Reunión de Medio Año
República Dominicana
Casa de Campo
Marzo 15 al 19, 2002
Informes por país
VENEZUELA
El ejercicio de la libertad de expresión estuvo expuesto a muy graves peligros
en este período. Padeció violaciones que comprometen la vigencia de la
democracia y del Estado de Derecho. Los medios, editores y periodistas siguen
expresándonos con el producto de la valentía y de la conciencia cívica, pues la
tarea de la prensa ya no se puede ejercer sin consecuencias dañosas.
De sus conocidos insultos, agravios e intimidaciones contra los editores y los
comunicadores sociales y hechos públicos en cadenas semanales de radio y de
televisión, el presidente Hugo Chávez, ha transitado hacia una fase de
incitación sistemática al odio e instigación directa a la violencia popular
contra los periodistas. Ahora convoca o anima a sus seguidores, miembros de los
Círculos Bolivarianos, organizados con apoyo y dineros gubernamentales para que,
por la vía de los hechos, cumplan actos de linchamiento moral y material contra
los periodistas y sus bienes, en circunstancias nunca antes conocidas.
En las semanas más recientes se han constituido "tribunales populares",
dirigidos por seguidores de la llamada Revolución Bolivariana, quienes,
prevalidos de la solidaridad presidencial, se han dado a la tarea de reunirse en
las plazas públicas para "ajusticiar" a quienes consideran
contrarrevolucionarios, en particular a los dueños de los medios y a los
periodistas que no han hecho causa común con las prédicas y actuaciones
disolventes del "chavismo": el periodista José Domingo Blanco es una de sus
víctimas inmediatas.
La institucionalidad formal no ha sido capaz de reaccionar de manera clara y
eficiente para proscribir y sancionar estos hechos delictivos, contrarios a la
Constitución y a las libertades, ya que es evidente que los poderes públicos se
encuentran bajo control de personas de confianza del presidente y sometidos a
sus dictados autocráticos.
El Tribunal Supremo de Justicia dictó su Sentencia 1013 para proteger las
incitaciones presidenciales. Hoy es considerada como base ideológica y normativa
del proyecto para amordazar a la prensa por parte del Estado. Asimismo, adoptó
otra decisión, en Sala Constitucional, eliminando el principio de intangibilidad
de la cosa juzgada, para hacer posible la reapertura, por supuestas razones de
interés público y de mero Derecho (ipso iure), de las causas civiles,
administrativas, comerciales, fiscales y de otro orden que ya estuviesen
judicialmente clausuradas; con lo que se deja en un limbo jurídico a todos los
ciudadanos, entre éstos los editores y los periodistas, haciéndoles víctimas
fáciles y potenciales de los chantajes del poder.
En la audiencia pública celebrada recientemente ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de la denuncia que hiciera de la Sentencia
1013 el Bloque de Prensa Venezolano, el Gobierno declaró que, para poner orden
en el debate creado por los medios, se dictaría una Ley de Contenidos: suerte de
código que recogerá las prescripciones restrictivas de la libertad de expresión
contenidas en esa sentencia y a la cual se refirió el presidente en sus
alocuciones del 10 de diciembre, ante las Fuerzas Armadas, y del 9 de enero,
ante la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional, a su vez, sancionó una Ley de Telecomunicaciones que,
desde ahora y en espera de la citada Ley de Contenidos, permite al Gobierno, a
su libre arbitrio, cerrar los programas de radio y de televisión que considere
contrarios al interés nacional: que no es otro que el interés de la revolución.
Entre tanto, bajo la amenaza coloquial de que estaría estudiando una Ley de
Prensa, la Asamblea decidió el 17 de enero, "exhortar a los propietarios de los
medios de comunicación para que discutan y aprueben, libre y autónomamente, un
Código de Ética que norme su conducta".
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo mantienen una conducta
indiferente ante todos estos hechos. El Ministerio Público, que tiene su bajo su
responsabilidad el ejercicio de las acusaciones penales para impedir la
violencia creciente contra periodistas y editores, es ocupado por quien fuera
hombre de confianza y vicepresidente del actual mandatario. Y, si se trata del
Poder Judicial en general, más del 80 por ciento de sus jueces son provisorios.
Su futura estabilidad está en manos del Tribunal Supremo, que no les otorga la
estabilidad para impedirles que ejerzan con autonomía e independencia su
ministerio y así sujetarlos a las manipulaciones y requerimientos del Gobierno.
El Gobierno del presidente Chávez tiene en su haber 49 decretos ley dictados en
el 2001, en un solo día, al amparo de una Ley Habilitante que desbordó tanto el
principio constitucional de la "reserva legal" como las competencias naturales
del parlamento, en un claro ejemplo de la degeneración política. Esos decretos
han sido impugnados por múltiples acciones ante la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia por ser, además, violatorios de derechos
fundamentales como el de propiedad, el de contratación colectiva, el de
asamblea, sin que exista respuesta por parte de tal instancia judicial hasta el
presente.
Una misión de la SIP y anteriormente el Secretario Ejecutivo de la CIDH
visitaron el país en febrero y coincidieron que en el país no existe libertad de
prensa.
En marzo, los editores, propietarios de estaciones de televisión y algunos
periodistas venezolanos fueron recibidos por el plenario de la CIDH, en
Washington, para un encuentro de trabajo; luego del cual se anunció la visita de
dicha institución a Venezuela para realizar en mayo una investigación in loco.
También tuvo lugar una audiencia pública sobre la Sentencia 1013, en la que el
representante del Estado, amén de confirmar la iniciativa del Gobierno en cuanto
a la Ley de Contenidos, hizo expresa su inconformidad con la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA -coincidentes con los de la
Declaración de Chapultepec- y señaló que la materia relacionada con la libertad
de expresión estaba reservada a la soberanía interna.
La CIDH adoptó este año medidas cautelares en favor de los Diarios El Nacional y
El Universal y de las estaciones de televisión Radio Caracas, Globovisión y
VeneVisión, para preservar el derecho a la vida, la integridad personal y la
seguridad de los bienes de sus periodistas, directivos y propietarios. Más allá
de las expresiones formales, el Gobierno poco ha hecho para su cumplimiento.
En el caso del diario La Razón, cuyo director fue víctima de una medida de
privación de libertad y quien, por lo mismo, se encuentra exiliado en Costa
Rica, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial
finalmente suspendió al juez de la causa. Seguidamente, fue eliminada la
mencionada orden de encarcelamiento. Sin embargo, no se le acordó a Pablo López
Ulacio su libertad plena, exigiéndosele presentarse ante el juez cada 30 días y
prohibiéndosele declarar públicamente acerca del proceso criminal que se le
sigue por ejercicio de su libertad de expresión. Dado el contexto nacional
mencionado al principio, es evidente que no podrá contar con un juez imparcial
para su juzgamiento debido.
Las persecuciones gubernamentales y las ofensas presidenciales repetidas contra
la Iglesia Católica, el cardenal Arzobispo de Caracas y contra el Arzobispo de
Mérida, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, entre otros, no han
cesado; antes bien, se han incrementado. Los juicios contra tales arzobispos y
el expediente administrativo contra la estación de televisión del episcopado
VALE TV, a objeto de revocarles la concesión, siguen en vigencia. Y merece
mencionarse, dentro de este renglón, el agravio inferido en enero al Nuncio
Apostólico de Su Santidad, por parte del presidente de Venezuela, luego de que
aquél hiciese votos para que las políticas del régimen pudiesen avanzar dentro
de un ambiente de tolerancia y de respeto.
En octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un procedimiento
administrativo, por orden del Presidente contra Globovisión, a objeto de
sancionar a la dicha planta televisora, por haber informado, según una fuente en
vivo y directa, que habían sido asesinados nueve taxistas, como parte de la
violencia criminal creciente que afecta a toda Venezuela.
Luego, en noviembre, fueron víctimas de amenazas e intimidación militares las
periodistas Patricia Poleo, del diario El Nuevo País; Ibéyise Pacheco, del
diario Así es La Noticia; Martha Colomina, del diario El Universal, y Marianela
Salazar, del vespertino Tal Cual, quienes publicaron documentos e informaciones
que involucraban a generales del ejército en hechos graves de corrupción.
La periodista Ibéyise Pacheco, directora del diario Así es la Noticia, asociado
a El Nacional, fue objeto de la apertura de una investigación penal por
iniciativa del Comandante de la Guardia Nacional; dándose la circunstancia, muy
grave, de que cinco días después, el 31 de enero, estalló una bomba en la puerta
principal del rotativo y un día después de haber hecho público, junto a sus
citadas colegas, un vídeo que registraba un encuentro no oficial entre efectivos
de la Fuerza Armada venezolana y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia.
El 7 de enero, luego de la cadena nacional realizada el día anterior por el
presidente Chávez y en la que ofendía públicamente al editor Miguel Henrique
Otero e instigaba a sus seguidores a que lo reprendieran, había tenido lugar la
violenta manifestación de los Círculos Bolivarianos en las puertas de El
Nacional, que dio lugar a las medidas cautelares de la OEA. Más tarde, el 20 de
enero, fueron agredidos por manifestantes del Movimiento V República, partido de
gobierno, un grupo de periodistas de Radio Caracas Televisión y de Globovisión.
La aprobación el 24 de enero de medidas cautelares por la OEA en favor de El
Universal para proteger la vida y la integridad personal de sus trabajadores no
inhibió a las turbas gubernamentales para hacerse presentes de nuevo y días
después en las puertas de este diario. Tres de sus periodistas: Roberto Giusti,
Alicia La Rotta y Eugenio Martínez, habían sido víctimas de agresiones días
antes.
El 4 de marzo le fue necesario al editor del diario Correo del Caroní y de TV
Guayana, quien además es presidente del Bloque de Prensa Venezolano, denunciar
ante el Fiscal General de la República las serias agresiones y amenazas que han
recibido él y sus familiares por parte del Gobierno nacional y regional;
haciendo constar que grupos de activistas seguidores de Hugo Chávez, entrenados
por los llamados "tupamaros" que dirige la denominada Comandante Lina Ron,
preparaban nuevas acciones de violencia contra dichos medios, similares a las
ocurridas frente a la televisora el 5 de febrero y que incluirían la destrucción
y el incendio de todas sus instalaciones.
La mayoría de los medios televisivos y de la prensa escrita de Caracas, o de la
provincia, están siendo invadidos rutinariamente por los ejércitos
gubernamentales (nacionales y municipales) de cobradores de impuestos y
contribuciones, más con un propósito de represalia que de ordenación en las
cuentas fiscales del Estado.
Reporteros de El Impulso y El Informador de esa ciudad también sufrieron
lesiones y daños a sus equipos el 19 de enero por parte de funcionarios de la
alcaldía del Municipio Iribarren, mientras cubrían un acto convocado por las
autoridades educativas del estado Lara.
El establecimiento de los Círculos Bolivarianos responde a la estrategia de
neutralización dirigida por el presidente contra sus adversarios y que se inició
con los ataques que, de manera sostenida, les infirió en sus cadenas semanales
durante los últimos dos años.
El mismo juramentó a estos grupos dedicados a la violencia durante un acto
público el 17 de diciembre en el que dijo: "El año 2002 va a ser el gran año de
la ofensiva…marcado por una serie de eventos que van ocurrir".
"Es el Movimiento Revolucionario 2000 que va a garantizar por encima de todos
los riesgos y peligros la consolidación revolucionaria a partir de hoy mismo. Y
uno de los principales deberes de todo revolucionario es defender la revolución
de las amenazas de los adversarios contrarrevolucionarios. Allí está el gran
reto de esta revolución y nosotros, o lo logramos o morimos en el intento. Aquí
el que retroceda es un traidor, definitivamente".
La retórica revolucionaria se hizo así ofensa popular enardecida, maltrato
físico y hasta sangre. Las turbas de la señora Lina Ron se dirigieron contra la
humanidad, los equipos y los vehículos de los reporteros y de los camarógrafos
de VeneVisión el 3 y el 7 de febrero en la ciudad de Maracay; de Radio Caracas
Televisión, el 20 de enero, el 19 de febrero, el 21 de febrero y el 27 de
febrero en Caracas; de Televen, el 21 febrero, también en Caracas; y de
Globovisión, el 21 de enero, igualmente en esta ciudad.
El 21 de febrero la señora Ron se presentó en la plaza del Rectorado de la
Universidad Central para impedir con la violencia una marcha estudiantil
pacífica y organizada contra el Gobierno. Allí, luego de amenazar con el
linchamiento a los trabajadores de Radio Caracas Televisión, procedió con sus
turbas a maltratar al periodista y lesionar de gravedad a uno de los
camarógrafos de la Corporación Televen.
Detenida, posteriormente, por orden de un juez y a instancias del Rector de esa
universidad, la Comandante Ron fue homenajeada públicamente por el presidente
Chávez: "Es una luchadora social y una patriota que merece respeto", dijo en su
programa radial del 10 de marzo; en el que atacó duramente a los diarios de
España y de Colombia, por falsos y mentirosos.
Este 13 de marzo, la Agencia oficial del Estado, no contenta con todo el daño
que le ha hecho el Presidente a la prensa y a los periodistas y a la libertad de
expresión, ha enviado a los medios una información delicada en la que se
especifica que el Gobierno, de ahora en adelante, llamará narcoperiodistas a
todos aquellos contrarrevolucionarios que trabajan en los medios.
Luego de observar que "Noriega habría caído por haber roto acuerdos con
personajes del entorno de Bush, padre", apunta hacia el propio país para decir
que "los carteles de la droga no pueden mirar al actual gobierno…como miraban a
los anteriores, que les permitían hacer y obrar como en su casa". Y ajusta,
previamente, que nada restringe tanto al movimiento corruptor de las drogas que
una "opinión pública alerta, informada, oportuna y verazmente, apoyando un
gobierno honesto" como el de Chávez.
Acto seguido, la información gubernamental precisa que la feroz y actual
embestida de los periodistas -Ibéyise Pacheco, Patricia Poleo y José Domingo
Blanco- contra el alto mando militar y contra el alto gobierno representa "un
fenómeno de narco-periodismo que debería ser investigado".
Y las palabras del redactor desconocido -un tal J. Valverde- al servicio de la
agencia noticiosa del régimen- alertan sobre los premios honoríficos que
"algunos personajes e instituciones extranjeras, en alguna medida influidos y
controlados por los carteles de la droga" otorgarían "para la lavar la
honorabilidad de nuestros narco-periodistas". Son muy pocos los días
transcurridos, paradójicamente, desde cuando la periodista Poleo fuera premiada
por su labor de manos de Su Majestad Juan Carlos, Rey de España.
http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/lp-venezuela-sp.cfm