SIP advierte sobre represalias gubernamentales contra medios de comunicación en Venezuela
Miami (11 de abril del 2003) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó hoy su preocupación por las recientes investigaciones y órdenes de detención contra directores de diarios del interior de Venezuela por parte de las autoridades policiales y de inteligencia, en aparente represalia por denuncias periodísticas sobre corrupción en la administración pública.
Tulio Capriles Hernández, presidente del diario El Siglo, editado en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, fue citado esta semana por un tribunal que acogió la denuncia por difamación presentada por el gobernador del estado, Didalco Bolivar, tras la publicación de reportajes sobre casos de negligencia y corrupción oficial.
En otra región del país, el Ministerio Público del estado de Miranda, ordenó recientemente la apertura de una investigación asumida por las autoridades estatales de inteligencia, en contra del editor-director de los diarios La Voz y La Región, José Materán Tulane, por la publicación el 11 de marzo de un aviso de la opositora Coordinadora Democrática.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, quien recibió las denuncias de los diarios venezolanos, expresó que “seguiremos con especial atención la evolución de las denuncias contra dos directores de los diarios provinciales por lo que involucra su línea crítica editorial frente a la administración gubernamental local”.
Molina, director de la revista dominicana Ahora dijo que “en estos casos parece tratarse de represalias de funcionarios estatales de alto rango, a quien se ha señalado por el presunto manejo irregular de asuntos de la administración pública. Los periódicos mencionados tienen también un largo historial de situaciones de violencia y animadversión gubernamental en su contra sin que las autoridades intervengan”.
Advirtió que las circunstancias que rodean las situaciones denunciadas no están aisladas del contexto de tensión en Venezuela entre las autoridades y la prensa. Recordó que el informe sobre Venezuela presentado durante la recién celebrada reunión semestral de la SIP en El Salvador, mencionó que entre las medidas adoptadas por el gobierno para “castigar” a los que se oponen a su política está la aplicación del control de cambio que restringe, en el caso de los medios de comunicación, el acceso a las divisas para realizar importaciones y pagos por servicios en el exterior.
“Todas estas acciones forman parte del ambiente de violencia en contra de los medios y la intolerancia de parte de los funcionarios frente a la crítica de su gestión y las iniciativas oficiales para recortarles el espacio a los medios de comunicación como también lo evidencia el proyecto de ley de contenidos, confirma el estado de deterioro democrático que viven algunos sectores de la sociedad venezolana”, concluyó Molina