CPJ 2001
VENEZUELA
Durante el 2001, simpatizantes del presidente Hugo Chávez Frías chocaron con la
oposición por las medidas políticas y económicas del gobierno, mientras que en
diciembre el sector empresarial hizo un llamado a manifestaciones callejeras en
protesta contra leyes consideradas antiempresariales. La situación política de
Venezuela parecía agravarse a finales de año, y la popularidad de Chávez iba en
descenso.
Entre tantas tensiones, la antagónica relación entre los medios y el presidente
empeoró. Aún cuando la prensa local puede reportar las noticias libremente, la
retórica cada vez más dura de Chávez y una serie de perturbadoras acciones
legales no auguran nada bueno para la libertad de expresión en Venezuela.
Chávez ha utilizado efectivamente a los medios de comunicación para fortalecer
su popularidad y marginalizar a la prensa independiente. A través de cadenas,
sus sumamente populares programas improvisados de radio y televisión, ha logrado
conseguir apoyo, contado sus anécdotas diarias y criticado a sus adversarios
—incluida la prensa, a la cual ha tildado de «medios de comunicación
antisociales»—. Además, Chávez con frecuencia utiliza los medios públicos para
promover su propia agenda y la de su partido, el Movimiento Quinta República (MVR).
El año pasado, durante una emisión del popular programa radial de Chávez, «Aló,
Presidente», el presidente criticó a Elías Santana, coordinador de la asociación
civil Queremos Elegir, presentador del programa radial «Santana Total» y
columnista del diario caraqueño de El Nacional. En respuesta, Santana introdujo
una demanda en la que pedía el derecho a la réplica en una emisión posterior del
programa.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia negó la petición de Santana, dictaminando
el 12 de junio que el derecho a la réplica tiene la intención de beneficiar sólo
a aquellos individuos que no tienen acceso a un espacio público, no a
profesionales de los medios. El tribunal a continuación sobrepasó los límites
del caso y creó unos lineamientos para definir lo que constituye «información
oportuna, veraz e imparcial». El derecho a la información «veraz» fue
incorporado a la Constitución venezolana de 1999 a pesar de las objeciones de
los medios.
Conforme al dictamen del Tribunal Supremo, los periodistas pueden expresar
opiniones siempre y cuando éstas no constituyan insultos o descalificaciones
«fuera de discurso, desconectadas o innecesarias con el tema objeto de opinión o
información; ni de expresiones hirientes, insidiosas o vejatorias». Además, si
una publicación dice ser independiente, pero la mayoría de sus columnistas se
adhieren a la misma ideología, la publicación puede estar violando las nuevas
normas. El fallo también permite la censura previa en algunos casos.
El 21 de julio la asociación de periódicos Bloque de Prensa Venezolano protestó
la decisión del Tribunal Supremo en una petición presentada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión seguía estudiando el caso
a finales de año.
El 18 de octubre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel)
comenzó a investigar el canal de noticias Globovisión, para determinar si había
violado las normas de radiodifusión al reportar noticias «falsas» durante un
reportaje inexacto del 29 de septiembre que el canal rectificó ese mismo día.
Conatel podría multar al canal o suspender su licencia temporal o
permanentemente. El 29 de octubre la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la CIDH manifestó su preocupación acerca de la investigación y
sostuvo que estaba basada en normas contrarias al principio de la libertad de
prensa. El proceso continuaba a fines de año.
A finales de octubre, la Primera Conferencia Nacional de Comunicadores
Populares, un evento que reunió a representantes de los medios comunitarios y
que fue patrocinado por el partido del presidente Chávez, emitió alarmantes
recomendaciones entre las que se encontraban «imponer censura a los medios
amarillistas y medios nacionales que distorsionan la información veraz» y pedir
a Conatel que sancionara aquellos programas cómicos que «deterioran la imagen
del Presidente».