En Venezuela no se cumple con los principios sobre libertad de prensa de la Declaración de Chapultepec
Miami (5 de marzo del 2002) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó que no existe verdadera libertad de prensa en Venezuela al no respetarse los 10 principios de la Declaración de Chapultepec, conclusión que la entidad hemisférica obtuvo tras un análisis sobre las leyes y regulaciones que afectan la labor periodística y el derecho del público a la información en ese país.
Autoridades de la SIP y juristas venezolanos que formaron parte de un foro público sobre libertad de prensa, coincidieron en que Venezuela está atravesando por su peor crisis, rodeada por un clima de tensión, agresión, intimidación e intolerancia en contra de medios de comunicación y periodistas, agravada por una falta de independencia del sistema judicial que impide el cumplimiento de los principios de la Declaración de Chapultepec.
La Declaración de Chapultepec fue concebida en una reunión hemisférica en México en 1994 y desde entonces ha sido firmada por 22 jefes de Estado. Sus 10 principios se refieren a las garantías necesarias para sostener un clima de libertad de prensa y para respaldar el sistema democrático.
Asimismo, en el decimonoveno foro de Chapultepec celebrado en Caracas, los panelistas concordaron en que la Declaración debería "tener carácter obligatorio" y la calificaron como "fuente de derecho y no meramente una declaración enunciativa de derechos".
Asdrúbal Aguiar, jurista venezolano, dijo que la Declaración de Chapultepec es una "fuente válida y vinculante dentro de la esfera del derecho internacional público para los Estados". Fundamentó su posición diciendo que la Declaración ha sido firmada por numerosos presidentes y primer ministros, y que por ello "se trata de una especie de acto internacional por lo que sienta doctrina y puede ir más allá de ser meras declaraciones".
Héctor Faúndez, jurista y catedrático venezolano, coincidió con esa posición y al referirse al aporte de las entidades no gubernamentales, expresó que la Declaración de Chapultepec inspiró la creación de la Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), "por ello la validez como documento internacional".
Por su parte, Pedro Nikken, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien recalcó la importancia que la SIP ha tenido a lo largo de los años en la defensa de la libertad de prensa, se refirió a ambas declaraciones como un marco conceptual de referencia para proteger la libertad de prensa en el hemisferio. En ese sentido, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha podido adoptar recientemente varias medidas de protección a favor de medios de comunicación que fueron hostigados por el gobierno de Hugo Chávez.
Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que "no es una mera coincidencia que la prensa venezolana esté atravesando por su peor crisis en un clima de tensión, agresión e intimidación y que el marco jurídico impida el cumplimiento de cualquiera de los principios de la Declaración de Chapultepec". Agregó que "tanto los fallos judiciales como las normas legales son utilizados para contribuir a este ambiente de confrontación y extrema intolerancia oficial hacia la libertad de prensa".
El presidente de la Comisión de Chapultepec, Alejandro Miró Quesada, El Comercio, Lima, Perú, quien también disertó en el foro, expresó que existían muchas similitudes entre las tácticas de presión y hostigamiento hacia la prensa del depuesto gobierno de Alberto Fujimori en el Perú y el gobierno de Chávez. "Lo interesante es que en ambos países - dijo - se pregonaba públicamente la plena libertad de prensa cuando en realidad existía un permanente acoso de los jueces y funcionarios contra los medios y los periodistas".
En su presentación del análisis comparado entre la legislación de Venezuela y la Declaración de Chapultepec, Molina brindó numerosos ejemplos de cómo se coarta la libertad de prensa, calificando de "discriminatoria, arbitraria y peligrosa para la libertad de prensa", a la cláusula constitucional sobre "información veraz".
Sobre el tema, Faúndez, manifestó que la redacción de los artículos 57 y 58 de la nueva Constitución, donde se contempla esa cláusula, conforman un "problema estructural" porque se refieren a la libertad de expresión "sólo en términos de garantías de los particulares frente a los medios y no cómo debieran estar concebidas como garantías frente al Estado".
Cecilia Sosa, ex-presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que ninguno de los principios de la Declaración se cumplía en Venezuela a la luz de la Sentencia 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia. Aquella medida adoptada en el 2001, no permitió que un periodista responda a un agravio del presidente Chávez en su programa radial Aló Presidente.
Sosa, al referirse a la existencia de una política oficial contra la libertad de prensa, indicó "no somos libres... estamos atrapados y acorralados, quien critica al proyecto revolucionario es sometido al escarnio".
El moderador del panel, Danilo Arbilla, ex presidente de la SIP y director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, expresó que en esa política se inserta el "uso indebido" de los medios del Estado y privados por parte del presidente Chávez quien suele "confiscar semanalmente los medios de comunicación con sus cadenas nacionales". Agregó que "esta es una forma novedosa de atentar contra la libre expresión, más peligrosa que cerrar medios".
Molina, director de la revista Ahora, Santo Domingo, República Dominicana, agregó que entre otras medidas que atentan contra la libertad de prensa, se encuentran el hostigamiento oficial permanente contra medios y periodistas, la colegiación obligatoria, las normas de desacato contempladas en varios códigos de procedimiento, la discriminación en la distribución de publicidad oficial y la amenaza a los medios electrónicos sobre el retiro de las licencias y concesiones operativas.
Sobre la política gubernamental de premiar o castigar, la SIP pudo advertir esa tendencia durante una reunión que mantuvo el día anterior al foro con obispos de la Conferencia Episcopal de Venezuela representados por monseñor Nicolás Bermúdez. Los prelados indicaron que personeros del gobierno comenzaron gestiones para quitarle a la Iglesia la concesión de un canal de televisión, además que denunciaron a la SIP la discriminación a la que están sometidos los medios privados en cuanto a la publicidad oficial.
Aguiar también criticó duramente la concesión reciente del Tribunal Supremo de Justicia por la que se faculta a sí mismo a reabrir juicios por razones de orden público, lo que se interpreta como una amenaza latente contra los medios de prensa.
Entre algunas de las medidas judiciales que afectan a los medios de comunicación, se advierte una campaña contra la propiedad del Grupo de Periódicos Capriles, así como la persecución judicial en contra del propietario del semanario La Razón, Pablo López Ulacio, quien se mantiene exiliado en Costa Rica debido a la falta de garantías legales y al debido proceso en un juicio por difamación.
Sobre el acoso judicial, el diputado Ramón José Medina, opinó que "este es el peor momento para la libertad de prensa en Venezuela porque antes cuando existían agresiones en contra de los periodistas podíamos acudir al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia ya que eran órganos confiables. Ese ya no es el caso ahora".
En referencia a la falta de confianza en el sistema, los panelistas mostraron su escepticismo sobre un nuevo proyecto legal denominado Ley de Contenidos sobre el que los legisladores dijeron que solo contempla un marco regulatorio para establecer un horario de protección al menor.
Los panelistas expresaron su desconfianza argumentando que la Asamblea Legislativa está mostrando poca transparencia sobre el contenido de ese proyecto. Interpretaron que se podría estar ante otro método de coerción contra los medios de comunicación, así como en el pasado se justificó deliberadamente a la "información veraz" como una cláusula beneficiosa para la opinión pública.
Además de Molina, Arbilla y Miró Quesada, la delegación de la SIP estuvo compuesta por su presidente, Robert J. Cox, subdirector del The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur; el primer vicepresidente, Andrés García Gamboa, Novedades de Quintana Roo, Cancún, México; el director ejecutivo, Julio E. Muñoz; el coordinador de Libertad de Prensa, Ricardo Trotti; y el abogado y el administrador del Proyecto Chapultepec, Jairo E. Lanao y Sean Casey, respectivamente.