes que dañaban la libertad de prensa.
En el marco de una reunión a finales de enero de la máxima autoridad de la SIP en Miami, donde la organización tienen su sede, se dio a conocer el informe en el que predominan dos hechos en el panorama de la libertad de prensa en las Américas, uno de signo negativo en Venezuela y otro positivo en Panamá.
El documento que abarca de octubre de 1999 a enero del 2000 consigna que en Venezuela la prensa se ha convertido en el blanco de los ataques del presidente Hugo Chávez y sus funcionarios, quienes no pierden oportunidad para tildar a los medios de mentirosos, propiciando el terreno para ataques de magnitud mayor, como por ejemplo el vandalismo cometido contra el diario El Nuevo País hace apenas unas semanas, y los atentados con bomba frustrados contra El Universal en diciembre. El mismo presidente Chávez ha sido el primero en usar el derecho de réplica consagrado en la nueva constitución, para desmentir en términos subidos de tono al diario y a su director.
La SIP expresó sentirse defraudada tras la aprobación de la nueva constitución conteniendo los conceptos "derecho a la información veraz" y "derecho de réplica", situación que motivó una visita de la organización en noviembre pasado. Allí, las autoridades prometieron respeto irrestricto a la libertad de prensa y mostraron su desacuerdo con las regulaciones constitucionales propuestas, pero la realidad contradijo estas aserciones. La misión estuvo conformada por Danilo Arbilla, Búsqueda, Montevideo, Uruguay; Rafael Molina, Listín Diario, Santo Domingo, República Dominicana; Bartolomé Mitre, La Nación, Buenos Aires, Argentina; Ricardo Trotti, El Nuevo Herald, Miami, Florida, Estados Unidos; Colin Phillips, Editor & Publisher, Nueva York, Estados Unidos, Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP y Carlos Molina, coordinador de Libertad de Prensa.
Panamá, en contraste, dio un salto cualitativo hacia una mayor libertad de prensa. La buena noticia consistió en que la presidenta Mireya Moscoso, y a partir de acciones del congreso, derogó las "leyes mordaza" que restringían severamente la actividad periodística. Aspectos de esta legislación permitían la censura previa y la confiscación, además de duras penas de prisión para los periodistas que la infringían. La SIP dio su respaldo a esta iniciativa enviando en diciembre pasado a sus más altos emisarios: el presidente de la organización, Tony Pederson y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina.
Mirando hacia el futuro, en Colombia el deterioro de la seguridad de los periodistas es incalculable. Ha habido cuatro asesinatos en los últimos tres meses y un número similar se ha exiliado tras ser objeto de amenazas de muerte y atentados contra sus vidas. La SIP considera que el próximo lanzamiento de la Unidad de Investigación Rápida, integrada por periodistas que indagarán "in situ" y de forma expedita estos ataques, reforzará con sus resultados la necesidad de proveer mayor seguridad hacia los periodistas.
La difícil relación entre el gobierno y la prensa en Perú, se ha traducido en una campaña continua de hostigamiento y persecución contra periodistas de oposición. Algunos ejemplos de esto son el estrechamiento del cerco policial y legal en torno a Baruch Ivcher, ex propietario de canal 2, las arbitrarias acciones legales contra otro empresario televisivo, Genaro Delgado Parker y la campaña de acoso contra los periodistas críticos del régimen, entre ellos la Agrupación Prensa Libre.
El estado de la libertad de prensa en Cuba es extremadamente precario, con un puñado de periodistas tratando de mantener una cierta independencia informativa y sobreviviendo la incesante persecución del régimen. Una nueva modalidad de intimidación es impedir a los periodistas que abandonen sus casas, en una suerte de arresto domiciliario de facto. Más de 10 periodistas han sido sometidos a esta táctica en las últimas semanas, cuando las autoridades han querido evitar la cobertura de algún evento considerado potencialmente conflictivo. La prensa extranjera fue también blanco de restricciones en diciembre cuando el gobierno cubano negó visas de entrada al país a un grupo de periodistas editorialistas norteamericanos -agrupados en National Conference of Editorial Writers (NCEW). Inicialmente se le había negado la visa sólo a The Miami Herald pero tras la protesta de NCEW, la acción fue extendida a todo el grupo.
Una iniciativa para derogar las leyes de insulto e injuria está siendo promovida en Argentina por el periodista Horacio Verbitski. El año que pasó, más de seis periodistas ha sido sentenciados como consecuencia de esta ley. La SIP ha combatido esta legislación duramente y aplaude la iniciativa para eliminarla, previsto para el mes de febrero-marzo.
En otros incidentes, en Uruguay se lleva a cabo una investigación iniciada por las autoridades judiciales en torno al tema de la discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial y créditos oficiales a medios de comunicación. La investigación cobró fuerza tras las denuncias que hizo la SIP durante la Asamblea de Houston.
Guatemala vio resurgir el fantasma de la violencia contra la prensa hace unas semanas, tras el asesinato de un corresponsal norteamericano, Larry Lee, quien fue hallado muerto en su domicilio. Las razones del crimen aún no se han esclarecido.
En Brasil, una nueva ley de prensa que restringiría la actividad periodística avanzó hacia su promulgación, al ser aprobado por la cámara de diputados y llegar al Senado en diciembre pasado.