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28 Junio 2001 Dr.
Claudio Grossman:
Sr. D. Jorge E. Taiana Sr.
D. Santiago Cantón Estimados Señores: El Comité Mundial para la Libertad de Prensa (conocido por sus siglas en inglés WPFC), el cual incluye a 44 organizaciones de libertad de expresión en los cinco continentes, expresa su grave preocupación por los ataques contra la libertad de expresión que sufren el semanario venezolano La Razón y su director, Pablo López Ulacio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el 8 de febrero a que el gobierno de Venezuela tomara medidas cautelares que protegieran las libertades tanto personales como de expresión del Sr. López Ulacio. Pero el gobierno venezolano continúa negándose a procesar la decisión de la comisión. Desde entonces, el acoso contra La Razón, sus trabajadores en incluso la familia del Sr. López Ulacio, se ha intensificado hasta el punto que algunos de ellos temen por su seguridad personal. La situación ha llegado a tal punto que el único recurso que resta a estas personas es apelar ante la CIDH para que el caso pase de inmediato a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El WPFC reconoce la urgencia de esta situación y le insta a la CIDH a que esta medida se tome a la mayor brevedad con el propósito de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales no sólo del Sr. López Ulacio, sino de los periodistas de La Razón en incluso de su familia. El Pacto de San José compromete a los países signatarios, incluyendo a Venezuela, a que se acaten las decisiones de la comisión en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno de Caracas, por medio de su Chancillería, ha descalificado la decisión tocante a este caso, calificándola de "intento de injerencia en asuntos internos de Venezuela". Desde comienzos de 1999, La Razón ha denunciado varios casos de supuesta corrupción cometidos por personeros ligados al actual gobierno venezolano. Las investigaciones sobre estas denuncias han quedado paralizadas en la Fiscalía General de la República. En cambio, varios medios de comunicación del Pals han denunciado que altos funcionarios del gobierno han conseguido la aceleración del juicio por presunta difamación contra el Sr. López Ulacio. Esta situación forzó a que el director de La Razón se exilara de su Pals. El WPFC denuncia estos ataques contra la libertad de expresión en Venezuela e insta al gobierno de ese Pals a que cumpla con sus compromisos internacionales respetando las recomendaciones de la CIDH en particular y las decisiones del resto del sistema interamericano de justicia en general. Respetuosamente,
Marilyn Greene, |