El periodista venezolano Pablo López Ulacio sufre profundas depresiones en su exilio de Costa Rica. En su país, su familia y los trabajadores de su semanario La Razón sufren el acoso de la policía judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo de acuerdo que la causa que se le sigue en Venezuela es una violación contra sus libertades. Pero el estado venezolano rechaza las recomendaciones de la comisión. Al borde de la desesperación, López Ulacio ha hecho un llamado internacional de apoyo a su caso. Su esposa, Alejandra Hurtado, denuncia en este artículo uno de los casos de censura más célebres del hemisferio.

La Razón Se Declara Asediada
Por Alejandra Hurtado de López
Especial para Libertad-Prensa.org
9 de julio 2001

Caracas, Venezuela, 6 de Julio, 2001 - Suele atribuírsele a Churchill la siguiente frase: La diferencia entre un régimen democrático y uno totalitario es que en aquél cuando muy temprano llaman a la puerta, uno supone que es el lechero o el repartidor de diarios, mientras que en este último, se teme que sea la policía.

Nuestra familia, ha experimentado en toda su intensidad el drama de esta diferencia. Al despuntar el día, una o dos veces por semana, tocan en nuestra casa. Es la Policía Judicial. Dicen que vienen a ejecutar una orden de cárcel contra Pablo López Ulacio. No importa que en ese cuerpo de seguridad sepan que Pablo se ha declarado en desobediencia civil y que se encuentra refugiado en San José, Costa Rica.

Todo eso tiene sin cuidado a Miguel Dao, director de la Policía Judicial, quien es o ha sido socio de la abogada de Tobías Carrero. Sin duda el peso político de este ultimo privó para su nombramiento como jefe de policía. Como no pueden capturar a Pablo y "La Razón" persiste en su labor de informar, de lo que se trata es de hostigarme a mi, a mis hijos menores, a mi madre y al resto de nuestros vecinos de condominio.

Carrero, propietario de Multinacional de Seguros, es amigo de la infancia del presidente Chávez. Fue su principal financista electoral. Sus familias, sus mujeres, sus hijos, pasan juntos vacaciones y festividades de Navidad. Es o ha sido socio de Luis Miquilena y de Manuel Quijada, altos funcionarios del gobierno de Chávez, en una compañía que contrató con el estado pese a la prohibición que tienen los funcionarios públicos en tal sentido.

A partir de la instauración de Hugo Chávez en la presidencia, cuatro empleados de Carrero fueron designados miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de la Corte en lo Contencioso Administrativo y de la Inspectoría de Tribunales. Una vez juramentado su amigo como primer magistrado de Venezuela, Carrero incrementó geométricamente el volumen de las pólizas de su empresa aseguradora con rganismos oficiales. Recibió además en donación 5.000 hectáreas de terreno de un instituto del Estado alegando su supuesta condición de campesino. También adquirió, a través de dos testaferros, un lote de radioemisoras propiedad del estado, por 20 millones de dólares.

Investigaciones de "La Razón" determinaron que la mencionada compra se verificó en medio de una subasta fraudulenta en la que se impidió la participación de oferentes distintos a los interpuestos de Carrero. Los mencionados interpuestos resultaron ser unos modestos empleados con salario de apenas 500 dólares mensuales cada uno.

Cuando en enero de 2000, los venezolanos no acababan de reponerse de las inundaciones que causaron la muerte de más de 100.000 compatriotas y el presidente Chávez en forma jactanciosa rechazaba la ayuda humanitaria de los EE.UU., la Primera Dama, Marisabel Rodríguez de Chávez, el entonces ministro del Interior y Luis Miquilena, presidente del parlamento, se marcharon al costoso Massachusetts General Hospital de Boston, EE.UU., en compañía de Carrero, a realizarse tratamientos médicos.

A mediados del año pasado, René Molina, anterior inspector de tribunales, constató la masiva violación de los derechos fundamentales de Pablo como parte del juicio que le sigue Carrero. Por tal motivo, Miquilena, entonces presidente del Parlamento, llamó al inspector de tribunales homosexual. En esa oportunidad Miquilena admitió en forma impúdica a la prensa, que había influido en los jueces para que condenaran a mi esposo en el referido juicio. Manuel Quijada, ya mencionado, director de la magistratura, también confesó haber usado las influencias de su cargo, para impedir la absolución de Pablo.

"La Razón", es un periódico plural. En sus tiempos de poca o ninguna fortuna política, el hoy presidente Chávez, figuró como su columnista semanal. "La Razón" jamás dio cabida en sus páginas a referencias sobre la vida personal de Carrero. En su compromiso con los lectores, se limitó a informar cómo sus actividades mercantiles con el estado venezolano se han expandido escandalosamente, luego que su amigo entrañable, asumiera la presidencia de la República. "La Razón" igualmente informó del polémico viaje a Boston, referido anteriormente. Pero Carrero se ha considerado difamado por las publicaciones de sus actividades relacionadas con gente del gobierno.

El presidente Chávez dice que se trata de un juicio entre particulares. Sin embargo, su gobierno rechaza una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó hace más de cuatro meses la violación masiva de los derechos fundamentales de Pablo dentro del citado proceso. El Presidente ha sido advertido que tal desacato expone a Venezuela a sanciones internacionales. Pero en la conducta de su gobierno parece prevalecer la protección de los intereses de Carrero.

Chávez en sus alocuciones, afirma que sus gobernados disfrutan de plena libertad de prensa. No creo que después de darle un vistazo a la presente crónica, los lectores compartan la opinión del presidente de Venezuela.

Alejandra Hurtado de López es la esposa del periodista venezolano Pablo López Ulacio, editor y director de "La Razón", y actualmente refugiado en Costa Rica.

http://www.libertad-prensa.org/Ulacio.html

regreso a documentos            regreso a Libertad de Expresión