El periodista venezolano Pablo
López Ulacio sufre profundas depresiones en su exilio de Costa Rica. En su país,
su familia y los trabajadores de su semanario La Razón sufren el acoso de la
policía judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo de
acuerdo que la causa que se le sigue en Venezuela es una violación contra sus
libertades. Pero el estado venezolano rechaza las recomendaciones de la
comisión. Al borde de la desesperación, López Ulacio ha hecho un llamado
internacional de apoyo a su caso. Su esposa, Alejandra Hurtado, denuncia en este
artículo uno de los casos de censura más célebres del hemisferio.
La Razón Se Declara Asediada
Por Alejandra Hurtado de López
Especial para Libertad-Prensa.org
9 de julio 2001
Caracas, Venezuela, 6 de Julio, 2001 - Suele atribuírsele a Churchill la
siguiente frase: La diferencia entre un régimen democrático y uno totalitario es
que en aquél cuando muy temprano llaman a la puerta, uno supone que es el
lechero o el repartidor de diarios, mientras que en este último, se teme que sea
la policía.
Nuestra familia, ha experimentado en toda su intensidad el drama de esta
diferencia. Al despuntar el día, una o dos veces por semana, tocan en nuestra
casa. Es la Policía Judicial. Dicen que vienen a ejecutar una orden de cárcel
contra Pablo López Ulacio. No importa que en ese cuerpo de seguridad sepan que
Pablo se ha declarado en desobediencia civil y que se encuentra refugiado en San
José, Costa Rica.
Todo eso tiene sin cuidado a Miguel Dao, director de la Policía Judicial, quien
es o ha sido socio de la abogada de Tobías Carrero. Sin duda el peso político de
este ultimo privó para su nombramiento como jefe de policía. Como no pueden
capturar a Pablo y "La Razón" persiste en su labor de informar, de lo que se
trata es de hostigarme a mi, a mis hijos menores, a mi madre y al resto de
nuestros vecinos de condominio.
Carrero, propietario de Multinacional de Seguros, es amigo de la infancia del
presidente Chávez. Fue su principal financista electoral. Sus familias, sus
mujeres, sus hijos, pasan juntos vacaciones y festividades de Navidad. Es o ha
sido socio de Luis Miquilena y de Manuel Quijada, altos funcionarios del
gobierno de Chávez, en una compañía que contrató con el estado pese a la
prohibición que tienen los funcionarios públicos en tal sentido.
A partir de la instauración de Hugo Chávez en la presidencia, cuatro empleados
de Carrero fueron designados miembros del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, de la Corte en lo Contencioso Administrativo y de la Inspectoría de
Tribunales. Una vez juramentado su amigo como primer magistrado de Venezuela,
Carrero incrementó geométricamente el volumen de las pólizas de su empresa
aseguradora con rganismos oficiales. Recibió además en donación 5.000 hectáreas
de terreno de un instituto del Estado alegando su supuesta condición de
campesino. También adquirió, a través de dos testaferros, un lote de
radioemisoras propiedad del estado, por 20 millones de dólares.
Investigaciones de "La Razón" determinaron que la mencionada compra se verificó
en medio de una subasta fraudulenta en la que se impidió la participación de
oferentes distintos a los interpuestos de Carrero. Los mencionados interpuestos
resultaron ser unos modestos empleados con salario de apenas 500 dólares
mensuales cada uno.
Cuando en enero de 2000, los venezolanos no acababan de reponerse de las
inundaciones que causaron la muerte de más de 100.000 compatriotas y el
presidente Chávez en forma jactanciosa rechazaba la ayuda humanitaria de los
EE.UU., la Primera Dama, Marisabel Rodríguez de Chávez, el entonces ministro del
Interior y Luis Miquilena, presidente del parlamento, se marcharon al costoso
Massachusetts General Hospital de Boston, EE.UU., en compañía de Carrero, a
realizarse tratamientos médicos.
A mediados del año pasado, René Molina, anterior inspector de tribunales,
constató la masiva violación de los derechos fundamentales de Pablo como parte
del juicio que le sigue Carrero. Por tal motivo, Miquilena, entonces presidente
del Parlamento, llamó al inspector de tribunales homosexual. En esa oportunidad
Miquilena admitió en forma impúdica a la prensa, que había influido en los
jueces para que condenaran a mi esposo en el referido juicio. Manuel Quijada, ya
mencionado, director de la magistratura, también confesó haber usado las
influencias de su cargo, para impedir la absolución de Pablo.
"La Razón", es un periódico plural. En sus tiempos de poca o ninguna fortuna
política, el hoy presidente Chávez, figuró como su columnista semanal. "La
Razón" jamás dio cabida en sus páginas a referencias sobre la vida personal de
Carrero. En su compromiso con los lectores, se limitó a informar cómo sus
actividades mercantiles con el estado venezolano se han expandido
escandalosamente, luego que su amigo entrañable, asumiera la presidencia de la
República. "La Razón" igualmente informó del polémico viaje a Boston, referido
anteriormente. Pero Carrero se ha considerado difamado por las publicaciones de
sus actividades relacionadas con gente del gobierno.
El presidente Chávez dice que se trata de un juicio entre particulares. Sin
embargo, su gobierno rechaza una resolución de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que condenó hace más de cuatro meses la violación masiva
de los derechos fundamentales de Pablo dentro del citado proceso. El Presidente
ha sido advertido que tal desacato expone a Venezuela a sanciones
internacionales. Pero en la conducta de su gobierno parece prevalecer la
protección de los intereses de Carrero.
Chávez en sus alocuciones, afirma que sus gobernados disfrutan de plena libertad
de prensa. No creo que después de darle un vistazo a la presente crónica, los
lectores compartan la opinión del presidente de Venezuela.
Alejandra Hurtado de López es la esposa del periodista venezolano Pablo López
Ulacio, editor y director de "La Razón", y actualmente refugiado en Costa Rica.
http://www.libertad-prensa.org/Ulacio.html