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DECLARACION DE LA MISION PERMANENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LA OEA EN RELACION A LAS OPINIONES EMITIDAS POR EDUARDO BERTONI RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LA CIDH
La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA, considera que la opinión expresada por Eduardo Bertoni, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aún en discusión en la Asamblea Nacional, es totalmente prejuiciada.
Resulta un contrasentido, desde el punto de vista jurídico, considerar que se viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando el Proyecto de Ley que se discute está apegado, de manera escrupulosa a ese texto interamericano.
El juicio emitido por esa Relatoría Especial es temerario. Propone a los legisladores venezolanos que violen expresas normas contenidas en nuestra Constitución e irrespeten el principio de soberanía nacional y no intervención.
El vocero de un órgano interamericano no debe emitir opiniones previas a la promulgación de una Ley en un país democrático y soberano. La actividad legislativa está reservada a la jurisdicción interna y es una facultad del Estado venezolano, la cual se ejerce sin interferencias indeseables foráneas.
La Constitución venezolana sirve de marco legal para consolidar un Estado fundamentado en los valores de libertad, igualdad, independencia, paz, solidaridad, corresponsabilidad, convivencia e imperio de la ley.
Es inconcebible que esa Relatoría, en vez de instar a los Estados parte, a que garanticen la libertad y los derechos humanos, pretenda solapadamente que Venezuela desconozca principios y normas de carácter constitucional, así como, artículos de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Nuestra Carta Magna y las normas de rango sublegal de nuestro instrumento jurídico, garantizan la información veraz, imparcial y sin censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático y social de derecho y de justicia.
Los medios de comunicación tienen deberes y responsabilidades para coadyuvar a los fines del Estado, entre éstos, la formación de la ciudadanía, dentro de principios democráticos que propugnen la paz y el respeto a los derechos humanos.
El Proyecto de Ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, está apegado en forma estricta a nuestras normas internas, tratados, convenciones, pactos y protocolos suscritos y ratificados por Venezuela. El articulado de este Proyecto garantiza el pleno disfrute de los derechos ciudadanos y humanos que tienen rango constitucional.
Washington DC. 25 de octubre de 2004.