Enérgica condena de la SIP ante censura oficial en Venezuela
Miami (13 de febrero del 2003) – El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Andrés García, condenó hoy enérgicamente el proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobado parcialmente por la Asamblea Nacional de Venezuela, “por representar la censura más descarnada que coloca al país en una situación de retroceso total y lo remonta a épocas del pasado oscuro de América Latina”.
A su paso por Miami rumbo a Europa, García, quien participará en las próximas semanas en Ginebra, en la segunda reunión preparatoria sobre la cumbre de la Sociedad de la Información, manifestó que durante su estadía en Suiza tiene previstas entrevistas con funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre otras organizaciones internacionales, a fin de manifestarles la preocupación de la SIP y alertarlos ante el acelerado y grave deterioro de la libertad de prensa en Venezuela.
Los diputados venezolanos aprobaron esta madrugada en primera discusión el proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley de Contenidos, que legalizaría la intervención de la autoridades gubernamentales en los contenidos de las programaciones que transmita la radio y la televisión privada.
García, director del diario mexicano, Novedades de Quintana Roo, destacó que “desde 1998 la SIP ha venido advirtiendo sobre la amenaza de que en el país se instaurara un gobierno que indefectiblemente impondría por la fuerza la censura en el país. Con la aprobación parcial de la Ley de Contenidos lo que se hace es preparar el camino para la legalización del autoritarismo y la censura, preocupación que ya manifestamos al propio presidente Hugo Chávez durante una reunión en Washington en 1999, en la que se comprometió a no violar la libertad de prensa”.
Agregó que “lo más grave es que tanto los dirigentes políticos, legisladores, miembros del poder Ejecutivo y Judicial con los que nos reunimos en nuestras misiones a Venezuela en febrero y septiembre del año pasado, nos mintieron en el sentido de que nos aseguraron que la Ley de Contenidos no era más que la implementación de un sistema de protección para la niñez”.
García sostuvo que “esta ley, que esperamos no proceda, contiene elementos totalmente nefastos que implican una censura total en donde el estado se autoproclama como dueño de la información que los medios pueden emitir”. El proyecto de ley deberá ser analizado por todos los sectores afectados antes de su aprobación final, pero “tampoco nos inspira confianza la pretendida transparencia del gobierno y el Congreso para discutir públicamente el contenido del articulado de la ley, ya que en reiteradas oportunidades a la SIP se le negó esa posibilidad, como así también a los ciudadanos y medios de prensa venezolanos”, dijo.
La ley prácticamente otorgaría al gobierno el control total sobre lo que se transmite en los medios electrónicos, abarcando incluso la regulación de la moral al aplicar sus conceptos sobre violencia, sexo, salud o sobre el lenguaje que debe emplear un medio de comunicación; obligaría a los periodistas a revelar sus fuentes de información y podría suspender la difusión de transmisiones que considere fuera del marco de la Ley de Contenidos.
“Es clarísima la intención del gobierno de controlar y censurar a los medios, a los periodistas y a la información, no solo porque Chávez lo dice a viva voz en sus programas, sino por la cantidad de medidas administrativas, coercitivas, legales y judiciales como lo fue la Sentencia 1013 que limitó derechos constitucionales sobre el ejercicio de la libertad de expresión y que ahora da pie a esta Ley de Contenido y a la más acérrima violencia en contra de los periodistas”, explicó García.
“Estamos ante un régimen que hace gala de su censura, cuyo proceso no tiene parangón en la historia moderna de América Latina, por cuanto viola todo precepto y fundamento sobre libertad de expresión y sobre los derechos del público a la información que señalan los acuerdos y doctrinas internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y la Declaración de Chapultepec”, aseveró.
“No nos cabe la menor duda de que la aplicación de los llamados procesos administrativos del gobierno contra las principales estaciones de televisión privada y de radio forman parte de la política del gobierno de estrangular a los medios de comunicación que se han opuesto a su política restrictiva”, añadió.
El presidente de la SIP recordó que en reiteradas oportunidades la organización hemisférica emitió resoluciones de condena sobre el régimen de Chávez y elevó en noviembre pasado ante el Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa, una resolución que advertía sobre el peligro de un proyecto de Ley de Contenido a la que nadie tenía acceso, ni los periodistas ni los medios y mucho menos los ciudadanos venezolanos.
Por último, reiteró que la SIP continuará en estado de alerta y expresó su confianza de que las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos y por la libertad de expresión continúen observando los hechos en Venezuela y que se busquen mecanismos para evitar que siga socavándose el derecho del público a la información