SIP invoca compromiso gubernamental con la Declaración de Chapultepec para reclamar a Castro por la liberación de disidentes y periodistas
Miami (24 de mayo del 2003) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que es hora de que los representantes de los gobiernos reunidos en Buenos Aires este fin de semana con motivo de la asunción del presidente argentino, reclamen ante el gobernante Fidel Castro por la liberación de los periodistas independientes en Cuba.
“En nombre de la libertad de prensa y de la libertad de expresión a la que están comprometidos los gobiernos democráticos solicitamos también que demanden el cese de todo hostigamiento contra cualquier cubano que desee hacer uso de su derecho humano a la libertad de expresión”, aseveró Andrés García, presidente de la SIP.
El titular de la SIP subrayó que la mayoría de los países que estarán representados en Buenos Aires para la asunción del presidente argentino Néstor Kirchner, se han comprometido con la Declaración de Chapultepec, decálogo de principios que deben regir en una sociedad democrática, cuyo primer artículo señala: “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
García, director del diario Novedades de Quintana Roo, de Cancún, México, recordó que el encuentro de gobernantes americanos en Argentina es previo a la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos en Chile en junio próximo, “en la que esperamos que los gobiernos reiteren su condena a los últimos acontecimientos contra los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba”.
El encarcelamiento de 75 personas entre opositores políticos y periodistas independientes, coincidió en marzo con una reunión de la SIP, celebrada en El Salvador en la que la organización hemisférica resolvió: “Solicitar la intervención inmediata de gobiernos democráticos, entidades profesionales y organismos de derechos humanos, y en general a toda la comunidad internacional, para reclamar al gobierno de Cuba el fin de sus acciones hostiles contra las libertades de expresión y de prensa”.
La SIP también exigió “el ejercicio libre e irrestricto del periodismo independiente en Cuba y el acceso de sus representantes a los medios e instrumentos necesarios para la difusión de ideas, opiniones e informaciones dentro y fuera del país”.
García enfatizó que la SIP no protesta solo por esta reciente ola represiva, si no que lo ha venido haciendo de manera constante por otras atrocidades cometidas por el régimen de La Habana. En su informe de marzo la SIP insistió sobre otros casos notorios de encarcelamiento y agresiones que se registraron en Cuba hasta esa fecha y se detallan a continuación:
Continúa en prisión Bernardo Arévalo Padrón, en condiciones deplorables de trabajo forzado, en la cárcel de Ariza, provincia de Cienfuegos. Arévalo, fundador de la agencia independiente Línea Sur, cumple una condena de seis años desde el 28 de noviembre de 1997, acusado de desacato a la figura del presidente Fidel Castro y del vicepresidente Carlos Lage.
También se mantienen arrestados desde comienzos del 2002, en espera de juicio, otros tres periodistas independientes: Carlos Alberto Domínguez (Agencia Cuba Verdad), en la prisión de Valle Grande en La Habana; Carlos Brizuela Yera (Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey), en la prisión de Holguín; y Léster Téllez (Agencia de Prensa Libre Avileña), en la prisión de Canaleta, Ciego de Avila. Brizuela Yera fue golpeado violentamente por un carcelero el pasado 31 de enero. Téllez recibió recientemente tratamiento médico en un hospital de La Habana pues perdió la visión de un ojo y presenta graves problemas en el otro.
Las autoridades policiales reprimieron a periodistas independientes que intentaban dar cobertura a los actos de la oposición interna y los presos de conciencia. Los reporteros María del Carmen Carro y Carlos Ríos Otero, quienes han enviado informes al exterior sobre el prisionero Leonardo Bruzón Avila, recibieron amenazas físicas y verbales. El 28 de febrero Carro fue interceptada en La Habana por oficiales de Seguridad del Estado, quienes trataron de aterrorizarla. El 4 de marzo, en la farmacia de un barrio habanero, un oficial de ese cuerpo policial arremetió a patadas contra Ríos, delante del público que permanecía allí.
La periodista María Elena Alpízar, de 60 años, corresponsal del Grupo Decoro en la localidad de Placetas, Villaclara, fue agredida por un policía mientras cubría una protesta de opositores en las cercanías de la cárcel de Nieves Morejón, en la provincia de Sancti Spíritus.
Otros miembros de la prensa independiente fueron víctimas de los métodos policiales usados para obstaculizarles el acceso a las fuentes de información. Detenciones temporales, advertencias, retenciones, amenazas y multas sufrieron en este período los siguientes periodistas: Milagros Beatón, José Ramón Castillo, Carlos Cerpa Maceira, Dorka Céspedes, Luis Cino Alvarez, Ana Leonor Díaz Chamizo, Juan Carlos Garcell, José Luis García Paneque, Marvin Hernández Monzón, Marilín Lahera, Isabel Rey, Juan Téllez Rodríguez y Adelina Soto.
El 8 de octubre del 2002 las autoridades registraron e incautaron todo el material de trabajo a la periodista francesa Catherine David, del semanario Le Nouvel Observateur, en el aeropuerto de La Habana. David había entrado al país con visa de turista, y aprovechó la visita para entrevistar a miembros del movimiento disidente. Se le incautaron los casetes de audio y fueron copiados sus ficheros informáticos de su ordenador personal.
El 11 de febrero, la Seguridad del Estado arrestó cerca de la ciudad de Matanzas al periodista y académico argentino Fernando Ruiz Parra, profesor de la Universidad Austral de Buenos Aires, quien realizaba allí una investigación sobre el crecimiento del periodismo independiente. La política de visados a profesionales sigue siendo así un instrumento para controlar la información y la imagen internacional del país