Reunión de Medio Año
San Salvador, Marzo 21-24 2003
El Salvador
VENEZUELA
La libertad de prensa y de expresión está severamente coartada, no porque se
haya aplicado una censura previa por parte de las autoridades, sino por las
consecuencias y riesgos inevitables a que se expone quien disienta del parecer
oficial y lo manifieste públicamente. Ello, en todo caso, ha conducido a la
autocensura de algunos medios, resultado de las reiteradas amenazas, lo cual es
quizá de igual o mayor gravedad que la propia censura.
Los acontecimientos del último año pueden caracterizarse como parte de un
proceso sistemático dirigido a controlar el contenido de lo que se difunde a
través de los medios de comunicación social, a controlar el tipo de información
que la sociedad tiene derecho a recibir y, en último término, a coartar la
libertad de expresión. Los primeros años del gobierno de Hugo Chávez tampoco han
sido fáciles; pero este período según lo anunciado por el Presidente, en su
mensaje anual ante la Asamblea Nacional (del 17 de enero de 2003), será el año
de 'la batalla mediática'. El pretexto sigue siendo el mismo: exigir que se
difunda la verdad, que obviamente debe corresponder con la 'verdad oficial'.
Las agresiones se han acentuado contra periodistas y medios de comunicación. El
periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, que ha hecho
indispensable para profesionales de la prensa el porte de chaleco antibalas y
máscara antigas. Aun así, más de un centenar de periodistas ha resultado
lesionado, y un reportero gráfico muerto mientras cubría los sucesos del 11 de
abril de 2002.
Es importante hacer notar que, cuando el gobierno no se atreve a hacerlo por sí
mismo, lo hace por medio de sus llamados círculos bolivarianos. Esos grupos
violentos no sólo han agredido físicamente a los periodistas, fotógrafos y
camarógrafos, sino que han destrozado sus equipos e incendiado vehículos de los
medios de comunicación social. También exhiben pancartas dirigidas a
intimidarlos, individualizando a sus propietarios y directores, señalándolos
como 'enemigos de la patria', 'mercaderes del terror', y 'fabricantes de
mentiras', tildándolos de golpistas. Recientemente en Colombia el canciller
venezolano acusó a los periodistas de estar fraguando el asesinato del primer
magistrado, para hacer a los medios blanco fácil y propicio del odio del sector
social que apoya al presidente Chávez.
Estos hechos han obligado a periodistas y medios de comunicación a buscar la
protección de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales
han dispuesto medidas cautelares y provisionales para garantizar la vida,
integridad física, y el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, esas
medidas no han sido debidamente acatadas, lo que ha generado reiterados
pronunciamientos por parte de ambos órganos, que condenan la actitud del
gobierno en relación con sus disposiciones e irrespeto a libertad de prensa.
Debe subrayarse que, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución de
Venezuela, el Estado está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias
para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales
creados por los tratados de derechos humanos y ratificados por la República. Sin
embargo, aunque esta disposición compromete no sólo al Ejecutivo, sino a los
demás órganos del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia se ha abstenido de
dictar las medidas indispensables para que se acaten fielmente los dictámenes de
la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar en
este particular que fue precisamente la sentencia 1013, de 12 de junio de 2001,
la que proporcionó los elementos teóricos indispensables para restringir la
libertad de expresión, y dichos criterios han servido de base para muchas de las
acciones que se están emprendiendo ahora en contra de la libertad de expresión.
Además de algunas acciones judiciales en contra de periodistas este año, el
gobierno de Venezuela ha iniciado procedimientos administrativos en contra de
cinco estaciones de televisión. Juicios originados por reportajes fieles de lo
manifestado por diversas personalidades, incluidos miembros de la Asamblea
Nacional, en relación con los sucesos del 11 de abril de 2002 y hechos
posteriores. También se les quiere sancionar por difundir lo manifestado por
oficiales de la Fuerza Armada Nacional, que habían sido citados a prestar
declaración ante la Asamblea Nacional, y a quienes el Tribunal Supremo de
Justicia los exoneró de culpabilidad alguna. Con estas actuaciones, además de
amedrentar con el cierre temporal de canales de televisión, se desconoce el
sitio preponderante que ocupa la doctrina del 'reporte fiel' en el ejercicio de
la libertad de prensa, se pretende intimidar de manera general a todos los
medios de comunicación social, incluida la prensa escrita, para controlar el
tipo de información que éstos puedan difundir y orientar por una sola vía a la
ciudadanía.
En su afán por coartar la libertad de expresión el Presidente ha insistido
reiteradamente en que 'ninguna libertad es absoluta'. Curiosamente, mientras
periodistas y dueños de los medios de comunicación jamás olvidamos que la
libertad de expresión tiene ciertas limitaciones y pudiera ser sometida a
restricciones legítimas, el presidente Chávez omite que, según el Art. 337 de la
Constitución, la libertad de información es un derecho intangible, que no puede
suspenderse ni aun en casos de estado de excepción.
Este año, el Gobierno ha propiciado iniciativas que concurren en la censura
previa, al imponer medidas punitivas, que tienen el efecto de operar como
mecanismo inhibitorio para impedir la difusión de determinadas informaciones e
ideas. Entre éstas, debe mencionarse el Proyecto de Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, que contempla la creación de un 'Consejo de Vigilancia
de los Medios de Comunicación Social', configurado por individuos de
comunidades, barrios o parroquias, encargados de velar por la veracidad e
imparcialidad de las informaciones difundidas.
También existe el Proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, que, con el pretexto de proteger a la infancia, tiene el propósito
de impedir la crítica política. Son disposiciones que dejan amplio margen para
la arbitrariedad, y que serán aplicadas por un ente completamente manejado por
el Poder Ejecutivo, y tratará de impedir toda denuncia o crítica política. Un
proyecto que sanciona como 'infracción muy grave' y merecedora de multas
abultadas o suspensión y clausura del medio, la difusión de mensajes que
promuevan o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico, aunque tal
conducta no constituya delito.
Asimismo, ignorando el precedente de The New York Times vs. Sullivan, que
estableció principios hoy ampliamente reconocidos en materia de libertad de
expresión, y desconociendo reiteradas decisiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, donde se señala que las leyes de desacato o vilipendio son
incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el proyecto en discusión define como una 'infracción muy grave' el
difundir mensajes que promuevan o inciten al irrespeto de las instituciones y de
autoridades como el Presidente de la República, ministros de Estado, diputados,
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo, Fiscal
General o Contralor General de la República. Ya que a los medios de comunicación
nunca se les será permitido ser 'los guardianes de la libertad'.
La severa crisis económica por la que atraviesa Venezuela ha obligado al
gobierno a adoptar un control de cambio que, desde enero pasado, ha impedido el
acceso de todos los venezolanos a las divisas indispensables para realizar sus
importaciones y pagos por servicios en el exterior. Sin embargo, el propio
Presidente ya ha anunciado que ese control de cambios se utilizará como
herramienta para premiar y castigar. Chávez anunció que no habrá dólares para
los 'golpistas', o para las empresas que se sumaron al paro nacional que se
desarrolló entre el 2 de diciembre pasado y el 2 de febrero de este año. De otra
parte, el Presidente ha afirmado que la importación de papel para periódicos no
es una prioridad y ello constituirá un medio utilizable para restringir la
libertad de expresión, lo que está prohibido explícitamente por el Art. 13 N° 3
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estas acciones forman parte del contexto de la guerra que declaró el gobierno de
Venezuela en contra de las ideas, y particularmente de las ideas políticas de
quienes se oponen al actual régimen. Ello explica los ataques contra la prensa,
los autos de detención en contra de numerosos dirigentes políticos de la
oposición, y el acoso al que se ha sometido a universidades públicas y privadas,
incluida la amenaza de intervención de algunas
http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_venezuela2003m.cfm